dictamen - Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha - Junta de ...

DICTAMEN N.º 171/2013, de 22 de mayo. *
Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial tramitado a instancia de D.ª X por los daños y
perjuicios sufridos como consecuencia de la intervención quirúrgica que le fue practicada en la Clínica R, centro
sanitario concertado con el SESCAM.
ANTECEDENTES
Primero. Reclamación.- El día 21 de junio de 2012, D.ª X presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial
en la que solicitaba que se le indemnice con 200.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la mala praxis en la
intervención quirúrgica a que fue sometida en la Clínica R el día 17 de febrero de 2012.
La reclamante alegaba “la existencia de un daño iatrogénico que no tenía el deber jurídico de soportar e inherente a
una mala praxis. [ ] la existencia de una clínica de dolor agudo y permanente que me veta la realización de relaciones
íntimas con mi marido”. Añadía que el daño iatrogénico “le ha generado importantes secuelas físicas y psíquicas dado que
ahora tengo un veto genérico respecto a las relaciones íntimas con mi marido, sufriendo un escozor permanente lo que me
afecta psicológicamente”.
Como fundamento de la reclamación, la interesada señalaba que “la intervención originaria, generó una colonización
de hongos que ha quedado como cronificada”, refiriendo además “la conculcación de un derecho a la información, pues
inclusive el informe de alta quirúrgica de la Clínica R de 17/2/2012 no puede ser más escueto e incorrecto”.
De la reclamación se desprende que la interesada fue intervenida quirúrgicamente el día 17 de febrero de 2012, en la
Clínica R, por derivación del SESCAM, para la realización de una oclusión de Trompas de Falopio por laparoscopia
(LPSC). El día 20 de febrero acudió a su médico de atención primaria por dolor, escozor y molestias, y posteriormente, el
mismo día, al Servicio de Urgencias del Hospital H por dolor en vulva y aumento de flujo.
Para control postoperatorio, con fecha 24 de febrero de 2012 acude a consulta con la matrona. Y el mismo día es
atendida en consulta privada de ginecología y obstetricia para revisión de la ligadura de trompas y por disuria.
A la reclamación se acompañaban los siguientes documentos:
Informe de alta quirúrgica de fecha 17 de febrero de 2012, de la Clínica R, en el que se reflejan los siguientes datos:
“Paciente que acude remitida por el SESCAM para intervención quirúrgica de OCLUSIÓN DE TROMPAS DE FALOPIO
POR LPSC. [ ] Se realiza LTB por LPSC con dos trócares (umbilical de 10 mm y en FII de 5 mm). Coagulación con pinza
bipolar en varios puntos de ambas trompas. Hemostasia correcta. [ ] Postoperatorio inmediato cursa sin incidencias”.
Informe de visita del Centro de Salud C, de fecha 20 de febrero de 2012, con diagnóstico “episodio genérico, estado
de ligadura tubárica”.
Informe de Urgencias del Hospital H, del día 20 de febrero de 2012, al que acude por dolor en vulva y flujo
aumentado. En la exploración se aprecia “erosión superficial en unión mucocutánea en la comisura posterior de labios
menores, simétrica de bordes lineales bien definidos. [ ] En la vagina: leucorrea blanquecina, grumosa, de aspecto
candidiásico. Lesiones sobreelevadas de color amarillento, en número de 3, en cara posterior de la vagina. Cerviz de
aspecto sano. [ ] Juicio diagnóstico: candidiasis. Úlceras vulvares inespecíficas”.
Comunicación interna, informe de estados de salud emitido por la matrona el día 9 de marzo de 2012, en el que se
expresa que “la paciente acudió a consulta para revisar una lesión en vulva el día 24 de febrero, volviendo a revisiones los
días 2 y 9 de marzo”.
Comunicación interna, informe de estados de salud emitido por la médico de Atención Primaria el día 12 de marzo de
2012, en el que se hace constar que “la paciente acude a consulta el 20/02/2012 por: dolor, escozor y molestias tras
intervención de ligadura de trompas, con revisiones posteriores”.
Informe clínico emitido por el Dr. P con fecha 24 de febrero de 2012, por control post LT por LPC y disuria. Tras
exploración ginecológica, diagnostica 2 lesiones vulvares con aspecto de quemaduras y pauta tratamiento farmacológico.
Informe clínico emitido por el Dr. P con fecha 29 de febrero de 2012, por control vulva. Tras exploración
ginecológica, diagnostica lesiones en espejo en vulva, y pauta tratamiento farmacológico.
