henry adam stewart gotuzzo con patrimonio en liqu - Indecopi

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala de Defensa de la Competencia Nº 1
RESOLUCIÓN Nº 02336-2010/SC1-INDECOPI
EXPEDIENTE Nº 005-2004/CCO-ODI-PIU
PROCEDENCIA : COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI
EN PIURA
DEUDOR : HENRY ADAM STEWART GOTUZZO CON PATRIMONIO
EN LIQUIDACION
IMPUGNANTE : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
MATERIA : IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DE
ACREEDORES
ABUSO DE DERECHO
ACTIVIDAD : ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
SUMILLA: se CONFIRMA la Resolución 1040-2009/INDECOPI-PIU que declaró
la nulidad del acuerdo de aprobación del convenio de liquidación del señor
Stewart consistente en la condonación del 100% de los créditos reconocidos
como mecanismo de extinción de obligaciones concursales en el
procedimiento concursal del señor Henry Adam Stewart Gotuzzo, al haberse
configurado los cuatro requisitos necesarios para identificar un ejercicio
abusivo de un derecho, según el criterio establecido en la Resolución 104-
96-TDC. Al encontrarse el deudor sometido a un proceso de liquidación, el
acreedor mayoritario que no desea continuar participando en el concurso
por tener una vía de cobro adicional y menos onerosa frente a un tercero,
tiene expedito su derecho a separarse individualmente del procedimiento
concursal ordinario, en aplicación del artículo 90 de la Ley General del
Sistema Concursal, por lo que no resulta legítimo que dicho acreedor prive
de manera definitiva a los demás acreedores de sus derechos de crédito
para el logro de tal finalidad.
Lima, 18 de agosto de 2010
I. ANTECEDENTES
1. Por Resolución 325-2004/CCO-PIURA del 30 de marzo de 2004, la Comisión
de la Oficina Regional del Indecopi en Piura (en adelante, la Comisión)
dispuso la publicación en el diario oficial “El Peruano” de la disolución y
liquidación del patrimonio del señor Henry Adam Stewart Gotuzzo (en
adelante el señor Stewart), de acuerdo con lo establecido por el artículo 703
del Código Procesal Civil y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 30 de
la Ley General del Sistema Concursal. Dicha publicación se efectuó el 7 de
marzo de 2005.
2. En sesión de Junta de Acreedores del señor Stewart instalada el 18 de
septiembre de 2007 y continuada el 25 de septiembre del mismo año, se
adoptó los siguientes acuerdos: (i) designar a Banco de Crédito del Perú (en
adelante, BCP) como Presidente de la Junta de Acreedores; (ii) designar a
Ordenamiento y Desarrollo Empresarial S.A.C. (en adelante, Ordem) como
M-SC1-02/1A

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entidad liquidadora; y, (iii) aprobar y suscribir el Convenio de Liquidación
respectivo.
3. El 29 de mayo de 2009, la Junta de Acreedores del señor Stewart adoptó los
siguientes acuerdos: (i) remover del cargo a Ordem como entidad liquidadora
del patrimonio del señor Stewart; (ii) designar a la empresa BKV Asociados
Consultores como nueva entidad liquidadora de dicho patrimonio.
4. En sesión del 13 de julio de 2009, la Junta de Acreedores del señor Stewart
acordó aprobar un nuevo Convenio de Liquidación, el mismo que, entre otras
estipulaciones dispuso la condonación del 100% de los créditos reconocidos
como mecanismo de extinción de obligaciones comprendidas en el concurso.
