dictamen - Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha - Junta de ...

DICTAMEN 37
DICTAMEN Nº. 37/2006, de 15 de marzo. *
Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la
Administración Sanitaria a instancia de D. X como consecuencia de la asistencia
sanitaria recibida en el Servicio de Urgencias del Hospital de P, centro dependiente del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).
ANTECEDENTES
El 30 de julio de 2004 D. X presentó escrito de reclamación de responsabilidad
patrimonial dirigido a la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, solicitando el abono de una indemnización de 2.155’66 euros por los daños y
perjuicios sufridos como consecuencia de los siguientes hechos:
“... El día 25 de enero de 2004, y encontrándose este reclamante en su domicilio
cortando jamón, se causó un profundo corte en el segundo dedo de la mano izquierda.
Así, ante la importancia que presentaba la herida, y aun perteneciendo el reclamante al
Instituto Social de las Fuerzas Armadas y, por tanto, contando con cobertura sanitaria a
través de seguro privado, este reclamante decidió acudir al Servicio de Urgencias del
Hospital de P, a fin de ser atendido con toda celeridad de la herida en cuestión.
... Así, una vez en el mentado Servicio de Urgencias ..., fui atendido por facultativo del
mismo quien diagnosticó, .... “herida incisa profunda a nivel de la 1º y 2º falange del dedo
(2do.) de la mano izquierda”.
Con tal diagnóstico, tras practicarse radiografía del dedo afectado y verificar la
ausencia de lesiones óseas, el facultativo en cuestión procedió a suturar la herida,
prescribiendo la retirada de puntos a los 7 días, curas diarias y seguimiento por médico de
cabecera.
... Dado que tras las curas y retirada de puntos, este reclamante no presentaba
movilidad en el dedo en cuestión, permaneciendo éste flexionado en unos 45º, el reclamante
consultó con nuevo facultativo, esta vez perteneciente al seguro médico propio de este
reclamante por su condición de pensionista de las Fuerzas Armadas, concretamente con el
Dr. S, quien tras el examen concluyó que el reclamante presentaba seccionado el tendón
extensor largo del segundo dedo de la mano izquierda, siendo ésta la causa de la situación
que presentaba el dedo en cuestión.
Es decir, que cuando este reclamante acudió al Servicio de Urgencias... el facultativo
que le asistió se limitó a suturar la herida, o lo que es lo mismo, la raja que presentaba el
dedo, pero no se percató de la sección del tendón extensor, y no practicó intervención alguna
para suturar el tendón seccionado.
*
Ponente: Juan Martínez Martínez

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... En consecuencia, a la vista de la situación que presentaba el dedo del reclamante, el
mentado Dr. instauró tratamiento conservador consistente en fédula de Stak, con objeto de
que el problema del tendón no fuera más y en espera de la correspondiente intervención para
corregir el manifiesto error cometido en el Servicio de Urgencias....
Dicha intervención fue practicada por el Dr. con fecha 5 de marzo de 2004, y así con un
diagnóstico de sección inveterada del tendón extensor largo del segundo dedo de la mano
izquierda con afectación de cápula articular, procedió a la limpieza de la cicatriz y sutura del
tendón y cápula, colocando la correspondiente inmovilización.
(...)
... Tras la intervención descrita, este reclamante hubo de someterse a tratamiento de
fisioterapia.... y tras la finalización de dicho tratamiento han quedado al reclamante como
secuelas limitación de movilidad, actitud en flexo de 20º y ausencia de movilidad activa
(pasiva 10º)...
... En consecuencia, lo expuesto evidencia un manifiesto error cometido por el
facultativo que asistió de su herida a este reclamante..., por cuanto no se percató de que la
profunda herida que se había causado este reclamante había llegado a seccionar el tendón
extensor de su dedo, limitándose a suturar el corte producido sin suturar, como debería haber
hecho, el tendón seccionado.
