Actos posteriores a los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta - SPIJ

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
SALA PENAL ESPECIAL
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EXP. Nº A.V. 19 – 2001
Parte II – Capítulo XIV
apruebe la Ley número 26492 842 . Con esta Ley, el régimen apuntó a cerrar
todo tipo de interpretación o inaplicación que pudiera hacer un juez sobre
la constitucionalidad y aplicación de la ley de amnistía. La jurisdicción
ordinaria no se pronunció al respecto. Cabe acotar que el día dieciocho de
agosto de mil novecientos noventa y cuatro la Sala Revisora del Consejo
Supremo de Justicia Militar emitió la resolución de sobreseimiento en el caso
Barrios Altos.
§ 3. Valoración general.
622º. De lo expuesto en los párrafos precedentes queda claro que las FFAA
a través de uno de sus órganos, el Consejo Supremo de Justicia Militar,
consiguieron, con el apoyo e intervención decidida del gobierno constituido
–Congreso, Poder Ejecutivo e, incluso, Poder Judicial–, hacerse de la
competencia para el juzgamiento de los hechos perpetrados el dieciocho
de julio de mil novecientos noventa y dos en la Universidad La Cantuta. La
inicial declaración de culpabilidad se circunscribió a los ejecutores
materiales y se negó o clausuró la imputación –o posibilidad de hacerlo– a los
Altos Mandos y otras instancias del Estado. El proceso en cuestión,
controlado desde el SIN, evidenció una lógica de ocultamiento de sus
actuaciones –incluso se impidió que todo participante procesal declare en otra
sede, parlamentaria y judicial– y un patrón de encubrimiento del conjunto de
los participantes criminales en tan graves hechos de violación de los
derechos humanos.
Se elaboraron documentos para responder –con visos de
contundencia–, ante todas las instancias y la prensa, a las informaciones
públicas y descubrimientos que iban surgiendo constantemente. Las
investigaciones internas fueron nulas y las indagaciones parlamentarias
fracasaron dramáticamente en los dos casos. No existió, por consiguiente,
una voluntad institucional de esclarecimiento seria, profunda y transparente
de los dos crímenes contra los derechos humanos.
Las investigaciones de los órganos de las FFAA sólo buscaron
desmerecer los indicios iniciales, menoscabar a los denunciantes y descartar
de plano las demás fuentes de información que iban apareciendo y
desbordaban el poder de control del régimen y de su órgano más
calificado: el SIN. Así las cosas, en el caso La Cantuta el procesamiento y
condena en la jurisdicción castrense buscó acallar la presión política,
proporcionar una respuesta controlada a la opinión pública –minimizando sus
efectos– y no obstaculizar la reelección presidencial del año mil novecientos
noventa y cinco. El papel de la justicia militar en el caso Barrios Altos,
842
Dicha Ley interpretativa señalaba que “La amnistía general era de aplicación obligatoria
por los órganos jurisdiccionales y alcanzaba a todos los hechos derivados u originados con
ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde el mes de mayo de mil
novecientos ochenta hasta el catorce de junio de mil novecientos noventa y cinco sin
importar que el personal militar, policial o civil involucrado, se encontrare o no denunciado,
investigado, procesado o condenado, quedando todos los casos judiciales en trámite o en
ejecución archivados definitivamente” (artículo uno).
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