Detalle de llamadas telefónicas efectuadas desde el número de abonado T.
Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el día 6 de junio de 2007.
Segundo. Admisión a trámite.- A la vista de la reclamación presentada, el día 28 de junio de 2012 el Coordinador de
la Oficina Provincial de Prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (en adelante, SESCAM) en Ciudad Real
* Ponente: Fernando José Torres Villamor
1

acordó tramitar el procedimiento de responsabilidad patrimonial, nombrando instructora del expediente a la Inspectora de
Servicios Sanitarios del Servicio Provincial de Inspección de Ciudad Real, D.ª K.
En la misma fecha dirigió escrito a la reclamante, notificado el día 6 de julio del mismo año, poniendo en su
conocimiento tales circunstancias y comunicándole el plazo máximo para resolver el procedimiento y el sentido
desestimatorio vinculado a un eventual silencio administrativo.
Tercero. Período de prueba.- Mediante acuerdo de la instructora del procedimiento, con fecha 11 de julio de 2012 se
admitieron las pruebas propuestas por la interesada consistentes en historial clínico del servicio de Ginecología del Hospital
H e historial clínico de la Clínica R. Consta en el expediente la notificación del acuerdo a la reclamante mediante acuse de
recibo sellado el día 13 de julio de 2012.
Cuarto. Historia clínica de la Clínica R e informe del Servicio interviniente en la atención dispensada a la
paciente.- Incorporada al expediente se encuentra la historia clínica de la paciente, relativa a la atención médica recibida en
la Clínica R, compuesta de los siguientes documentos:
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Informe de alta quirúrgica, Servicio de Ginecología, de fecha 17 de febrero de 2012.
Informe analítica de sangre de la reclamante, previa a la operación.
Documentos de consentimiento informado para anestesia general y para intervención de oclusión tubárica, firmados
por la paciente el día 5 de enero de 2012.
Informe de anestesia/reanimación de fecha 5 de enero de 2012.
Hoja de enfermería área quirúrgica, de fecha 17 de febrero de 2012.
Hoja de anestesia de fecha 17 de febrero de 2012.
Informe operatorio, en el que se hace constar que “se realiza LTB por LPSC sin incidencias”.
Hoja de tratamiento médico a seguir tras la operación.
Informe parcial de consulta externa de 30 de marzo de 2012, donde se refleja que la paciente se encuentra bien, sin
síntoma alguno, aunque se niega a ser explorada. Tras exploración se constata: “vulva y mucosa vaginal regenerada y buen
aspecto. Vulva sin hallazgos de interés”.
También consta incorporado al expediente Informe del Ginecólogo que intervino a la paciente, emitido en el mes de
agosto de 2012, en el que, tras hacer un resumen de las revisiones y atenciones sanitarias recibidas tras la intervención
quirúrgica, se expone que “los microorganismos fúngicos (el más frecuente lo constituye el género Candida) forman parte
de la flora saprofita normal de la vagina de la mujer (hasta el 30 % de las mujeres). Por tanto no pueden considerarse
infecciones relacionadas con complicaciones derivadas de procedimientos diagnósticos o terapéuticos. [ ] No está descrito
en la literatura que los episodios infecciosos por hongos dejen secuelas anatómicas o funcionales de carácter crónico que
dificulten las relaciones sexuales o mermen la relación de pareja. [ ] Para la ligadura de trompas laparoscópica, se
emplea una pinza bipolar a través de la incisión abdominal infraumbilical, con la que se coagula las trompas. En ningún
caso, se utiliza la vía de abordaje vaginal, así como tampoco instrumental quirúrgico dotados de energía eléctrica en
dicha área anatómica. Además, se coloca una placa de protección sobre el muslo de la paciente que evita que fugas
eléctricas de los materiales monopolares que se pudieran emplear puedan producir daños tisulares. En el caso de las
ligaduras de trompas se emplea, repito, pinzas bipolares de coagulación, en ningún caso monopolares. [ ] Las
circunstancias a las que alude la paciente no pueden considerarse objetivas complicaciones de este acto quirúrgico”.
A la documentación remitida por la Clínica R, se adjuntaba copia de la póliza de responsabilidad civil sanitaria
suscrita con la aseguradora Z.