Tan mala praxis ha supuesto a este reclamante los daños y perjuicios que a continuación
se describen y cuantifican...:
En primer lugar, este reclamante hubo de permanecer lesionado desde el día 25 de
enero en que acude al Servicio de Urgencias..., hasta el día 5 de marzo de 2004, momento
éste en el que sí se corrigen adecuadamente las lesiones iniciales padecidas por el
reclamante. En consecuencia, este reclamante ha tenido que soportar 40 días más de la
situación lesional, que los que tendría que haber soportado de haberse prestado desde su
inicio la adecuada asistencia médica que exigían las verdaderas lesiones existentes. Dicho
periodo de 40 días habrá de ser indemnizado en la suma de 986’87 euros, computando tales
días como no impeditivos.
En segundo lugar, a la vista de las secuelas acarreadas con motivo de no haber sido
corregidas desde su inicio las verdaderas lesiones que presentaba este reclamante, tales
secuelas deben ser indemnizadas en la suma de 1.168’79 euros, otorgando a las mismas una
valoración de 2 puntos y en atención a la edad del reclamante de 47 años. ”
Por ultimo, se solicitó la práctica de determinadas pruebas consistentes en la
incorporación al expediente de la historia clínica del interesado y de los documentos que
acompañó a su reclamación, acreditativos de los hechos alegados.
Instruido el correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial, se propuso
la estimación parcial de la reclamación interpuesta, al considerar que existió una defectuosa
asistencia en el seguimiento del paciente que le privó de una atención correcta de la lesión.
Se proponía el abono de una indemnización de 1.162’29 euros, correspondientes al 50% de
la cuantía compensatoria correspondiente a los 40 días de baja no impeditivos más la

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atribuida a la secuela consistente en la limitación de la movilidad de la articulación
metacarpo-falángica, valorada en dos puntos (2.324’58 euros).
EXTRACTO DE LA DOCTRINA
Adentrándonos en el examen de la relación de causalidad entre los daños descritos y el
funcionamiento de los servicios sanitarios dispensados en el mencionado centro hospitalario,
debemos comenzar indicando que el juicio que efectúa el reclamante respecto de la actuación
del personal sanitario que le atendió en el Servicio de Urgencias nos lleva a poner de relieve
cuáles son las obligaciones que resultan demandables del personal sanitario en general.
Procede acudir para ello a la asentada doctrina formulada por nuestra jurisprudencia
conforme a la cual en el ejercicio de la medicina no puede exigirse al profesional de la misma
la obligación de obtener un resultado de recuperación del enfermo porque aquélla no es una
ciencia de garantía de resultados, siendo por ello sólo exigible la aplicación de los medios
existentes con la diligencia derivada de la “lex artis ad hoc”. No opera por ello la inversión
de la carga de la prueba, siendo imprescindible que por la parte reclamante se pruebe la
relación causal y el reproche culpabilístico, que puede manifestarse a través de una
negligencia omisiva en la aplicación de un medio curativo o, más generalmente en la
existencia de una acción culposa o negligente en tal aplicación (entre otras Sentencias del
Tribunal Supremo 14 de abril de 1999; de 23 de marzo de 2001; y de 30 de enero de 2004, Ar.
RJ. 2615, 3984 y 439, respectivamente).