El 30 de julio de 2009, BCP impugnó dicho acuerdo por constituir el ejercicio
abusivo de un derecho y una inobservancia de las normas contenidas en el
ordenamiento jurídico, en atención a los siguientes argumentos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
el acuerdo ha sido adoptado con el voto favorable del Banco
Internacional del Perú (en adelante, Interbank) quien ya no tiene la
calidad de acreedor frente al señor Stewart al haber cedido sus
créditos a favor del señor Rodrigo Bazán Dañino (en adelante, el
señor Bazán), por lo que carece de legitimidad para obrar en el
presente procedimiento;
el convenio de liquidación aprobado contempla la condonación como
mecanismo de extinción de la totalidad de las obligaciones del
concursado, figura jurídica que únicamente afecta al BCP puesto que
Interbank ha obtenido el pago del íntegro de sus créditos al haber
cedido los mismos;
si bien el literal f) del artículo 82 de la Ley General del Sistema
Concursal permite que la Junta de Acreedores pueda adoptar
acuerdos de condonación de créditos en los procesos de liquidación,
su aplicación no puede constituir un ejercicio abusivo de un derecho,
pues el acuerdo de condonación debe ser razonable, proporcional y
acorde con las finalidades de la Ley Concursal, es decir, si bien los
acreedores pueden condonar un porcentaje de sus créditos dicha
condonación no puede recaer sobre la totalidad de créditos
reconocidos sino únicamente sobre una parte justa y proporcional de
tal modo que esa medida permita por un lado ayudar al concursado a
salir de su crisis económica y, por el otro, permitir a los acreedores
lograr en forma más efectiva la recuperación de sus créditos;
la aprobación del convenio de liquidación extinguiendo el 100% de los
créditos reconocidos a través de la condonación constituye un
ejercicio abusivo del derecho al haberse configurado los cuatro
requisitos constitutivos del mismo, siendo que la disolución y
liquidación no tiene como finalidad la condonación absoluta de los
créditos reconocidos pues, de ser insuficiente el patrimonio del deudor
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(v)
para afrontar el pago de los créditos, lo que corresponde es su
declaratoria de quiebra; y,
el acuerdo de aprobación del convenio de liquidación del patrimonio
del señor Stewart adolece de nulidad al contravenir lo dispuesto en el
artículo 88.7 de la Ley General del Sistema Concursal el cual
establece que en caso quedasen acreedores impagos el liquidador,
deberá solicitar, bajo responsabilidad, la quiebra del deudor.
5. El 2 de septiembre de 2009, el señor Stewart manifestó su posición respecto
de la impugnación presentada por BCP señalando lo siguiente:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
es válida la participación de Interbank en la Junta de Acreedores del
señor Stewart debido a que mantiene créditos reconocidos frente al
referido deudor pese a haber cedido sus créditos, puesto que la
referida cesión fue observada por la Comisión, manteniendo dicha
entidad financiera la titularidad de los referidos créditos;
por disposición pactada en el referido contrato de cesión de derechos,
en tanto el señor Bazán no fuera reconocido como acreedor del señor
Stewart por la Comisión, Interbank actuaría en las Juntas de
Acreedores por cuenta de éste;
El literal f) del artículo 82 de la Ley General del Sistema Concursal
permite la condonación en los proceso de liquidación sin establecer
límite alguno, por lo que el convenio de liquidación del señor Stewart
no transgrede norma de orden público alguna; y,
en los procedimientos concursales el interés mayoritario siempre
afecta el interés individual, lo cual es permitido en virtud al principio de
colectividad que rige los procedimientos concursales.