Quinto. Historia clínica del Hospital H.- Constan en el expediente, como parte integrante de la historia clínica de la
paciente en el Hospital H, los siguientes documentos:
Informe de consultas externas de Obstetricia y Ginecología, de fecha 8 de noviembre de 2011, en el que se expresa
como motivo de la consulta: “citada hoy en anticoncepción en lugar de valoración prequirúrgica. Solicita LTB”;
haciéndose constar como comentario evolución lo siguiente: “explicito LTB por LPS. Lo entiende y firma C.I.”.
Solicitud de inclusión en el registro de demanda quirúrgica del hospital, fechada el mismo día 8 de noviembre de
2011, para la realización de LTB por LPS.
Documento de consentimiento informado de oclusión tubárica, especialidad de Ginecología y Obstetricia, firmado por
la reclamante el día 8 de noviembre de 2011.
Informe de Urgencias del Hospital H, de fecha 14 de abril de 2012, al que la interesada acudió por “dispareunia de 15
de días de evolución. Prurito genital de 4 días de evolución sin cambios importantes del flujo, más espeso. Refiere
molestias en relación a ligadura de trompas”. En la exploración se observa que en los genitales externos “no hay lesiones,
ni zonas eritematosas. Exploración ginecológica: flujo blanquecino espeso, muy doloroso en horquilla vaginal inferior, no
objetivo lesiones”. Avisado el ginecólogo de guardia, diagnostica “candidiasis vaginal y dispareunia”.

Informe del Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital H, fechado el día 10 de agosto, en el que, tras
examinar la historia clínica obrante en el hospital, afirma que “la actuación ha sido correcta por nuestra parte, con la
realización de todos los pasos pertinentes previos a la técnica quirúrgica, y aparentemente también por la Clínica R. Por
lo reflejado en el informe de alta de este centro sanitario, se realizó una esterilización tubárica bilateral por laparoscopia
mediante pinza bipolar, sin ninguna incidencia o complicación”.
Sexto. Informe de la Inspección Médica.- Igualmente obra en el expediente un informe suscrito el día 2 de octubre
de 2012 por la Inspectora médico e instructora del procedimiento, en el que, después de la relación de actuaciones, fuentes
del informe, y de la descripción de los hechos, efectúa las siguientes consideraciones médicas y conclusiones: “La
vulvovaginitis candidiásica es la primera causa de vaginitis. [ ] En cuanto a las manifestaciones clínicas, el síntoma
principal es el prurito. [ ] Otros síntomas son: irritación e inflamación vulvovaginal, dispareunia y disuria externa.
Pueden aparecer úlceras en vagina y vulva. [ ] En resumen, la paciente fue sometida a oclusión tubárica bilateral
mediante laparoscopia, empleando para la coagulación de las trompas pinzas bipolares. El riesgo de quemaduras en
órganos vecinos no existe con este tipo de pinzas. La vía de abordaje es abdominal, por lo que es más que improbable que
durante la intervención se produjeran quemaduras en la vulva. Tampoco se puede considerar que la candidiasis sufrida
por la paciente tenga su origen en la intervención sino que se trata de una infección intercurrente, cuyo origen hay que
buscarlo en la colonización de la propia vagina de la paciente. Los síntomas que refiere como disuria, dispareunia y
lesiones vulvares se explican en el contexto de la vulvovaginitis candidiásica, infección que puede recurrir pero que no se
cronifica como tal. [ ] Por tanto, la instructora que suscribe considera que la actuación de los profesionales que han
intervenido en el hecho demandado han sido acordes con la lex artix ad hoc, no existiendo indicios de mala praxis”.
Séptimo. Trámite de audiencia.- Instruido el procedimiento, en fecha 2 de octubre de 2012, se comunica a la
reclamante y a la Clínica concertada la apertura del trámite de audiencia, concediéndoles un plazo de 15 días para formular
cuantas alegaciones estimaran oportunas. Constan en la documentación trasladada los acuses de recibo que acreditan que la
notificación fue recibida por sus destinatarios los días 5 y 4 de octubre de 2012, respectivamente.
Dentro del trámite conferido, la solicitante compareció el día 15 de octubre para tomar vista del expediente,
habiéndosele entregado copia completa del mismo.
No consta que ninguno de los interesados haya formulado alegaciones en el plazo concedido para ello.
Octavo. Propuesta de resolución.- A la vista de todo lo actuado, el Secretario General del SESCAM formuló el día
27 de noviembre de 2012 propuesta de resolución en sentido desestimatorio de la reclamación, al considerar que no existe
relación causal entre el daño y el funcionamiento del servicio público de salud.
