Memorandum sobre Ley Mercado de Capitales - IDEA

Sin perjuicio de lo anterior, lo más grave del asunto es que la redacción actualdel art. 20 inc. i) establece ahora que la mentada facultad de declarar irregulares eineficaces los actos de las empresas alcanzadas sometidos a su fiscalización, puede serllevada “sin sumario previo”.Por medio de la exclusión del sumario previo, se vulnera el derecho de defensa yla garantía del debido proceso, consagrados por el artículo 18 de la ConstituciónNacional, así como los tratados internacionales con jerarquía constitucional (Art. 11 dela Declaración Universal de Derechos Humanos, el Art. 14 del Pacto de los DerechosCiviles y Políticos y Art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica). Esta garantíaconfigura lo que modernamente se reconoce como el principio de la tutela judicialefectiva e involucra una serie de derechos derivados del mismo: el derecho de todapersona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juezo tribunal competente, imparcial, en la sustanciación de cualquier acusación que seformule.2.- Artículo 20, inc. a)Por el apartado II) de este inciso se habilita a la CNV a designar veedores en lasempresas que coticen en los respectivos mercados, con facultades de vetar lasresoluciones adoptadas por los órganos de administración de las sociedades.Se trata de una medida de intervención muy intensa sobre el funcionamiento dela sociedad que afecta en forma irrazonable el derecho de propiedad, de asociarse y deejercer industria lícita.En efecto, la facultad de los órganos que integran la Administración paradisponer este tipo de medidas, sin intervención judicial, resulta cuestionable desde laperspectiva constitucional, ya que conculca los artículos 14, 17 y 109 de la ConstituciónNacional (derecho de asociarse, derecho de propiedad y ejercicio exclusivo de lasfunciones judiciales por el Poder Judicial).La dudosa constitucionalidad de la norma se ve acentuada por el alto grado dediscrecionalidad que se brinda a la CNV para adoptar una medida que restringe enforma drástica los derechos de la sociedad. En este sentido, la Ley autoriza a la CNV aadoptar esta medida cuando “fueren vulnerados los intereses de los accionistasminoritarios”.Adicionalmente, la norma establece que las decisiones adoptadas por losveedores designados sólo serán impugnables “en única instancia” ante el presidente laCNV.La norma en cuestión no aclara si al referirse a la posibilidad de recurrir, eninstancia única, ante la CNV, queda limitada la posibilidad de acudir a la justicia(aunque parece apuntar en esa dirección). Si se otorgara a la disposición en cuestión estaúltima inteligencia, resulta sin dudas inconstitucional por violar las garantías de controljudicial suficiente y de acceso a la justicia, plasmadas en el artículo 18 de laConstitución Nacional (derecho de defensa, garantía del debido proceso, juez natural) yreconocidas pacíficamente por la jurisprudencia de la CSJN, a partir del precedente“Fernández Arias” del año 1960.2

Por su parte, mediante al apartado II) del analizado artículo 20, inc. a), seautoriza a la CNV a separar a los “órganos de administración de la entidad” por unplazo máximo de 180 días.Se trata de una medida que traduce el ejercicio de funciones judiciales, que seencuentran vedadas al Poder Ejecutivo por los artículos 109 y 99 de la ConstituciónNacional. En este sentido sólo un juez puede afectar con este grado de intensidad elfuncionamiento de la sociedad, al punto de excluir a los órganos naturales de lasociedad elegidos por sus socios.Esta medida posee una gravedad e incidencia sobre la vida societaria mayor quela precedentemente comentada del apartado I), dado que implica la asunción de laadministración de la sociedad por parte de funcionarios designados por la CNV, por loque resultan aplicables las conclusiones expuestas en el apartado anterior.Cabe destacar que la Ley de Sociedades Comerciales (artículos 113 y 303),resguardando los preceptos constitucionales precedentemente mencionados, estableceun procedimiento judicial para la intervención de sociedades, aclarando en formaexpresa que la medida de intervención judicial debe ser analizada por el juez concriterio restrictivo.Ahora bien, puede advertirse en la LMC una importante diferencia entre lasfacultades de la CNV acordadas por el apartado I (designación de veedor con facultadde veto), respecto de las otorgadas en el apartado II (desplazamiento de los órganos deadministración de la sociedad por hasta 180 días), por cuanto en el caso del apartado I laLMC asigna