6. Por Resolución 1040-2009/INDECOPI-PIU del 30 de noviembre de 2009, la
Comisión declaró fundada la impugnación del acuerdo de Junta de
Acreedores del señor Stewart adoptado el 13 de julio de 2009 que aprobó el
Convenio de Liquidación, por los siguientes fundamentos:
(i)
(ii)
por constituir dicho acuerdo un ejercicio abusivo del derecho al
haberse configurado los cuatro requisitos constitutivos del mismo,
debido a que si bien la condonación es una figura jurídica permitida en
los procesos de liquidación, no debe entenderse que la misma pueda
ser utilizada de manera absoluta en cualquier caso sino que se
encuentra limitada a la finalidad de tutela del interés de la colectividad
de acreedores;
en tal sentido, el Convenio de Liquidación del señor Stewart ha
previsto la condonación de créditos como un mecanismo de extinción
de todas las obligaciones concursales, vulnerando la finalidad de
tutela del crédito que subyace a dicha figura jurídica (que es facilitar la
recuperación de créditos que no son condonados, ya que al extinguir
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(iii)
(iv)
(v)
créditos se aminora la crisis financiera del deudor al reducir los
pasivos del mismos);
en el presente caso, la condonación prevista afecta únicamente a BCP
puesto que Interbank ya obtuvo el recupero de sus créditos vía cesión
de derechos;
la condonación, en este caso no ha tenido como fin objetivo la
extinción de créditos a fin de maximizar la rentabilidad del patrimonio
en crisis y satisfacer la expectativa de cobro de los acreedores sino
únicamente concluir el procedimiento concursal ordinario del señor
Stewart y eximirlo de cualquier obligación posterior que pudiera serle
exigible;
por haberse adoptado con inobservancia de las disposiciones
contenidas en el artículo 88.7 de la Ley General del Sistema
Concursal, debido a que dicha norma regula con carácter imperativo el
procedimiento a seguir en aquellos casos en los que hubiesen
quedado créditos impagos luego de haberse realizado la totalidad de
los bienes del deudor 1 , por lo que la voluntad de los acreedores
expresada en Junta no puede pactar en contra de dicho precepto,
debido a que ello significaría contravenir la voluntad del legislador de
que sea el deudor quien asuma las consecuencias de la insuficiencia
de su patrimonio para honrar sus créditos mediante la declaración de
quiebra del mismo y la producción de los efectos legales regulados en
el Título III de la Ley.
7. Por escrito del 14 de mayo de 2009, el señor Stewart apeló la Resolución
1040-2009/INDECOPI-PIU, señalando que la misma deviene en nula por los
siguientes argumentos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
El acuerdo adoptado no ha constituido el ejercicio abusivo de un
derecho al no haberse configurado el cuarto elemento constitutivo del
mismo, debido a que la condonación total de los créditos que mantiene
el señor Stewart no implica una renuncia al cobro de los mismos, ya
que estos pueden ser cobrados a Corporación Stewart S.A.C. en su
calidad de deudor principal de tales obligaciones;
el acuerdo adoptado no contraviene disposiciones contenidas en el
ordenamiento jurídico puesto que no existe dispositivo legal alguno
que establezca un límite a la condonación de créditos;
el acuerdo adoptado es la expresión de la voluntad de la mayoría de
los acreedores y, por tanto, debe ser observado, en virtud al principio
de colectividad consagrado en la Ley General del Sistema Concursal;
y,
tal como se informó en su oportunidad, Interbank cedió sus créditos a
favor del señor Bazán, por lo que en virtud al contrato de cesión de
derechos celebrado entre ambas partes, la referida entidad financiera
1
En dicho supuesto la Ley prevé que el Liquidador solicite obligatoriamente la declaración judicial de quiebra.
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participó en la Junta de Acreedores del 3 de marzo de 2009, bajo las
instrucciones del señor Bazán, hecho que demuestra que el acuerdo
de condonación de créditos no afectó al Interbank, pero sí al señor
Bazán, quien pese a no haber sido reconocido por la Comisión, es el
legítimo titular de las acreencias que mantenía reconocidas dicha
entidad financiera en el referido procedimiento.
8. Por escritos del 7 de abril, 10 y 16 de junio y 19 de julio de 2010 el señor
Stewart reiteró sus posición solicitando se revoque la resolución apelada,
por su parte el BCP por escrito del 9 de junio de 2010 el BCP se ratificó en
los fundamentos expuestos a lo largo del procedimiento solicitando se
confirme la Resolución 1040-2009/INDECOPI-PIU.
9. El 18 de agosto de 2010, se llevó a cabo la diligencia de informe oral
contándose con la asistencia del representante del señor Stewart quien
reiteró que el acuerdo adoptado en sesión de Junta de Acreedores del 13
de julio de 2009, no constituía un ejercicio abusivo de un derecho.
II.
CUESTIONES EN DISCUSIÓN
10. Determinar si el acuerdo de condonación del 100% de los créditos
reconocidos contenido en el Convenio de Liquidación aprobado por la Junta
de Acreedores del señor Stewart constituye el ejercicio abusivo de un
derecho.
III.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSION
III.1 Del ejercicio abusivo de un derecho.
