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era casi 6 veces más probable que fallecer;
pero para un civil, la probabilidad
de fallecer era más de 7 veces mayor
que la probabilidad de sobrevivir herido.
Dichos números evidencian el uso
desproporcionado de la fuerza letal y la
práctica de rematar a civiles heridos.
Organizaciones de derechos humanos
en diferentes regiones del país e
internacionales hemos documentado
numerosos casos de ejecuciones por elementos
militares sin que las víctimas
civiles estuvieran participando en actividad
ilícita alguna. Por otro lado, incluso
tratándose de la comisión de delitos,
de no existir una amenaza inmediata a
la vida e integridad física de los agentes
del Estado, estos tienen la obligación de
poner a cualquier persona detenida en
flagrancia a disposición del sistema de
procuración y administración de justicia.
Si las fuerzas armadas ejecutan a
las personas en vez de detenerlas, en los
hechos aplican, en ausencia de juicio, la
pena de muerte, sin que sepamos cuántas
de las víctimas son inocentes, sin
que tal actuación constituya una estrategia
para reducir la delincuencia en sí
y sin garantías mínimas de seguridad
para la población.
Los ejemplos anteriores nos llevan
a otra pregunta: ¿cómo es posible que
las instituciones del Estado incurran en
graves violaciones a derechos humanos
de manera habitual, sin que los controles
formalmente establecidos –entre
ellos, el sistema de procuración y administración
de justicia y los organismos
públicos de derechos humanos –frenen
tales prácticas?
En el resto del presente informe,
analizaremos algunos factores que
fomentan tanto la comisión de violaciones
a derechos humanos como la
impunidad para estos y otros delitos.
En particular, de la información recabada
se confirma que las instituciones de
seguridad y el sistema de procuración
de justicia rutinariamente cometen
abusos graves incluyendo detenciones
arbitrarias, extorsión, tortura, fabricación
de pruebas y encarcelamiento
injusto, amparados en muchos casos
por criterios judiciales que siguen convalidando
tales actos, para luego obstaculizar
la documentación de los abusos
y el acceso de las víctimas a la justicia.
Así, se garantiza que el ciclo de abusos
quede intacto y que no haya consecuencias
ni para los responsables materiales
ni para la cadena de mando.
Con el fin de hacer un diagnóstico de
algunos de los rubros mencionados, procuramos
incluir datos de la última década
o por lo menos de los últimos cinco
años, tomando en cuenta que comparar
datos solamente de un año a otro
puede no ser la mejor herramienta para
entender plenamente las dinámicas
documentadas. Por otro lado, es importante
recordar que tratándose de casos
de detención arbitraria, tortura, fabricación
de pruebas, etcétera, las violaciones
cometidas en años anteriores siguen
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