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demostrar la licitud de la prueba impugnada.
101 Sin embargo, mientras existen
resoluciones de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación 102
y de tribunales colegiados 103 que hacen
referencia a esta regla, así como ocurre
en el Protocolo de Actuación para quienes
Imparten Justicia en Asuntos que
Involucren Hechos Constitutivos de
Tortura y Malos Tratos, 104 no se ha consolidado
la correcta aplicación de este
concepto en los procesos penales.
101. Ver Corte idh. Caso Cabrera García y Montiel
Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre
de 2010. Serie C No. 220, párr. 176-77. Ver también
Comité contra la Tortura, Observaciones Finales: Sri
Lanka, cat/c/lka/co/3-4, 8 de diciembre de 2011,
párr. 11; Comité contra la Tortura, Observaciones
Finales: Filipinas, cat/c/phl/co/2, 29 de mayo de
2009, párr. 23 (“El Comité, si bien observa que la
sección (d, e) de la Ley de la República Nº 7438 y la
sección 25 de la Ley de seguridad del ser humano de
2007 prohíben la admisibilidad de pruebas obtenidas
mediante tortura o coacción, está preocupado
por los informes que señalan que esa prohibición
no se respeta en todos los casos y que la carga de la
prueba en cuanto a si la declaración se hizo como
resultado de tortura recae en el acusado, no en la
acusación (art. 15)”.).
102. Ver Amparo Directo en revisión 90/2014, resuelto
en sesión de 2 de abril de 2014, bajo la ponencia
del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, foja 45,
inciso (g).
103. Ver Quinto Tribunal Colegiado de Circuito
del Centro Auxiliar de la Quinta Región. Amparo
directo 298/2013 (expediente auxiliar 421/2013). 11
de julio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente:
Edwigis Olivia Rotunno de Santiago. Disponible en:
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx,
Registro: 2004636.
Por otra parte, la obtención de pruebas
bajo tortura se debe en gran parte al
incumplimiento sistemático de la obligación
constitucional de poner a cualquier
persona detenida en flagrancia
a disposición inmediata del Ministerio
Público. En los hechos, los agentes policiacos,
militares y marinos comúnmente
llevan a las personas detenidas a
otras instalaciones durante un periodo
de horas o de días antes de ponerlas a
disposición de la autoridad ministerial.
Es justo durante este tiempo de retención
ilegal cuando ocurren la mayoría de
los actos de tortura y la producción de
pruebas ilícitas.
Con frecuencia las autoridades judiciales
obvian el testimonio de la víctima
y de los testigos de defensa sobre tales
retenciones, y aceptan la mera afirmación
de la autoridad aprehensora en el
sentido de que detuvo a la víctima a otras
horas u otro día posterior a la detención
real. En casos acompañados por nuestro
Centro, ante pruebas contundentes de
que los elementos aprehensores retuvieron
a la persona antes de ponerla a disposición,
105 incluso falsificando la hora
de la detención, 106 diversos jueces han
omitido dar efectos procesales a tal circunstancia,
aun cuando es un elemento
104. scjn, Protocolo de Actuación para quienes
Imparten Justicia en Asuntos que Involucren Hechos
Constitutivos de Tortura y Malos Tratos (2014), ver p.
106, http://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/
default/files/archivos/paginas/Protocolo_tortura_electronico_actualizacion.pdf.
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