11. Mediante Resolución 104-96-TDC 2 , la autoridad concursal desarrolló un
criterio para identificar los supuestos de abuso de derecho en procedimientos
concursales, para lo cual deben concurrir los siguientes elementos: (i) que el
derecho esté formalmente reconocido en el ordenamiento; (ii) que su ejercicio
vulnere un interés causando un perjuicio; (iii) que al causar tal perjuicio el
interés afectado no esté protegido por una específica prerrogativa jurídica; y,
(iv) que se desvirtúen manifiestamente los fines económicos y sociales para
los cuales el ordenamiento reconoció el derecho que se ejerce dentro del
marco impuesto por el principio de buena fe.
12. Dicho pronunciamiento fue explícito en señalar que la concurrencia de los
cuatro elementos es imprescindible para configurar el abuso de derecho y
que la sola omisión de alguno de ellos determina la inexistencia de tal figura.
2
Dicha resolución fue emitida en el proceso de declaración de insolvencia seguido por Eurobanco Bank Limited
contra el Grupo Pantel S.A.
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13. En el presente caso, la Comisión ha determinado la concurrencia de los
cuatro elementos antes indicados, señalando lo siguiente:
(i) el derecho de condonación de los acreedores en los procesos de
liquidación se encuentra formalmente reconocido en el ordenamiento
jurídico, en el inciso f) del artículo 82 de la Ley General del Sistema
Concursal. Asimismo, la legislación concursal ha establecido que los
acuerdos adoptados en Junta de Acreedores son oponibles al deudor
y a los acreedores, inclusive a aquellos que se hubiesen opuesto a
dicho acuerdo;
(ii) el ejercicio del derecho de condonación ha vulnerado un interés
causando un perjuicio, pues si bien los acuerdos adoptados por
mayoría podrían vulnerar derechos de las minorías, ello se justifica en
tanto se superponga el interés colectivo de la masa de acreedores al
interés individual, situación que no se ha verificado en el presente
caso debido a que únicamente se ha vulnerado el interés del BCP;
(iii) tal interés no se encuentra protegido por una específica prerrogativa
jurídica, debido al principio de mayorías que rige el sistema concursal;
y,
(v) El acuerdo adoptado desvirtúa manifiestamente los fines económicos
y sociales para los cuales el ordenamiento jurídico reconoció el
derecho que se ejerce dentro del marco impuesto por el principio de
buena fe.
14. El apelante ha señalado que, si bien se podrían haber configurado los tres
primeros elementos constitutivos de un ejercicio abusivo de un derecho, el
último elemento no ha quedado acreditado, por lo que, al no ser el acuerdo
adoptado contrario a la finalidad del sistema concursal, no se ha configurado
el ejercicio abusivo de un derecho.
15. Por tanto, resulta pertinente analizar si el acuerdo de aprobación del
Convenio de Liquidación que estableció la condonación del 100% de los
créditos reconocidos como mecanismo de extinción de obligaciones
concursales ha configurado la existencia de dicho elemento.
16. El funcionamiento de la Junta de Acreedores se rige por la autonomía
privada concedida a sus integrantes, de acuerdo con el cual los particulares
se encuentran facultados a regular sus propios intereses mediante la
creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas de contenido
patrimonial 3 .
3
La autonomía privada es precisamente la libertad concedida a las personas para que, de común acuerdo, puedan
crear, regular, modificar o extinguir entre sí relaciones jurídicas patrimoniales o, en otras palabras, el poder
reconocido a éstas para regular, dentro del ordenamiento jurídico, sus propios intereses y crear libremente
relaciones jurídicas entre sí. DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en General. Comentarios a la
Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Palestra Editores, Lima, 2001, T.1, p. 199.
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17. Así, según el principio de colectividad, las decisiones son adoptadas en
función al principio de las mayorías recogido en la ley concursal, por lo que
es válido que en alguna medida se vean afectados los intereses de las
minorías, en tanto los acuerdos no constituyan un ejercicio abusivo del
derecho y se enmarquen dentro del principio de buena fe.