Noveno. Informe del Gabinete Jurídico.- De tal propuesta y del expediente del que trae causa se dio traslado al
Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades solicitando la emisión de informe. Un Letrado adscrito a dicho órgano, con
fecha 25 de marzo de 2013, dio contestación a tal requerimiento, informando favorablemente la propuesta de resolución
desestimatoria de la reclamación.
En tal estado de tramitación V. E. dispuso la remisión del expediente a este Consejo Consultivo, en el que tuvo
entrada con fecha 30 de abril de 2013.
A la vista de dichos antecedentes, procede formular las siguientes
CONSIDERACIONES
I
Carácter del dictamen.- El dictamen de este Consejo Consultivo ha sido solicitado en cumplimiento del artículo
54.9.a) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y siguiendo
las prescripciones del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de los Procedimientos
de las Administraciones públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, en cuyo artículo 12.1 se establece que,
“concluido el trámite de audiencia, en el plazo de diez días, el órgano instructor propondrá que se recabe, cuando sea
preceptivo a tenor de lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el dictamen de este órgano consultivo o, en
su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma”.
De otro lado, el mencionado apartado del artículo 54 dispone que el Consejo Consultivo deberá ser consultado en los
expedientes tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que versen sobre
reclamaciones de responsabilidad patrimonial cuando el importe de las mismas exceda de seiscientos un euros.
En el supuesto sometido a consulta se cuantifica la indemnización solicitada en 200.000 euros, por lo que el dictamen
se emite con carácter preceptivo.
II
3

Examen del procedimiento tramitado.- El examen del procedimiento sustanciado debe circunscribirse a la
comprobación del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo,
disposición mediante la que se dispuso el desarrollo reglamentario del artículo 142.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tras el análisis de las actuaciones realizadas en el curso de la instrucción, que han sido descritas suficientemente en
antecedentes, se hace necesario destacar que la tramitación ha superado el plazo máximo de seis meses fijado para resolver
por el artículo 13.3 del citado Reglamento. La demora del plazo que no ha resultado justificada en modo alguno en el
expediente, no se compadece con los principios de celeridad y eficacia que han de informar la actuación administrativa.
Asimismo, ha de señalarse que la propuesta de resolución sometida a dictamen no se formula por el instructor del
procedimiento, sino por el Secretario General del SESCAM y, aunque cumple con los requisitos señalados en el artículo
13.2 de del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, ha de reiterarse, como ya ha sido objeto de observación en otros
muchos dictámenes de este órgano consultivo (valga por todos el dictamen 210/2010, de 6 de octubre), que ello no parece
ajustarse a lo establecido en los artículos 7 a 12 (especialmente el apartado 1 de este último precepto) en relación con las
funciones que corresponden a los instructores en los expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administración.
4
El expediente se halla foliado y ordenado cronológicamente, lo que ha facilitado su examen y conocimiento.
Cabe concluir, no obstante lo anterior, que no se aprecian en el conjunto de actuaciones analizadas irregularidades de
las que puedan derivarse efectos invalidantes para lo actuado, por lo que procede pasar a examinar las cuestiones de fondo
suscitadas por el expediente.
III
Presupuestos normativos y jurisprudenciales para la exigencia de la responsabilidad patrimonial.- La
responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución jurídica que goza en nuestros días de rango
constitucional, con reflejo en los artículos 9.3 y 106.2 de la Constitución, el último de los cuales establece que “los
particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos”.
Los presupuestos caracterizadores de la responsabilidad patrimonial de la Administración tienen su principal
formulación legal en los apartados 1 y 2 del artículo 139 y 1 del 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los que se establece que los
particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; que, en todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo,
evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas; y que sólo serán
indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley.
A partir de las notas legales antedichas, la copiosa jurisprudencia existente sobre la materia ha estructurado una
compacta doctrina, según la cual “los requisitos exigibles para imputar a la Administración la responsabilidad patrimonial
por los daños y perjuicios causados a los administrados son los siguientes: en primer lugar, la efectiva realidad de un
daño material, individualizado y económicamente evaluable; segundo, que sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos en una relación directa y exclusiva e inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su
origen (Reglamento, acto administrativo, legal o ilegal, simple actuación material o mera omisión); por último, que no se
haya producido por fuerza mayor y que no haya caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija la
Ley” -Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de
23 de febrero de 2004 (Ar. JUR 2004\83545, FJ 2º) y de 13 de octubre de 2006, entre otras muchas, o, en parecidos
términos, Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 1989 (Ar. RJ 1989\1986, FJ 3º)-. A la relación de requisitos
precitados cabría agregar también, como elemento de singular significación para apreciar la referida responsabilidad
patrimonial, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño producido.
