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WWW.DERECHOPENALENLARED.COMALDO ROJASinvestigación se refiera a fondos por los cuales ésteaparezca directamente responsable en la averiguación.Esta retención podrá hacerse extensiva, en los mismostérminos, a los pagos que los órganos y entesmencionados en el artículo 3 de esta Ley, adeuden acontratistas, cuando éstos aparezcan directamenteimplicados en las investigaciones que se practiquen.Artículo 94. Cuando existieren indicios graves, elMinisterio Público podrá solicitar al Juez de Control elaseguramiento de bienes del investigado hasta por eldoble de la cantidad en que se estime el enriquecimientoilícito o el daño causado por el investigado al patrimoniopúblico. La medida será acordada con sujeción a lostrámites previstos en el Código de Procedimiento Civil.Introducida la solicitud, de considerarla procedente, eljuez decretará en la misma fecha la medida preventiva deaseguramiento solicitada.Artículo 95. En la sentencia definitiva el juez podráordenar, según las circunstancias del caso, la confiscaciónde los bienes de las personas naturales o jurídicas,nacionales o extranjeras, que incurran o seanresponsables de delitos establecidos en esta Ley queafecten gravemente el patrimonio público, a cuyo efectosolicitará ante las autoridades competentes, larepatriación de capitales, de ser el caso.Asimismo, el juez podrá ordenar, según la gravedad delcaso, la confiscación de los bienes de las personas quehayan incurrido en el delito de enriquecimiento ilícitotipificado en el artículo 46 de esta Ley yconsecuencialmente la repatriación de capitales.Artículo 96. El funcionario o empleado público quehaya sido condenado por cualesquiera de los delitosestablecidos en la presente Ley, quedará inhabilitado parael ejercicio de la función pública y, por tanto, no podráoptar a cargo de elección popular o a cargo públicoalguno, a partir del cumplimiento de la condena y hastapor cinco (5) años, a excepción de lo establecido en elartículo 81 de esta Ley, caso en el cual se aplicará eltiempo establecido en esa norma.El lapso de inhabilitación a que se refiere este artículo serádeterminado por el juez, de acuerdo con la gravedad del
WWW.DERECHOPENALENLARED.COMALDO ROJASdelito, en la sentencia definitiva que se pronuncie sobre elmismo.Artículo 97. Las acciones penales y las acciones civilesderivadas de los delitos tipificados en el Capítulo III delTítulo IV de la presente Ley prescribirán conforme a lasreglas establecidas en los Códigos Penal y Civil,respectivamente. Sin embargo, cuando el infractor fuerefuncionario público, la prescripción comenzará a contarsedesde la fecha de cesación en el cargo o función, y si setratare de funcionarios que gocen de inmunidad, secontará a partir del momento en que ésta hubiere cesadoo haya sido allanada.Artículo 98. La Contraloría General de la Repúblicaestablecerá un sistema estadístico y de información sobrelas denuncias, procedimientos, juicios, faltas, delitos,sanciones y penas que se interpongan contra losfuncionarios públicos por actos contrarios a esta Ley o porincurrir en las sanciones administrativas establecidas en laLey Orgánica de la Contraloría General de la República ydel Sistema Nacional de Control Fiscal, en la Ley Orgánicade Administración Financiera del Sector Público y en la Leydel Estatuto de la Función Pública.Disposición DerogatoriaÚnica: Se deroga la Ley Orgánica de Salvaguarda delPatrimonio Público publicada en la Gaceta Oficial de laRepública de Venezuela Nº 3.077, Extraordinario, del 23de diciembre de 1982.Disposición TransitoriaÚnica: El Consejo Moral Republicano adaptará el Códigode Ética para el Funcionario Público, dictado por laContraloría General de la República mediante ResoluciónNº 000019 de fecha 12 de mayo de 1997, y publicada enGaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.268 del13 de agosto de 1997, el cual desarrollará los principios yvalores consagrados en la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela.Disposiciones FinalesPrimera. En todo cuanto sea procedente se aplicará loprevisto en la Convención Interamericana Contra laCorrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la Repúblicade Venezuela Nº 36.211 del 22 de mayo de 1997.
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