1QiHN8e

electorales, la descentralización de la actividad registral o el voto por correo son
temas que se antojan en exceso lejano de nuestra realidad electoral.
A partir de la legislación federal de abril de 1993 y en vigor desde enero de 1995
(National Voter Registration Act), el sistema registral de electores en los Estados
Unidos ha introducido un método pragmático y de flexibilidad institucional que
opera a partir de los 3000 condados (el equivalente a los municipios mexicanos),
conocido coloquialmente como Motor Voter en razón de que entre un 60 y 70% de
los registros se efectúan a través de las dependencias encargadas de emitir las
licencias de manejo en los estados o en las oficinas de registro vehicular; el resto
proviene de las dependencias que administran servicios sociales tales como el
Medic-Aid o las oficinas de seguro al desempleo, o bien, a través del correo.
Los Estados Unidos es un país de gran movilidad poblacional. La Oficina de Censos
informa que anualmente, un 17% de los habitantes del país se mudan de domicilio,
por lo que en materia registral de electores, esta oficina es trascendental en cuanto a
los cambios de dirección.
Los Estados Unidos no cuentan con un padrón nacional o federal; su sistema se
basa en una serie de registros locales que sólo en nueve casos están unificados a
nivel estatal (entre otros, Arkansas, California, Colorado y Pennsylvania). Así los
condados son los entes que mantienen la información de los registros, y aun en la
mayoría de aquellos casos de un registro estatal, éste no es más que un mero acopio
de los archivos locales que pueden o no estar actualizados.
Como en muchos otros aspectos de su vida jurídico-política, la tendencia
generalmente favorecida en materia registral electoral es hacia la descentralización,
siendo patente la permanente resistencia de los condados a ceder el control de sus
registros; desde un aspecto financiero, varios condados incluso obtienen recursos de
la venta de sus padrones.
Conforme a la legislación federal, al registrarse los ciudadanos únicamente están
obligados a proporcionar su nombre, dirección, fecha de nacimiento y firma; si así
lo desean, los ciudadanos también pueden responder sobre su sexo, raza, número
telefónico y afiliación partidista. A nivel estatal, este último requisito es obligatorio
en la mayoría de los estados sólo si se quiere poder votar en las elecciones