El sistema de responsabilidad extracontractual aplicable a nuestras Administraciones Públicas ha sido calificado por la
doctrina como de carácter objetivo. Este rasgo ha sido perfilado por nuestra jurisprudencia señalando que “al afirmar que
es objetiva se pretende significar que no se requiere culpa o ilegalidad en el autor del daño, a diferencia de la tradicional
responsabilidad subjetiva propia del Derecho Civil, ya que se trata de una responsabilidad que surge al margen de cuál
sea el grado de voluntariedad y previsión del agente, incluso cuando la acción originaria es ejercida legalmente, y de ahí
la referencia al funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en la dicción del artículo 40 [de la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado, hoy 139 de la Ley 30/1992], pues cualquier consecuencia dañosa
derivada de tal funcionamiento debe ser, en principio, indemnizada, porque de otro modo se produciría un sacrificio
individual en favor de una actividad de interés público que, en algunos casos, debe ser soportada por la comunidad”
-Sentencias del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 1998 (Ar. RJ 1998\6836) o de 28 de noviembre de 1998 (Ar. RJ
1998\9967)-.

Sin embargo, como dijo el Consejo de Estado en su dictamen de 3 de junio de 1999, “este carácter objetivo, tal y
como en reiteradas ocasiones ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Consejo de
Estado, no implica que todos los daños producidos en los servicios públicos sanitarios sean indemnizables, pues ello
llevaría a configurar la responsabilidad administrativa en estos casos, de forma tan amplia y contraria a los principios
que la sustentan, que supondría una desnaturalización de la institución. Así pues, de acuerdo con dicha doctrina, para
apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la lex artis, de modo que tan
solo en el caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios
sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la lex artis, ha de concluirse que
tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular, sin que generen, en modo
alguno, el derecho a percibir una indemnización”. En idéntica línea el Tribunal Supremo en su Sentencia de 4 de abril de
2000 declaró que “el criterio fundamental para determinar si concurre responsabilidad patrimonial en materia de
asistencia sanitaria es la de la adecuación objetiva del servicio prestado, independientemente de que existan o no
conductas irregulares por parte de los agentes de la Administración y del buen o mal éxito de los actos terapéuticos, cuyo
buen fin no siempre puede quedar asegurado”, añadiendo en otra Sentencia de 25 de abril de 2002 que “prestada la
asistencia sanitaria con arreglo a la regla de la buena praxis desde el punto de vista científico, la consecuencia de la
enfermedad o padecimiento objeto de atención sanitaria no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no
pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas”.
Así mismo, la responsabilidad patrimonial de la Administración se asienta en el criterio objetivo o concepto técnico
de lesión, entendida ésta como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber de soportar. Dicho deber
existe cuando la medida impuesta por la Administración constituye una carga general que todos los administrados afectados
por su esfera de actuación están obligados a cumplir, y puede venir determinado por la concurrencia de una concreta
imposición legal o por otros factores vinculados ordinariamente a la propia situación o actitud del perjudicado, con
incidencia sobre la entidad del riesgo generado por el actuar de la Administración.
La carga de la prueba de los hechos en que se base la reclamación de responsabilidad patrimonial recae
necesariamente sobre el sujeto que la plantea, lo que incluye la acreditación de la relación causal invocada, de los daños
producidos y de su evaluación económica. Es ésta una formulación enunciada sistemáticamente por nuestra jurisprudencia,
que encuentra ahora su principal apoyo en los artículos 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, y 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, que viene a recoger las reglas del onus probandi dentro de la categoría de
las obligaciones, sentando la conocida máxima de que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su
cumplimiento y la de su excepción al que la opone; todo ello, sin perjuicio del deber genérico de objetividad y colaboración
en la depuración de los hechos que pesa sobre la Administración, en consonancia con lo previsto en los artículos 78.1 y
80.2 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y que se extiende a sus órganos, autoridades y funcionarios. De otro
lado, recae sobre la Administración imputada la carga de la prueba cuando ésta verse sobre la eventual concurrencia de una
conducta del reclamante con incidencia en la producción del daño, la presencia de causas de fuerza mayor o la prescripción
de la acción -v. gr. Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1999 (Ar. RJ 1999\4440) y de 21 de marzo de 2000
(Ar. RJ 2000\4049)-.
