Artículos tributarios - Enero 2017

Sumario
RDL 3/2016. Medidas fiscales dirigidas a la consolidación de finanzas públicas
El nuevo sistema de suministro Inmediato de Información del IVA
Convenio multilateral: implementación de las medidas BEPS en los convenios
bilaterales
Fondo de comercio financiero: la saga continúa
El control judicial: mecanismo para enmendar determinadas actuaciones de la
administración
Modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades y Ley General Tributaria a
consecuencia de la aprobación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre
de 2016
¿Cómo se contabiliza un acta de la Inspección Tributaria?
Suministro inmediato de información en el IVA
El IVA y el arrendamiento de viviendas a sociedades: una lotería (II)
¿Está obligada Hacienda a explicar de dónde sale el valor catastral que utiliza en
la comprobación de valores?
La acefalia en las sociedades mercantiles
La transformación jurídica de un terreno prevalece sobre la física de cara a una
posible plusvalía
Nuevo hito sobre la deducibilidad de los intereses de demora
El concepto de actividad económica

COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016 5 DICIEMBRE 2016
REAL DECRETO-LEY 3/2016. MEDIDAS
FISCALES DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE
LAS FINANZAS PÚBLICAS
El 3 de diciembre de 2016 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de
diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de
las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social (“el Real Decreto-ley”).
El objetivo del Real Decreto-ley es, de acuerdo con su preámbulo, el de incorporar a la
normativa española determinadas medidas dirigidas a la reducción del déficit público y corregir
desequilibrios de la economía española, continuando y completando las introducidas por el Real
Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, que, entre otros aspectos, modificó el régimen legal
de los pagos fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades.
En el ámbito fiscal, destacan las modificaciones en la normativa reguladora del Impuesto sobre
Sociedades, la subida de algunos impuestos especiales y el endurecimiento de los requisitos
exigibles para solicitar aplazamientos para el pago de ciertas deudas tributarias. Se resumen a
continuación estas medidas de carácter fiscal.
1. Impuesto sobre Sociedades
Las novedades en este impuesto, algunas de ellas con efectos ya para el propio ejercicio
2016, persiguen incrementar la recaudación; por un lado, eliminando la deducibilidad de
las pérdidas derivadas de las participaciones en otras entidades y anticipando la reversión
de las provisiones dotadas con anterioridad; y, por otro, limitando y difiriendo el
aprovechamiento de las bases imponibles negativas y las deducciones para evitar la doble
imposición.
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COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016
1.1 Modificaciones con efectos en periodos iniciados a partir del 1 de enero
de 2016
1.1.1 Límites a la compensación de bases imponibles negativas (y a la deducción de
activos por impuesto diferido)
La Ley 27/2014, actual Ley del Impuesto sobre Sociedades (“LIS”), limita la compensación
de bases imponibles negativas (“BIN”) a un 70% de las bases imponibles previas a la
aplicación de la reserva de capitalización y de su propia compensación, con un importe
mínimo de un millón de euros (para los ejercicios iniciados en 2016 ese límite es del 60%).
Estos límites también se aplican para la deducción de activos por impuesto diferido
(“DTA” según su acrónimo en inglés de Deferred Tax Assets).
Esta limitación aplicaba a todos los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. Sin
embargo, al igual que lo ocurrido en los últimos años anteriores a la LIS, conforme a
medidas temporales introducidas para paliar el déficit público, se vuelve ahora, con este
Real Decreto-ley, y con carácter permanente, a establecer un régimen de compensación
distinto en función de cuál sea el importe neto de la cifra de negocios del contribuyente.
Así, se introduce en la LIS una nueva disposición adicional por la que para las grandes
empresas con un importe neto de la cifra de negocios de, al menos, 20 millones de euros
durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, tanto
para la deducción de DTA como para la compensación de BIN, se establecen los siguientes
límites:
El 50%, cuando en los 12 meses anteriores a la fecha en la que se inicie el periodo
impositivo el importe neto de la cifra de negocios de la entidad sea al menos de 20
millones de euros pero inferior a 60 millones de euros.
El 25%, cuando en los referidos 12 meses la cifra de negocios de la entidad sea al
menos de 60 millones de euros.
Para el resto de empresas no se introducen modificaciones, quedando por lo tanto para
ellas el límite del 70% (60% para los ejercicios iniciados en 2016) antes señalado.
Los mismos límites se introducen para las cooperativas cuyo importe neto de la cifra de
negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha
en que se inicie el período impositivo (mediante una nueva disposición adicional en la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas).
Estas limitaciones no resultan de aplicación en el importe de las rentas correspondientes
a quitas y esperas consecuencia de un acuerdo con los acreedores del contribuyente (que
en el caso de las cooperativas, tendrían que ser acreedores no vinculados).
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COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016
1.1.2 Límite a la aplicación de deducciones por doble imposición nacional e
internacional
También para las entidades con un importe neto de la cifra de negocios de al menos 20
millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período
impositivo se limita la aplicación de las deducciones para evitar la doble imposición
internacional y nacional, cuya aplicación conjunta no podrá exceder del 50% de la cuota
íntegra del ejercicio.
Obsérvese que esta limitación no solo afecta a las nuevas deducciones para evitar la
doble imposición que se generen a partir de 2016 (tanto de origen internacional como
nacional por aplicación de la Disposición Transitoria 23ª de la LIS) sino también a las
acreditadas con anterioridad que estén pendientes de aplicar. Esta limitación, junto con
la indicada en el apartado anterior, va a impedir que contribuyentes que obtengan base
positiva previa en el ejercicio y acrediten créditos fiscales suficientes del propio ejercicio
o de ejercicios anteriores, tengan una cuota cero a ingresar como consecuencia de
aplicación de sus créditos fiscales.
1.1.3 Reversión de las pérdidas por deterioro de participaciones de cartera y de las
rentas negativas de establecimientos permanentes generadas con anterioridad a
2013
(a)
Integración de la reversión de las pérdidas por deterioro que hayan sido deducibles
Una modificación normativa excluyó, con efectos para los periodos iniciados a partir
del 1 de enero de 2013, la deducibilidad fiscal de las pérdidas por deterioro de
participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades; previéndose unas
reglas de recuperación e integración en la base imponible del impuesto de aquellas
pérdidas que hubieran resultado fiscalmente deducibles en periodos anteriores a
medida que la entidad participada fuera incrementando sus fondos propios o
distribuyendo dividendos. Esas reglas se incorporaron posteriormente en la LIS
mediante la correspondiente disposición transitoria.
El Real Decreto-ley añade a ese régimen de recuperación de esos deterioros una
obligación de “reversión mínima”, de forma que:
Las pérdidas por deterioro de participaciones que se hubieran considerado
fiscalmente deducibles antes del ejercicio 2013 y que estén pendientes de
reversión, deberán integrarse, como mínimo, por partes iguales en la base
imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros periodos
impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016.
En caso de que, por la aplicación de las reglas de recuperación del deterioro de
cartera previamente existentes en la LIS tuviera que recuperarse en alguno de
esos cinco períodos un deterioro superior, será ése el importe recuperable en el
ejercicio correspondiente; y el saldo del deterioro de cartera restante
pendiente de recuperar (una vez integrada esa mayor reversión) se integrará
por partes iguales en los restantes periodos impositivos.
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COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016
Por último, se precisa que si se transmitieran las participaciones durante estos
cinco períodos impositivos, las cantidades pendientes de revertir deberán integrarse
en la base imponible del período impositivo en que aquélla se produzca, con el
límite de la renta positiva derivada de la transmisión.
(b)
Limitación a la integración de pérdidas por la transmisión de establecimientos
permanentes en el extranjero
También para los periodos iniciados a partir de 1 de enero de 2013 se excluyeron de
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades las rentas negativas obtenidas por
establecimientos permanentes en el extranjero. Concretamente, la LIS establecía
que si se producía la transmisión de un establecimiento permanente y era de
aplicación el régimen previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 77 de la LIS
(régimen de reestructuraciones), la base imponible de la entidad transmitente se
incrementaría en el importe del exceso de las rentas negativas sobre las positivas
imputadas por el establecimiento permanente en períodos impositivos iniciados con
anterioridad a 1 de enero de 2013, con el límite de la renta positiva derivada de la
transmisión del mismo.
Ese tratamiento era aplicable, como se indica, a aquellas transmisiones de
establecimientos permanentes que se realizaran al amparo del artículo 77.1.b) de
la LIS (régimen de reestructuraciones). Ahora se suprime esa referencia al régimen
especial de reestructuraciones, de modo que la referida regla afecta literalmente a
cualquier transmisión de establecimientos permanentes en el extranjero.
1.2 Modificaciones con efectos en periodos iniciados a partir del 1 de enero
de 2017
1.2.1 Restricción a la deducibilidad de los deterioros y las pérdidas por la transmisión
de participaciones en entidades y establecimientos permanentes
(a)
Deterioros y pérdidas en la transmisión de participaciones “cualificadas” en
entidades o establecimientos permanentes
El Real Decreto-ley establece:
(i)
La no deducibilidad tanto de los deterioros como de las pérdidas derivadas
de la transmisión de participaciones que cumplen los requisitos para aplicar
la exención para evitar la doble imposición de dividendos y plusvalías
regulada en el artículo 21 de la LIS (“cualificadas”).
La no deducción de las pérdidas en caso de transmisión será parcial cuando
el derecho a aplicar la exención sea igualmente parcial.
(ii)
En el mismo sentido, tampoco resultarán deducibles las rentas negativas
obtenidas en el extranjero como consecuencia de la transmisión de un
establecimiento permanente.
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COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016
No obstante, se reconoce expresamente la deducibilidad de las rentas negativas
generadas en caso de extinción de la entidad participada, salvo que la misma sea
consecuencia de una operación de reestructuración (obsérvese que no se hace
referencia a que esa operación se haya acogido al régimen de neutralidad fiscal).
En ese caso, el importe de las rentas negativas deducible se minorará en el importe
de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada
en los diez años anteriores a la fecha de la extinción, siempre que los referidos
dividendos o participaciones en beneficios no hayan minorado el valor de
adquisición y hayan tenido derecho a la aplicación de un régimen de exención o de
deducción para la eliminación de la doble imposición, por el importe de la misma.
En el mismo sentido, se podrán deducir las rentas negativas generadas en caso de
cese del establecimiento permanente. En este caso, el importe de las rentas
negativas deducible deberá minorarse en el importe de las rentas positivas netas
obtenidas con anterioridad y que hayan tenido derecho a la aplicación de un
régimen de exención o de deducción para la eliminación de la doble imposición, por
el importe de la misma.
(b)
Minoración o no deducción de rentas negativas derivadas de participaciones no
“cualificadas”
El Real Decreto-ley incorpora las siguientes novedades en relación con las rentas
negativas obtenidas como consecuencia del deterioro y la transmisión de
participaciones no “cualificadas”:
• Se mantiene la no deducibilidad del deterioro de valores representativos de
cualquier participación “no cualificada”.
• Por otro lado, las rentas negativas derivadas de la transmisión de
participaciones “no cualificadas” (con excepción de aquellas en entidades no
residentes que no cumplan los requisitos mínimos de tributación del artículo
21.1.b) de la LIS), se integrarán en la base imponible pero se minorarán en el
importe de la renta positiva generada en una transmisión intra-grupo
precedente a la que se hubiera aplicado un régimen de exención o de
deducción para eliminar la doble imposición.
De forma adicional, el importe de las rentas negativas se minorará en el
importe de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la
entidad participada a partir del período impositivo que se haya iniciado en el
año 2009, siempre que los referidos dividendos o participaciones en beneficios
no hayan minorado el valor de adquisición y hayan tenido derecho a la
aplicación de la exención para evitar la doble imposición.
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COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016
• No obstante, no serán deducibles los deterioros o pérdidas derivadas de la
transmisión de participaciones en:
• Entidades no residentes ubicadas en paraísos fiscales, excepto que
residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente
acredite que su constitución y operativa responde a motivos económicos
válidos y que realiza actividades económicas.
• Territorios que no alcancen un nivel mínimo de tributación (la norma se
remite al apartado b) del artículo 21.1, en el que se establece el tipo
nominal mínimo del 10%).
• Por último, se suprime la regla especial relativa a las rentas negativas
obtenidas en transmisiones sucesivas de valores homogéneos (que aplicarán
las reglas generales).
(c)
Régimen de diferimiento de rentas negativas derivadas de transmisiones intra-grupo
de participaciones “no cualificadas”
La LIS contiene una regla especial de imputación temporal para las pérdidas
obtenidas en transmisiones intra-grupo de participaciones, difiriéndolas al momento
en que son transmitidas a terceros ajenos al grupo o la entidad transmitente o la
adquirente dejan de formar parte del grupo.
En esos casos, establece la LIS que esas pérdidas se han de minorar en el importe
de las rentas positivas generadas en la transmisión a terceros salvo que se pruebe
que esas rentas han tributado a un tipo de gravamen mínimo del 10%.
La aplicación de esta regla se exceptúa en el supuesto de extinción de la entidad
transmitida, salvo que esa extinción sea consecuencia de una operación de
reestructuración acogida al régimen especial.
Tras la aparición del Real Decreto-ley:
Esta regla se mantiene únicamente para la transmisión de participaciones “no
cualificadas” y, en el caso de no residentes, siempre que cumplan con el
artículo 21.1.b) de la LIS, una vez implantada la no deducibilidad de las
pérdidas derivadas de la transmisión de participaciones “cualificadas” o de no
residentes que no cumplan con el artículo 21.1.b) de la LIS.
Se establece además que la minoración de las rentas negativas por las rentas
positivas generadas en la transmisión a terceros se producirá en todo caso al
suprimir de la LIS la referencia a la tributación mínima del 10%.
En caso de extinción de la entidad participada se podrán computar las pérdidas
salvo que se produzca como consecuencia de una operación de restructuración
(y no sólo las acogidas al régimen especial de diferimiento) o de cualquier
supuesto de continuación en el ejercicio de la actividad.
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COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016
(d)
Régimen de las disminuciones de valor por puesta a valor razonable de
participaciones
El Real Decreto-Ley establece que no son deducibles las disminuciones de valor
originadas en las participaciones “cualificadas” por la aplicación del criterio del
valor razonable que se imputen a la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo que
previamente se hubiera integrado en la base imponible un incremento de valor por
el mismo importe como consecuencia de la participación en valores homogéneos.
Esta misma regla se establece para las participaciones en entidades no residentes
que no cumplan los requisitos mínimos de tributación del artículo 21.1.b) de la LIS.
1.2.2 Exención para evitar la doble imposición
Se introducen las siguientes modificaciones en el régimen de exención para evitar la
doble imposición en lo que se refiere a su aplicación a las rentas obtenidas en la
transmisión de participaciones:
(a)
En relación con la limitación a la aplicación de la exención respecto de
participaciones valoradas conforme al régimen de neutralidad fiscal
El artículo 21.4 de la LIS regula ciertas limitaciones a la aplicación de la exención
para participaciones valoradas conforme al régimen de neutralidad fiscal. En
concreto, estas limitaciones se establecen para el caso de que las participaciones
que ahora se transmiten se hubieran adquirido como consecuencia de (i)
transmisiones de participaciones en entidades que no cumplan total o parcialmente
los diversos requisitos de la exención o (ii) de aportaciones no dinerarias de otros
elementos patrimoniales distintos de participaciones; y que, por aplicación de las
reglas de valoración de ese régimen de neutralidad, hubiera determinado la no
integración de rentas en el Impuesto sobre Sociedades, el IRPF o el Impuesto sobre
la Renta de No Residentes.
Así, básicamente, en estos supuestos la exención sólo se aplica sobre la renta que
corresponda a la diferencia positiva entre el valor de transmisión de la
participación en la entidad y el valor de mercado de aquella en el momento de su
adquisición por la entidad transmitente.
Además, para el supuesto de transmisiones sucesivas de valores homogéneos, se
limita la exención al exceso sobre el importe de las rentas negativas netas
obtenidas en las transmisiones previas que hayan sido objeto de integración en la
base imponible.
Las modificaciones ahora introducidas por el Real Decreto-ley a este tratamiento
son las siguientes:
• Se delimita con mayor precisión, aclarándolo, el primer supuesto que origina la
limitación, sustituyendo la referencia genérica a la “transmisión” de una
participación que no cumpliera los requisitos para la exención por la
“aportación” de la misma.
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COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016
• Se simplifica la regla que determina la inaplicación de la exención respecto de
la renta diferida por el transmitente en la aportación originaria. Además, se
aclara que esta regla no aplicará cuando se pruebe que el adquirente ha
integrado la renta correspondiente en su base imponible.
• Se establece una regla específica para los casos en los que la aportación fue
realizada por sujetos pasivos del IRPF. En concreto, cuando las participaciones
aportadas sean objeto de transmisión en los dos años posteriores a la
aportación, la exención no se aplicará sobre la diferencia positiva entre el valor
fiscal de las participaciones recibidas por la entidad adquirente y el valor de
mercado en el momento de su adquisición, salvo que se acredite que las
personas físicas han transmitido su participación en la entidad durante el
referido plazo.
• Se elimina la regla por la que se limitaba la exención en el caso de
transmisiones sucesivas de valores homogéneos.
(b)
Finalmente, se incorporan determinadas modificaciones técnicas adicionales en la
normativa del Impuesto sobre Sociedades y en el régimen de las Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) en relación
con las reglas relativas a la exención
En concreto, en la Ley 11/2009, reguladora de las SOCIMI, cuando se dice que en el
caso de que el transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre
Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento
permanente, no será de aplicación la exención establecida en el artículo 21 de la
LIS, se precisa que ello será así “en relación con las rentas positivas obtenidas”.
1.2.3 Normas para evitar la doble imposición en operaciones acogidas al régimen
especial de neutralidad
En el régimen especial de neutralidad fiscal resultan de aplicación una serie de reglas
particulares cuya finalidad es la de evitar la doble imposición que pudiera producirse en
las operaciones de aportación y canje por la aplicación de las reglas de valoración
previstas en el mismo. El Real Decreto-ley introduce dos precisiones técnicas:
(a)
(b)
En primer lugar, para la aplicación por parte del socio de la exención en la
transmisión de la participación recibida con motivo del canje o la aportación, se
exige la previa integración en la base imponible del adquirente de la renta diferida
imputable a los bienes aportados.
Por otro lado, se suprime la referencia a “la forma como se contabilizó la
operación” para el supuesto de corrección de la doble imposición en sede de la
entidad adquirente.
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COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016
2. Impuestos Especiales
En el ámbito de los Impuestos Especiales, como se destaca en el preámbulo del Real
Decreto-Ley, las medidas se centran en el incremento de los tipos del Impuesto sobre
Productos intermedios y del Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, así como del
Impuesto sobre las Labores del Tabaco. Estas medidas entran en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2.1 Impuesto sobre Productos intermedios y del Impuesto sobre el Alcohol y
Bebidas Derivadas
Se incrementan en un 5% los tipos impositivos aplicables de los Impuestos que gravan el
consumo de los productos intermedios, del alcohol y de las bebidas derivadas tanto en la
Península como en las Islas Canarias.
2.2 Impuesto sobre las Labores del Tabaco
En el Impuesto sobre las Labores del Tabaco se incrementa el peso del componente
específico frente al componente ad valorem a la vez que se efectúa el consiguiente ajuste
en el nivel mínimo de imposición, tanto para cigarrillos como para picadura para liar.
Con esta medida se continúa el proceso de reforma de la estructura impositiva de esta
labor iniciada con el Real Decreto-ley 12/2012, que tiene como finalidad alcanzar de forma
progresiva un mayor equilibrio entre el elemento porcentual del impuesto vinculado al
precio en relación con el elemento específico determinado por unidad de producto, todo
ello en consonancia con la tributación actual de otros Estados miembros.
3. Procedimiento tributario. Aplazamiento y
fraccionamiento de deudas tributarias
Con efectos 1 de enero de 2017 se elimina la posibilidad de aplazamiento y
fraccionamiento de determinadas obligaciones tributarias. En concreto, se incluyen en el
artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (“LGT”) tres
nuevos supuestos de inadmisión de los aplazamientos o fraccionamientos referidos a las
siguientes deudas tributarias:
Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente
desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativo o en
un recurso contencioso-administrativo que previamente hubieran sido objeto de
suspensión durante la tramitación de dicho recuso o reclamación.
Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos, salvo que se
justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente
pagadas.
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COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016
Las derivadas de la obligación de realizar pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades.
Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de dichas deudas tributarias serán
objeto de inadmisión, lo que determinará que se tengan por no presentadas a todos los
efectos y que, por tanto, tras el transcurso del periodo voluntario de pago se inicie
automáticamente el periodo ejecutivo.
Asimismo, se suprime la excepción que permitía, bajo determinadas circunstancias
excepcionales, el aplazamiento o fraccionamiento de las obligaciones tributarias de los
retenedores u obligados a realizar ingresos a cuenta, de forma que, a partir de 1 de enero
de 2017, dichas deudas tributarias serán inaplazables sin excepción alguna.
Hasta ahora dichas deudas sólo eran aplazables en aquellos casos excepcionales en los que
se entendiera acreditado que el obligado tributario carecía de bienes suficientes para
garantizar la deuda y que la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al
mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad
económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la
Hacienda Pública.
En todo caso, los aplazamientos y fraccionamientos iniciados antes de 1 de enero de 2017
se regirán por la normativa anterior a dicha fecha y, por tanto, no se verán afectados por
las novedades anteriores.
Por otra parte, se elimina la posibilidad del pago en especie en relación con todas aquellas
deudas tributarias inaplazables (es decir, tanto en relación con los supuestos ya incluidos
con carácter previo en la norma, como en relación con los nuevos supuestos incorporados
por el propio Real Decreto-ley). Las solicitudes de pago en especie en relación con las
mismas también serán objeto de inadmisión.
4. Impuesto sobre el Patrimonio
Se prorroga durante 2017 la exigencia de su gravamen, en aras de contribuir a mantener la
consolidación de las finanzas públicas, fundamentalmente, de las Comunidades
Autónomas. En todo caso, debe recordarse que algunas Comunidades Autónomas vienen
estableciendo bonificaciones que, en la práctica, llevan a que no resulte cuota a pagar.
De no introducirse modificaciones posteriores, a partir de 2018 se recuperaría la
bonificación del 100% y dejará de ser obligatoria la presentación de declaraciones.
5. Actualización de los valores catastrales
Todos los años, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (“LPGE”), se
aprueban los coeficientes de actualización de los valores catastrales. No obstante, al no
haberse podido tramitar la LPGE para 2017 a tiempo, se ha utilizado este cauce normativo
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COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016
para su aprobación en la medida en que la actualización de los valores catastrales tiene
repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, impuesto que se devenga el
1 de enero de cada año natural.
En concreto, los coeficientes de actualización de valores catastrales quedan fijados para
2017 con arreglo al siguiente cuadro:
Año de entrada en vigor
ponencia de valores
Coeficiente de
actualización
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990 1,08
1994 1,07
1995 1,06
1996 1,05
1997, 1998, 1999 y 2000 1,04
2001, 2002 y 2003 1,03
2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 0,92
2010 0,90
2011 0,87
Estos coeficientes se aplicarán a los municipios incluidos en la Orden HAP/1553/2016, de
29 de septiembre, en los siguientes términos:
(a)
(b)
(c)
Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el
Catastro Inmobiliario, se aplicarán sobre el valor asignado a dichos bienes para 2016.
Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2016, obtenidos de
la aplicación de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado
ejercicio, se aplicarán sobre dichos valores.
Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus
características conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que
dichas variaciones hubieran tenido efectividad, el coeficiente se aplicará sobre el
valor asignado a tales inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la
Dirección General del Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido
de base para la fijación de los valores catastrales del resto de los bienes inmuebles
del municipio.
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COMENTARIO • TRIBUTARIO 4-2016
6. Entrada en vigor
El Real Decreto-ley entró en vigor el mismo día de su publicación, esto es, el 3 de
diciembre de 2016, aunque no todas sus disposiciones producen efectos a partir de ese día.
En cada uno de los epígrafes de este Comentario se ha indicado la fecha de efectos de
cada una de las medidas aquí comentadas.
En todo caso, el Real Decreto-ley ha de ser convalidado por el Congreso de los Diputados.
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El nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información
del IVA. Preguntas y Respuestas
Fiscal, Impuestos indirectos, Financiero, Tech, Telco & Medios, Industrial, Farma y Sanidad, Energía, Retail & Consumo - 21/12/2016
Como es conocido, el próximo 1 de julio de 2017, las grandes empresas y otras en declaración mensual del IVA
deberán suministrar a la Administración sus registros de facturación, libros-registro de facturas emitidas y
recibidas en tiempo real.
Esta nueva obligación, que obligará a la adaptar los sistemas de facturación y registro de operaciones de las compañías,
multiplicará la información a disposición de la Agencia Tributaria.
¿Me aplica la nueva normativa?
El nuevo sistema resulta de aplicación obligatoria para todos aquellos empresarios o profesionales cuyo período de
liquidación del IVA coincida con el mes natural, a saber, grandes empresas (cuyo volumen de operaciones del año
anterior hubiera excedido 6.010.121,04 euros), contribuyentes inscritos en el registro de devolución mensual
(REDEME) y contribuyentes en régimen especial de grupos de entidades (REGE).
El nuevo sistema es de carácter voluntario para aquellos otros contribuyentes que mediante declaración censal
ejerciten esta opción durante el mes de noviembre del año anterior a aquel que deba surtir efectos. No obstante, para el
caso en que se opte por la aplicación del nuevo sistema de llevanza de libros registros desde el 1 de julio de 2017, la
comunicación censal deberá realizarse durante el mes de junio del próximo año.
¿Cuándo tengo que empezar?
La entrada en vigor de la obligación del suministro de información se producirá el próximo 1 de julio de 2017, para el
periodo que comienza en dicha fecha. No obstante, las personas o entidades para las que es de aplicación el nuevo
sistema de llevanza de libros-registro, deberán también remitir los registros de facturación correspondientes al periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017 antes del 1 de enero de 2018.
La opción se entenderá prorrogada para los años siguientes en tanto no se produzca la renuncia a la misma, debiendo
cumplir con las obligaciones del SII al menos el año en que se opte.