expresamente a la CNV la “facultad” de designar al veedor con derecho deveto, mientras que en el apartado II solo faculta a la CNV a disponer el desplazamientode los órganos de administración, pero no a “designar” el administrador o coadministradorque tomará el control de las administración societaria, el que sólo podráser designado en su caso, por la justicia, conforme resulta del inc. d) del art. 144 de laLMC.Sin embargo resulta que por medio de la reciente reglamentación del artículo 20bajo comentario, se ha alterado además el sistema de designación de interventorescoadministradores o administradores previsto en la LMC al ampliar ilimitadamente lasfacultades de la CNV en este último aspecto, incurriéndose en un claro einconstitucional exceso reglamentario, contrario a lo dispuesto por el art. 99, inc. 2° dela Constitución Nacional.En efecto, el art. 20 de la RLMC, dispone ahora que será la CNV quien dictaráal afecto un acto administrativo (para ambos supuestos -apartados I y II-)“…individualizando a la persona o personas que cumplirán la función, y el plazo de lamisma…”, agregando luego que: “…La designación del administrador ocoadministrador recaerá en funcionarios de la COMISION NACIONAL DE VALORESo en un tercero.”Por su parte, y en forma similar a lo previsto para el apartado I del artículo bajoanálisis, la norma establece que las decisiones adoptadas por los veedores designadossólo serán impugnables “en única instancia” ante el Ministro de Economía y FinanzasPúblicas, respecto de lo cual cabe remitirse a lo dicho anteriormente en relación alrecurso previsto ante la CNV.3

Finalmente se establece en la reciente RLMC que, sin perjuicio de losprocedimientos que se inicien de oficio, para las denuncias formuladas por accionistasminoritarios y/o tenedores de valores negociables sujetos a oferta pública, comoresultado de las cuales se determine la designación de veedores con facultad de veto delas resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad o laseparación de los órganos de administración de la misma, bastará un número deaccionistas y/o tenedores de valores negociables que representen al menos el DOS PORCIENTO (2%) del capital social o del monto en circulación del valor negociable.Con tan bajo porcentaje, consideramos que no resulta aventurado imaginarposibles acciones o maniobras de tipo extorsivo de parte de personas inescrupulosas queadquieran el carácter de accionistas o tenedores en el número necesario, a los fines deprocurar obtener, amenaza mediante de denuncias a la autoridad de control, beneficios oventajas ilegítimas de parte de las sociedades alcanzadas por la fiscalización de la CNV.3.- Artículo 62El artículo delega en la CNV la facultad de fijar el límite de las autorizacionesque pueden dar las sociedades para la suscripción de acciones en exceso de lasoriginalmente previstas ante un aumento de capital.En principio, el establecimiento de este tipo de requisitos, referidos a lalegislación de fondo constituye, en función de lo previsto en el artículo 75 inciso 12 dela Constitución nacional, una competencia del Congreso de la Nación. En la norma seprescribe una delegación de facultades legislativas sin cumplir con los recaudosestablecidos en el artículo 76 de la Constitución nacional (que se trate de una materiadeterminada de administración o de emergencia, fijación de un plazo para su ejercicio yestablecimiento de las bases en función de las que deberá ejercerse la facultad).4. Artículo 85El artículo faculta al BCRA a limitar, con carácter general y por el tiempo queestime necesario, la oferta pública de nuevas emisiones de valores negociables públicoso privados.Como se puede advertir, se delega en el BCRA, una facultad omnímoda quepuede conducir a suprimir las ofertas públicas por un determinado plazo.Ello, sin brindar pautas en base a las que debe ejercerse la atribución, ni un plazodeterminado para su ejercicio, y sin que se trate de una materia de administración o deemergencia pública, por lo cual infringe el artículo 76 de la Constitución Nacional.5.- Artículo 99, in fineSegún lo dispuesto en este artículo, el deber de informar a la CNV determinadoshechos y circunstancias vinculados a las tenencias de títulos de los sujetos alcanzados semantendrá durante el término del ejercicio para el que fueren designadas dichaspersonas obligadas. No obstante, para el caso de las personas comprendidas en los4