También debe de ser objeto de consideración el tiempo que haya mediado entre la producción del evento lesivo y el
ejercicio de la acción tendente a su reparación, pues, conforme a lo dispuesto en los artículos 142.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, y 4.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el
hecho o acto que motive la indemnización o desde la manifestación o estabilización de sus efectos lesivos.
El análisis de la relación de causalidad existente entre el actuar administrativo y los efectos lesivos producidos aparece
de ordinario como elemento esencial en el examen de los procedimientos seguidos en materia de responsabilidad
patrimonial de la Administración. Ante la falta de referencias legales respecto de sus notas caracterizadoras, se dispone de
una amplía creación jurisprudencial al respecto, que vino tradicionalmente considerando como rasgos definitorios de dicho
vínculo teleológico su carácter directo, su inmediatez y su exclusividad respecto de los perjuicios generadores de la
reclamación -así, Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1987 (Ar. RJ 1987\426) o de 4 de junio de 1994 (Ar.
RJ 1994\4783)-. Sin embargo, dicha tendencia doctrinal ha sido matizada y corregida, admitiéndose también formas de
producción mediatas, indirectas y concurrentes que plantean la posibilidad de una moderación de la responsabilidad cuando
intervengan otras causas, lo que deberá tenerse en cuenta en el momento de fijar la indemnización -Sentencias del Tribunal
Supremo de 28 de julio de 2001 (Ar. RJ 2001\10061), de 15 de abril de 2000 (Ar. RJ 2000\6255) o de 4 de mayo de 1999
(Ar. RJ 1999\4911)-. Este planteamiento conduce en cada supuesto al examen de las circunstancias concretas concurrentes
y a la búsqueda de referentes en la abundante casuística que ofrece la jurisprudencia existente.
Finalmente, la intervención de este Consejo Consultivo en los procedimientos seguidos como consecuencia de
reclamaciones de responsabilidad patrimonial debe centrarse esencialmente en el examen de los elementos aludidos en el
artículo 12.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, en el que se dispone: “Se solicitará que el dictamen se pronuncie
sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en
su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización [...]”.
IV
5

Requisitos para el ejercicio de la acción.- Con carácter previo al análisis pormenorizado de los requisitos de fondo
exigidos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración antes mencionados, debe examinarse
la concurrencia de las legitimaciones activa y pasiva ligadas a la pretensión indemnizatoria planteada por el reclamante y el
plazo de ejercicio de la acción.
La legitimación activa, resulta acreditada por cuanto ha sido la reclamante la que ha sufrido el daño cuyo
resarcimiento reclama.
En cuanto a la legitimación pasiva de la Administración autonómica imputada, el supuesto examinado se incardina
dentro del grupo de los derivados de reclamaciones dirigidas contra actuaciones ejecutadas por contratistas o
concesionarios de la Administración, puesto que la actuación médica cuestionada fue llevada a cabo en las instalaciones del
centro sanitario “R”, que practicó la intervención merced al concierto sanitario que tiene suscrito con el SESCAM. Se
integra, por ello, en el caso específico de los procedimientos motivados por reclamaciones de responsabilidad patrimonial
formuladas contra actuaciones realizadas en centros sanitarios concertados con cualesquiera entidades, servicios y
organismos del Sistema Nacional de Salud, para los que la disposición adicional 12ª de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, establece que observarán la tramitación administrativa prevista en dicho cuerpo legal, correspondiendo su
revisión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo, en todo caso.
En sintonía con tal posición cabe referirse nuevamente a la línea seguida a tal efecto por el Consejo de Estado en
varios de sus dictámenes -por ejemplo: 1115/2003, de 5 de junio; 3345/2003, de 20 de noviembre, o 85/2002, de 31 de
enero-, en el último de los cuales se afirma expresamente que “el hecho de que la asistencia sanitaria discutida se haya
prestado en un Hospital concertado […] no es obstáculo para el examen de fondo de la reclamación planteada, ni para su
eventual estimación, pues en otro caso, se estaría colocando a los pacientes que son remitidos a los centros, por decisión
de la Administración sanitaria en una peor situación que el resto de los ciudadanos que permanecen en los
establecimientos hospitalarios públicos”.
Ello, sin perjuicio de que la Administración, en su resolución, indique si es a ella o a la empresa contratista -de forma
directa o bien cuando la Administración autonómica le repita la suma previamente abonada por ella al reclamante-, a quien
corresponde, en su caso, el cumplimiento pecuniario de la obligación.