¿A qué información se refiere?
La obligación establecida en el nuevo artículo 62.6 del RIVA se refiere, con carácter general, a la información contenida
en: (i) libro-registro de facturas expedidas; (ii) libro-registro de facturas recibidas; (iii) libro-registro de bienes de
inversión; (iv) libro-registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
¿Con qué frecuencia tengo que reportar la información de los libros?
Con carácter general, la remisión electrónica de las anotaciones registrales deberá realizarse dentro de un plazo
máximo de 4 días naturales excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los festivos nacionales.
En el caso de la información correspondiente a facturas expedidas el plazo se contará a partir del momento
de expedición de la factura. En el caso de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero el plazo
se amplía a 8 días naturales. En todo caso, con independencia de lo anterior, con el fin de evitar retrasos
derivados del incumplimiento de las obligaciones de facturación, el suministro de información deberá realizarse
antes del día 16 del mes siguiente al que se hubiera devengado el IVA correspondiente a la operación que deba
registrarse.
En el caso de la información correspondiente a facturas recibidas el plazo se contará a partir de la fecha en que
se produzca su registro contable y, en todo caso, con independencia de lo anterior, antes del día 16 del mes
siguiente al período de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes.
En el caso de importaciones, los 4 días se contarán a partir de la fecha en que se produzca el registro contable del
documento en el que conste la liquidación del impuesto por Aduanas.
En el caso de determinadas operaciones intracomunitarias (envío o recepción de bienes para trabajos o informes y
transferencias de bienes), el plazo de los 4 días se contará a partir del inicio de la expedición o el transporte o, en
su caso, de la recepción de los bienes a los que se refieren dichas operaciones.
Excepcionalmente, de forma transitoria, se amplía el plazo de los 4 días hasta 8 días naturales durante el año
2017.
¿Cómo puedo subir los datos a la sede electrónica de la AEAT?
El suministro electrónico de los registros de facturación se debe realizar a través de la Sede Electrónica de la AEAT, bien
un envío inmediato, de forma continuada, mediante un “servicio web”, basado en el intercambio de
mensajes XML, o bien, para aquellos contribuyentes que realicen muy pocas operaciones a través de un “formulario
web”, que deberán cumplimentar directamente, de acuerdo con los campos de registro que se aprueben por
Orden Ministerial. Para todos aquellos que no dispongan de sistemas de facturación apropiados, este formulario web
permitirá también importar ficheros ajustados al diseño de campos de registro que resulte aprobado
¿Qué información, en concreto, debo suministrar?
Libro-registro de facturas expedidas
En el caso del libro-registro de facturas expedidas, además de la información ya exigida actualmente de
acuerdo con el Reglamento del IVA, se deberán suministrar los siguientes datos:
Tipo de factura expedida (simplificada o completa).
Identificación de si se trata de una rectificación registral.
Descripción de las operaciones.
Si se trata de una factura rectificativa deberán estar identificadas como tales, con referencia a la factura
rectificada, o, en su caso, las especificaciones que se modifican.
En el caso de facturas que se expidan en sustitución o canje de facturas simplificadas expedidas con anterioridad,
se incluirá la referencia de la factura que se sustituye o de la que se canjea, o en su caso, las especificaciones que se
sustituyen o canjean.
Las menciones al tratamiento de la operación a efectos del IVA ya exigidas en el reglamento de facturación
(exenciones, inversión del sujeto pasivo, régimen de agencia de viajes, facturación por destinatario, etc), así como
de las específicas del REGE.
Periodo de liquidación de las operaciones que se registran.
Indicación de que la operación no está sujeta a IVA.
Referencia a la autorización concedida en aquellos casos en los que la factura haya sido expedida en virtud de una
autorización específica.