El cumplimiento de dicha obligación de medios se ha concretado por el Tribunal
Supremo, -valga por todas la Sentencia de 25 de abril de 1994, R.J. Aranzadi 3073- en los
siguientes deberes: “A) Utilizar cuantos remedios conozca la ciencia médica y estén a
disposición del médico en el lugar en que se produce el tratamiento, de manera que [...] la
actuación del médico se rija por la denominada “lex artis ad hoc”, es decir en consideración
al caso concreto en que se produce la actuación e intervención médica y las circunstancias en
que la misma se desarrolle, así como las incidencias inseparables en el normal actuar
profesional, teniendo en cuenta las especiales características del autor del acto médico, de la
profesión, de la complejidad y trascendencia vital de paciente y, en su caso, la influencia de
otros factores endógenos [...] para calificar dicho acto como conforme o no a la técnica
normal requerida, pero, en cualquier caso, debiendo de hacerse patente que, dada la vital
trascendencia que, en muchas de las ocasiones, reviste para el enfermo la intervención
médica, debe ser exigida, al menos en estos supuestos, la diligencia que el derecho sajón
califica como propia de las obligaciones del mayor esfuerzo; B) Informar al paciente o, en su
caso, a los familiares del mismo, [...] del diagnóstico de la enfermedad o lesión que padece,
del pronóstico que de su tratamiento puede normalmente esperarse, de los riesgos que del
mismo, especialmente si éste es quirúrgico, pueden derivarse y, finalmente, y en el caso de
que los medios de que se disponga en el lugar donde se aplica el tratamiento puedan resultar
insuficientes, debe hacerse constar tal circunstancia, de manera que, si resultase posible, opte
el paciente o sus familiares por el tratamiento del mismo en otro centro médico más
adecuado; C) Continuar el tratamiento del enfermo hasta en el momento en que éste pueda
ser dado de alta, advirtiendo al mismo de los riesgos que su abandono le puedan comportar;
y D) En los supuestos –no infrecuentes- de enfermedades o dolencias que puedan calificarse

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de recidivas, crónicas o evolutivas, informar al paciente de la necesidad de someterse a los
análisis y cuidados preventivos y que resulten necesarios para la prevención del agravamiento
o repetición de la dolencia.”
La parte reclamante funda su pretensión indemnizatoria esencialmente en un error de
diagnóstico, al no haber sido detectada la sección del tendón extensor del segundo dedo de la
mano izquierda cuando fue atendido en el Servicio de Urgencias del hospital al que acudió
después de realizarse un profundo corte en su domicilio, lo que –a su juicio- provocó que
posteriormente tuviera que ser intervenido para intentar corregir el manifiesto error cometido
en un principio al no suturar el tendón seccionado, quedando, no obstante, determinadas
secuelas que el perjudicado atribuye a la mala praxis de los facultativos que le atendieron en
un primer momento.
Junto a estas alegaciones del interesado, se constata en el expediente, mediante el parte
de atención en el Servicio de Urgencias al que acudió el reclamante y los informes de la
clínica en la que posteriormente se trató la lesión, que no se diagnosticó en un principio la
sección del tendón extensor, suturándose la herida sin realizar ninguna comprobación
anterior para saber el alcance preciso de la lesión, y que posteriormente, casi un mes
después, le fue diagnosticada la rotura de dicho tendón, siendo precisa intervención
quirúrgica para tratar de reparar el daño. Asimismo, el informe de la Inspección Médica
concluye que “... a juicio del Médico Inspector que suscribe, ha existido una pérdida de
oportunidad en el diagnóstico y consecuentemente en el posible tratamiento que en función de
dicho diagnóstico hubiera podido realizarse. ... No obstante lo anterior, no podemos asegurar
que, de haberse llegado al diagnóstico y tratamiento adecuados, el resultado hubiera sido la
recuperación “ad integrum” sin dejar secuela limitante.”
De las circunstancias descritas se deduce: a) existió una atención médica correcta pero
incompleta, al no haberse empleado, en su momento, todos los medios de diagnosis
habituales para la detección de la fractura de astrágalo (nuevas radiografías y proyecciones,
TAC), lo que comporta una irregularidad en la praxis médica que debe considerarse, en
principio, como causa suficiente para considerar responsable a la Administración Sanitaria;
b) sin embargo, la mera demora en el diagnóstico de aquella fractura –a la que, usando los
términos de la Inspección Médica, podríamos denominar “pérdida de oportunidad”- no es el
desencadenante necesario, ni siquiera seguro, de los daños sufridos por el reclamante, pues,
con frecuencia, la propia gravedad de este tipo de lesiones conduce, aun tratadas
prontamente, a complicaciones y secuelas similares a las que, en definitiva, se le han
producido al reclamante.
