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VIII.
Conclusión
Pretender combatir la violencia con más violencia, o que la
investigación y detención de delincuentes particulares se lleve a cabo
mediante la comisión de abusos por delincuentes uniformados, es un
despropósito. Únicamente poniendo fin a la impunidad por violaciones
a derechos humanos, se podrá avanzar hacia las profundas reformas
institucionales necesarias para transformar el país.
Quienes mejor saben lo anterior son las familias y comunidades que
acuden a nuestro Centro y a otras organizaciones e instancias buscando
justicia. Llegan generalmente después de haber sufrido no solamente
las violaciones originales que dieron lugar a sus casos, sino tras perder
recursos judiciales; insistir sin éxito en una investigación adecuada por
parte de las autoridades ministeriales; desesperarse ante la falta de contacto
o apoyo de defensores públicos; o ser engañadas y robadas por
abogados particulares.
Hemos sido testigos de cómo una jueza federal gritó molesta a una
sobreviviente de detención arbitraria, tortura y fabricación de delitos:
“¡Que no se te olvide que eres la acusada aquí, no la víctima! ¡Aquí no existen
los derechos humanos!”. Otras personas han llegado a nuestro Centro
porque trataron de denunciar delitos penales ante las auto ridades ministeriales,
y la respuesta de estas fue intentar fabricarles un delito a las
mismas víctimas. Muchas otras llegan a pesar de su temor a represalias o
de amenazas en su contra si denuncian los abusos, o en el peor caso, para
denunciar el asesinato de un familiar en circunstancias que sugieren que
fue una represalia por oponerse a algún acto de corrupción o abuso, o por
querer exponer la verdad acerca de cierta situación. Tal parece que en vez
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