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orden público, que se denomina “deber de garantía”. Es así como se afirmade que la responsabilidad del Estado surge con frecuencia no sólo de laacción sino también de la omisión, pues contrario a lo que se estima para losparticulares en donde el hombre común no está obligado a actuar si la ley nole manda expresamente; la abstención de actuar del funcionario, en cambio,es especialmente sancionada por la ley.En este sentido los funcionarios tienen la obligación de actuar, aún cuando laley o el reglamento no lo determinen específicamente en cumplimiento de lasfunciones propias de su cargo. Y esto ya ha sido confirmado por recientejurisprudencia como la sentencia de amparo 46-97 del 2 de julio de 1998 enque se determina, “el vació legal que supone la no consagración de unprocedimiento especifico para conocer y decidir sobre la privación de algúnderecho, corresponderá aplicar la Constitución directamente” 132 Para concluirpodemos decir que el régimen de responsabilidad extracontractual de ElSalvador no hace distinción entre sus agentes públicos, sea cual fuere sunaturaleza, jerarquía o función, asumen el carácter de órgano del Estado. Eneste mismo sentido el derecho moderno no admite a éste respectodiferencias entre actos de funcionarios, agentes o empleados, con lasrestricciones del fuero que gozan algunos funcionarios.132 Ibidem, Cf. Pág. 9-10158