incisos c), d) y e) del artículo 99 (directores, administradores, síndicos, gerentes desociedades comerciales, miembros del consejo de vigilancia, titulares y suplentes;integrantes de consejos de calificación, directores, administradores, gerentes, síndicos ointegrantes del consejo de vigilancia, titulares o suplentes de agentes de calificadores deriesgo; directores y funcionarios de la CNV, de los mercados y demás agentesregistrados), tendrán deber de informar durante los seis meses posteriores al ceseefectivo de sus funciones.Por medio de esta disposición, se incurre en un irrazonable y arbitrario avancesobre la privacidad de las personas descriptas en los incisos c), d) y e) dado que, luegodel cese de sus cargos, no deberían tener deber alguno en informar a la CNV sobre “lacantidad y clase de acciones, títulos representativos de deuda convertibles en accionesy opciones de compra o venta de ambas especies de valores negociables que posean dela sociedad autorizada a hacer oferta pública de sus valores negociables”, toda vez quea partir de dicho momento esa información pasa a ser de carácter personal y noresultaría necesaria, para la CNV para el cumplimiento de sus funciones. En estesentido, se estaría requiriendo a determinadas personas información exigida en funciónde un determinado cargo, una vez que ya dejaron de ejercerlo. De manera que seconsagra una especie de ultractividad de la obligación de presentar la referidainformación, aplicable una vez que cesó la razón que la justificaba. Se trata de unadesproporcionada atribución de funciones a la CNV con notoria carencia deproporcionalidad en relación al bien jurídico protectorio que persigue la ley, violando elartículo 28 de la Constitución Nacional y el principio de privacidad consagrado en elartículo 19 de la misma.6.- Artículos 143 y 144Ambos artículos establecen la competencia del fuero contencioso administrativofederal para entender en relación con acciones emergentes de la ley.Dada la naturaleza comercial de la materia objeto de la ley que regula elmercado de capitales, resulta irrazonable y arbitrario que se sustituya, para numerosossupuestos, la competencia del fuero comercial, establecida en la derogada ley Nº17.811, por la del contencioso administrativo.La asignación de competencia a un fuero cuyos integrantes carecen deconocimientos técnicos específicos sobre dicha materia –de índole eminentementemercantil y bursátil– debe reputarse violatoria del principio del juez natural (Art. 18 dela Constitución Nacional, Art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanosy el Artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos).De acuerdo a lo previsto en el artículo 43 bis del decreto-ley Nº 1285, los juecesen lo comercial conocerán en todas las cuestiones regidas por las leyes mercantilescomo es el caso de las materias reguladas en la ley analizada. Por su parte, lacompetencia contencioso administrativa se define por la materia controvertida, y caeríanbajo análisis de estos jueces todas las causas que versaren preponderantemente sobrematerias del derecho administrativo. De esta forma, lo razonable sería que el jueznatural que entendiere en las acciones emergentes de la ley de mercado de capitales seaun juez del fuero comercial.5

7.- Artículo 151El artículo dispone que las órdenes de allanamiento no podrán ser suspendidas nirecurridas y que toda presentación que se realice en tal sentido será rechazada sin mástrámite.Se trata de una disposición absolutamente irrazonable susceptible de varioscuestionamientos.En primer lugar, el hecho de que este tipo de medidas no puedan ser suspendidasni recurridas viola el derecho de defensa y del debido proceso. En este sentido, deacuerdo al texto de la norma, la persona a la que se dirija la orden no podría defenderseni cuestionar una medida de allanamiento que presente graves vicios (por ejemplo,dictado de la orden por juez incompetente, ejercicio de violencia física o moral en elacto de allanamiento, extensión del allanamiento a inmuebles o áreas distintas deaquellas alcanzadas por la orden de allanamiento, etc).De esta manera, la norma convalidaría la obtención de prueba a través de mediosilegítimos, circunstancia que viola la garantía del debido proceso establecida en elartículo 18 de la Constitución Nacional, y los más elementales principios del derechopenal.Por otra parte, la disposición limita el ejercicio de la función judicial, dado que,en caso de que, ante un planteo de vicios en la ejecución de la medida de allanamientoefectuado por las partes, el juez advierta que asiste razón al administrado y que se hanviolado garantías constitucionales, no podría suspender ni dejar sin efecto la medida.II-CURSOS DE