Por lo que respecta al plazo en que ha sido interpuesta la reclamación, nada hay que objetar, pues el daño reclamado
se produjo el día 17 de febrero de 2012, fecha de la intervención quirúrgica, y la reclamación se presentó con fecha 21 de
junio de ese mismo año, no habiendo transcurrido el plazo máximo de un año fijado en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.
6
V
Requisitos sustantivos: daño, relación de causalidad y antijuridicidad de aquél.- La parte reclama una
indemnización de 200.000 euros por los daños y perjuicios derivados de la intervención de ligadura de trompas de Falopio
por laparoscopia realizada el día 17 de febrero de 2012 en la Clínica R. Concretamente, alega que “la intervención
originaria, generó una colonización de hongos que ha quedado como cronificada, (…) el daño iatrogénico que le ha
generado importantes secuelas físicas y psíquicas dado que ahora tengo un veto genérico respecto a las relaciones íntimas
con mi marido, sufriendo un escozor permanente lo que me afecta psicológicamente”.
Del historial clínico incorporado al expediente resulta acreditado que la reclamante padece candidiasis vaginal y
dispareunia, siendo el prurito genital una de las principales manifestaciones de la candidiasis, lesiones que resultan
objetivadas en los informes de Urgencias del Hospital H de fechas 20 de febrero y 14 de abril de 2012. Por tanto, debe
considerarse acreditado el daño alegado consistente en episodio infeccioso por hongos, escozor y coito doloroso. Sin
embargo, se alegan secuelas psíquicas, que no se concretan y que carecen de respaldo probatorio alguno por no haber sido
aportado en ningún momento del procedimiento, circunstancia que motiva que no puedan tenerse por acreditadas, negando
respecto de ellas la efectividad del daño.
No obstante, acreditado el daño, para que su resarcimiento pueda encuadrarse en el ámbito de la responsabilidad
patrimonial, resulta imprescindible que aquel derive necesariamente de la actuación del servicio público de salud, lo que
conduce al análisis de la posible relación causal que pudiera existir, así como de la antijuridicidad del daño.
La reclamante señala como origen de las dolencias que padece la intervención de ligadura de trompas de falopio por
laparoscopia realizada en la Clínica R, afirmando que generó “un daño iatrogénico (colonización de hongos cronificada)
que no tiene el deber jurídico de soportar e inherente a la mala praxis”.
Según la bibliografía médica, la oclusión tubárica por laparoscopia se realiza por medio de la introducción de una
cámara de 1 cm de diámetro a nivel umbilical y la aplicación de dos pinzas a nivel de la parte inferior del abdomen. Esta
técnica fue la utilizada en la intervención realizada a la reclamante, como consta en el informe de alta quirúrgica de 17 de
febrero de 2012, en el que se describe el procedimiento utilizado en los siguientes términos: “Se realiza LTB por LPSC con
dos trócares (umbilical de 10 mm y en FII de mm). Coagulación con pinza bipolar en varios puntos de ambas trompas”.
La técnica empleada salvaguarda la vagina y órganos genitales externos de la paciente, puesto que en ningún
momento se lleva a cabo un acceso vaginal, sino abdominal, y así lo han puesto de manifiesto, en sus respectivos informes,

tanto el médico especialista en Ginecología que intervino a la interesada como la Inspectora médica e instructora del
procedimiento. Esta última concluye señalando que “El riesgo de quemaduras en órganos vecinos no existe con este tipo
de pinzas. La vía de abordaje es abdominal, por lo que es más que improbable que durante la intervención se produjeran
quemaduras en la vulva”.
Al hilo de lo anterior, queda reflejo en el expediente que la candidiasis no es sino una infección vaginal típica, que
nada tiene que ver con la intervención quirúrgica a la que fue sometida la reclamante, fundamentalmente porque la zona
vaginal no estuvo expuesta durante la operación. El origen de la candidiasis, en palabras de la instructora del
procedimiento, “hay que buscarlo en la colonización de la propia vagina de la paciente”. En consecuencia, sentado el
origen de la infección, debe descartarse que los síntomas típicos de la misma puedan tener su causa en la misma
intervención quirúrgica, y así lo confirma el especialista en Ginecología, en cuyo informe expresa que “Las circunstancias
a las que alude la paciente no pueden considerarse objetivas complicaciones de este acto quirúrgico”.
