La violencia contra

La búsqueda de alternativas para el apoyo ytratamiento de jóvenes en conflicto con la ley bajocondiciones respetuosas de los derechos humanosson tareas pendientes y urgentes, es imprescindible labúsqueda de alternativas viables para la superaciónde las condiciones actuales.En el año 2003 UNICEF realizó una sistematización debuenas prácticas en materia de Justicia Penal Juvenilen América Latina 82 , que incluyó a Nicaragua, Chile,Brasil, Costa Rica, Guatemala y Panamá. Entre lasconclusiones del informe se destaca que el desarrollonacional de la Convención sobre los Derechos delNiño implica complicados cambios, no solamente enlas leyes sino también en las estructuras institucionalesy, sobre todo, en la consideración por parte de todoslos actores sociales y políticos de los niños y las niñascomo seres con derechos humanos y con capacidadpara exigirlos. Como parte de estos cambios, seincluye la regulación de sistemas de responsabilidadpenal juvenil acordes con la CDN en y la puesta enmarcha de todos los instrumentos necesarios para suaplicación. En virtud de que ello supone un proceso,los distintos países de la región de América Latina,y en especial los analizados en este documento, seencuentran en distintos momentos del mismo.En todas las experiencias analizadas sus protagonistasconocían en profundidad los contenidos de laConvención sobre los Derechos del Niño y loshacen valer en la medida de sus posibilidades.La consideración del adolescente como sujeto dederechos humanos, con responsabilidades hacia lasociedad y con derechos y garantías exigibles alEstado está presente en todas ellas.En base a estos conocimientos de la CDN se habuscado la manera de superar las dificultadesexpuestas, teniendo siempre en cuenta el interéssuperior del niño en su interpretación más exacta yhaciendo valer todos sus derechos. En este sentido, lascarencias económicas o la falta de alternativas no hansido óbice para la utilización de medidas alternativasa la privación de libertad en Nicaragua. En el caso deChile y Guatemala, se ha buscado la forma de aplicarlos principios y garantías en el procedimiento y laejecución de sanciones, a pesar de que la ley nacionalno los recogía, mediante el recurso directo a la CDN.En Panamá, se han buscado paliativos a la privaciónde libertad mediante la promoción de actividadesen el exterior a los centros de cumplimiento, apesar de que hubieran sido dictadas sentencias deinternamiento para los adolescentes. En Sao Paulo, lasorganizaciones de la sociedad civil han reivindicadoun derecho recogido en el Estatuto del Niño y delAdolescente aún pendiente de cumplimiento por lasautoridades, el de municipalización de las medidassocio-educativas, como forma de vencer la ineficaciade los sistemas estatales en la ejecución de estassanciones. En el caso de Costa Rica, el número deadolescentes privados de libertad es reducido y losjueces procuran utilizar esta medida durante el menortiempo posible, a pesar de que la ley les faculta aimponer penas de hasta 15 años con un gran margende discrecionalidad.82 UNICEF Oficina Reginal para América Latina y Caribe. JusticiaPenal Juvenil. Buenas Prácticas en América Latina. 2003.Fotografía: Terri Owens, Visión MundialFotografía: UNICEF, Panamá, Luis Romero59