Libro-registro de facturas recibidas
En el caso del libro registro de facturas recibidas, además de la información ya exigida actualmente de acuerdo
con el reglamento del IVA, se deberán suministrar los siguientes datos:
Número y en su caso serie que figure en la factura.
Identificación de si se trata de una rectificación registral.
Descripción de las operaciones.
Menciones específicas que debe contener una factura de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
Facturación, así como de las específicas del REGE, o si se trata de una adquisición intracomunitaria de bienes.
Cuota tributaria deducible correspondiente al periodo de liquidación en el que se realiza la anotación.
Periodo de liquidación en el que se registran las operaciones a que se refieren las facturas recibidas.
En el supuesto de operaciones de importación, se consignará la fecha de contabilización de la operación y el
número del correspondiente documento aduanero.
Libro-registro de bienes de inversión y libro-registro de determinadas operaciones intracomunitarias
En el caso de los libros-registro de bienes de inversión, bastará con remitir la información contenida en los mismos
de una sola vez, dentro del plazo de presentación correspondiente último periodo de liquidación de cada
año natural.
En el caso de los libros-registro de determinadas operaciones intracomunitarias (envío o recepción de bienes para
trabajos o informes y transferencias de bienes), deberá remitirse la información de detalle de cada una de las
operaciones que se deben anotar en el mismo en el plazo señalado anteriormente.
No obstante todo lo anterior, el listado de la información correspondiente a las operaciones efectuadas durante el año
2017, que deberá suministrarse con carácter obligatorio, no está completamente cerrado, en la medida en que el
Real Decreto se refiere también a la posibilidad de que mediante Orden Ministerial se incluya otra
información adicional con transcendencia tributaria.
¿Debo anotar, una por una, todas mis facturas o puedo agruparlas de alguna forma?
Aquellas facturas expedidas en las que no sea preceptiva la identificación del destinatario, de acuerdo con el
Reglamento de Facturación, y cuyo devengo se haya producido dentro del mes natural podrán agruparse en un único
asiento resumen en el que se harán constar datos globales y los números inicial y final de las mismas.
En el caso de las facturas recibidas en una misma fecha, cuyo importe conjunto no exceda de 6.000€ y de
500€ individualmente consideradas, podrá hacerse también un único asiento resumen en el que se harán constar,
igualmente, datos globales y los números inicial y final asignados por el destinatario.
¿Qué ventajas tiene el nuevo sistema?
El plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones, para quienes empleen el nuevo sistema, se
amplía hasta los treinta primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación
mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al mes de
enero.
Los obligados a llevar sus libros-registro a través de la Sede Electrónica de la AEAT, quedarán exonerados de la
obligación de presentar los modelos 340 y 347. El preámbulo se refiere, también, a la declaración Resumen Anual,
modelo 390, si bien, está disposición queda pendiente de desarrollo por Orden Ministerial.
La AEAT pondrá a disposición de todos los incorporados al nuevo sistema la información obtenida a través del mismo de
otros operadores con quienes se hayan efectuado operaciones, de tal forma que podrá cruzarse dicha información a
efectos de las oportunas verificaciones, con el fin de asistir a los contribuyentes en la elaboración de sus propias
declaraciones-liquidaciones.
¿Me pueden sancionar si no cumplo con mis nuevas obligaciones?
Según dispone el artículo 200. 1. g) de la Ley General Tributaria, en su actual redacción, el retraso en la obligación de
llevar los libros-registro a través de la sede electrónica de la AEAT mediante el suministro de los registros de facturación

en los términos establecidos en el RD 596/2016 constituye infracción tributaria que se sancionará con multa
pecuniaria proporcional de un 0,5 por ciento del importe de la factura que deba ser objeto de registro, con un mínimo
trimestral de 300€ y un máximo de 6.000€.
Sin perjuicio de lo anterior, es importante analizar cualquier otro aspecto derivado del incorrecto cumplimiento de las
obligaciones reglamentarias establecidas bajo el nuevo sistema, en particular aquellos que pudieran suponer retrasos o
afectar de cualquier otro modo a la recuperación del IVA soportado.
¿Cómo puedo llegar a tiempo?
En PwC contamos con una solución que combina tecnología y fiscalidad con el fin de: (i) evaluar la situación actual de
nuestros clientes y analizar la brecha actualmente existente respecto de la nueva normativa, tanto desde el punto de vista
del cumplimiento como desde el punto de vista de los sistemas y procesos; (ii) asistirles en la adaptación de sus sistemas
a la nueva normativa en vigor a partir del próximo 1 de julio de 2017; (iii) poner en valor los datos suministrados
mediante el análisis periódico de la información suministrada
Etiquetas: Digitalización , Empresas , Impuestos , IVA
Contacto en PwC Tax & Legal Services
Alberto Monreal
Socio responsable de Impuestos Indirectos
+34 915 684 226
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Convenio multilateral: implementación de las
medidas BEPS en los convenios bilaterales
Publicado en 20/12/2016 (http://fiscalidadforal.garrigues.com/convenio-multilateralimplementacion-de-las-medidas-beps-en-los-convenios-bilaterales/)
por Itxaso Berrojalbiz
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/author/iberrojalbiz/)
Como ya os anticipábamos en una
reciente alerta
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/alertatributario-2/),
el pasado 24 de noviembre
se publicó el convenio multilateral
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(http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treatyrelated-measures-to-prevent-beps.htm)
con el objetivo de implementar las medidas
relativas a los convenios fiscales que contempla el programa BEPS
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/tag/beps/). Más concretamente, se introducen
propuestas de modificaciones a los convenios fiscales para incorporar los estándares
mínimos dirigidos a evitar el abuso de tratado (acción 6 de BEPS) y mejorar los
mecanismos de resolución de conflictos (acción 14 de BEPS), así como las medidas
relacionadas con los instrumentos y entidades híbridas (acción 2 de BEPS), la elusión
artificial de establecimientos permanentes (acción 7 de BEPS) y los procedimientos de
arbitraje.
No obstante, este instrumento prevé la posibilidad de optar por no aplicar algunas de
sus disposiciones, opción que se ejercita mediante el mecanismo de las reservas,
cuyo elenco se fija para cada una de las medidas. En aquellas medidas que
constituyen estándares mínimos no cabe optar por su no aplicación en absoluto, pero
en la mayoría de los casos puede optarse entre varias fórmulas diferentes. Y en
aquellas medidas que no constituyen estándares mínimos cabe tanto la exclusión total
como la opción por una de las diversas fórmulas de implementación previstas.
Veamos un ejemplo en lo que respecta a los instrumentos híbridos, que no quedan
sujetos a un estándar mínimo. De acuerdo con la recomendación recogida en la
correspondiente acción BEPS, se modifica la aplicación de los métodos para evitar la
doble imposición de los convenios fiscales que tuvieran recogido el método de
exención. Un supuesto típico de instrumento híbrido es un pago que tenga la
calificación de deducible en el país del pagador, pero se trate como una renta exenta
en el país del perceptor. En tal caso, de acuerdo con la modificación incluida en el
convenio multilateral, el país del perceptor no deberá aplicar el régimen de exención.
No obstante, como este no es un estándar mínimo del programa BEPS, se permite a
los países no adoptar esta disposición en particular del convenio multilateral, de modo
que para que entre en vigor entre dos Estados cualesquiera hará falta que ambos la
hayan asumido.
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Ane Basterrica Rodríguez

Además, supuesto que se adopte una modificación a este respecto, el convenio
multilateral prevé tres fórmulas alternativas para eliminar la doble imposición. La
combinación de las varias opciones disponibles da lugar a las siguientes alternativas:
Mantenimiento del mecanismo de exención para eliminar la doble imposición.
Sustitución del régimen de exención por el de exención con progresividad.
Sustitución del mecanismo de exención por el de deducción del impuesto
soportado en el extranjero únicamente para los dividendos deducibles en el país
del pagador.
Sustitución del mecanismo de exención por el de deducción del impuesto
soportado en el extranjero para todas las rentas que en el país pagador no hayan
tributado o lo hayan hecho a un tipo reducido.
¿Y qué ocurre si los dos países involucrados adoptan opciones distintas a este
respecto? La solución dada para estos supuestos por el convenio multilateral es
distinta en función de la materia de que se trate. En el caso particular comentado,
cada país puede optar por la aplicación de las distintas alternativas. Si las partes
intervinientes escogen distintas opciones, la opción elegida por cada parte
interviniente únicamente aplicará respecto de los residentes en su país.
Este convenio multilateral pretende evitar a los países la necesidad de negociar cada
uno de los convenios bilaterales para adoptar las medidas que contiene el programa
BEPS, ya que la suscripción de este instrumento multilateral sustituirá las
negociaciones bilaterales entre los países. La simplificación puede ser importante,
considerando que son más de 100 las jurisdicciones involucradas, con unos 2.000
convenios en vigor.
Además, al estar limitadas las opciones disponibles, se pretende asegurar la
consistencia en la implementación de estas medidas, lo que debería implicar una
mayor certeza y seguridad jurídica y un mejor funcionamiento del sistema fiscal
internacional. No obstante, debemos tener en cuenta que, para que las disposiciones
elegidas por cada país tengan efectos sobre el convenio bilateral en cuestión, las
opciones elegidas por los países intervinientes en dicho convenio fiscal deberán, en
términos generales, coincidir. Dada la pluralidad de opciones y reservas que pueden
ejercitar los países, la incertidumbre y la confusión que se generen pueden ser
notorias, al menos, al principio.
Y, ¿cuándo entrará en vigor este convenio multilateral?
Como primer paso, cada uno de los países intervinientes (entre los que está España)
deberá decidir qué convenios fiscales bilaterales se verán afectados por este convenio
multilateral y qué disposiciones previstas en el convenio multilateral van a adoptar, y
con qué opciones (que en algunos casos pueden ser distintas para distintos convenios
bilaterales). Una vez hechas estás elecciones (lista de convenios y disposiciones y
reservas adoptadas), el gobierno de cada país deberá comunicarlas a la OCDE para
que todo esté coordinado para la firma del convenio multilateral, prevista para junio de
2017.
A partir de ese momento se iniciará el proceso de ratificación en cada uno de los
países firmantes (que en España supone esencialmente la aprobación por las Cortes).
Una vez que cinco países hayan ratificado el convenio multilateral, este entrará en
vigor entre estos. Los efectos sobre un convenio bilateral en concreto únicamente
entrarán en vigor cuando las dos partes intervinientes de dicho convenio bilateral
hayan ratificado el instrumento multilateral, proceda la modificación del convenio
bilateral en función de la coincidencia de las opciones de cada una de las partes y
haya transcurrido cierto periodo de tiempo.
Como se puede observar, será necesario hacer un seguimiento de la información que
la OCDE debe publicar en cuanto a los términos y fechas de ratificación de cada país,
con sus opciones y reservas, para tratar de conocer qué disposiciones de qué
convenios bilaterales se modifican, de qué modo y partir de cuándo.
Seguiremos informando…
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Itxaso Berrojalbiz
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Javier de Miguel
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$ Fiscalidad internacional (http://fiscalidadforal.garrigues.com/category/fiscalidadinternacional/)
% BEPS (http://fiscalidadforal.garrigues.com/tag/beps/), Convenio bilateral
José Manuel Peña
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(http://fiscalidadforal.garrigues.com/tag/convenio-bilateral/), Abuso de tratado
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/tag/%ef%80%ad-abuso-de-tratado/), Convenio fiscal
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/tag/%ef%80%ad-convenio-fiscal/), Convenio multilateral
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/tag/%ef%80%ad-convenio-multilateral/), Novedades
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& INTERESES DE DEMORA: ¿SON GASTO DEDUCIBLE EN
EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES? (II)
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Fondo de comercio financiero: la saga continúa
Fiscal, Fiscalidad internacional - 22/12/2016
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo públicas ayer sendas sentencias en dos casos de gran
trascendencia para España. El primero de ellos –y, sin duda, el que más atención mediática ha recibido- se refiere
a la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo hipotecarias, que había sido limitada por el Tribunal
Supremo. El Tribunal de Justicia ha considerado, sin embargo, que tal limitación de la retroactividad no protege de
forma adecuada ni suficiente a los consumidores.
Pero si este primer caso resulta relevante para el sistema bancario español y para los consumidores, el segundo no le va a
la zaga en cuanto a potencial impacto financiero para las empresas españolas. Nos referimos a la norma del Impuesto
sobre Sociedades que permitía a las empresas españolas que adquirían una participación en otra empresa extranjera
deducirse fiscalmente el fondo de comercio financiero derivado de dicha compra. En tres decisiones publicadas entre los
años 2009 y 2014, la Comisión Europea dictaminó que este incentivo fiscal era selectivo, ya que solo estaba disponible
para inversiones en el extranjero y no para inversiones nacionales, y que constituía, por tanto, una ayuda de estado
contraria al derecho europeo. Recordemos que, cuando de beneficios fiscales se trata, el carácter selectivo o no de la
medida en cuestión es la clave para considerar la existencia de una ayuda de estado y es el argumento esgrimido por la
Comisión en casos como el de los supuestos beneficios fiscales otorgados a conocidas multinacionales en diversos países
europeos.
Pues bien, en noviembre de 2014, el Tribunal General de la UE –que en materia de ayudas de estado actúa como tribunal
de primera instancia- anulaba las dos primeras decisiones de la Comisión, al considerar que esta no había acreditado
suficientemente que la legislación española fuese selectiva en el sentido del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea. El Tribunal General indicaba que, para poder concluir que la norma española era selectiva, la
Comisión tendría que haber sido capaz de identificar una categoría concreta de empresas que se beneficiaban de dicha
amortización fiscal del fondo de comercio, lo cual no había hecho. Insatisfecha con el resultado, Bruselas recurría en
casación al Tribunal de Justicia. Este le acaba de dar la razón, anulando las dos sentencias del Tribunal General, al que
reenvía los asuntos para que vuelvan a ser juzgados. La cuestión sigue, por tanto, abierta.
En cualquier caso, la sentencia dictada ayer en Luxemburgo supone un espaldarazo significativo para la Comisión, que
parece haber encontrado en la legislación en materia de ayudas de estado una herramienta capital para impulsar su

