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Inclusión financiera de pequeños productores rurales

Cada vez existe más evidencia empírica sobre el impacto positivo de la provisión y el uso responsable de servicios financieros formales, tanto en el bienestar de los hogares como en el desempeño de las empresas. A nivel individual, la inclusión financiera beneficia a hogares y pequeños productores rurales al facilitar la acumulación segura de activos, el apalancamiento de dichos activos para realizar inversiones en capital humano y físico, y una mejor gestión de riesgos. A nivel agregado, los efectos positivos están vinculados con la mejora en la asignación de recursos escasos entre las distintas actividades. No obstante los recientes avances en diferentes dimensiones de la inclusión financiera en América Latina y el Caribe, persisten importantes brechas que se acentúan en el ámbito rural, que históricamente ha sido desatendido por los proveedores tradicionales de servicios financieros. En este volumen se reseña la evolución reciente de las principales brechas en cinco países —Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y República Dominicana— que se encuentran en diferentes fases del diseño y la implementación de estrategias integrales de inclusión financiera. A partir del diagnóstico en una perspectiva comparada de la arquitectura institucional disponible, se identifican las principales barreras que impiden que pequeños productores del medio rural tengan acceso a los diversos servicios financieros ofrecidos y hagan un uso efectivo de ellos, con la finalidad de formular recomendaciones de políticas públicas orientadas a superar las restricciones detectadas.

Cada vez existe más evidencia empírica sobre el impacto positivo de la provisión y el uso responsable de servicios financieros formales, tanto en el bienestar de los hogares como en el desempeño de las empresas. A nivel individual, la inclusión financiera beneficia a hogares y pequeños productores rurales al facilitar la acumulación segura de activos, el apalancamiento de dichos activos para realizar inversiones en capital humano y físico, y una mejor gestión de riesgos. A nivel agregado, los efectos positivos están vinculados con la mejora en la asignación de recursos escasos entre las distintas actividades.
No obstante los recientes avances en diferentes dimensiones de la inclusión financiera en América Latina y el Caribe, persisten importantes brechas que se acentúan en el ámbito rural, que históricamente ha sido desatendido por los proveedores tradicionales de servicios financieros. En este volumen se reseña la evolución reciente de las principales brechas en cinco países —Costa Rica, El Salvador, Honduras, México y República Dominicana— que se encuentran en diferentes fases del diseño y la implementación de estrategias integrales de inclusión financiera. A partir del diagnóstico en una perspectiva comparada de la arquitectura institucional disponible, se identifican las principales barreras que impiden que pequeños productores del medio rural tengan acceso a los diversos servicios financieros ofrecidos y hagan un uso efectivo de ellos, con la finalidad de formular recomendaciones de políticas públicas orientadas a superar las restricciones detectadas.

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156 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)<br />

el 61,2% <strong>de</strong> la población nacional estaba bancarizada a inicios <strong>de</strong> 2014 3 . En<br />

términos <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong> crédito, se concluye que el 40% <strong>de</strong>l total <strong>de</strong> la<br />

población recibe algún tipo <strong>de</strong> financiamiento <strong>de</strong>l sistema financiero o <strong>de</strong><br />

instituciones <strong>de</strong> intermediación <strong>financiera</strong>. Estas cifras ubican a la República<br />

Dominicana por encima <strong>de</strong>l promedio regional.<br />

No obstante, en el país persisten brechas profundas y se observa que<br />

el uso <strong>de</strong> los distintos tipos <strong>de</strong> productos y servicios en casi todos los casos<br />

es significativamente mayor entre la población urbana que entre la rural.<br />

En respuesta a esta situación, durante los últimos años se ha puesto en<br />

marcha una serie <strong>de</strong> acciones con respecto al marco legal y regulatorio <strong>de</strong>l<br />

sistema financiero que han facilitado e impulsado el acceso a los servicios<br />

financieros y su utilización. La aprobación y la puesta en vigencia <strong>de</strong>l<br />

Reglamento <strong>de</strong> Microcréditos en 2014, y posteriormente <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong><br />

Protección a los Usuarios <strong>de</strong> Servicios y Productos Financieros en 2015, y <strong>de</strong><br />

sus modificaciones, propiciaron la profundización <strong>de</strong> la inclusión <strong>financiera</strong>.<br />

Asimismo, las flexibilizaciones <strong>de</strong>l Reglamento <strong>de</strong> Evaluación <strong>de</strong> Activos<br />

(REA) aprobadas a partir <strong>de</strong> 2005 también sirvieron para impulsar una<br />

cobertura más amplia <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong> crédito.<br />

En este mismo sentido, la mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Pagos, la<br />

facilitación y regulación <strong>de</strong> los procedimientos <strong>de</strong> emisión <strong>de</strong> tarjetas <strong>de</strong> crédito<br />

y <strong>de</strong> débito, la emisión <strong>de</strong> las tarjetas <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> subsidios gubernamentales<br />

y el surgimiento <strong>de</strong> las cuentas <strong>de</strong> usuarios <strong>de</strong> pagos móviles han impulsado<br />

la inclusión <strong>financiera</strong> <strong>de</strong> manera directa e indirecta. A<strong>de</strong>más, como parte<br />

<strong>de</strong> los esfuerzos para promover el uso <strong>de</strong> los servicios financieros, en<br />

2014 se realizó la primera Encuesta Nacional <strong>de</strong> Educación y Cultura Financiera<br />

(BCRD, 2014a), con la que por primera vez se midió a nivel nacional el grado<br />

<strong>de</strong> inclusión y se obtuvo una radiografía completa <strong>de</strong>l acceso a los servicios<br />

financieros <strong>de</strong> toda la población y <strong>de</strong> su grado <strong>de</strong> utilización.<br />

En este documento se argumenta que, con el objetivo <strong>de</strong> disminuir las<br />

brechas existentes en el acceso a los servicios financieros <strong>de</strong> pago, ahorro,<br />

crédito y aseguramiento, así como las brechas en su utilización, tanto entre<br />

los grupos poblacionales <strong>de</strong> los entornos urbano y rural como entre los<br />

grupos <strong>de</strong> alto, mediano y bajo nivel <strong>de</strong> ingreso, es necesario formular e<br />

implementar una estrategia integral y explícita <strong>de</strong> inclusión <strong>financiera</strong> en<br />

torno a los siguientes objetivos específicos:<br />

• fortalecer las capacida<strong>de</strong>s tanto <strong>de</strong> los usuarios tradicionalmente<br />

excluidos <strong>de</strong>l acceso a los servicios financieros y <strong>de</strong> su utilización,<br />

como <strong>de</strong> los proveedores <strong>de</strong> servicios financieros, en particular<br />

<strong>de</strong> las cooperativas, en lo atinente al diseño <strong>de</strong> los productos;<br />

3<br />

El término “bancarizado” es el utilizado en la encuesta para referirse a aquellos individuos<br />

que cuentan con algún tipo <strong>de</strong> instrumento bancario, como cuentas, préstamos o instrumentos<br />

<strong>de</strong> inversión.

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