Actos posteriores a los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta - SPIJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL ESPECIAL
____________________________________________________________________
EXP. Nº A.V. 19 – 2001
Parte II – Capítulo XIV
de dispensa del dictamen de la Comisión respectiva 832 , el ocho de febrero,
es aprobado ese mismo día. La Ley aprobada –número 26291– se publicó el
diez de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, después que el nueve
de febrero el presidente de la República firmó la autógrafa –es de anotar que
fue aprobada sin ninguna modificación al proyecto–.
2. La Ley de contienda de competencia, como se ha indicado, se promulgó
para resolver la contienda de competencia que tenía pendiente la Sala
Penal de la Corte Suprema en el caso de Cantuta. La Ley estableció que
era suficiente el voto de sólo tres magistrados para derivar la causa a la
jurisdicción militar. Por consiguiente, el once de febrero de mil novecientos
noventa y cuatro, en aplicación de esa Ley, mediante Ejecutoria Suprema
la Sala Penal de la Corte Suprema dispuso que la investigación relativa a los
hechos del caso La Cantuta fuera derivada a la justicia militar 833 .
619º. El JUZGAMIENTO MILITAR.
1. El caso de La Cantuta, llevado en la jurisdicción militar, se inició el dieciséis
de abril de mil novecientos noventa y tres mediante auto apertorio de
instrucción –de fojas cuatro mil setenta– que incoó la causa número 157–V–93
–acumulada a la causa número 158–V–93–, a solicitud del comandante general
del EP Hermoza Ríos, quien, el quince de abril de mil novecientos noventa y
tres –fojas tres mil novecientos noventa y uno–, solicitó con oficio al general EP
Picón Alcalde, presidente de la Sala de Guerra de la Consejo Supremo de
Justicia Militar, que abra proceso contra los que resulten responsables de los
delitos de abuso de autoridad y contra la vida, el cuerpo y la salud en
agravio de un profesor y estudiantes de la Universidad La Cantuta. Así se
hizo. El siete de julio de mil novecientos noventa y tres el vocal instructor de
la Sala de Guerra del CSJM comprendió en esta instrucción al general EP
Juan Rivero Lazo, al coronel EP Federico Augusto Navarro Pérez, a los
mayores EP Santiago Enrique Martín Rivas y Carlos Pichilingue Guevara y a
los tenientes EP Aquilino Portella Núñez y José Adolfo Velarde Astete, por los
contra individualidades que deben decidir una dirimencia, atenta y hace imposible que
funcione la autonomía del Poder Judicial”. Bajo esos argumentos proponía que las
contiendas de competencia sobre jurisdicción civil o militar, que no estén vinculadas al
narcotráfico, se entienden resueltas por la Sala correspondiente de la Corte Suprema de la
República, cuando cuenten con mayoría simple de los votos emitidos por los miembros de la
Sala (en el artículo primero). Las votaciones futuras serán secretas. Y que modifica toda
disposición que se le oponga y es de aplicación inmediata a todos los procedimientos en
actual trámite, sin requerir nuevas votaciones (en el artículo segundo). Su vigencia es a partir
del día siguiente de su publicación y será temporal hasta el veintiocho de julio de mil
novecientos noventa y cinco.
832
Fue el mismo congresista Chu Meriz, a fojas veintiocho mil doscientos siete, quien solicitó al
presidente del Congreso la dispensa del dictamen de la Comisión, conforme al artículo
cuarenta y cinco del Reglamento del Congreso, como se puede observar en el Diario de
debates de la segunda sesión complementaria (vespertina) del lunes siete de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro del Congreso. En su intervención el congresista sostiene que el
proyecto lo “ha elaborado por grave peligro que actualmente están viviendo los vocales,
debido a que el terrorismo nos ha llevado a una guerra interna en la que han sido
sacrificadas más de veinticinco mil vidas…”. Consta también la oposición radical que se hizo.
833
Sentencia de la CIDH en el asunto Cantuta vs. Perú en su apartado ochenta punto
cincuenta y dos.
- 530 -