agenda de lucha contra aquellas prácticas fiscales de los estados que juzga perniciosas. De hecho, apenas dos horas
después de conocerse el veredicto del Tribunal de Justicia, la Comisión Europea emitía una nota de prensa felicitándose
por la resolución judicial, con la que sus decisiones recuperan plena vigencia, y recordando que incumbe ahora al
gobierno español la obligación de recuperar las deducciones disfrutadas por las empresas que se beneficiaron de la
amortización del fondo de comercio financiero. Esta es una de las paradojas de la normativa en materia de ayudas de
estado: cuando la Comisión concluye que un país ha legislado o actuado de forma contraria a derecho concediendo una
ayuda ilegal, la consecuencia práctica de la “condena” es un ingreso extra para la administración incumplidora.
Habrá que ver ahora cómo reacciona la administración española y si reactiva los procedimientos administrativos
tendentes a reclamar a los contribuyentes la devolución de las deducciones fiscales o si intenta persuadir al ejecutivo
comunitario de que las prisas son malas consejeras y que convendría esperar a la resolución judicial definitiva del caso.
Lamentablemente, y pese a que esto último sería lo más prudente, no parece que tenga un fácil encaje jurídico en la
medida en que las decisiones de la Comisión son ejecutivas y los recursos judiciales contra las mismas no suspenden su
eficacia. Toca, pues, estar atentos a los acontecimientos y prepararse para nuevas entregas de una saga que va camino de
convertirse en folletín. Entretanto, Feliz Navidad.
Etiquetas: Comisión Europea , Impuesto de sociedades , TJUE , Unión Europea
Contacto en PwC Tax & Legal Services
Carlos Concha
Socio especialista en Fiscalidad Internacional y
de la Unión Europea
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0 (http://fiscalidadforal.garrigues.com/el-control-judicial-mecanismo-paraenmendar-determinadas-actuaciones-de-la-administracion/#respond)
El control judicial: mecanismo para enmendar
determinadas actuaciones de la Administración
Publicado en 21/12/2016 (http://fiscalidadforal.garrigues.com/el-control-judicial-mecanismopara-enmendar-determinadas-actuaciones-de-la-administracion/)
por Arkaitz Landeta
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/author/alandeta/)
(http://www.poderjudicial.es/search/doAction?
En ocasiones la Agencia Tributaria estatal
actúa con un excesivo automatismo, que
puede llegar a afectar a los derechos del
administrado
Por suerte, existe una herramienta
fundamental para enmendar estos errores:
el control judicial. Veamos dos ejemplos.
En el primero
action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7760795&links=%22325%2F2014
%22&optimize=20160804&publicinterface=true), una entidad recibió una notificación
electrónica que contenía una liquidación millonaria. También contenía múltiples
páginas en blanco, entre ellas, las dos primeras, por lo que la persona que accedió al
buzón electrónico entendió que se trataba de un error informático y no leyó más allá.
Cuando, cuatro meses más tarde, la entidad recibió la providencia de apremio –esta
sin páginas en blanco– había transcurrido el plazo para impugnar la citada liquidación.
¿Y qué dice la Audiencia Nacional a este respecto? A su entender, ni la entidad (o su
personal) ni la Administración, que remite habitualmente una multiplicidad de
notificaciones sin páginas en blanco, habrían puesto la debida diligencia. Ahora bien,
deben ponderarse las consecuencias de ambas faltas de diligencia. Por ello,
concluye que debe anularse la providencia de apremio, y permitir a la entidad
impugnar la liquidación original.
En otras palabras, el error informático de la Agencia es disculpable, pero, por haber
incurrido en dicho error, la Administración debería haber sido flexible en cuanto a los
plazos de pago y de recurso.
En el segundo caso (http://www.poderjudicial.es/search/doAction?
action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7857079&links=&optimize=201611
04&publicinterface=true), el error de la Administración no se limitó a una cuestión
informática. Una sociedad perteneciente al sector público empresarial realizó una
operación sujeta al impuesto sobre operaciones societarias, declarándola como
exenta, al entender que le resultaba de aplicación la exención subjetiva aplicable al
Estado y a las Administraciones públicas. La Administración tributaria denegó la
exención y sancionó al contribuyente, al entender que no había actuado con la
suficiente diligencia. El tribunal de instancia aceptó la falta de diligencia ya que la
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AUTORES
Ainhoa Alustiza Kapanaga
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Aitor Ruiz de Alegría
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Aitor Salceda
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(2)
Ana Gonzalez Martinez
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(2)
Ane Basterrica Rodríguez

posición del contribuyente no correspondía a una interpretación razonable y tuvo en
cuenta que dicha empresa contaba con una notable capacidad económica y un más
que probable asesoramiento fiscal.
El Tribunal Supremo entiende que no cabe predicar la exención subjetiva respecto del
contribuyente. Ahora bien, señala que la culpabilidad del contribuyente no debe
analizarse atendiendo a sus circunstancias personales, como su capacidad
económica o la posibilidad de obtener asesoramiento. Además, dado el carácter
público-privado de las empresas del sector público empresarial, entiende que la
pretensión de que no existiese interpretación razonable alguna es “irreal”. Y en
consecuencia ordena la anulación de la sanción.
No es, ni con mucho, la primera vez que los tribunales ponen coto al automatismo de
la Agencia Tributaria estatal por imponer sanciones en prácticamente toda
regularización tributaria.
Debemos felicitar a los tribunales por su labor de control y esperar que la
Administración preste la debida atención a los derechos del contribuyente y corrija
actuaciones como las descritas.
& Procedimiento tributario (http://fiscalidadforal.garrigues.com/category/procedimientotributario/)
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MEDIDAS BEPS EN LOS CONVENIOS BILATERALES
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Modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades y
Ley General Tributaria a consecuencia de la
aprobación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de
diciembre de 2016
El pasado sábado 3 de diciembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el
Real Decreto-ley 3/2016, por el que se adoptan medidas tributarias dirigidas a la consolidación
de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.
La adopción de estas medidas responde a la necesidad de contribuir a la corrección de los
desequilibrios que inciden negativamente en la economía española con el objetivo de hacerla
compatible con el cumplimiento de los compromisos de consolidación fiscal asumidos por
España en el ámbito de la Unión Europea.
De entre las medidas adoptadas en el citado Real Decreto-ley destacan, principalmente, las
que son objeto de la presente Nota Informativa y que afectan a la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), así como a la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria (LGT) en lo referente a las condiciones para solicitar
aplazamientos y/o fraccionamientos de determinadas deudas tributarias.
Barcelona, a 14 de diciembre de 2016
© Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios, S.L.P.
N.I.F. B-62340716 / VAT ES-B62340716
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Sociedad profesional inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 32.992, folio 165, hoja B-223.258.

