dictamen - Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha

Dictámenes Consejo Consultivo Castilla-La Mancha.- 2005
1980 (Ar. RJ 1980,1641); de 28 de enero de 1981 (Ar. RJ 1981,24); de 18 de octubre de
1982 (Ar. RJ 1982,6389); de 25 de octubre de 1982 (Ar. RJ 1982,5805); de 18 de octubre de
1983 (Ar. RJ 1983,5239); de 23 de marzo de 1984 (Ar. RJ 1984,2525); de 12 de junio de
1985 (Ar. RJ 1985,3216); de 20 de febrero de 1990 (Ar. RJ 1990,1444); de 19 de noviembre
de 1991 (Ar. RJ 1991,8849); de 20 de octubre de 1992 (Ar. RJ 1992,8263); de 27 de enero
de 1993 (Ar. RJ 1993,420) y de 14 de febrero de 1997 (Ar. RJ 1997,1500)- .
Carácter manifiesto de la incompetencia que se compadece mal con que, en este caso,
el Delegado Provincial haya asumido la competencia para dictar la resolución cuya nulidad
se pretende invocando el artículo 11 del Decreto 126/1999, de 29 de julio, por el que se
establece la Estructura Orgánica y la Competencia de los distintos Órganos de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente, que establece que: «Las Delegaciones Provinciales ejercerán
las actuaciones concretas derivadas de las funciones de los órganos directivos de la
Consejería dentro de su respectivo ámbito territorial, salvo que de forma expresa estuvieran,
por ésta u otras normas, atribuidas a otros órganos».
En definitiva, la propia naturaleza de las cosas hace que no se pueda sustentar una
incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio, que es la exigida por el
artículo 62.1.b) de la LRJ-PAC para poder declarar la nulidad radical de un acto administrativo,
cuando la autoridad que dictó la resolución revisada –Delegado Provincial en Ciudad
Real de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente- era el aparentemente competente
por razón de la materia (agricultura) y del territorio (provincia de Ciudad Real).
b) La segunda razón por la que se considera que la resolución que se pretende revisar
adolece de nulidad radical es la de que la resolución del Delegado afecta a cuestiones de
propiedad y -según el artículo 232.1 del TRLRDA- «los derechos y situaciones jurídicas
que no hubieran sido asignados en las Bases a su legítimo titular no quedarán perjudicados
por las resoluciones del expediente de concentración, aunque éstas sean firmes, pero sólo
podrán hacerse efectivos, por la vía judicial ordinaria y con sujeción a las normas de este
artículo, sobre las fincas de reemplazo adjudicadas a quien en las Bases apareciera como
titular de las parcelas de procedencia objeto de tales derechos o situaciones antes de la
concentración y, en su caso, sobre la compensación en metálico a que se refiere el artículo
240».
De seguir este criterio sí estaríamos ante un supuesto de nulidad absoluta «ex» artículo
62.1.b) LRJ-PAC, por no corresponder la potestad de dictar este tipo de actos a la Administración
Pública, sino a órganos de otros poderes del Estado (en este caso, al Poder Judicial).
No obstante, tampoco tal incompetencia concurre en el presente caso, ya que el acto
que se revisa -resolución de un recurso extraordinario de revisión de los regulados en los
artículos 115 y 119 de la LRJ-PAC- es indiscutiblemente administrativo.
No empece este criterio el hecho de que el artículo 232 del TRLRDA hable de que «los
derechos y situaciones jurídicas que no hubieran sido asignadas en las Bases a su legítimo
titular no quedarán perjudicados por las resoluciones del expediente de concentración,
aunque éstas sean firmes, pero sólo podrán hacerse efectivos, por la vía judicial ordinaria y
con sujeción a las normas de este artículo [...]», pues –a juicio de este Consejo- tal precepto
no supone una limitación a la potestad que la Administración tiene en todo el procedimiento
de concentración parcelaria, incluidos, en su caso, la resolución de los recursos que contra
los actos dictados dentro del mismo se produzcan, de resolver las numerosas cuestiones
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