proceso constituyente libre de ataduras no impidió la aprobación de la nuevaconstitución en el referéndum de diciembre de 1978 y, con ella, la puesta enpie de un régimen monárquico parlamentario. Este, sin embargo, manteníaunas particularidades antidemocráticas que irían poniéndose en evidencia a lolargo de los decenios siguientes, si bien en aquel momento solo se vieronimpugnadas –en las urnas, en la calle y mediante la expresión violenta deETA– en Euskadi. Porque el hecho de que no hubiera el ajuste de cuentasnecesario con el franquismo y su legado en sus distintos órdenes –en el planosimbólico, en el aparato coercitivo y judicial o en el de las relaciones privilegiadascon la iglesia católica– condujo desde el principio a una democracialiberal restringida, basada en el “turnismo” entre los dos grandes partidos alservicio del mismo bloque de poder –ahora ampliado con la “nueva clasemedia ascendente”– así como en una cultura de cinismo político y la exclusiónde determinados temas de la agenda política –lo que ahora se conoce como“Cultura de la Transición”– cuyos costes empezamos a comprobarlos muypronto con el llamado “desencanto”.En efecto, acontecimientos como el 23F de 1981, con la imagen “salvadora”de Juan Carlos I, el proceso de relativa descentralización política, la llegadaal gobierno en 1982 de “jóvenes nacionalistas españoles” encabezados porFelipe González y la integración en la Comunidad Económica Europea y laOTAN en 1986 contribuyeron a una relativa estabilización del régimen y a daralgunos pasos desde el estado asistencial franquista hacia otro de un modestoestado de “bienestar” que, sin negar sus logros, compartía las limitacionesestructurales de ese “modelo” (Cabo, 2012), más patentes en nuestro caso queen otros lares. Muy pronto, además, tuvo que hacerse compatible con un europeísmoneoliberal en el que el capitalismo español entraba en un lugar subalterno,pero con expectativas de lograr una legitimación social entre sectorespopulares ilusionados en acceder a “Europa” y, con ella, a la nueva “sociedadde propietarios y consumidores”. Una tarea que, tras la debacle de la Unión deCentro Democrático (UCD), asumiría el social-liberalismo del PSOE, másfuncional en ese contexto para convertirse en pieza fundamental de legitimacióndel régimen ante los y las de abajo a lo largo de catorce años; mientrastanto, se iba produciendo un proceso de recomposición de la derecha, finalmenteconsumada con la “refundación” de Alianza Popular en Partido Populary su llegada al gobierno en 1996.Durante todo este tiempo, solo el conflicto vasco –acentuado con la versiónmilitarista de ETA– junto con el movimiento anti-OTAN (confluencia a su vezde distintos “nuevos” movimientos sociales) y el de insumisión a la mili, conun peso notable en todos ellos de la izquierda radical, se revelaron como principalesexpresiones del disenso ante el déficit estructural de ese régimen, yaque otras manifestaciones del autoritarismo neoliberal (y de “guerra sucia”,como los GAL) e incluso de corrupción (con una larga lista que ha ido afec-18 VIENTO SUR Número 128/Junio 2013
tando al plural arco parlamentario) no llegaron a tener costes relevantes parasus responsables en el plano electoral, debido precisamente al arraigo delbipartidismo imperfecto y a la ilusión popular en poder beneficiarse del “efectoriqueza”, reforzado tras la puesta en marcha del euro.Ha habido que esperar a que en 2008 estallara la burbuja inmobiliaria, enmedio de la crisis financiera y de la eurozona, para que el sentimiento de agraviocomparativo frente a los responsables de esa múltiple crisis, a su vez afectadospor escándalos de corrupción que han ido alcanzando a los distintos pilaresdel régimen, transformara el malestar social en protesta masiva a través dela ocupación del espacio público. Por eso es ahora cuando las especificidadesde un régimen surgido de la reforma de la dictadura aparecen más en evidencia,mientras que los rasgos que tienen que ver con sus “virtudes” (estadosocial y de derecho) quedan cada vez más vaciados de contenido, sobre todo,como ya se ha recordado, tras la “reforma exprés” del artículo 135 de la constituciónque convierte en prioridad absoluta el pago de la deuda y el cumplimientodel déficit fijado en la eurozona/2.Con todo, conviene recordar que antes incluso de 2008 ya vimos en la primeralegislatura presidida por Rodríguez Zapatero la irrupción de un movimientocada vez más relevante a favor de la recuperación de la memoria históricay de “verdad, justicia y reparación” para las víctimas del franquismo. Eleco obtenido por sus colectivos promotores en su denuncia de la ausencia dela justicia transicional que caracterizó a la caída del fascismo en otros paísesayudó a poner de relieve el enorme coste político que supuso la aprobación dela Ley de Amnistía de octubre de 1977 y, con ella, la ausencia de un ajuste decuentas con la dictadura. El limitado reflejo de esa campaña en la conocidacomo Ley de Memoria Histórica y las trabas posteriores del poder judicial–mostrando así, como en el caso del PP, el lastre franquista que arrastranmuchos de sus miembros (Sáez, 2010; Olivas, 2012)– a la investigación sobrelos crímenes de la dictadura no han impedido la continuidad e incluso mayoraudiencia de este movimiento. Buena muestra de esto ha sido haber conseguidoque una jueza argentina admita la tramitación de una querella contra elfranquismo y que salgan a la luz pública informaciones tan reveladoras de lasupervivencia de la “cultura” represiva franquista como la función que ejercecomo “formador” de miembros del aparato policial del estado desde hacetiempo el asesino de Yolanda González, Emilio Hellín.También bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero se abrió una pequeñaventana de oportunidad para plantear en la agenda política la superación de loslímites del estado autonómico, sobre todo en el caso catalán, pero finalmente2/ Una reforma “ordoliberal” que se complementa con dos nuevos Tratados europeos - el Tratado Constitutivodel Mecanismo Europeo de Estabilidad, firmado en febrero de 2012, y el Tratado de Estabilidad, Coordinacióny Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, firmado en marzo de 2012- y con losMemorandos de Entendimiento que acompañan a los “rescates” bancarios.VIENTO SUR Número 128/Junio 2013 19
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