18. En este sentido, la Junta de Acreedores constituye el espacio de formación
de la voluntad de la colectividad de acreedores que, en base al sistema de
mayorías, determina la recomposición de las relaciones de crédito afectadas
por la situación de concurso en ejercicio de la libertad de autorregulación de
sus intereses que la ley le reconoce. Una de las principales funciones
atribuidas a la Junta de Acreedores consiste en decidir el destino del
patrimonio del deudor pudiendo optar por la reestructuración o liquidación del
mismo, así como en determinar las nuevas condiciones de pago de las
acreencias en cada uno de los regímenes antes señalados.
19. A diferencia de una reestructuración patrimonial, la liquidación de un
patrimonio conlleva por mandato expreso de la Ley el cese de las
operaciones del deudor. Con ello, la función del liquidador consiste en
procurar la realización de activos del deudor, así como el recupero de
eventuales créditos que pudiese mantener el concursado frente a terceros,
para proceder al pago de los créditos reconocidos en el orden establecido
por ley.
20. En este escenario, es el patrimonio del deudor, constituido ya sea por bienes
o créditos por cobrar, el único medio de pago con el que cuenta el
concursado para hacer frente al pago de sus obligaciones, por lo que el
mayor o menor recupero de los créditos comprendidos en el concurso
dependerá del valor del patrimonio del deudor. La forma y condiciones de
realización de tales activos son libremente pactadas por los acreedores en
Junta siempre que tales decisiones no transgredan disposiciones normativas
de orden público ni desnaturalicen la consecución de los objetivos propios del
sistema concursal, siendo estos los límites a la libertad de autorregulación de
los intereses patrimoniales privados que confluyen en el concurso.
21. En este contexto, la Ley General del Sistema Concursal permite la
condonación de créditos en procesos de liquidación. Así, el literal f) del
artículo 68 de la Ley General del Sistema Concursal establece lo siguiente:
Artículo 82.- Efectos de la celebración del Convenio de Liquidación
Son efectos inmediatos de la celebración del Convenio de Liquidación, los siguientes:
(…)
f) Los acuerdos de condonación surtirán efectos respecto de la totalidad de
acreedores, salvo aquellos exceptuados por la Ley, únicamente cuando hayan sido
aprobados por las mayorías establecidas en el Artículo 53.1. A los acreedores que
hubiesen votado en contra, no hubiesen asistido a la Junta o cuyos créditos no

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hubiesen sido reconocidos oportunamente, el acuerdo les será oponible en los
mismos términos que a los acreedores que, habiendo votado a favor del acuerdo,
resulten menos afectados.
(….)
22. De la cita antes expuesta, se aprecia que dicho dispositivo legal otorga a los
acreedores comprendidos en el proceso de liquidación, la facultad de
condonar créditos, la cual se justifica en el interés colectivo de los acreedores
que se sobrepone al interés individual de cada acreedor.
23. En términos generales, la decisión de condonar créditos debe sustentarse en
criterios objetivos de racionalidad económica que justifican la pérdida del
derecho de cobro, ponderando los beneficios que al final reportará dicho
sacrificio para lograr el saneamiento patrimonial de la empresa y, de esta
forma, poder optimizar su capacidad de pago en el mediano o largo plazo.
24. Sin embargo, a diferencia de una reestructuración patrimonial, en la cual no
resulta extraño que un acreedor acceda a renunciar al cobro de una parte de
sus créditos si es que con ello alcanza mejores condiciones de pago del
saldo restante u obtenga ventajas económicas vinculadas con la
conservación y fomento de las relaciones comerciales sostenidas con el
deudor concursado; en el presente caso dicha justificación no resulta
evidente por tratarse de un proceso de liquidación en el que no es posible
obtener una ventaja mayor para el recupero de los créditos no condonados.
La razón es que en un proceso de liquidación el mayor o menor recupero de
los créditos siempre dependerá del valor del patrimonio de la deudora y no
existe además ningún incentivo en mantener relaciones comerciales en tanto
la concursada definitivamente saldrá del mercado al dejar de operar.
25. El Convenio de Liquidación del patrimonio del señor Stewart ha previsto lo
siguiente:
VI
Realización de activos y extinción de acreencias.