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1.- Impuesto sobre Sociedades
Las medidas que afectan al Impuesto sobre Sociedades, parte de las cuales tienen efectos para
el propio ejercicio iniciado en el año 2016, persiguen un doble objetivo: aumentar la base
imponible del impuesto así como asegurar el nivel de recaudación adecuado de este impuesto.
A continuación, se resumen las medidas que afectan al ejercicio 2016 y, posteriormente, las
que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2017.
1.1.- Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de
enero de 2016
Limitación a la compensación de bases imponibles negativas (BINS) y de
activos por impuesto diferido
La normativa vigente hasta la aprobación del Real Decreto-ley 3/2016 establecía, para
todos los contribuyentes, un límite en la compensación de bases imponibles negativas
equivalente al 70% (60% para el 2016) de la base imponible previa a la reserva de
capitalización y a la compensación de las mismas. Dicho límite también resultaba de
aplicación para la deducción de activos por impuesto diferido (art. 12.11 LIS).
Tras la reforma aprobada, y para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de
negocios (INCN) de los 12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo sea
superior a los 20 millones de euros, dicha limitación tanto para BINS como para la
deducción de activos por impuesto diferido será la siguiente:
- El 50%, cuando el INCN de los 12 meses anteriores al inicio del periodo sea al
menos de 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros.
- El 25%, cuando el INCN de los 12 meses anteriores al inicio del periodo sea superior
a 60 millones de euros.
No obstante, se mantiene en cualquier caso la compensación de BINS hasta 1 millón
de euros.
Los mismos límites anteriores serán de aplicación a las Cooperativas cuyo INCN de los
12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo sea superior a los 20 millones de
euros (mediante una nueva Disposición Adicional en la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas). No obstante, en cualquier caso
se podrán compensar cuotas negativas hasta el importe que resulte de multiplicar por
1 millón de euros el tipo medio de gravamen de la entidad.
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Adicionalmente, se establece para las Cooperativas que la limitación no resultará de
aplicación en el importe de las rentas correspondientes a quitas y esperas
consecuencia de un acuerdo con los acreedores no vinculados con el contribuyente.
Limitación a la aplicación de deducciones por doble imposición
Asimismo, y también únicamente para aquellos contribuyentes cuyo INCN de los 12
meses anteriores al inicio del periodo impositivo sea superior a los 20 millones de
euros, se establece que el importe de las deducciones para evitar la doble imposición
internacional previstas en los artículos 31, 32, apartado 11 del artículo 100 así como las
reguladas en la Disposición Transitoria 23ª LIS, no podrá exceder conjuntamente del
50% de la cuota íntegra.
Reversión de pérdidas por deterioro de participaciones generadas en
períodos impositivos anteriores al ejercicio 2013
Se añade un importe mínimo de reversión lineal (aumento) durante cinco ejercicios a
partir del 2016 y correspondiente a las pérdidas por deterioro de participaciones que
hubieran tenido la consideración de fiscalmente deducibles con anterioridad al
ejercicio 2013. Es decir, en el ejercicio 2020 se deberá haber revertido todo el
deterioro.
No obstante, en aquellos casos en los que el importe resultante de la aplicación de la
regla general de reversión (prevista en la DT 16ª LIS) sea superior, será dicho importe
el que deberá integrarse, siendo el saldo restante el que deberá recuperarse a partes
iguales en los restantes períodos impositivos.
En caso de transmisión de dichas participaciones, deberá integrarse el importe
pendiente de revertir en el ejercicio en que se produzca la enajenación, con el límite
de la renta positiva obtenida en la misma.
Limitación a la integración de las pérdidas obtenidas en la transmisión de
establecimientos permanentes (EP)
En cuanto a las pérdidas generadas por la transmisión de un EP situado en el
extranjero (regulada en la DT 16ª LIS), se elimina la referencia al régimen de
reestructuraciones del artículo 77.1.b) LIS. En consecuencia, a partir de ahora, será
aplicable la limitación a cualquier transmisión de un EP situado en el extranjero.
Dicha limitación implica que la base imponible de la entidad residente en territorio
español (contribuyente) se incrementará en el importe del exceso de las rentas
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negativas netas generadas por el EP en periodos anteriores a 1 de enero de 2013 sobre
las rentas positivas netas generadas por el mismo EP a partir de esa fecha, con el límite
de la renta positiva derivada de la transmisión del EP.
1.2.- Con efectos para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de
enero de 2017
Restricción a la deducibilidad de los deterioros y las pérdidas por la
transmisión de participaciones en entidades y establecimientos permanentes
(a) Deterioros y pérdidas en la transmisión de participaciones en entidades o
establecimientos permanentes a las que les han sido de aplicación los artículos 21 y
22 LIS
Se establece la no deducibilidad:
(i) De los deterioros así como de las pérdidas derivadas de la transmisión de
participaciones que cumplan los requisitos para aplicar la exención sobre dividendos y
rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de
entidades residentes y no residentes si en el período impositivo en que se produce el
deterioro o la enajenación es de aplicación el artículo 21 de la LIS.
La no deducción de las pérdidas en caso de transmisión será parcial cuando el derecho
a aplicar la exención del artículo 21 LIS no se hubiese cumplido durante todos los años
de tenencia de la participación.
No obstante, se admite expresamente la deducibilidad de estas rentas negativas
generadas en el caso de extinción de la entidad participada, salvo que ésta sea
consecuencia de una operación de reestructuración (con independencia de que ésta se
haya acogido o no al régimen de neutralidad fiscal).
En ese caso, el importe de las rentas negativas que sea deducible se minorará en el
importe de los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad
participada en los diez años anteriores a la fecha de la extinción, siempre que los
mencionados dividendos o participaciones en beneficios no hayan minorado el valor
de adquisición y hayan tenido derecho a la aplicación de un régimen de exención o de
deducción para la eliminación de la doble imposición, por el importe de la misma.
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(ii) De las rentas negativas obtenidas en el extranjero mediante establecimiento
permanente o como consecuencia de la transmisión del mismo.
Sí serán deducibles las rentas negativas generadas en caso de cese del establecimiento
permanente. En este caso, el importe de las rentas negativas deducible se minorará en
el importe de las rentas positivas netas obtenidas con anterioridad y que hayan tenido
derecho a la aplicación de un régimen de exención o de deducción para la eliminación
de la doble imposición, por el importe de la misma.
(b) Minoración o no deducción de rentas negativas derivadas de participaciones a las
que no les ha sido de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 LIS
En relación con las rentas negativas obtenidas como consecuencia del deterioro y la
transmisión de las participaciones mencionadas:
- Se mantiene la no deducibilidad del deterioro de valores representativos de
cualquier participación a la que no le sea de aplicación el artículo 21 LIS.
- En relación con las rentas negativas derivadas de la transmisión de este tipo de
participaciones (con excepción de aquellas en entidades no residentes que no
cumplan los requisitos mínimos de tributación del artículo 21.1.b) de la LIS), se
integrarán en la base imponible pero se minorarán en el importe de la renta
positiva generada en una transmisión intra-grupo precedente a la que se
hubiera aplicado un régimen de exención o de deducción para eliminar la doble
imposición.
Adicionalmente, el importe de las rentas negativas se minorará en el importe de
los dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la entidad participada
a partir del período impositivo que se haya iniciado en el año 2009, siempre que
los referidos dividendos o participaciones en beneficios no hayan minorado el
valor de adquisición y hayan tenido derecho a la aplicación de la exención para
evitar la doble imposición.
- No serán deducibles los deterioros o pérdidas derivadas de la transmisión de
participaciones en:
Entidades no residentes ubicadas en paraísos fiscales, excepto que residan
en un Estado miembro de la Unión Europea y el contribuyente acredite que
su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos y que
realiza actividades económicas.
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Territorios que no alcancen un nivel mínimo de tributación (la norma se
remite al apartado b) del artículo 21.1, en el que se establece el tipo nominal
mínimo del 10%).
- Por último, se elimina la regla especial relativa a las rentas negativas obtenidas
en transmisiones sucesivas de valores homogéneos (que aplicarán las reglas
generales).
(c) Régimen de diferimiento de rentas negativas derivadas de transmisiones intragrupo
de participaciones a las que no les ha sido de aplicación el artículo 21 LIS
- La regla especial de imputación temporal para las pérdidas obtenidas en
transmisiones intra-grupo de participaciones, difiriéndolas al momento en que son
transmitidas a terceros ajenos al grupo o la entidad transmitente o la adquirente
dejan de formar parte del grupo, se mantiene únicamente para la transmisión de
participaciones que no cumplan con los requisitos del artículo 21.1.a) LIS y, en el
caso de no residentes, siempre que cumplan con el artículo 21.1.b) LIS.
- En esos casos, según la nueva redacción, esas pérdidas se han de minorar en todo
caso en el importe de las rentas positivas generadas en la transmisión a terceros
(dado que se elimina la referencia a la tributación mínima del 10%).
- En caso de extinción de la entidad participada, se podrán computar las pérdidas
salvo que se produzca como consecuencia de una operación de restructuración
(acogida o no al régimen especial de diferimiento) o se continúe en el ejercicio de la
actividad bajo cualquier otra forma jurídica.
(d) Régimen de las disminuciones de valor por aplicación del valor razonable de
participaciones
Tras la aprobación del Real Decreto-Ley, no son deducibles las disminuciones de valor
originadas en las participaciones que cumplan con los requisitos del artículo 21.1.a) LIS
por la aplicación del criterio del valor razonable que se imputen a la cuenta de
pérdidas y ganancias, salvo que previamente se hubiera integrado en la base imponible
un incremento de valor por el mismo importe como consecuencia de la participación
en valores homogéneos.
Esta misma regla se establece para las participaciones en entidades no residentes que
no cumplan los requisitos mínimos de tributación del artículo 21.1.b) de la LIS.
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Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores
representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes
en territorio español
(a) Limitación a la aplicación de la exención respecto de las participaciones valoradas
conforme al régimen especial de neutralidad fiscal (artículo 21.4 LIS)
Se establecen ciertas limitaciones en los siguientes supuestos:
(i)
Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a las reglas
del régimen especial del Capítulo VII del Título VII de esta Ley y la aplicación de
dichas reglas hubiera determinado la no integración de rentas en la base
imponible de este Impuesto, o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
derivadas de:
Aportación de la participación en una entidad que no cumpla el requisito de
la letra a) del apartado 1 del artículo 21 o, total o parcialmente al menos en
algún ejercicio, el requisito previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo
21.
La aportación no dineraria de otros elementos patrimoniales distintos a las
participaciones en el capital o fondos propios de entidades.
En este supuesto, la exención no se aplicará sobre la renta diferida en la entidad
transmitente como consecuencia de la operación de aportación, salvo que se
acredite que la entidad adquirente ha integrado esa renta en su base imponible.
(ii) Cuando la participación en la entidad hubiera sido valorada conforme a las reglas
del régimen especial del Capítulo VII del Título VII de esta Ley y la aplicación de
dichas reglas hubiera determinado la no integración de rentas en la base
imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, derivadas de la
aportación de participaciones en entidades.
En este supuesto, cuando las referidas participaciones sean objeto de transmisión
en los dos años posteriores a la fecha en la que se realizó la operación de
aportación, la exención no se aplicará sobre la diferencia positiva entre el valor
fiscal de las participaciones recibidas por la entidad adquirente y el valor de
mercado en el momento de su adquisición, salvo que se acredite que las personas
físicas han transmitido su participación en la entidad durante el referido plazo.
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(iii)
Se elimina la regla por la que se limitaba la exención en el caso de
transmisiones sucesivas de valores homogéneos.
Se incorporan determinadas modificaciones técnicas adicionales en la
normativa del Impuesto sobre Sociedades y en el régimen de las Sociedades
Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) en
relación con las reglas relativas a la exención
En concreto, en la Ley 11/2009, reguladora de las SOCIMI, se establece que cuando el
transmitente o perceptor sea un contribuyente del Impuesto sobre Sociedades o del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente, no será
de aplicación la exención establecida en el artículo 21 LIS “en relación con las rentas
positivas obtenidas”.
Normas para evitar la doble imposición en operaciones acogidas al régimen
especial de neutralidad fiscal (artículo 88 LIS)
Se establece que, a efectos de evitar la posible doble imposición que pudiera
producirse en operaciones de aportación no dineraria o canje de valores, los beneficios
distribuidos con cargo a rentas imputables a los bienes aportados darán derecho a la
exención sobre dividendos, cualquiera que sea el porcentaje de participación del socio
y su antigüedad.
Dicho criterio se aplicará respecto de las rentas generadas en la transmisión de la
participación o a través de cualquier otra operación societaria cuando, con carácter
previo, se hayan integrado en la base imponible de la entidad adquirente las rentas
imputables a los bienes aportados.
En caso de no haber podido evitar la doble imposición generada, la entidad adquirente
practicará, en el momento de su extinción, los ajustes de signo contrario a los que
hubiere practicado por aplicación de las reglas de valoración. Estos ajustes de signo
contrario también podrán practicarse con anterioridad a su extinción, siempre que se
pruebe que se ha transmitido por los socios su participación y con el límite de la
cuantía que se haya integrado en la base imponible de estos con ocasión de dicha
transmisión.
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2.- Ley General Tributaria
Se modifica el artículo 65.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativo
a las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias.
Concretamente, y con efectos a partir de 1 de enero de 2017, se añaden tres nuevos supuestos
de inadmisión de aplazamientos y fraccionamientos en relación con las siguientes deudas:
- Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o parcialmente
desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación económico-administrativa o en
un recurso contencioso-administrativo que previamente hayan sido objeto de
suspensión durante la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.
- Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos (por ejemplo, el IVA),
salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido
efectivamente pagadas.
- Las obligaciones tributarias que deban cumplir los obligados a realizar pagos
fraccionados del IS.
Además, se elimina la excepción normativa que permitía, bajo ciertas condiciones, solicitar
aplazamientos o fraccionamientos de las retenciones e ingresos a cuenta.
En cualquier caso, se inadmitirá toda solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de las
deudas que se consideran inaplazables, por lo que estas solicitudes se tendrán por no puestas
y, en consecuencia, se iniciará automáticamente el periodo ejecutivo.
Por otro lado, se establece expresamente que no podrá realizarse el pago en especie de
aquellas deudas que resulten inaplazables.
No obstante, los aplazamientos o fraccionamientos cuyos procedimientos se hayan iniciado
antes del 1 de enero de 2017 se regirán por la normativa anterior.
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Personas de contacto:
Eduard Gracián Moreno
Asociado del Área Fiscal de Durán-Sindreu
egracian@duransindreu.com
Gorka Alonso-Cuevillas
Abogado del Área Fiscal de Durán-Sindreu
galonsocuevillas@duransindreu.com
Esta publicación contiene exclusivamente información general sobre la materia analizada. A través de la
misma Durán-Sindreu no emite opinión jurídica o técnica relativa a ningún supuesto concreto.
Antes de tomar cualquier decisión sobre un caso particular le recomendamos consultarnos para adoptar
una solución a su caso concreto o acudir a un asesor profesional con la debida cualificación. Duran-
Sindreu no asumirá ninguna responsabilidad en caso de que la información expuesta no sea adaptada a
un caso particular.
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13/01/2017
Tirada:
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Económicos
Iuris
67
AREA (cm2): 304,7 OCUPACIÓN: 48,9% V.PUB.: 5.560 NOTICIAS DE IHE||FUNCION PUBLICA
67 IURIS
13 ENERO 2017
[A fondo]
• elftconomista
I elEconomista
Real Decreto Ley 3/2016,
más de lo mismo
POR RICARDO PERPINAN GIROL Doctor en Derecho. Secretario general de Asefiget
Ahora será muchísimo más fácil motivar
las denegaciones de aplazamientos o fraccionamientos
El cuerpo de funcionarios de la Administración
Tributaria se encuentra al servicio de los obligados tributarios
Este sorprendente y excepcional Real Decreto se justifica
con el objetivo de cumplir con el déficit público que impone
a España la normativa europea, en concreto el 3 , 1 por ciento,
para el próximo ejercicio 2017. Si bien es loable la actitud
del Gobierno, el fin no justifica los medios. La técnica
legislativa por la que se ha optado no es la más adecuada; el
uso del Real Decreto Ley en la elaboración de normas tributarias
debe ser la excepción y no la norma, pero por desgracia
es por la que vienen optando los gobiernos de turno, que
no son capaces de hacer unas mínimas previsiones a corto o
medio plazo. Sería conveniente que las medidas tributarias
de próxima aprobación se anunciasen con antelación.
ste sorprendente y excepcional Real Decreto se jus-
con el objetivo de cumplir con el déficit públi-
Etifica
co que impone a España la normativa europea, en concreto
el 3,1 por ciento, para el próximo ejercicio 2017. Si
bien es loable la actitud del Gobierno, el fin no justifica
los medios.
En primer lugar, la técnica legislativa por la que se ha
optado no es la más adecuada; el uso del Real Decreto
Ley en la elaboración de normas tributarias debe ser la
excepción y no la norma, pero por desgracia es por la que
vienen optando los gobiernos de turno, que no son capaces
de hacer unas mínimas previsiones a corto o medio
plazo.
Sería conveniente que las medidas tributarias de próxima
aprobación se anunciasen con una antelación suficiente,
y que los afectados puedan exponer su opinión, dejando que los grupos parlamentarios puedan
proponer sus ideas o enmiendas. Lo contrario conculca la seguridad jurídica a la que tienen
derecho los afectados por la norma.
En segundo lugar, es reprochable la fecha de publicación del RDL, a finales del ejercicio, y lo más pernicioso,
la retroactividad económica, a todo el ejercicio 2016, en cuanto a las modificaciones del
Impuesto Sobre Sociedades, retroactividad que echa por tierra cualquier previsión realizada por las
empresas. En este sentido, se ha publicado en los medios que la Patronal CEOE está estudiando la
posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto Ley, entendiendo,
como creo que entendemos la mayoría de los operadores del Derecho Tributario, que esta técnica
no es admisible, sino que se trata de una técnica legislativa muy perjudicial, manifiestamente
mejorable y deja en muy mal lugar la imagen de España.
En tercer lugar, el RDL vuelve a conculcar la seguridad jurídica de los obligados tributarios, en el sentido
del mantenimiento de un mínimo de estabilidad de las normas en el tiempo. Hay que recordar que
la Ley del Impuesto Sobre Sociedades fue objeto de una reforma completa mediante la Ley 27/2014,
de 27 de noviembre. Algún autor ha tachado este RDL de medida de ingeniería recaudatoria.
En cuarto lugar, entrando en las disposiciones del RDL, preocupa considerablemente las restricciones
a las posibilidades de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias, mediante la
modificación de los artículos 60.2 y 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En el artículo publicado en esta revista, en fecha 14 de octubre de 2016, ya indicábamos que el
TS, en su reciente Sentencia del 13 de octubre de 2015, ha concluido que "el aplazamiento no es
una discrecionalidad de la Administración, sino que tiene la naturaleza de derecho subjetivo de los
contribuyentes, siempre que se den las circunstancias y se cumplan los requisitos a los que el legislador
condiciona su concesión".
En este sentido, el preámbulo de la Instrucción 4/2014, de 9 de diciembre, expone que esta
norma tiene como finalidad "la ayuda a la continuidad de la actividad de empresas y negocios
viables", si bien aplicándose con rigor. Este rigor viene primando en detrimento de la viabilidad
d e las empresas, tal y como se viene demostrando en
la práctica y corrobora el RDL que venimos comentando,
pues es claro y notorio que, en poco más de un
año desde la publicación de la Orden
HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva
el límite exento de la obligación de aportar garantías
e n las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento
a 30.000 euros, a partir del 21 de octubre de 2015 -
Orden que tenía como objetivo otorgar facilidades al
obligado al pago para el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias ante dificultades económico-financieras
de carácter transitorio-, se publique este RDL
E s p e c i e
in AEAT de Madnd
Deíegacten
por el que se pasa del fomento de los aplazamientos M. CAVI ED ES
o fraccionamientos por parte de la Administración
Tributaria, a un endurecimiento incomprensible de los
mismos, hecho que viene a suponer una incoherencia
del Ejecutivo, difícil de entender y que vuelve a conculcar la seguridad jurídica de los administrados.
Creo firmemente que el cuerpo de funcionarios de la Administración Tributaria se encuentra al
servicio de los obligados tributarios y que, dentro de estos servicios, debe atender a cada caso particular
en lo referente a los aplazamientos y fraccionamientos que se soliciten, motivando mínimamente
las razones en base a las cuales se acuerdan las denegaciones de estos. En este sentido,
ahora será muchísimo más fácil motivar las denegaciones de aplazamientos o fraccionamientos
con la simple remisión a este Real Decreto Ley, olvidando un hecho fundamental, como es la pervivencia
de las empresas y los autónomos, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y,
muchas de ellas, abocadas a un procedimiento concursal,
situaciones nada deseables para la maltrecha economía
nacional.
No debemos olvidar que los aplazamientos o fraccionamientos
concedidos por la Administraciones Tributarias
tos concedidos por la Administraciones Tributarias no son
No debemos olvidar que los aplazamientos o fraccionamien-
no son gratis y, en la mayoría de concesiones, viene exigiéndose
una garantía consistente en aval bancario, segu-
una garantía consistente en aval bancario, seguro de cau-
gratis y, en la mayoría de concesiones, viene exigiéndose
ro de caución o hipoteca inmobiliaria, entre otras.
ción o hipoteca inmobiliaria, entre otras. La inmensa mayoría
de organizaciones y asociaciones de fiscalistas han cri-
La inmensa mayoría de organizaciones y asociaciones
d e fiscalistas han criticado el precitado Real Decreto Ley,
ticado el precitado Real Decreto Ley, por la gran inseguridad
jurídica que ocasiona ser el único país en el que se va
entre otras cuestiones por la gran inseguridad jurídica
que ocasiona ser el único país en el que se va a tributar
a tributar por las pérdidas obtenidas con anterioridad, y
por las pérdidas obtenidas con anterioridad, y una serie una serie de perjuicios para las empresas que no ayudarán
d e perjuicios para las empresas que no ayudarán a la a la creación de empleo que, se supone, es el objetivo principal
para la reactivación de la economía.
creación de empleo que, se supone, es el objetivo principal
para la reactivación de la economía nacional.

