Normas fundamentales de los Convenios de Ginebra y de sus ...

) La Potencia ocupante no podrá exigir ningún cambio en el personal y en laestructura de dichas Sociedades, que pueda causar perjuicio a las actividades arribamencionadas.También a este respecto, los magistrados y los funcionarios están, hasta cierto punto,protegidos contra las presiones políticas: está prohibido a la Potencia ocupantemodificar el estatuto de los funcionarios o de los magistrados del territorio ocupado odictar contra ellos sanciones o cualesquiera medidas de coacción o discriminación pornegarse a ejercer sus funciones alegando razones de conciencia. (IV, 54).d) Legislación penalPor último, mediante un estatuto detallado relativo a la legislación penal, se procuramantener el orden protegiendo a la población del territorio ocupado contra laarbitrariedad de la Potencia ocupante. Se basa en el principio de que la legislaciónpenal del territorio ocupado seguirá vigente, salvo si, por constituir una amenaza parasu seguridad la deroga o la suspende la Potencia ocupante. Habida cuenta de estareserva, incumbirán a los tribunales del territorio ocupado todas las infraccionesprevistas en dicha legislación. (IV, 64).A fin de garantizar el respeto de la equidad, los tribunales sólo podrán aplicar lasdisposiciones legales vigentes antes de la infracción y conformes a los principiosgenerales del derecho, especialmente por lo que concierne al principio de laproporcionalidad de los castigos. Deberán tener en cuenta el hecho de que el acusadono es súbdito de la Potencia ocupante. (IV, 67).El procedimiento judicial debe ser regular, es decir reunir, al menos las garantíassiguientes: información, sin demora al acusado acerca de los detalles de la infracciónque se le atribuya, que debe ser un acto delictivo en el momento de cometerse;presunción de inocencia; ausencia de presiones para obtener confesiones; sentencia enpresencia del acusado y, en principio, dictada públicamente. El acusado sólo podrá serjuzgado una vez por el mismo delito o la misma acusación de conformidad con lamisma legislación y el mismo procedimiento judicial. Se reconocen y garantizan losderechos a la defensa, dado que el acusado podrá interrogar o hacer interrogar a lostestigos, ser asistido por un defensor calificado de su elección, recurrir a los serviciosde un intérprete. Por último, toda persona condenada será informada acerca de susderechos a interponer recurso judicial, así como de los plazos para ejercer esosderechos. Tras tener en cuenta lo que precede, la Potencia ocupante podrá promulgardisposiciones de índole penal, pero el Convenio establece límites muy estrictos para laposibilidad de recurrir a la pena capital. En ningún caso podrá dictarse la pena demuerte contra una persona protegida menor de dieciocho años en el momento de lainfracción ni ejecutarse contra una mujer encinta o una madre de niños de corta edada su cargo. No se ejecutará ninguna sentencia de muerte antes de la expiración de unplazo de por lo menos seis meses desde que la Potencia protectora haya recibido lanotificación de esa sentencia. (P.I, 75; IV, 71, 72, 73; IV, 68; P.I, 76, 77; IV, 75Una cláusula especial protege a los refugiados. (IV, 70).