(…)
VI.3 Habiéndose acreditado luego de las búsquedas registrales y constatación realizada
por los acreedores, la entidad liquidadora y conforme a la carta que cursara el
concursado informando sobre los únicos bienes de su propiedad a la anterior
liquidadora, se verifica:
a) no existen bienes inmuebles de propiedad de EL CONCURSADO.
b) Que el concursado no ha realizado actos de disposición que debiesen o pudiesen
ser declarados ineficaces de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley
General del Sistema Concursal.
c) En cumplimiento de lo previsto en el artículo 81.2 de la ley General del Sistema
Concursal señala que no existen bienes de EL CONCURSADO sobre los que
recaigan garantías reales que garanticen obligaciones de terceros.
d) Según lo regulado en el artículo 82, literal e) señala que no existen obligaciones de
EL CONCURSADO que aparezcan de un registro.
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e) Que el concursado ha manifestado poseer una cantidad de acciones en dos
empresas ALMADESA Y MOLINO ANDINO S.A., las mismas que no tienen
movimiento económico.
VI.4
VI.5
Asimismo, se deja constancia que los créditos reconocidos en el presente proceso
concursal guardan identidad con los créditos reconocidos y que son materia de
reestructuración patrimonial a través de un cronograma de pagos en el proceso
concursal de Corporación Stewart S.A.C., encontrándose los referidos créditos
debidamente garantizados con bienes de Corporación Stewart S.A.C.
En consecuencia, el Liquidador se obliga a realizar las acciones de EL
CONCURSADO, y el producto de las mismas será pagado a prorrata entre los
acreedores de EL CONCURSADO. Sobre el saldo de los créditos resultantes
después del referido pago, será de aplicación el régimen de extinción de los créditos,
bajo la condonación de créditos de conformidad con lo establecido en el artículo 82
literal f) de la ley General del Sistema Concursal. Mediante la extinción por
condonación del saldo de los créditos, quedará íntegramente extinguido el total de
créditos y por ello deberán ser excluidos del procedimiento de créditos reconocidos
por la Comisión.
Al respecto, cabe precisar que se está condonando la deuda del fiador que garantizó
al deudor principal, quien tiene un plan de reestructuración debidamente aprobado,
como ya se explicó precedentemente. Así, el artículo 1296 del Código Civil
preceptúa que la condonación a uno de los garantes no alcanza al deudor principal;
por lo que no extingue la obligación de éste ni tampoco la obligación de los demás
garantes.
26. De la revisión de los acápites antes citados se evidencia que el acreedor
mayoritario del señor Stewart (el Interbank, en representación del señor
Bazán) votó a favor de condonar el 100% de los créditos reconocidos en
atención a las siguientes justificaciones:
(i)
(ii)
la inexistencia de activos suficientes de propiedad del concursado que
puedan hacer al total de obligaciones comprendidas en el concurso; y,
la existencia de una vía de cobro alterna frente a Corporación Stewartdeudor
principal-, en la cual los créditos se encuentran debidamente
garantizados.
27. Si bien es cierto que como las obligaciones mantenidas por el señor Stewart
frente a Interbank (hoy frente al señor Bazán) y al BCP se derivan de su
calidad de aval/fiador de Costesac 4 y el acuerdo de condonación de las
mismas liberó tal garantía mas no extinguió la posibilidad de cobro de los
referidos acreedores, los cuales además tienen garantías reales reconocidas
en el procedimiento concursal de Costesac; las justificaciones dadas por el
señor Bazán y que fueron plasmadas en el Convenio de Liquidación sí han
perjudicado de manera ilegítima al BCP.
4
El señor Stewart en su calidad de accionista de Costesac avalo/afianzó las obligaciones contraídas por la referida
empresa frente a Interbank, BCP y el entonces Banco Wiese Sudameris.
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28. Las razones económicas y financieras expuestas por el señor Bazán
determinaban que, al tener garantías reales constituidas sobre bienes de
Corporación Stewart era más eficiente el cobro de sus créditos en el proceso
concursal de dicha empresa, siendo que el cobro en el concurso del señor
Stewart resultaría infructuoso por la falta de bienes, por lo que continuar
participando en este último procedimiento le generaría costos innecesarios.
