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bajo la cortina de humo en la que pretenden
encerrarlo por conveniencia
lucrativa y el modelo impositivo del
Tío Sam.
Existe además una vulneración sistemática
de los Derechos Humanos que
sufren a diario los usuarios y pacientes
de cannabis en Colombia por parte de
las autoridades policiales. Las crecientes
cifras de personas condenadas por
tráfico de estupefacientes se apoyan
en muchas ocasiones en la condena a
personas que por sentir alivio a sus
patologías se vieron involucradas en
procedimientos policiales en su mayoría
abusivos. También hay acusaciones
penales a personas del movimiento cannábico
colombiano. El Lorito Dorado se
encuentra aún hoy privado de libertad
por hacer y buscar la medicina a partir
de los fitocannabinoides, aunque su
material vegetal tiene por origen a un
cultivo ilícito. Aceptamos una imposición
que prohíbe una fuente de medicina que
consideramos ancestral y artesanal por
no tener —dicen— evidencia científica.
Sin embargo, por tradición oral sabemos
que sí funciona para muchas patologías,
es por esto que cuando la ley es injusta,
lo justo y lógico es desobedecerla.
La ‘’ilegalidad’’ es la que ha permitido
sobrevivir y vivir dignamente a miles
de familias de escasos recursos en
un estado de necesidad justificable
para la obtención de cierto bienestar
y una calidad de vida para muchos
pacientes y usuarios. Cuando avanza
la regulación del uso medicinal del
cannabis en Colombia, se observa
una exclusión de la población civil,
activistas, madres, padres, usuarios,
pacientes, académicos y empresarios
nacionales, entre otros actores
colombianos, como los campesinos
e indígenas. Como consecuencia de
ser el eslabón débil de la cadena
del narcotráfico, han llevado consigo
todo el peso de la ignorancia
político-administrativa y legislativa,
y de los intereses particulares bien
marcados desde el inicio de la prohibición
en 1937. Por haber tenido una
participación marginal en el negocio
de la droga, han pagado las consecuencias,
situación bien diferente de
quienes impunemente se enriquecieron
injustamente.
Es por esto que convocamos multitudinarias
marchas cannábicas y otros
encuentros de activistas cannábicos.
Para mostrar el trabajo académico, cultural
e investigativo de personas, en su
mayoría jóvenes, como la ingeniera
industrial Yeny Rocío Jiménez, (acá
habría que hacer alguna alusión a
quién es este tipo, para uniformar con
el resto dle párrafo) Mario Francisco
Sánchez, activistas y estudiantes como
Samuel Barrera, el grupo de Abogados
Cannábicos representado por William
Álvarez, Herbal Nutracéutica S.A.S,
G MIRACLE S.A.S, representada por
Leandro L. Mcmahon, entre otras personas
naturales y jurídicas que han
gestionado proyectos agroecológicos
bio-ecosostenibles y humanos con habitantes
de la calle y personas de escasos
recursos y en grave estado de vulnerabilidad.
Estos emprendedores afirman
tener toda la capacidad para competir
contra las multinacionales, solamente
piden que la ley sea igual para todos
y no se interpreten sesgadamente los
articulados de la ley 1787 de 2016. A
ninguno de los empresarios nacionales
que vienen trabajando el tema del
cannabis desde hace muchos años, se
les expidió Licencia de Producción y
Fabricación con el Decreto del Ministro
de Salud y se justifican con la Licencia
de Ecomedics, los únicos nacionales en
obtener licencia que se van a beneficiar
de los frutos del fin de dos guerras, una
contra las Farc y otra contra la humanidad
y la población civil, es decir, la lucha
contra las drogas. Los canadienses disfrutaron
de los decretos y resoluciones
del Ministerio de Salud que sólo beneficiaron
a las multinacionales. Es injusto
que las normas nacionales sean letra
muerta para nosotros, pero no para las
multimillonarias empresas extranjeras.
