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de la salud al garantizar el Estado la superación de las necesidades de cadapersona mediante el mantenimiento y funcionamiento de los serviciosnecesarios para la atención de la salud.Así, el derecho constitucional a la protección de la salud “es aquel derechoque se ostenta frente al Estado a fin de obtener una acción positiva que éstedirigida a la efectiva satisfacción de la salud individual por encima de lasposibilidades personales del sujeto.” 13 Pero también significa, y esto es muyimportante, la obligación (negativa) por parte del Estado, de no dañar lasalud. 14Si tomamos en cuenta que filosóficamente el fin del Derecho es el goce plenoy que solo la salud es el medio para lograr el goce pleno de todos losderechos constitucionalmente garantizados y legalmente reconocidos,tenemos que concluir en la existencia de un derecho de la salud confisonomía jurídica propia, imponiendo sus normas particulares como ramaindependiente del derecho en general 15 .13 Escribano Collado, Pedro. El Derecho a la Salud. Cuadernos del Instituto García Oviedo,Universidad de Sevilla, España, 1976. p 44.14 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian. “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos,sociales y culturales: estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales” enAbregú, M. y Courtis., C. (comps.) La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por lostribunales locales, Buenos Aires., CELS.15 OPS XVII Reunión OMS XIX Reunión “El Derecho De La Salud Como Rama Independiente DelDerecho En General” Puerto España Trinidad y Tobago Octubre 196715
1.4 EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD COMO AUTÉNTICAGARANTÍA CONSTITUCIONAL.Hablar sobre la eficacia de los derechos sociales es, sin lugar a dudas, untema difícil. Mientras que respecto a derechos tales como la libertad o lapropiedad existe un entendimiento común, al que se ha llegado a través deuna buena cantidad de estudios doctrinales y precedentes de los órganosjurisdiccionales, para los derechos sociales observamos una situación muydistinta, en razón a la falta de estudio sobre el tema o la escasa producciónde criterios jurisprudenciales en esta materia.Se ha dicho que no basta con la existencia del derecho a la salud como unaidea, como simple expectativa o como plan de gobierno pendiente deinstrumentar, sino que es necesario que éste se garantice a través de unanorma subjetiva que haga efectivo el derecho en caso de incumplimiento porparte del obligado, que en este caso es el Estado, además de contar con unmedio de control judicial que permita hacer exigible ese derecho, es decir,que ese derecho se haga justiciable.Algunos autores coinciden en señalar que el derecho a la protección de lasalud en El Salvador, consagrado en el artículo 65 constitucional, es unadisposición de carácter programático, que establece simplemente directivasde acción para los poderes constituidos 16 .Ese tipo de normas programáticas en una Constitución solamenterepresentan el estimulo y guía de la acción de gobierno, pero de ningunaforma alcanzan a tener carácter vinculatorio.16 Sobre normas programáticas, véase, entre otros, Biscaretti di Ruffia, Paolo. Introducción al DerechoConstitucional Comparado. FCE, México, 1975, pp. 321-322.16
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