29. Sin embargo, al encontrarse el deudor sometido a un proceso de liquidación,
el acreedor mayoritario que no desea continuar participando en el concurso
por tener una vía de cobro adicional y menos onerosa frente a un tercero,
tiene expedito su derecho a separase individualmente del procedimiento
concursal ordinario, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley
General del Sistema Concursal 5 , por lo que no resulta legítimo que dicho
acreedor prive de manera definitiva a los demás acreedores de sus derechos
de crédito para el logro de tal finalidad.
30. Nótese que, en las circunstancias antes descritas, no existe justificación
válida para que el acreedor mayoritario imponga a los demás acreedores la
renuncia a sus derechos de crédito frente al señor Stewart, incluso si
objetivamente las expectativas de cobro fueran mayores para aquellos en el
procedimiento concursal de Corporación Stewart. La decisión de optar por
una u otra vía de cobro –o ambas- es privativa de cada acreedor, quien lo
hace en función de su propio interés patrimonial, de modo que, salvo que
medie una decisión del acreedor mayoritario basada en el ejercicio regular de
su derecho de voto, los demás acreedores tienen expedito su derecho para
cobrar indistintamente al deudor principal o a sus garantes. Esta situación no
se da en el presente caso, en el que como ya se ha indicado, el Interbank en
representación del señor Bazán privó de manera innecesaria y definitiva a los
otros acreedores de sus créditos frente al señor Stewart, cuando la propia ley
concursal le otorga de modo expreso una vía distinta al acuerdo de Junta de
Acreedores para separarse del procedimiento, que únicamente afecta su
esfera individual.
31. En consecuencia, el Interbank, en representación del señor Bazán no ha
ejercido sus derechos acorde con el principio de buena fe, debido a que pudo
haber obtenido el mismo resultado (apartarse de un procedimiento concursal
para evitar los costos que este le irrogaría por la imposibilidad de recuperar
crédito alguno dada la inexistencia de patrimonio) optando por ejercer su
derecho de separación del procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en el
5
LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL. Artículo 90.- Derecho de los acreedores de separarse del
Procedimiento Concursal Ordinario
Los acreedores por escrito y con firmas legalizadas podrán manifestar a la Comisión su intención irrevocable y
definitiva de sustraerse del futuro procedimiento de quiebra y solicitar el correspondiente certificado de
incobrabilidad a que se refiere el Artículo 99.5. Tal solicitud podrá ser presentada por los acreedores una vez que la
Junta haya adoptado el acuerdo de disolución y liquidación del deudor. Esta prerrogativa no alcanza a los derechos
irrenunciables.
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artículo 90 de la Ley General del Sistema Concursal; en cambio, al optar por
la condonación total de los créditos no solo no obtuvo ningún beneficio
adicional al de su separación del proceso concursal, sino que además
ocasionó con esa decisión un perjuicio injustificado al resto de acreedores, el
mismo que no hubiera ocurrido de haber optado por la primera alternativa
antes señalada.
32. Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución 1040-2009/INDECOPI-
PIU que declaró la nulidad del acuerdo de aprobación del convenio de
liquidación del señor Stewart consistente en la condonación del 100% de los
créditos reconocidos como mecanismo de extinción de obligaciones
concursales en el procedimiento concursal del señor Stewart, al haberse
configurado un ejercicio abusivo de un derecho.
IV.
RESOLUCIÓN DE LA SALA
Confirmar la Resolución 1040-2009/INDECOPI-PIU del 30 de noviembre de 2009
que declaró la nulidad del acuerdo de aprobación del convenio de liquidación del
señor Henry Adam Stewart Gotuzzo consistente en la condonación del 100% de
los créditos reconocidos como mecanismo de extinción de obligaciones
concursales en el procedimiento concursal del señor Stewart, al haberse
configurado un ejercicio abusivo de un derecho.
Con la intervención de los señores vocales Héctor Tapia Cano, Raúl
Francisco Andrade Ciudad, Juan Ángel Candela Gómez de la Torre y Teresa
Mera Gómez.
HÉCTOR TAPIA CANO
Vicepresidente
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