ACCIÓNConsideramos que la sociedades sometidas a la fiscalización de la CNVcontarían con legitimación para impugnar las disposiciones precedentemente analizadas,en caso de así entenderlo necesario, para ponerse a cubierto de eventuales excesos departe de la autoridad como los que parecen vislumbrarse a tenor de los términos de laLMC y su reglamentación.La vía de impugnación sería la interposición de una Acción Declarativa deInconstitucionalidad prevista en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercialde la Nación.Junto con la acción podría requerirse el dictado de una medida cautelar tendientea suspender los efectos de las disposiciones cuestionadas hasta que se resuelva lapretensión de fondo, siempre que: (i) exista, prima facie, una apariencia de razón en elplanteo; (ii) se configure una situación de peligro en la demora, en función del cualexista un riesgo de que, si no se concede la protección cautelar, se pueda producir lafrustración del derecho que se intenta hacer valer; y (iii) no se configure una afectaciónal interés público.6

Cabe aclarar que la medida cautelar también puede ser solicitada conposterioridad a la iniciación y durante el trámite de la acción, en caso de verificarse laaplicación efectiva de alguna de las facultades de fiscalización acordadas a la CNVobjeto de crítica en el presente memorándum.7

APENDICE NORMATIVO(TRANSCRIPCIÓN DE LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN EL MEMORÁNDUM)A) LMC (LEY 26.831)ARTICULO 19.- Atribuciones. La Comisión Nacional de Valores será la autoridad deaplicación y contralor de la presente ley y, a tal fin, tendrá las siguientes funciones:“(…) i) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos administrativos los actossometidos a su fiscalización, sin sumario previo, cuando sean contrarios a esta ley, alas demás leyes aplicables, a las reglamentaciones dictadas por la Comisión Nacionalde Valores, a los estatutos, a las disposiciones dictadas por entidades y aprobadas porel organismo;…”“ARTICULO 20.- Facultades correlativas. En el marco de la competencia establecidaen el artículo anterior, la Comisión Nacional de Valores puede:a) Solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones en laspersonas físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización, citar a declarar, tomardeclaración informativa y testimonial. Cuando, como resultado de los relevamientosefectuados, fueren vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/otenedores de títulos valores sujetos a oferta pública, la Comisión Nacional de Valores,según la gravedad del perjuicio que determine, podrá:I) Designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por losórganos de administración de la entidad, cuyas disposiciones serán recurribles enúnica instancia ante el presidente de la comisión;II) Separar a los órganos de administración de la entidad por un plazo máximo deciento ochenta (180) días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta últimamedida será recurrible en única instancia ante el Ministro de Economía y FinanzasPúblicas; (…)”ARTICULO 62.- Aumentos de capital. Al adoptar la resolución de aumento de capital,la asamblea podrá autorizar al directorio a aumentar el número de acciones autorizadopreviendo que en una emisión los pedidos de suscripción excedan la cantidad deacciones ofrecidas por la sociedad. En tal caso, la asamblea deberá fijar el límite de talemisión en exceso. No podrá superarse el límite que fije la Comisión Nacional deValores, la que deberá establecer los recaudos a ser cumplidos en estos casos.”“ARTICULO 85.- Intervención del Banco Central de la República Argentina. El BancoCentral de la República Argentina en ejercicio de sus funciones de regulación de lamoneda, el crédito y de la ejecución de la política cambiaria puede limitar, concarácter general y por el tiempo que estime necesario, la oferta pública de nuevasemisiones de valores negociables. Esta facultad podrá ejercerla indistintamenterespecto de los valores negociables públicos o privados. La resolución debe sercomunicada a la Comisión Nacional de Valores para que suspenda la autorización denuevas ofertas públicas y a los mercados para que suspendan la autorización de nuevasautorizaciones o negociaciones.”8