La falta de conexión entre la ligadura de trompas y el origen de la candidiasis, evidencia la inexistencia de relación
causal entre el daño alegado por la reclamante y el actuar del Servicio de salud durante la intervención quirúrgica.
Por último, la interesada argumenta que ha sufrido un daño que no tiene el deber jurídico de soportar y que es
inherente a la mala praxis, lo que nos conduce directamente al examen del requisito de la antijuridicidad de la lesión.
En el ámbito sanitario, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2005 (Ar. RJ 2005\9332) señala que “el
daño debe reputarse antijurídico -y por tanto no tendría el paciente el deber jurídico de soportarlo- si no se actuó con la
diligencia debida o no se respetó la lex artis ad hoc”.
Descartada la relación causal, difícilmente puede hablarse de un daño antijurídico, y menos aún cuando en la
reclamación no se concreta en qué consistió la mala praxis o la infracción de la lex artis en la intervención realizada, ni en
qué medida y manera pudo originar la dolencia alegada.
Frente a las manifestaciones de la reclamante, del contenido del expediente se puede deducir que la actuación de los
servicios sanitarios fue adecuada y que se pusieron al servicio de la paciente todos los medios necesarios para la práctica de
la intervención. Así resulta del informe del Servicio de Ginecología del Hospital H de 10 de agosto de 2012. De la misma
manera, la instructora del procedimiento manifiesta en su informe que “la actuación de los profesionales que han
intervenido en el hecho denunciado ha sido acorde con la lex artis ad hoc, no existiendo indicios de mala praxis”.
Por lo que se refiere al cumplimiento de las exigencias impuestas por la lex artis, el contenido del expediente permite
observar que el deber de información que pesa sobre el facultativo acerca de las alternativas de tratamiento y
complicaciones frecuentes de la operación fue cumplido, acreditándose por medio de los documentos de consentimiento
informado, firmados por la reclamante los días 8 de noviembre de 2011 y 5 de enero de 2012. Más aún, consta en el
expediente informe de consultas externas de Obstetricia y Ginecología de fecha 8 de noviembre de 2011, en el que queda
reflejado que el médico especialista explicó la técnica de la intervención a la paciente, esta lo entendió y firmó el
consentimiento informado, manifestación que deja sin contenido la denuncia formulada por la reclamante sobre la falta de
información.
Habiéndose probado que existió información, no puede afirmarse que el daño tenga carácter antijurídico. Si, como
además sucede, no se han aportado pruebas concretas de que hubiera existido alguna actuación médica incorrecta ni que
exista una relación directa de causa a efecto entre el daño reclamado y la intervención quirúrgica, procede desestimar la
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada.
VI
Sobre la indemnización solicitada.- Aunque, según las razones expuestas en la consideración anterior, no procede
abonar la indemnización reclamada por no ser antijurídico el daño sufrido ni existir relación causal, a fin de cumplimentar
la exigencia del artículo 12.2 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que señala que el dictamen puede versar, “en su
caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización”, se analiza, en esta consideración, la
adecuación cuantitativa de la indemnización solicitada.
La afectada ha pedido en tal concepto el pago de 200.000 euros, sin ofrecer explicación, especificación o desglose
alguno que permita vislumbrar los parámetros evaluatorios tomados en consideración, ni tan siquiera los conceptos
indemnizables que conforman el importe reclamado.
En estas circunstancias, podría recurrirse, entre otros criterios, a las reglas de baremación contenidas en la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, plasmadas actualmente en el Texto Refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, admitidas como de uso habitual con carácter orientativo
en la tasación de daños personales indemnizables a través del instituto de la responsabilidad patrimonial de la
Administración.
Sin embargo, no cabe llegar más allá en el intento de practicar una cuantificación de los daños aducidos, pues la
utilización de dicho procedimiento de evaluación precisaría de una previa y minuciosa actividad probatoria dirigida a
constatar la persistencia e irreversibilidad de las lesiones padecidas. Ante la falta de concreción de la reclamación resulta
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inviable llevar a cabo un proceso de cuantificación mínimamente riguroso, máxime cuando la interesada, eludiendo toda
referencia a los criterios de valoración que estima aplicables, ha descuidado dicho aspecto de su petición.
En mérito a lo expuesto, el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha es de dictamen:
Que no existiendo relación de causalidad entre la intervención quirúrgica practicada en la Clínica R y las lesiones
reclamadas por D.ª X, ni siendo antijurídico el daño soportado, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación
de responsabilidad patrimonial examinada.
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