Actos posteriores a los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta - SPIJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL ESPECIAL
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EXP. Nº A.V. 19 – 2001
Parte II – Capítulo XIV
602°. Ello revela, en concordancia con todo lo mencionado en los párrafos
precedentes, que, en efecto, no hubo voluntad para esclarecer los hechos
y encontrar a los responsables para su oportuno castigo. (i) Las evidencias
que apuntaban sólidamente a cierto grupo operativo de Inteligencia Militar,
(ii) la anuencia y planificación en los hechos –con un gran poder real sobre el
SINA y las FFAA– directamente vinculado al presidente de la República,
revelan no sólo una evidente actitud o patrón de ocultamiento, que incluyó
el amedrentamiento judicial, una vez que salió a la luz un conjunto de
información persistente y coincidente sobre los hechos, que en su conjunto
comprometía a quienes dirigían la institución militar y determinados
métodos de represión, sino también, en conexión con lo anterior, la real
participación o intervención delictiva en el crimen de las más altas
instancias públicas –sólo así se puede explicar tan amplia cobertura de
encubrimiento, más aún si luego se pretendió sostener, como en efecto ocurrió, y
una muestra palpable de ello fue el fallo militar en el caso La Cantuta, que esos
crímenes fueron obra de capitanes o mayores y de varios AIO, desconectados de
la cúpula castrense y de inteligencia–.
§ 2. Del crimen de La Cantuta.
603º. Luego de los acontecimientos del dieciocho de julio de mil
novecientos noventa y dos en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y
Valle – La Cantuta –desaparición forzada y asesinato de nueve estudiantes y un
profesor–, los familiares denunciaron las desapariciones a diferentes
instancias públicas, sin recibir amparo alguno.
Los órganos de investigación del Estado no realizaron acciones
efectivas en la investigación de la desaparición de los alumnos y el profesor
de La Cantuta, a pesar del escándalo público por el hecho adicional que el
secuestro ocurrió en los ambientes de la Universidad, donde se encontraba
instalada una Base de Acción Cívica 769 , una de cuyas funciones era
proporcionar seguridad a las instalaciones universitarias contra posibles
ataques de subversivos terroristas 770 .
Cabe indicar que la intervención a las Universidades fue autorizada
por la Ley número 25416 771 , del veinticinco de febrero de mil novecientos
769
La unidad a cargo fue el Batallón de Infantería de Paracaidistas (BIP) número 39, al mando
del teniente EP Velarde Astete, que estuvo desde el veintiocho o veintinueve de junio al
veintidós de julio de mil novecientos noventa y dos, cuando fue relevado sorpresivamente–
770
El teniente EP Adolfo VELARDE ASTETE – jefe de la Base de Acción Cívica el día de los hechos–,
en la sesión trigésima séptima admitió sólo el control de la Universidad no su seguridad,
hecho que no tiene sustento por cuanto la propia Ley número 25416 así lo exigía. Además
dicha intervención tenía lugar desde mil novecientos noventa y uno, conforme lo afirmó el
general EP RAMAL PESANTES, quien fue, en su calidad de comandante general de la Segunda
Región Militar, el que instaló dicha Base de Acción Cívica –versión proporcionada en la sesión
cuadragésima sexta– a partir del veintidós de mayo, y por recomendaciones de la
Presidencia el personal militar fue en buzo, y que después se quedó la base para proteger
que no se produzcan violaciones a los derechos humanos o excesos.
771
Dicha Ley sustituía el artículo ocho de la Ley Universitaria número 23733, modificado por el
artículo uno del Decreto Legislativo número 726.
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