Gregorio Labatut
¿Cómo se contabiliza un acta de la
Inspección Tributaria?
La respuesta la tenemos en la Resolución de 9 de febrero de 2016,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
desarrollan las normas de registro, valoración y elaboración de las
cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre
Beneficios, contempla en el artículo 18. Provisiones y
contingencias derivadas del impuesto sobre beneficios.
En este artículo se indica que, “1. De acuerdo con lo establecido
en la norma de registro y valoración sobre provisiones y
contingencias del Plan General de Contabilidad, con carácter
general, las obligaciones presentes de naturaleza fiscal, se deriven
o no de un acta de inspección, deberán ocasionar en el ejercicio
en que surjan, la correspondiente dotación a la provisión por el
importe estimado de la deuda tributaria.
2. La provisión a la que hace referencia el número anterior o, en
su caso, si se trata de importes determinados, la deuda con la
Hacienda Pública, se registrará con cargo a los conceptos de gasto
correspondientes a los distintos componentes que la integran.
3. El registro de las operaciones que se derivan del apartado
anterior, se realizarán según lo siguiente:
a) La cuota del impuesto sobre sociedades del ejercicio se
contabilizará como un gasto en la partida 17 “Impuesto sobre
beneficios”. A tal efecto se podrá emplear la cuenta 633. “Ajustes
negativos en la imposición sobre beneficios” contenida en la
cuarta parte del Plan General de Contabilidad.
b) Los intereses correspondientes al ejercicio en curso se
contabilizarán como un gasto financiero, que figurará en la partida
“Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
c) Los intereses y las cuotas correspondientes a todos los ejercicios
anteriores se contabilizaran mediante un cargo en una cuenta de
reservas cuando habiendo procedido el registro de la citada
provisión en un ejercicio previo, éste no se hubiese producido. Por
el contrario, si el reconocimiento o los ajustes en el importe de la
provisión se efectúan por cambio de estimación (consecuencia de

la obtención de información adicional, de una mayor experiencia o
del conocimiento de nuevos hechos), se cargará a cuentas del
subgrupo 63 por el importe que corresponde a la cuota y a cuentas
del subgrupo 66 por los intereses de demora, correspondan éstos al
ejercicio o a ejercicios anteriores.
d) La sanción producirá un gasto de naturaleza excepcional, que se
contabilizará mediante la cuenta 678. “Gastos excepcionales”.
Ante esto, hay que indicar que según la NRV 22ª CAMBIOS DE
CRITERIOS CONTABLES, ERRORES Y ESTIMACIONES CONTABLES, el
tratamiento contable es el siguiente:
• Cambios de criterio y errores: RETROSPECTIVO.
• Cambio en las estimaciones (Mayor información): PROSPECTIVO.
De tal modo que si la disparidad de criterio con la Agencia
Tributaria se debe a un error (equivocación del sujeto pasivo en la
confección de sus impuestos), el efecto de los intereses y las
cuotas de ejercicios anteriores se registrarían en cuentas de
reservas.
Mientras que si la disparidad de criterio se debe a un cambio en las
estimaciones o tener una mayor información sobre ciertos aspectos
de la legislación fiscal, en ese caso, el efecto de los intereses y las
cuotas de ejercicios anteriores se registrarían en cuentas de
resultados.
Por otro lado, la norma comentada, no sindica en el punto 4, que
“4. Los excesos que se puedan poner de manifiesto en la provisión
a que se ha hecho referencia, supondrán un cargo en la misma con
abono a los conceptos de ingreso que correspondan; en concreto,
los excesos que se produzcan en relación con el concepto de gasto
por impuesto sobre sociedades, supondrán una reducción en la
partida “Impuesto sobre beneficios” de la cuenta de pérdidas y
ganancias, para lo que se podrá emplear la cuenta 638. “Ajustes
positivos en la imposición sobre beneficios”; por su parte, los
excesos que se produzcan en relación con el concepto de intereses
correspondientes a ejercicios anteriores darán lugar a un abono en
la cuenta de reservas; por último, los excesos que se puedan poner
de manifiesto en relación con el concepto de sanción, figurarán en
la partida “Ingresos excepcionales””
Veamos un caso práctico:
Tras la inspección producida en los últimos cuatro años, el actuario
levanta la siguiente acta:
Cuotas del impuesto sobre beneficios del año no
declaradas……………………. 40.000 euros.
Intereses del año correspondiente a la cuota no declarada en el
ejercicio…… 3.200 euros.

Cuotas del impuesto sobre beneficios de años anteriores
……………………… 100.000 euros.
Intereses de cuotas de ejercicios
anteriores: ….
10.000 euros.
Sanción: …..
70.000 euros.
Total
deuda
tributaria:
223.200 euros.
PRECISIÓN: Los intereses por aplazamiento de deuda tributaria sí
que serían deducibles a partir del 1 de enero de 2015, pero la
sanción no sería deducible.
Supongamos en primer lugar que los motivos por los que se levanta
el acta, se tratan de un error por parte de la compañía, y en
segundo lugar supongamos que se trata de un cambio en las
estimaciones.
1. ERROR:
40.000
3.200
110.000
70.000
(633) Ajustes negativos en
la imposición sobre
beneficios.(62x) Gastos
financieros(11x) Reservas
(678) Gastos excepcionales
2.- CAMBIO EN LAS ESTIMACIONES:
(633) Ajustes negativos en
140.000 la imposición sobre
13.200 beneficios.(62x) Gastos
70.000 financieros(678) Gastos
excepcionales
(141) Provisión para
impuestosw 223.200
(141) Provisión para
impuestos. 223.200

08/01/2017
Tirada:
11.023
Categoría:
Catalunya
Difusión:
9.388
Edición:
Suplemento
Audiencia:
28.164
Página:
9
AREA (cm2): 395,8 OCUPACIÓN: 35,8% V.PUB.: 1.510 NOTICIAS DE IHE
Suministro inmediato de
información en el IVA
El pasado día 6 de diciembre
mientras celebrábamos
el día de la
Constitución, se publicó
en el BOE el Real Decreto
596/2016 para la modernización,
mejora e impulso del uso
de medios electrónico en la gestión
del IVA.
Dicha norma introduce una
serie de medidas contra el fraude
fiscal que afecta fundamentalmente
al Impuesto sobre el
Valor Añadido.
La novedad más importante
y que más inquietará a las empresas
afectadas es la instauración
del sistema de Suministro Inmediato
de Información (SII).
Se trata de un sistema muy moderno
de llevanza de los libros
Registro de IVA que ya se está aplicando
en otros países de la Unión
Europea y que comportará llevar
estos libros a través de la Sede
Electrónica de la AEAT.
Lidia
Pérez
Monguía
Socia Directora del Dep. Fiscal
del Bufet Hàbeas
Este nuevo sistema que entra
en vigor a partir del 1 de julio de
2017, en una primera fase solo
será obligatorio para las Grandes
Empresas, las empresas inscritas
en el Registro de Devolución
Mensual (REDEME) y los
inscritos en el Régimen Especial
del Grupo de Entidades, quedando
para el resto de contribuyentes
como una opción voluntaria
el acogerse al mismo, si bien
es de esperar que con el tiempo
acabe obligando a la totalidad.
Este sistema consiste en registrar
directamente en la sede
electrónica de la AEAT mediante
un servicio web toda la información
de las facturas emitidas
y recibidas. El suministro electrónico
de los registros de facturación
se realizará en el plazo
de cuatro días hábiles desde su
expedición en el caso de facturas
emitidas o desde su registro
contable en el caso de facturas recibidas.
Durante el segundo semestre
del ejercicio 2017 como
fase de adaptación este plazo se
amplía a ocho días naturales. Se
excluyen del cómputo los sábados,
los domingos los declarados
festivos nacionales.
Los libros a los que abarca esta
obligación son: los libros registro
de facturas emitidas, los libros
registro de facturas recibidas,
los libros de bienes de
inversión y los de determinadas
operaciones intracomunitarias.
A partir de ese momento además
de suministrar todos los datos
que actualmente constan en
dichos libros registro también
se amplían a datos tales como el
tipo de factura, el número de
DUA, número registro de factura,
descripción de la operación,
si son de régimen de caja u otros
regímenes especiales u otros que
se puedan establecer...
Por otro lado y para facilitar
su gestión, se amplía el actual
plazo para presentar sus autoliquidaciones
mensuales de IVA
diez días más, es decir hasta el
día 30 del mes siguiente al que finaliza
el período de liquidación
correspondiente.
Dado que con este sistema se
incrementan considerablemente
las obligaciones formales de las
empresas afectadas y dado que
la administración obtendrá casi
en tiempo real una información
muy detallada de todas las
operaciones realizadas por estas
se suprime la presentación
de determinadas de declaraciones
que ya no aportan ninguna información
nueva a la administración.
Así las empresas acogidas
a este sistema a partir de julio
de 2017 ya no deberán presentar
los modelos 340 (libros registro),
347 (operaciones con terceros)
y 390 (resumen anual).
Estamos ante una innovación
de considerable envergadura en
❝Con el nuevo sistema
las obligaciones
formales de las empresas
afectadas crecen
considerablemente
la aplicación de los impuestos
que va a suponer un cambio en
el sistema de funcionamiento interno
de las empresas y que además
deben afrontar una adaptación
en las aplicaciones informáticas
que permitan el
cumplimiento de las nuevas obligaciones
formales. Afortunadamente
han quedado eximidas las
pymes, aunque intuyo que será
solo transitoriamente y que la
aplicación se irá extendiendo a
más entidades.

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0 (http://fiscalidadforal.garrigues.com/el-iva-y-el-arrendamiento-de-viviendas-asociedades-una-loteria-ii/#respond)
El IVA y el arrendamiento de viviendas a
sociedades: una lotería (II)
Publicado en 13/01/2017 (http://fiscalidadforal.garrigues.com/el-iva-y-el-arrendamiento-deviviendas-a-sociedades-una-loteria-ii/)
por Arkaitz Landeta
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/author/alandeta/)
se le preguntara.
En una entrada anterior
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/el-iva-
y-el-arrendamiento-de-viviendas-a-
sociedades-una-loteria/) de 2014, nos
preguntábamos si estaba exento de IVA el
arrendamiento de una vivienda a una
sociedad para su uso por los empleados.
La respuesta era que dependía de a quién
Hagamos un breve repaso de los pronunciamientos hasta la fecha. Con el sí estaban
la Hacienda vizcaína (http://fiscalidadforal.garrigues.com/wpcontent/uploads/2017/01/HFB-Consulta-18.02.2013.pdf)
y la guipuzcoana
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/wp-content/uploads/2017/01/HFG-24.10.2016.pdf),
el TEAF vizcaíno (http://fiscalidadforal.garrigues.com/wpcontent/uploads/2017/01/TEAF-Bizkaia-18.12.2013.pdf)
y los Tribunales Superiores de
Justicia del País Vasco (http://fiscalidadforal.garrigues.com/wpcontent/uploads/2017/01/STSJPV-17.10.2011.pdf),
Madrid
(http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?
action=contentpdf&databasematch=AN&reference=5847001&links=%2275%2F2009%
22%20%221258%2F2010%22&optimize=20110210&publicinterface=true) y Cataluña
(http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?
action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6054187&links=%22151%2F2008
%22%20%22412%2F2011%22&optimize=20110721&publicinterface=true). Por otra
parte, la Dirección General de Tributos (http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?
num_consulta=V0854-16), el TEAC
(http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?
id=00/01334/2012/00/0/2&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d23%2f01%2f2014
%26fh%3d23%2f01%2f2014%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26
c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d1) y el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?
action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6124085&links=%22%20331%2F2
011%22&optimize=20110922&publicinterface=true) se habían decantado por la no
exención.
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AUTORES
Ainhoa Alustiza Kapanaga
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Aitor Ruiz de Alegría
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/author/aruizdealegria/)
(2)
Aitor Salceda
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/author/asalceda/)
(2)
Ana Gonzalez Martinez
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/author/agonzalez/)
(2)
Ane Basterrica Rodríguez