Atribuida así, sólo en forma de probabilidad razonable, la imputabilidad del daño
sufrido al servicio médico prestado por el SESCAM, la misma apreciación debe realizarse
respecto de la antijuridicidad de aquél, es decir, la determinación de si el mismo debe ser
soportado en su totalidad o no por la Administración o por el paciente, lo que nos enfrenta
con la dificultad de determinar con exactitud tanto el “quantum” de causalidad como la
antijuridicidad del daño, al poder obedecer indistintamente al retraso en el diagnóstico y a la
propia gravedad de la dolencia, y consecuentemente, la del montante indemnizatorio que
deba satisfacérsele. En este sentido, la Sala 3ª del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 9 de
junio de 1998 (Ar. RJ 5177) admite la existencia de responsabilidad «en los casos de …
insuficiente eficacia en relación con los estándares normales y exigibles de rendimiento»,

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pero añade que en ellos se ofrece con particular intensidad la necesidad de matizar el
requisito de la causalidad por razón de la posible concurrencia de diversos factores en la
producción del daño, cuya respectiva influencia debe ser analizada para inferir la existencia
o no de dicho nexo de causalidad y la procedencia, en el caso de que se estime concurrente,
de moderar el alcance de la responsabilidad administrativa.
Como resulta imposible ya determinar con certeza y exactitud la parte que es atribuible
en la producción del daño al retraso en el diagnóstico de la grave fractura sufrida y la que lo
es a la propia naturaleza de la lesión y las frecuentes evoluciones desfavorables y
complicaciones de la misma, es por lo que, para despejar la incógnita de cuál deba ser la
distribución de responsabilidades, puede acudirse a la doctrina, de frecuente utilización en el
ámbito de la responsabilidad patrimonial, elaborada en torno a la concurrencia o concurso
de causas, dotadas cada una de ellas –como nos dicen los profesores García de Enterría y
Tomás Ramón Fernández- de una determinada potencialidad dañosa, que justifica, en
principio, el reparto en la proporción correspondiente de la deuda en que se traduce el deber
de resarcimiento; y, cuando no existen datos bastantes que permitan una distribución precisa
de la carga indemnizatoria, la solución más ecuánime es la que señalaba el Dictamen del
Consejo de Estado de 1 de julio de 1971, de que, «en defecto de mejor criterio, puede
adoptarse el de repartir por mitad la cuantía de los daños entre la Administración y el
reclamante». Criterio que es el que luce en la propuesta del SESCAM y sobre el que se
volverá en la siguiente Consideración de este Dictamen a fin de fijar las bases para la
indemnización que debe satisfacerse al reclamante.”
“Resulta evidente que la lesión producida, aun sin retraso en el diagnóstico, hubiera
impedido la función de la mano por tiempo indeterminado, y reclamándose la indemnización
compensatoria correspondiente a los 40 días de baja no impeditivos, parece acertada la
propuesta de resolución cuando establece el abono del 50% de la cuantía e igualmente
resulta apropiado establecer en un 50% la indemnización derivada de la limitación atribuida
a la secuela consistente en la falta de movilidad de la articulación metacarpo-falángica,
valorada en dos puntos, según el baremo, lo que en definitiva supone reconocer al reclamante
el derecho a percibir una indemnización de 1.162,29 euros.”
DICTAMEN
“Que existiendo relación de causalidad entre el servicio público dispensado en el
Hospital de P y los daños sufridos por D. X, procede dictar resolución declarando la
responsabilidad patrimonial de la Administración Autonómica y el derecho del reclamante a
percibir una indemnización conforme a lo expresado en la consideración V”.