Estrategia de Fomento Forestal - magfor

Propuesta de Estrategia de Fomento Forestal
racional de estos recursos, cuando el interés
nacional lo requiera.
A través del Arto. 130, en sus párrafos
1 y 3 se deja sentada la responsabilidad
de los funcionarios públicos de cara a las
concesiones, mencionando que:
Arto.130 La nación nicaragüense se
constituye en un Estado Social de Derecho.
Ningún cargo concede a quien lo
ejerce más funciones que las que le confieren
la Constitución y las leyes.
Los funcionarios públicos de cualquier
Poder del Estado, elegidos directa e indirectamente,
los Ministros y Vice-ministros
de Estado, los presidentes o directores
de entes autónomos gubernamentales
y los embajadores de Nicaragua en el
exterior, no pueden obtener concesión
alguna del Estado; tampoco podrán actuar
como apoderados o gestores de
empresas públicas o privadas, nacionales
o extranjeras, en contrataciones de
éstas con el Estado. La violación de esta
disposición anula las concesiones o ventajas
obtenidas y causa la pérdida de la
representación y el cargo.
El Arto. 177 en sus párrafos 1 y 4 señala
el papel de los municipios en materia de
administración y recursos naturales de la
siguiente manera:
Arto.177 Los municipios gozan de autonomía
política, administrativa y financiera.
La administración y gobiernos de los
mismos corresponden a las autoridades
municipales.
Los gobiernos municipales tienen competencia
en materia que incidan en el desarrollo
socioeconómico de su circunscripción.
En los contratos de explotación
racional de los recursos naturales ubicados
en el municipio respectivo, el Estado
solicitará y tomará en cuenta la opinión
de los gobiernos municipales antes de
autorizarlos.
Algo similar se determina en el Arto 180
en sus dos primeros párrafos y el Arto
181 en su párrafo 2, pero en relación a
las comunidades de la Costa Atlántica:
Arto. 180 Las Comunidades de la Costa
Atlántica tienen el derecho de vivir y desarrollarse
bajo la forma de organización
social que corresponden a sus tradiciones
históricas y culturales.
El Estado garantiza a estas comunidades
el disfrute de sus recursos naturales,
la efectividad de sus formas de propiedad
comunal y la libre elección de sus
autoridades y representantes.
Arto.181 Las concesiones y los contratos
de explotación racional de los recursos
naturales que otorga el Estado
en las regiones autónomas de la Costa
Atlántica, deberán contar con la aprobación
del Consejo Regional Autónomo correspondiente.
Hasta 1992 existían 18 leyes y reglamentos
de incidencia e interés al sector
de los recursos naturales y del ambiente,
que probablemente a estas alturas
del año 2001, se han incrementado en
unas cuantas más. A pesar de la existencia
de este conjunto de leyes y reglamentos,
se estima que no han tenido el
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