Pues bien, la ensalada de pronunciamientos se ve aliñada con dos nuevas
resoluciones del TEAC
(http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/Criterios.aspx?
s=1&c=0&fd=15/12/2016&fh=15/12/2016&tc=1&tr=0&tp=arrendamiento%20vivienda&)
. En estas resoluciones, el TEAC matiza su doctrina anterior, admitiendo la
aplicación de la exención del IVA para los casos en los que en el contrato de
arrendamiento se designe al usuario persona física de la vivienda y se prohíba la
posibilidad de cederla o subarrendarla.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este giro doctrinal?
Lo primero, el aviso a navegantes. A la luz de esta doctrina y dependiendo del
contenido de los contratos, las cuotas de IVA soportadas por el arrendador en la
adquisición o rehabilitación de las viviendas podrían corresponderse con la realización
de una actividad exenta sin derecho a deducción. Así, los arrendadores de viviendas a
empresas podrían ver cuestionada la deducción de estas cuotas.
No obstante, es posible que determinadas empresas arrendatarias de viviendas
reciban estas resoluciones con los brazos abiertos. Así, siempre que los contratos
reúnan las características citadas por el TEAC, los arrendatarios que no se hubieran
deducido parte o la totalidad del IVA soportado (por ejemplo, por estar en prorrata)
tendrán ahora la oportunidad de recuperar las cuotas de IVA soportadas y no
deducidas. También tendrán la oportunidad de adaptar los contratos que suscriban
para dejar de soportar cuotas de IVA que no puedan deducirse.
Por todo lo anterior, debemos trasladar, tanto a arrendadores como arrendatarios, la
recomendación generalizada de revisar la situación de los arrendamientos de vivienda
para empleados, suscritos o por suscribir.
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/author/abasterrica/)
(1)
Ángel Gómez-Iglesias
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/author/agomeziglesias/)
(2)
Antonio Matute
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(4)
Antonio Olivera Tizne
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(35)
Antonio Rego
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(1)
Arkaitz Landeta
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(14)
Begoña Beltrán de Heredia
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(1)
Carlos Ganuza
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(1)
Daniel Armesto
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(28)
David Pérez Basconcillos
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Editor
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Estíbaliz León
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Gonzalo Molleda
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% IVA (http://fiscalidadforal.garrigues.com/category/iva/) & Arrendamiento de viviendas
a personas jurídicas (http://fiscalidadforal.garrigues.com/tag/arrendamiento-de-viviendas-apersonas-juridicas/)
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El IVA y el arrendamiento de viviendas a
sociedades: una lotería (II)
Publicado en 13/01/2017 (http://fiscalidadforal.garrigues.com/el-iva-y-el-arrendamiento-deviviendas-a-sociedades-una-loteria-ii/)
por Arkaitz Landeta
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se le preguntara.
En una entrada anterior
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/el-iva-
y-el-arrendamiento-de-viviendas-a-
sociedades-una-loteria/) de 2014, nos
preguntábamos si estaba exento de IVA el
arrendamiento de una vivienda a una
sociedad para su uso por los empleados.
La respuesta era que dependía de a quién
Hagamos un breve repaso de los pronunciamientos hasta la fecha. Con el sí estaban
la Hacienda vizcaína (http://fiscalidadforal.garrigues.com/wpcontent/uploads/2017/01/HFB-Consulta-18.02.2013.pdf)
y la guipuzcoana
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el TEAF vizcaíno (http://fiscalidadforal.garrigues.com/wpcontent/uploads/2017/01/TEAF-Bizkaia-18.12.2013.pdf)
y los Tribunales Superiores de
Justicia del País Vasco (http://fiscalidadforal.garrigues.com/wpcontent/uploads/2017/01/STSJPV-17.10.2011.pdf),
Madrid
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22%20%221258%2F2010%22&optimize=20110210&publicinterface=true) y Cataluña
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%22%20%22412%2F2011%22&optimize=20110721&publicinterface=true). Por otra
parte, la Dirección General de Tributos (http://petete.minhafp.gob.es/consultas/?
num_consulta=V0854-16), el TEAC
(http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?
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c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d1) y el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
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Pues bien, la ensalada de pronunciamientos se ve aliñada con dos nuevas
resoluciones del TEAC
(http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/Criterios.aspx?
s=1&c=0&fd=15/12/2016&fh=15/12/2016&tc=1&tr=0&tp=arrendamiento%20vivienda&)
. En estas resoluciones, el TEAC matiza su doctrina anterior, admitiendo la
aplicación de la exención del IVA para los casos en los que en el contrato de
arrendamiento se designe al usuario persona física de la vivienda y se prohíba la
posibilidad de cederla o subarrendarla.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este giro doctrinal?
Lo primero, el aviso a navegantes. A la luz de esta doctrina y dependiendo del
contenido de los contratos, las cuotas de IVA soportadas por el arrendador en la
adquisición o rehabilitación de las viviendas podrían corresponderse con la realización
de una actividad exenta sin derecho a deducción. Así, los arrendadores de viviendas a
empresas podrían ver cuestionada la deducción de estas cuotas.
No obstante, es posible que determinadas empresas arrendatarias de viviendas
reciban estas resoluciones con los brazos abiertos. Así, siempre que los contratos
reúnan las características citadas por el TEAC, los arrendatarios que no se hubieran
deducido parte o la totalidad del IVA soportado (por ejemplo, por estar en prorrata)
tendrán ahora la oportunidad de recuperar las cuotas de IVA soportadas y no
deducidas. También tendrán la oportunidad de adaptar los contratos que suscriban
para dejar de soportar cuotas de IVA que no puedan deducirse.
Por todo lo anterior, debemos trasladar, tanto a arrendadores como arrendatarios, la
recomendación generalizada de revisar la situación de los arrendamientos de vivienda
para empleados, suscritos o por suscribir.
(http://fiscalidadforal.garrigues.com/author/abasterrica/)
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Ángel Gómez-Iglesias
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cuando hay que
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previas
¿Está obligada
Hacienda a explicar de
dónde sale el valor
catastral que utiliza en la
comprobación de valores?
el 16 Enero 2017. Publicado en ITPAJD
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Uno de los métodos de
comprobación de valores más
frecuentemente utilizados por las
Comunidades Autónomas es el del
57.1.b) de la Ley General
Tributaria, que suele concretarse
en la aplicación de un coeficiente sobre el valor catastral.
Una reciente sentencia del TSJ de Andalucía sin embargo,
facilitará la impugnación de las liquidaciones así dictadas,
al obligar a Hacienda a explicar al contribuyente de dónde
sale el concreto valor catastral utilizado en la valoración.
El método del 57.1.b) es, como hemos dicho, uno de los
métodos más utilizados en la comprobación de valores, con
vistas a revisar la base imponible declarada por los
contribuyentes en el ITP y en el Impuesto de Sucesiones
y Donaciones. Su aplicación es prioritaria en Comunidades
Autónomas como la de Andalucía, Asturias, Galicia,
Extremadura... Y en muchas otras también se aplica, junto
con otros métodos.
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Se trata además de un método que, salvo en la
Comunidad Valenciana, está muy bien visto por distintos
Tribunales Superiores de Justicia. Normalmente, estos
Tribunales suelen reducir la cuestión litigiosa a los posibles
errores que existan en la identificación catastral del
inmueble. Surgen así cuestiones como si son válidas las
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Ático Jurídico en
prensa:

comprobaciones de valores que utilicen el valor catastral,
cuando hay discrepancias entre los metros cuadrados
reales y los que constan en el Catastro.
Pero lo que no se cuestiona es la falta de motivación de
este método de comprobación, considerándose que las
liquidaciones así dictadas están plenamente justificadas y
explicadas. Del mismo modo, tampoco se discute si este
método sirve realmente para determinar cuál es el valor
real de los inmuebles comprobados (base imponible del
ITP e ISyD).
Por ello, la sentencia que comentamos es particularmente
importante, al abrir una vía para la impugnación de las
comprobaciones de valores realizadas conforme al método
del artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria. Y
paradójicamente, dicha vía la ha abierto el TSJ de
Andalucía, uno de los Tribunales que más ha defendido la
aplicación de dicho método.
Para dicho TSJ, la Administración tiene la obligación de
razonar y justificar en la liquidación, de dónde ha obtenido
el valor catastral que aplica en la valoración. En concreto,
se queja el Tribunal de que en el expediente
administrativo del asunto que tuvo que resolver, sólo
obraba una certificación del Catastro, en la que no figuraba
el valor catastral del inmueble. Por tanto, en estos casos el
Tribunal no puede saber de dónde saca la Administración el
valor catastral que ha utilizado en la valoración.
Pero no sólo eso, incluso aunque en el expediente obre el
valor del inmueble en la certificación del Catastro, la
Administración estará igualmente obligada a justificar
cómo se ha ido actualizando el valor catastral desde
que se aprobó la Ponencia de Valores, hasta llegar al
valor que se utiliza en la comprobación. Esto ocurrirá, por
ejemplo, en los casos en los que la Administración emplea
un valor aprobado hace años en una revisión catastral.
Se remite el TSJ de Andalucía a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo sobre la necesaria motivación de las
comprobaciones de valores, indicando que cuando la
valoración de la Administración no coincide con la del
contribuyente, ésta debe estar expresamente razonada y
fundamentada.

Todo ello le lleva a concluir que no estarán suficientemente
motivadas las valoraciones en las que no se explique cómo
se alcanza el valor catastral del inmueble actualizado al
año en que se produjo la transmisión sujeta al ITP o al
ISyD. Ni más concretamente, qué valor de partida y qué
coeficientes de actualización (aprobados sucesivamente
por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado) se
han tenido en cuenta para obtener el valor catastral que
finalmente se utiliza en la comprobación.
Estamos sin duda ante una interesante sentencia que abre
nuevas vías de impugnación para las comprobaciones de
valores realizadas conforme al artículo 57.1.b) de la Ley
General Tributaria, y que permitirá la anulación de muchas
liquidaciones.
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Inicio Presentación NotarTIC Contacto
La acefalia en las sociedades mercantiles
14 enero, 2017 / Autor: Luis Prados Ramos / en: Jurisprudencia práctica/Tribunales
Las sociedades mercantiles deben tener un órgano de administración, encargado en términos generales, de su gestión interna
y representación frente a terceros. Sin este órgano de administración la sociedad no puede funcionar, y por ello es una de las
menciones básicas que debe consignarse en la escritura de constitución.
I Jornadas NotarTIC de
Derecho Digital
Las causas de la acefalia.
Se llama situación de acefalia, en materia societaria, aquella en que una sociedad queda sin órgano de administración.
Las causas que puede dar lugar a ello pueden ser muy variadas, así a modo de ejemplo, se puede citar muerte o cese del
administrador único, de todos los administradores solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la
mayoría de los miembros del consejo de administración, o la caducidad del cargo por el cual fueron nombrados.
Por experiencia propia y que seguro es corroborada por muchos compañeros estás situaciones son mucho más frecuentes que
los se podría imaginar.
Jornadas Notartic de Derecho Digital Universidad,
Notarios y Juristas aportando valor al Mundo Digital
Los remedios:
Nuestras leyes que regulan las sociedades de capital prevén distintas medidas para evitar esta situación que llamamos de
acefalia.
Buscar...
a.- En caso de caducidad del cargo de administrador, la doctrina llamada del administrador de hecho, para evitar el
riguroso automatismo en el cese de los administradores, una vez transcurrido el plazo por el que fueron nombrados, ha sido
recogida en el artículo 222 LSC que concede un plazo de gracia, a la caducidad del nombramiento al señalar que “el
nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado junta general o haya transcurrido
el plazo para la celebración de la junta que ha de resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.” Y en igual
sentido se manifiesta el artículo 145 RRM. De todos modos si la Junta no se celebra la solución resulta insuficiente.
b.- La figura de los administradores suplentes permite salvar la eventualidad del cese por cualquier causa, de uno o
varios de los administradores, y así el artículo 216 LSC permite que “salvo disposición contraria de los estatutos sociales,
podrán ser nombrados suplentes de los administradores para el caso de que cesen por cualquier causa uno o varios de ellos.”
c.- El artículo 171 LSC permite en caso de muerte o de cese del administrador único, de todos los administradores
solidarios, de alguno de los administradores mancomunados, o de la mayoría de los miembros del consejo de administración,
por un lado, que cualquier socio pueda solicitar del Secretario judicial y del Registrador mercantil del domicilio social la
convocatoria de junta general para el nombramiento de los administradores; y por otro lado, que cualquiera de los
administradores que permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la junta general con ese único objeto.
d.- Y finalmente, cabe señalar que para conciliar el carácter voluntario del cargo de administrador con la necesidad de que la
sociedad no quede acéfala, en los casos de renuncia del administrador único o cuando siendo varios todos renuncian
simultáneamente, como ha señalado en reiterado ocasiones a DGRN, el/los administradores renunciantes, pese a su
decisión, están obligados a continuar al frente de la gestión hasta que la Sociedad haya podido adoptar las medidas
necesarias para proveer a dicha situación, lo que impone subordinar la inscripción de las renuncias cuestionadas hasta que
haya sido constituida la Junta General –que los renunciantes deben convocar– para que en ella pueda proveerse al
nombramiento de nuevos Administradores, evitando así una paralización de la vida social inconveniente y perjudicial, de la
que aquéllos habrían de responder.
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La sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 20 de octubre de 2016.
Hecha esta introducción nos vamos a introducir en el caso debatido por la sentencia de la Audiencia Provincial de
Toledo de 20 de octubre de 2016, que plantea varias situaciones curiosas, y que parte del siguiente supuesto de hecho:
En una situación de acefalia de una sociedad de responsabilidad limitada que deriva del fallecimiento de uno de sus
administradores mancomunados, por parte del otro administrador se convoca junta, formalmente al amparo del artículo
171 LSC, pero incluyendo en el orden del día la modificación del sistema de administración de la sociedad.
Celebrada la Junta se acuerda con el voto favorable del administrador nombrado y la abstención de los
herederos del administrador fallecido, la modificación del sistema de administración, pasando a ser administrada la
sociedad por un administrador único, designándose para tal cargo al administrador mancomunado convocante de la Junta.
Toda esta actuación es aparentemente legal, pero a pesar de ello por se demanda por los herederos del administrador fallecido
la nulidad de los acuerdos sociales adoptados y la cancelación en el Registro Mercantil de la inscripción de los acuerdos
que se declaran nulos y los posteriores contradictorios, y así falla la sentencia, pero por una cuestión de prueba, pues pone en
duda que la Junta fuese universal y que el acta de la junta, reflejare la verdad, ya que fue confeccionada sin intervención del
representante de la actora, que no firmó más que el folio primero de ella, en el que no consta ninguno de aquellos extremos
tan importantes para la apelante.
No obstante, todo lo debatido nos permite centrarnos en cuestiones muy frecuentes del derecho de sociedades:
Las facultades del artículo 171 LSC y la Junta Universal.
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El artículo 171 LSC (modificado por la Ley de Jurisdicción Voluntaria) concede una legitimación especial a cualquiera
de los socios para solicitar la convocatoria de la Junta (la otrora judicial) o bien a los administradores para que la convoquen
por si, pero únicamente con la finalidad de que se proceda al nombramiento de un nuevo administrador que supla la vacante
que se haya producido y que paraliza la actuación de la sociedad.
Es por ello, que el demandado busca en su argumentación decir que la Junta fue Universal, pues si la demandante estuvo
en la Junta y no puso objeciones a su válida celebración, la Junta era competente para tratar cualquier asunto, no estando
limitada a suplir el administrador fallecido, que es lo que permite el artículo 171 LSC.
A pesar de los requisitos formales que regulan la constitución de las Juntas de socios, por experiencia, la mayoría de las
Juntas son de carácter universal. En estos casos, lo requisitos de constitución son más laxos, pues cuando concurra presente
o representado la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión, la junta
general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, y podrá reunirse
en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero, muy habitualmente en la propia notaría.
El sentido de la abstención.
Igualmente dice el demandado que la demandante puedo votar en contra del acuerdo, pero simplemente se abstuvo.
En la sociedad de responsabilidad limitada los acuerdos de la Junta General de socios, dentro del ámbito de su competencia,
deben adoptarse como una mayoría de votos válidamente emitidos, siempre que representen, al menos un tercio de los
votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social, si bien hay determinados acuerdos que
por su transcendencia, deben tener una mayoría reforzada, de más de la mitad de los votos correspondientes a las
participaciones en que se divida el capital social o de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las
participaciones en que se divida el capital social (artículos 198 y 199 LSC).
Por vía estatutaria, para todos o algunos asuntos determinados, los estatutos podrán exigir un porcentaje de votos favorables
superior al establecido por la ley, sin llegar a la unanimidad y podrán exigir, además de la proporción de votos legal o
estatutariamente establecida, el voto favorable de un determinado número de socios (artículo 200 LSC).
La abstención significa no votar ni a favor ni en contra de un determinado acuerdo, por ello si los socios que representan el
mínimo legal o estatutario, votan a favor el acuerdo, este podrá ser adoptado, siempre que no haya más que hayan votado en
contra.

