resumen - Defensor del Pueblo

ÁREA DE JUSTICIA Y VIOLENCIA DOMÉSTICASólo el 0,1% de lasvíctimas de delitosreclaman las ayudasprevistasTradicionalmente en este apartado sesuele hacer mención a aquellas situacionesen las que, debido a las carencias demedios humanos o materiales, se entorpeceo dificulta la correcta administración de justicia,perjudicando a la labor jurisdiccionalque corresponde a jueces y magistrados.Este año, además de esas dos materias, seha realizado una mención especial a la atenciónque reciben las víctimas cuando sonobjeto de algún hecho delictivo y también alos especiales perjuicios que se producencon las dilaciones en los procedimientos quese refieren a personas con alguna enfermedadmental y los que resuelven los juicios dedesahucio por falta de pago de la renta.En el caso concreto de las víctimas, lainformación que ha facilitado la DirecciónGeneral de Costes de Personal y PensionesPúblicas, sobre el uso que se está haciendode la Ley 35/1995, pone de manifiestoque en el período comprendido entre abrilde 1997 y diciembre de 2004, la mediaanual de expedientes iniciados fue de 435,habiéndose incrementado las entradas, de362 expedientes en 1997 hasta 550 en 2004.Estos datos evidencian que paulatinamenteva aumentando el número de víctimasque tienen información acerca de lasayudas e inician el procedimiento; pero siesos datos se contrastan con los incluidossobre delincuencia en las memorias anualesque presenta la Fiscalía General delEstado, se puede comprobar cómo es casiinsignificante el número de ciudadanosque, siendo víctimas de delitos, reciben lasayudas previstas en la Ley 35/1995.Así, por ejemplo, en la Memoria de laFiscalía General del Estado de 2004, contabilizandosólo los homicidios, los delitoscontra la libertad sexual, maltrato familiary lesiones, se puede comprobar que todosellos durante el año 2003 dieron lugar a laincoación de 594.429 diligencias previas, ylos expedientes de solicitud de ayudas presentadosante la referida dirección generaldurante el año 2003 fueron 540.La simple comprobación de los datos,por supuesto teniendo en cuenta que elámbito de aplicación de la ley es restrictivoy limitado, evidencia que si sólo iniciael expediente el 0,1% de las víctimas deesos 594.429 delitos, es que algo está fallandoy es lógico suponer que el fallo resideen que a la víctima no le llega la informaciónque sería de desear.En cuanto a la situación de los juzgados defamilia, se constató el excesivo volumen de trabajoque tienen y, además, se pudo conocer cómoen algunas ocasiones no existe coordinaciónentre la jurisdicción penal y la jurisdiccióncivil; por ello, se hizo una recomendación al Ministeriode Justicia, en la que se pedía la creaciónde una jurisdicción propia, independientey autónoma, encargada de resolver todas lasconsecuencias que se deriven de las crisis deconvivencia, aglutinando en la misma todasaquellas cuestiones que, relacionadas con esascrisis de convivencia, se encuentran hoy repartidasentre la jurisdicción civil y la penal.Otra de las medidas propuestas versaba sobrela necesidad de que se estudiara la convenienciade incluir, dentro de esa jurisdicción,todo lo relativo a tutelas, incapacidades,adopciones, reclamaciones o impugnacionesde acciones de paternidad, reconocimiento yejecución de resoluciones relativas a la sustraccióninternacional de menores por algúnprogenitor y las acciones que, relacionadascon el derecho de familia, puedan presentarlas parejas de hecho.Respecto a la mediación familiar y los puntosde encuentro, la inmensa mayoría de lascomunidades, a pesar de que carecen de unmarco legal en el que se regulen los requisitosque debe reunir todo proceso de mediación,quiénes pueden acceder al mismo, la cualificaciónprofesional de los mediadores y qué materiasson susceptibles de mediación, ofrecenun servicio de mediación que se articula a travésde convenios de colaboración entre la correspondienteconsejería y entidades privadas.Se recomendó a las Comunidades Autónomasque todavía no tenían un marco normativo,que adoptaran las iniciativas necesarias parala aprobación de las correspondientes leyesque regulen en cada territorio la mediaciónfamiliar.Sobre los «puntos de encuentro», las actuacionesdesarrolladas por la mayoría de lasAdministraciones ponen de manifiesto que lasComunidades Autónomas se han adelantado alas previsiones normativas, y aun sin contarcon un marco legal que desarrolle cuál es lafunción de esos «puntos de encuentro» y quéprofesionales deben ser los encargados de estaral frente de ese servicio, han ofrecido a losciudadanos unos medios para hacer frente aunas necesidades que aparecen en el seno delas familias. En opinión de esta Institución,los poderes públicos están obligados a buscarfórmulas que faciliten las relaciones paternofiliales,bien cuando exista conflicto en la unidadfamiliar o bien cuando la Administraciónhaya tenido que desplegar su función tuitiva.Es necesario determinar el funcionamiento,la ubicación, las competencias, lasprestaciones y la cualificación profesional delas personas que trabajen en esos «puntosde encuentro», si se tiene en cuenta que enmuchas ocasiones la utilización de ese servicioviene precedida por una resolución judicialen la que se resuelve sobre el «derechode visitas».Quejas sobre el Registro CivilOtro de los apartados se ha referido a lasquejas relativas al funcionamiento del RegistroCivil. El número importante de esta clasede quejas pone de manifiesto cómo esa partede la Administración no ha sabido adaptarse ala nueva realidad de la sociedad española, queha pasado de ser un país de emigrantes a serun país receptor de inmigrantes. Este hechorepercute de manera directa en el Registro Civil,especialmente en lo relativo a nacionalidadesy al reconocimiento de matrimonios quecelebran ciudadanos españoles con ciudadanosde otros países. Puede afirmarse que elRegistro Civil es, en estos momentos, unaparte de la Administración que de maneraurgente precisa de una reforma inmediatacon el fin de poder ofrecer a los ciudadanoslos servicios que éstos demandan.Registro Civil Central de Madrid en la calle dela Montera.Presos españoles en el extranjeroAl margen de las quejas recibidas, las actuacionesmás relevantes realizadas han sidolas visitas que la Adjunta Primera ha realizadoal Centro de Detención Preventiva deSantiago de Chile, al Centro de OrientaciónFemenina de dicho país y al Penal de GarcíaMoreno de Quito en Ecuador. En todasellas se mantienen entrevistas con los presosespañoles que allí se encuentran internados,al tiempo que se aprovecha la ocasión parahacer llegar a las autoridades competentes,en aquellos países, las quejas o solicitudesque se reciben de nuestros compatriotas.34 El Defensor del Pueblo • Resumen del informe de 2004