“ARTICULO 99.- Régimen informativo general. Las personas mencionadas en elpresente artículo deberán informar a la Comisión Nacional de Valores en formadirecta, veraz, suficiente y oportuna, con las formalidades y periodicidad que elladisponga los siguientes hechos y circunstancias, sin perjuicio de los demás que seestablezcan reglamentariamente:a) Los administradores de entidades registradas que realizan oferta pública de valoresnegociables y los integrantes de su órgano de fiscalización, estos últimos en materia desu competencia, acerca de todo hecho o situación que por su importancia sea apto paraafectar en forma sustancial la colocación de valores negociables o el curso de sunegociación. Esta obligación rige desde el momento de presentación de la solicitudpara realizar oferta pública de valores negociables y deberá ser puesta enconocimiento de la Comisión Nacional de Valores en forma inmediata. El órgano deadministración, con la intervención del órgano de fiscalización, deberá designar a unapersona para desempeñarse como responsable de relaciones con el mercado a fin derealizar la comunicación y divulgación de las informaciones mencionadas en elpresente inciso, dando cuenta de la designación a la Comisión Nacional de Valores y alrespectivo mercado y sin que el nombramiento libere de responsabilidad a las personasmencionadas precedentemente respecto de las obligaciones que se establecen;b) Los agentes de negociación autorizados para actuar en el ámbito de la ofertapública, acerca de todo hecho o situación no habitual que por su importancia sea aptopara afectar el desenvolvimiento de sus negocios, su responsabilidad o sus decisionessobre inversiones;c) Los directores, administradores, síndicos, gerentes designados de acuerdo con elartículo 270 de la ley 19.550 de sociedades comerciales (t.o. 1.984) y susmodificaciones, y miembros del consejo de vigilancia, titulares y suplentes, así como losaccionistas controlantes de entidades emisoras que realizan oferta pública de susvalores negociables, acerca de la cantidad y clases de acciones, títulos representativosde deuda convertibles en acciones y opciones de compra o venta de ambas especies devalores negociables que posean de la entidad a la que se encuentren vinculados;d) Los integrantes del consejo de calificación, directores, administradores, gerentes,síndicos o integrantes del consejo de vigilancia, titulares y suplentes, de agentes decalificación de riesgos, sobre la cantidad y clases de acciones, títulos representativosde deuda u opciones de compra o venta de acciones que posean de sociedadesautorizadas a hacer oferta pública de sus valores negociables;e) Los directores y funcionarios de la Comisión Nacional de Valores, de los mercados yde los demás agentes registrados, sobre la cantidad y clases de acciones, títulosrepresentativos de deuda y opciones de compra o venta de acciones que posean desociedades autorizadas a hacer oferta pública de sus valores negociables;f) Toda persona física o jurídica que, en forma directa o por intermedio de otraspersonas físicas o jurídicas, o todas las personas integrantes de cualquier grupo queactuando en forma concertada, adquiera o enajene acciones de una sociedad querealice oferta pública de valores negociables en cantidad tal que implique un cambio enlas tenencias que configuran el o los grupos de control afectando su conformación,respecto a dicha operación o conjunto de operaciones realizadas en forma concertadasin perjuicio, en su caso, del cumplimiento del procedimiento previsto en el capítulo IIde este título;g) Toda persona física o jurídica no comprendida en la operación del inciso precedenteque, en forma directa o por intermedio de otras personas físicas o jurídicas, o todas laspersonas integrantes de cualquier grupo que actuando en forma concertada, adquiera oenajene por cualquier medio acciones de una emisora cuyo capital se hallare9

comprendido en el régimen de la oferta pública y que otorgare el cinco por ciento (5%)o más de los votos que pudieren emitirse a los fines de la formación de la voluntadsocial en las asambleas ordinarias de accionistas, respecto a tales operaciones, una vezefectuada aquella mediante la cual se superó el límite anteriormente mencionado;h) Toda persona física o jurídica que celebre pactos o convenios de accionistas cuyoobjeto sea ejercer el derecho a voto en una sociedad cuyas acciones están admitidas ala oferta pública o en la sociedad que la controle, cualquiera sea su forma, incluyendo,a título meramente enunciativo, pactos que creen la obligación de consulta previa paraejercer el voto, limiten la transferencia de las correspondientes acciones o de valoresnegociables, atribuyan derechos de compra o de suscripción de las mismas, o preveanla compra de esos valores y, en general, tengan por objeto o por efecto, el ejercicioconjunto de una influencia