La asistencia de los herederos y legatarios del socio en una Junta, sin haber aceptado o
repudiado la herencia o legado.
Se trata de una cuestión planteada por el demandado en la contestación a la demanda, y a veces se nos plantea también a los
Notarios cuando somos requeridos para levantar acta de una Junta de socios. Se pretende por parte de algunos socios negar
el derecho de asistir y votar en la Junta, cuando no se justifica, a través de la escritura pública haber aceptado la herencia o
legado, del socio fallecido.
La sentencia que comentamos trata también este tema señalando que la aceptación de la herencia puede producirse
(artículo 999 del Código Civil) expresa o tácitamente, y que en el caso debatido la aceptación tácita concurre, pues la
asistencia a la Junta revela claramente la voluntad de la heredera de hacer propios los derechos societarios del fallecido mas
allá de ser un acto provisional hasta decidir si acepta o no, siendo el ejercicio de la acción un acto formal que indica la
intención indiscutible de manifestarse ante todos como heredero.
En aquellos casos en que sean varios los herederos, y estando la herencia yacente, la asistencia a la Junta de socios es un acto
de administración del caudal relicto, que se rige por las normas de la comunidad de bienes, y por ello la representación de la
misma corresponde a cualquiera de los coherederos que no hayan renunciado a la herencia y por ello cualquiera de ellos
puede ejercitar las acciones útiles y beneficiosas para la misma.
Esta materia tiene una solución puntual dentro del derecho catalán, pues el artículo 427-33 CCCat señala que
en el legado de acciones y participaciones sociales, corresponde al legatario el ejercicio del derecho de voto a partir de la
delación, si es propietario de las mismas de acuerdo con los artículos 427-10 y 427-15, aunque la posesión no le haya sido
entregada por el heredero.
Y por otro lado al regular el Código Civil de Catalunya de modo detallado la comunidad hereditaria, las argumentaciones
de la sentencia, hechas en sede de derecho común, tendrían base legal más precisa pues como nos señala el artículo 463-4
CCCat, en defecto de una persona especialmente legitimada por el causante o nombrada por la autoridad judicial para
administrar la herencia, la administración del caudal hereditario corresponde a los herederos, que la ejercen de acuerdo con
lo establecido por los artículos 552-7 y 552-8. Estando, por otro lado, los coherederos legitimados individualmente para
hacer los actos necesarios de conservación y defensa de los bienes.
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de cara a una posible plusvalía
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juez
La transformación jurídica de un terreno prevalece sobre la
física de cara a una posible plusvalía
condena al Santander a indemnizar a un hipotecado
por incluirlo en el registro de morosos
publicado el 18/01/2017 | bajo Noticias Jurídicas
El Alto Tribunal establece en una reciente sentencia que no se precisa el inicio de la actividad física de
transformación de unos terrenos de cara a apreciar una plusvalía, si se efectúa la transformación jurídica
mediante la recalificación urbanística para convertir el suelo de industrial a residencial.
En el caso enjuiciado, el Tribunal Supremo, considera que el hecho de haber sido dotados unos
terrenos de la condición de solares para uso residencial, conlleva la incorporación de una notable
plusvalía como resultado de la actividad de ordenación urbanística.
En este sentido, se establece que a la hora de determinar si se ha producido o no una actividad
merecedora de la consideración de económica a los efectos de lo establecido en el artículo 25.2 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se debe precisar el momento
exacto en que se habría producido la afección de los activos al funcionamiento empresarial.
Cómo reclamo por hipotecas multidivisa
publicado el 18/01/2017 | bajo Artículos destacados
En la
En este caso, del examen de actos previos, coetáneos o posteriores a la urbanización de los terrenos, se
deduce que se ha producido el desarrollo de una actividad mercantil dirigida a la transformación no sólo
física, sino también jurídica de éstos, en el preciso momento en el que se convirtieron en aptos para la
urbanización.
apropiación indebida es necesaria la concurrencia
de elementos de tipo subjetivo
publicado el 17/01/2017 | bajo Jurisprudencia
Se
Se concluye que la ganancia patrimonial obtenida por la recurrente no es en modo alguno fruto del
azar, sino consecuencia directa de la iniciativa urbanística de recalificación del suelo, así como la
aprobación del proyecto de reparcelación, inicial y definitiva, con su correspondiente protocolización
notarial, actos todos ellos, sin cuya realización concatenada no se habría experimentado una plusvalía.
Puede consultar el texto completo de la sentencia en www.casosreales.es Marginal nº 70355543
activa la funcionalidad de guardado de borradores
de escritos en LexNET
publicado el 16/01/2017 | bajo Noticias Jurídicas
Se

debe analizarse cada caso concreto, pues resulta
necesario resolver si ha existido o no un contrato entre
las partes, particularmente un contrato de comodato,
caracterizado por la cesión gratuita de la cosa por un
tiempo determinado o para un uso concreto. ... Leer
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19/01/2017
$
47,100
Seguidores
La obligación de pagar alimentos a los hijos
menores no se extingue por haber
ingresado en prisión el alimentista
12/01/2017
Comentarios desactivados
en La obligación de pagar alimentos a los hijos menores no se extingue por haber ingresado en prisión el alimentista
El Alto Tribunal ha determinado, en una reciente sentencia que no se puede suspender la obligación de
prestar alimentos por el simple hecho de haber ingresado en prisión el progenitor alimentante, gravando
a la madre de los menores con la obligación de soportarlos en exclusiva. El Supremo establece en el caso
enjuiciado, que lo procedente será fijar siempre un mínimo ... Leer Más »
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13/01/2017
Tirada:
50.000
Categoría:
Económicos
Difusión:
30.000
Edición:
Iuris
Audiencia:
78.000
Página:
66
AREA (cm2): 302,6 OCUPACIÓN: 48,5% V.PUB.: 5.518 NOTICIAS DE IHE||SECTOR
66 IURIS
[A fondo]
I elKconomiata
I clEcoi
iala
Nuevo hito sobre la deducibilidad
de los intereses de demora
El último hito de esta cuestión es la sentencia
del Tribunal de Justicia de Aragón de 20 de julio de 2016
Este fallo confirma, en contra del criterio más reciente del
Teac, que los intereses de demora liquidados son deducibles
POR CRIST1NO FAYOS Socio Deloitte Legal
Son muchas y frecuentes las controversias que se generan
en el ámbito tributario. Afortunadamente, escasas como la
relativa a la deducibilidad, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades, de los intereses de demora liquidados por la
Inspección. La Resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Central (Teac) de 7 de mayo de 2015 fue el
desencadenante de que una discusión técnica -como tantas
otras- se convirtiese en una agria polémica.
Recordemos cómo en dicha Resolución se concluía en contra
de la deducibilidad fiscal. Pero lo más llamativo no es el
fallo -que lo es-, sino que se cambiase de criterio y que se
hiciese invocando unos pronunciamientos del Supremo.
o n muchas y frecuentes las controversias que se
Sgeneran en el ámbito tributario. Afortunadamente,
escasas como la relativa a la deducibilidad, a efectos del
Impuesto sobre Sociedades, de los intereses de demora
liquidados por la Inspección.
La Resolución del Tribunal Económico-Administrativo
Central (Teac) de 7 de mayo de 2015 fue el desencadenante
de que una discusión técnica -como tantas otrasse
convirtiese en una agria polémica.
Recordemos cómo en dicha Resolución se concluía
e n contra de la deducibilidad fiscal. Pero lo más llamativo
no es el fallo -que lo es-, sino que se cambiase de criterio
y que se hiciese invocando unos pronunciamientos
del Tribunal Supremo que se refieren a casos sujetos a
la antigua Ley 61/1978, que, a diferencia de la normativa
vigente desde la Ley 43/1995, condicionaban la deducibilidad de los gastos a su necesidad. El
Teac no solo no analiza la diferente regulación, sino que omite que los supuestos enjuiciados por
el Alto Tribunal lo son bajo una normativa distinta.
Además, destaca igualmente que el Teac cita una resolución anterior, no publicada, en la que
ya habría mantenido el mismo criterio -distinto del sostenido tradicionalmente-, con lo que se quería
poner de manifiesto su carácter reiterado y, por consiguiente, vinculante para la Administración
conforme a lo establecido en el artículo 239.7 de la Ley General Tributaria.
Pero la controversia no se limita a esta Resolución sino que, tras ella, la Subdirección General de
Ordenación Legal y Asistencia Jurídica de la Aeat y la Dirección General de Tributos (DGT) publican
una serie de documentos de forma alterna en los que sorprende cómo se afanan en pretender aclarar
y justificar los previamente emitidos por ambas partes.
En concreto, en relación con los emitidos por la Subdirección General en contra de la deducibilidad
de los intereses de demora, nos limitamos a reiterar que no podemos compartir su criterio. En
relación con los de la DGT, destacan gratamente las contestaciones a consultas vinculantes en la
que, en nuestra opinión, de forma breve pero de forma absolutamente contundente, se concluye a
favor de la deducibilidad bajo la Ley 27/2014. Sin embargo, decepciona cuando en su Resolución
d e 4 de abril de 2016, reitera su postura, manifestándose favorable a la deducibilidad de estos intereses,
pero especificando que este criterio no entra en contradicción con el mantenido por el Teac
e n su resolución de 7 de mayo de 2015, pues hace referencia a una norma distinta -el TRLIS-.
Afortunadamente, el último hito de esta cuestión es la sentencia del Tribunal de Justicia de
Aragón de 20 de julio de 2016 (rec. núm. 5/2015) en la que se falla que los intereses de demora
liquidados por la inspección son deducibles bajo la Ley 43/1995 y bajo el Texto Refundido de
2004, sin que la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a supuestos regulados por la Ley
61/1978 pueda entenderse aplicable bajo estos cuerpos normativos. Destaca, además, cómo la
sentencia cuestiona que la Resolución de la DGT de 4 de abril de 2016 trate de justificar que su
criterio se limita a la Ley 27/2014, ya que, a juicio del Tribunal -que compartimos plenamente-, la
regulación sobre esta cuestión no recoge ninguna modificación sustancial, más allá de incluir una
nueva restricción en la deducibilidad de los gastos. Por tanto, aunque el Tribunal no lo formule así,
implícitamente critica el intento de justificar que los intereses de demora sean únicamente deducibles
con la nueva Ley del Impuesto, si esta difiere únicamente en su precedente en que es más
restrictiva.
En definitiva, esta sentencia confirma, en contra del criterio más reciente del Teac, que los intereses
de demora liquidados por la inspección son deducibles bajo la Ley 43/1995 y bajo el Texto
Refundido de 2004.
Sin embargo, nos tememos que la litigiosidad pueda
continuar. Es posible que la Administración considere
que, en tanto la sentencia comentada no constituye
Nos tememos que la litigiosidad pueda continuar. Es posible
que la Administración considere que, en tanto la sen-
jurisprudencia, no está obligada a admitir con carácter
general la referida deducibilidad y, por tanto, habrá que
tencia comentada no constituye jurisprudencia, no está
estar atentos a los nuevos pronunciamientos que se
obligada a admitir con carácter general la referida deducibilidad
y, por tanto, habrá que estar atentos a los nuevos
vayan sucediendo sobre esta cuestión. Una vez más, la
controversia avoca a que los contribuyentes tengan que
pronunciamientos que se vayan sucediendo sobre esta
acudir de forma masiva a la jurisdicción contenciosoadministrativa,
inundando de recursos a nuestros tributribuyentes
tengan que acudir de forma masiva a la jurisdic-
cuestión. Una vez más, la controversia avoca a que los connales,
salvo que, como sería deseable, esta sentencia
ción contencioso-administrativa, inundando de recursos a
sirva de acicate para que el Teac revise su criterio, o
nuestros tribunales, salvo que, como sería deseable, esta
hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre esta
sentencia sirva de acicate para que el Teac revise su criterio,
hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.
cuestión y zanje definitivamente una polémica que dura
demasiado y cuya gestión está costando demasiado.

El concepto de ‘actividad
económica’
POR SARA ORRIOLS · 24 ENERO, 2017
A grandes rasgos el régimen de entidades dedicadas
al arrendamiento de viviendas (REAV) regulado en
la actual Ley el Impuesto sobre Sociedades (LIS) y en el
derogado Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades (TRLIS) permite a las entidades que
hayan optado por el mismo, beneficiarse de una
bonificación del 85% de la cuota íntegra del Impuesto
sobre Sociedades para las rentas procedentes del
arrendamiento de viviendas y del tipo reducido del 4%
de IVA en la adquisición de viviendas siempre que, a
las rentas derivadas de su posterior arrendamiento, les
sea aplicable la mencionada bonificación.
Si bien en sus orígenes el REAV resultaba aplicable a
las entidades cuyo objeto social exclusivo era el
alquiler de viviendas, para los periodos impositivos
iniciados a partir del 20 de noviembre de 2005, se

establece que podrán acogerse a este régimen aquellas
entidades que tengan como actividad económica
principal el arrendamiento de viviendas situadas en
territorio español.
Tanto la Dirección General de Tributos en numerosas
contestaciones a consultas tributarias como la mayoría
de los Tribunales Superiores de Justicia han
considerado que, tras el cambio normativo indicado,
para aplicar el REAV se exige expresamente que la
actividad de arrendamiento de viviendas se ejerza
como actividad económica debiendo acudir para
determinar si existe una actividad económica a lo
previsto en el artículo 27.2 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) en su
redacción vigente en aquél momento (local
exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de
la actividad y persona empleada con contrato laboral y
a jornada completa) haciendo una interpretación
integradora del ordenamiento jurídico, al no existir
una definición de actividad económica en el propio
TRLIS.
En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal
Económico Administrativo Central (TEAC) en el
marco de un procedimiento para la adopción de
resolución en unificación de criterio, en su resolución
de 5 de julio de 2016, al concluir que el concepto de
«actividad económica» al que aludía el derogado

TRLIS debe cumplir los requisitos contenidos en el
artículo 27.2 de la Ley del IRPF para que resulte de
aplicación el REAV.
Para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero 2015
deberá, no obstante, acudirse a la definición de
actividad económica de arrendamiento de inmuebles
del artículo 5 de la LIS que exige que se utilice para su
ordenación, al menos, una persona empleada con
contrato laboral y jornada completa, pudiéndose
determinar el concepto de actividad económica
teniendo en cuenta a todas a las sociedades que
formen parte del mismo grupo de sociedades según los
criterios establecidos en el artículo 42 del Código de
Comercio. Puntualizar que en varias Sentencias
recientes, el Tribunal Supremo ha considerado que no
es suficiente que se utilicen los medios mínimos
mencionados (empleado y local para ejercicios
iniciados con anterioridad a 1.1.15 y empleado para los
iniciados a partir de dicha fecha), sino que éstos deben
ser necesarios para realizar la actividad de
arrendamiento, para que ésta califique de actividad
económica.
Sara Orriols
Departamento de Derecho Tributario de Garrigues