El proyecto “Cannabis para todos”, liderado
por la Finca Interacviva, es una
red urbano-campesina que propende
al rescate de las plantas, la biodiversidad
y la investigación de usos alternativos
y terapéuticos de las plantas
consideradas ilícitas. Enmarcados en
la Constitución Nacional y los retos
del milenio propuesto por las Naciones
Unidas, la Finca Interacviva ha venido
desarrollando una cadena productiva
vinculativa, donde se crea conciencia
del mutualismo de calidad y de compromisos
con la legalidad. La necesidad de
crear nodos de convivencia y simbiosis
entre la gente de la ciudad y el campo,
nos hace proponer alternativas donde
podamos encontrarnos, compartir y
valorar el trabajo campesino e indígena.
Las herramientas de la tecnología
y la información posibilitan dinámicas
de encuentro y acercamiento al campo
por parte de personas de la ciudad que
podrán acceder al intercambio tanto
de conocimientos, como a ofertas de
bienes y servicios.
El activista Mario Francisco Sánchez
afirma que “nosotros hemos informado
a los usuarios sobre los cannabinoides
y su uso responsable, hemos creado
alianzas con la Universidad Nacional,
la Universidad Distrital, estamos en
negociaciones con la Incca y diferentes
profesionales del área de la salud y
de la medicina, para brindar un acompañamiento
y fármacovigilancia en lo
posible. Nosotros hemos suministrado
nuestros productos con el concepto
de un profesional médico y ha sido
difícil, al existir un vacío jurídico que no
permite interpretar sanamente las convenciones
internacionales, porque se
nos acusa de ilegales. Pero no lo somos
porque hacemos medicina y fomentamos
los buenos usos de las plantas
de poder. Respecto a la elaboración de
los productos, procuramos cumplir las
buenas prácticas de manufactura y de
laboratorio, elaborar nuestros productos
con protocolos y capacitarnos en
todo sentido, pues este es nuestro proyecto
de vida y no queremos ser excluidos.
Por esto fomentamos que quienes
trabajen con cannabis, lo hagan con
profesionalismo y con toda la dedicación.
Así es como nosotros hemos adecuado
nuestra empresa a las exigencias
reglamentarias para obtener licencia,
hicimos los protocolos de seguridad y
la guía antilavado de activos y antifinanciación
del terrorismo, nos inscribimos
ante la Unidad Administrativa Especial
del Fondo Nacional de Estupefacientes,
llenamos el formulario de inscripción
“ES INJUSTO QUE
LAS NORMAS
NACIONALES SEAN
LETRA MUERTA
PARA NOSOTROS,
PERO NO PARA LAS
MULTIMILLONARIAS
EMPRESAS
EXTRANJERAS”
de la página del Ministerio de Salud y
de la Protección Social, contratamos
personal idóneo como el director técnico
del proyecto ‘Cannabis para todos’,
radicamos los planes de cultivo, de producción
y fabricación, de comercialización
entre otros requisitos como el certificado
de tradición y libertad junto con
la autorización del dueño del predio;
solamente esperamos nuestra licencia
invocando el principio de igualdad”.
¿Por qué se le expide licencia a
PharmaCielo y a Cannavida, sin tener
laboratorio de producción y fabricación?
Existen laboratorios farmacéuticos
y fitoterapéuticos, constituidos
legalmente en Colombia desde hace
muchos años, que han pagado impuestos
y han logrado cumplir las exigencias
desorbitantes del INVIMA para
contar con certificado de buenas prácticas
de manufactura. El trato discriminatorio
que se le ha brindado a los
colombianos es malo. Son tantas las
cuestiones extrañas alrededor de los
trámites de las licencias de cannabis
que resulta difícil comprender; asoma
un contexto de corrupción y clientelismo
que nos agobia. Al parecer el
cannabis puede ser un tratamiento
para varias enfermedades, esperamos
también ayude al tratamiento del cáncer
de la corrupción.