dominante en dichas sociedades o cambios significativos enla estructura o en las relaciones de poder en el gobierno de la sociedad, respecto detales pactos, convenios o cambios. Igual obligación de informar tendrán, cuando seanparte de dichos pactos o tengan conocimiento de ellos, los directores, administradores,síndicos y miembros del consejo de vigilancia, así como los accionistas controlantes dedichas sociedades acerca de la celebración o ejecución de dichos acuerdos. Dichospactos o convenios deberán presentarse ante la Comisión Nacional de Valores. Elcumplimiento de la notificación y presentación de estos pactos o convenios a laComisión Nacional de Valores no implica el reconocimiento sobre la validez de losmismos. En caso de incumplimiento a la obligación de informar, los pactos o convenioscarecerán de valor alguno.En los supuestos contemplados en los incisos c), d) y e) del presente artículo, el alcancede la obligación de informar alcanzará tanto lo referido a las tenencias de su propiedadcomo a las que administren directa o indirectamente de tales sociedades y desociedades controlantes, controladas o vinculadas con ellas.El deber de informar se mantendrá durante el término del ejercicio para el que fuerendesignados y en el caso de las personas comprendidas en los incisos c), d) y e) delpresente artículo durante los seis (6) meses posteriores al cese efectivo de susfunciones.Las manifestaciones efectuadas por las personas enunciadas precedentemente ante laComisión Nacional de Valores tendrán, a los fines de la presente ley, el efecto dedeclaración jurada.”“ARTICULO 143.- Recursos directos. Corresponde a las Cámaras Federales deApelaciones:a) Entender en la revisión de las sanciones que imponga la Comisión Nacional deValores, incluso las declaraciones de irregularidad e ineficacia a los efectosadministrativos y la suspensión o revocación de inscripciones o autorizaciones;b) Entender en la revisión de las denegaciones de inscripción y autorizaciones.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente para entender en estoslitigios la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal;pudiendo los litigantes del resto del país optar por que sus causas sean remitidas yresueltas por ésta.”“ARTICULO 144.- Juzgados. Corresponde a los juzgados federales de primerainstancia entender en:a) La ejecución de tasas de fiscalización, aranceles de autorización y multas impuestaspor la Comisión Nacional de Valores;10

) Las peticiones de órdenes de allanamiento que solicite la Comisión Nacional deValores para el cumplimiento de sus funciones de fiscalización;c) Las demás peticiones de auxilio judicial para la ejecución de sus decisiones;d) Los pedidos de designación de interventores coadministradores o administradoresque efectúe la Comisión Nacional de Valores.En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán competentes para entender en estoslitigios los juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso administrativofederal.”“ARTÍCULO 145.- Apelación de sanciones. Los recursos directos previstos en el incisoa) del artículo 143 se interpondrán y fundarán ante la Comisión Nacional de Valoresdentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación del acto recurrido.La Comisión Nacional de Valores concederá el recurso con efecto devolutivo dentro delos cinco (5) días hábiles de su interposición y remitirá las actuaciones a la CámaraFederal que corresponda, la cual le imprimirá el trámite previsto en el Código ProcesalCivil y Comercial de la Nación para las apelaciones libremente concedidas.La Comisión Nacional de Valores será parte contraria en el recurso y el MinisterioPúblico actuará como fiscal de la ley.”“ARTÍCULO 151.- Carácter no contencioso. La orden de allanamiento se librará sinprevia audiencia del afectado y no será recurrible por éste ni su cumplimiento serásuspendido por ningún incidente o cuestión que introdujere, las que serán rechazadassin más trámite; pero quedará a salvo su derecho de promover la reparación de losdaños que la ilegitimidad de la medida o el exceso en que se hubiere incurrido en suejecución le hubieren causado.”B) RLMC (DECRETO 1023/2013)“ARTICULO 20.- FACULTADES CORRELATIVAS. PROCEDIMIENTOCuando la COMISION NACIONAL DE VALORES como resultado de un dictamensustentado en relevamientos efectuados en virtud de lo establecido en el inciso a) delArtículo 20, iniciados de oficio o mediante denuncia de accionistas minoritarios y/otenedores de valores negociables sujetos a oferta pública, determinase que fueronvulnerados los derechos de los mismos, podrá designar veedores con facultad de vetode las resoluciones adoptadas por los órganos de administración de la entidad oseparar a los órganos de administración de la misma.A los efectos de formular la denuncia contemplada en el párrafo anterior, losinteresados deberán acreditar la calidad de accionistas y/o tenedores de valoresnegociables que representen al menos el DOS POR CIENTO (2%) del capital social odel monto en circulación del valor negociable y un daño actual y cierto o encontrarseante un riesgo futuro grave que dañe sus derechos.Para el ejercicio de las facultades contempladas en los apartados I - Designación deVeedores con Facultad de Veto y II - Separación de los órganos de Administración dela Entidad, ambos del inciso a) del Artículo 20, la COMISION NACIONAL DEVALORES deberá dictar el acto administrativo que disponga la medida, el cual deberáestablecer las facultades, funciones, instrucciones y límites de la encomienda,incluyendo las establecidas en los incisos b) a f) del Artículo 20, individualizando a lapersona o personas que cumplirán la función, y el plazo de la misma.11

El acto administrativo que disponga las medidas del párrafo anterior deberá estardebidamente fundado, expresar su motivación e indicar expresamente la normativainfringida o que estuviere en peligro cierto e inminente de serlo, y contarobligatoriamente con previo dictamen del servicio jurídico permanente y del áreacontable del organismo y, de ser necesario, con la intervención de otras áreas técnicaspertinentes de la COMISION NACIONAL DE VALORES.DESIGNACION DE VEEDORES. FINALIDAD. IDONEIDAD. RECURSO.La designación de veedores tendrá como finalidad el control, la observancia yfiscalización del órgano de administración de la entidad. La función del veedor esindelegable y deberá cumplir sus cometidos en forma personal. En ningún caso podránejercer facultades de administración o coadministración. El ejercicio del derecho a vetodel veedor deberá enmarcarse en lo dispuesto en el acto administrativo que lo designó.La designación de veedor recaerá en funcionarios de la COMISION NACIONAL DEVALORES o en un tercero. En ambos casos deberán acreditar conocimientoscomprobables atendiendo a la naturaleza de las actividades involucradas, y experienciaen materia societaria y en el mercado de capitales.Las disposiciones de los veedores con facultad de veto del apartado I, inciso a) delArtículo 20 serán recurribles en única instancia ante el Presidente de la COMISIONNACIONAL DE VALORES. El recurso deberá interponerse por escrito, fundado, en elplazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos a contar desde la notificación delacto impugnado.SEPARACION DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD.RECURSO.Para todos aquellos casos en los que la COMISION NACIONAL DE VALORESconsidere estar frente a un peligro de extrema gravedad para los derechos de losaccionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores, ésta podrá separar a losórganos de administración de la entidad, por un plazo máximo de CIENTO OCHENTA(180) días con el fin de regularizar las deficiencias encontradas.La designación del administrador o coadministrador recaerá en funcionarios de laCOMISION NACIONAL DE VALORES o en un tercero. La función del administrador ocoadministrador es indelegable y deberá cumplir sus cometidos en forma personal. Losadministradores o coadministradores deberán acreditar conocimientos comprobablesatendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades en que intervendrán, así comoexperiencia societaria en el mercado de capitales.El ejercicio de sus facultades y funciones deberá enmarcarse en lo dispuesto en el actoadministrativo que dispone su actuación.HONORARIOS. En caso de que a la persona designada como veedor, administrador ocoadministrador le correspondiera percibir honorarios, los mismos no podrán excederel monto equivalente a la remuneración que percibe el máximo nivel gerencial de laCOMISION NACIONAL DE VALORES, en proporción al período en que desarrolle sulabor. Los recursos que demanden la persona o las personas designadas estarán acargo de la entidad involucrada.El acto administrativo que disponga la separación de los Organos de Administración dela Entidad previsto en el apartado II, inciso a) del Artículo 20 será recurrible en únicainstancia ante el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas. El recurso deberáinterponerse por escrito, fundado, en el plazo de QUINCE (15) días hábilesadministrativos a contar desde la notificación del acto impugnado.”12