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Sólo un interés

Sólo un interés general que sea concreto, específico, intenso, manifiesto y demostrado (interés general strictu sensu o in concreto) que objetivamente evaluado pruebe ser la decisión correcta o la mejor respuesta en un caso específico, puede ser adecuado para justificar una expropiación. Tal como lo ha destacado el autor Escola: “los actos administrativos no pueden fundarse en la invocación de cualquier tipo o clase de interés público, o en la existencia de un interés público no definido, difuso o general, sino que debe hacérselo sobre la base, en cada oportunidad, de la gestión del interés público concreto” (Hector Jorge Escola, El interés público como fundamento del Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1989, p. 167). El autor español García de Enterría también lo ha sostenido: “la Administración tiene la carga de alegar, probar y motivar en cada caso concreto la concurrencia de esa específica causa del interés público legitimador, sin que sea suficiente invocar su posición general de gestor ordinario de ese mismo interés” (Eduardo García de Enterría, Democracia, jueces y control de la Administración, Civitas, Madrid, 1997, p. 220). Los conceptos de utilidad pública e interés social, pues, son conceptos que pueden permitir actuaciones razonables y justificadas de las Administraciones públicas, pero a la vez son conceptos que operan como un límite objetivo rigurosísimo de todas las acciones de la Administración, la cual –ad essentia– está al servicio de los ciudadanos. Utilidad pública, interés social e interés general, además, son conceptos jurídicos indeterminados que deben ser leídos en armonía y respeto de los derechos individuales. No hay, por tanto, discrecionalidad expropiatoria. Y aun en el supuesto – negado– que académicamente se sostuviera que sí existe tal discrecionalidad el resultado limitador sería prácticamente el mismo, pues hoy día se reconoce en el derecho venezolano que las potestades discrecionales no son ilimitadas y no autorizan a dictar actos injustificados, subjetivos o arbitrarios. Muy al contrario, en los casos que se dice que excepcionalmente se permite el ejercicio de “potestades discrecionales”, tales potestades están limitadas de forma importante por los mismos principios y reglas del Derecho público venezolano, incluyendo base legal y fáctica, razonabilidad, congruencia, proporcionalidad. Sujetos, objeto, causa y contenido de la expropiación. 10 Roberth Escalona CJP-162-00160V Los sujetos de la expropiación Los artículos 3 y 6 de la Ley de Expropiación establecen quienes son los sujetos activos (legitimados activos) en el procedimiento expropiatorio. Las personas jurídicas estatales político-territoriales: Republica, Estados, Distrito Capital, Municipios. Las personas jurídicas estatales no territoriales: Institutos Autónomos (Institutos Públicos). Estos son los únicos entes con potestad expropiatoria, facultados para expropiar.

Sin embargo, la expropiación puede también ser realizada por empresas concesionarias o contratantes y empresas o compañías (artículo 12 Ley de expropiación) debidamente autorizadas por la Administración Pública y bajo subrogación de derechos. La potestad debería estar reservada únicamente al Estado. La disposición del artículo 12 comentado debe entenderse como una subrogación a partir de las relaciones surgidas con motivo de la decisión de expropiar por parte de la autoridad territorial competente. La potestad expropiatoria es intransferible, pues la afectación a expropiación siempre está en poder del ente territorial. Lo anterior se desprende de la frase “debidamente autorizadas” de los artículos 3 y 12 de la Ley de Expropiación. No está establecida en Venezuela la figura del beneficiario de la expropiación (tiene lugar cuando el destinatario del beneficio de la expropiación no sea la propia Administración solicitante de la misma, sino un sujeto distinto, por ejemplo, los concesionarios, los contratistas, empresas, etc.). No obstante, estas empresas actúan en el procedimiento expropiatorio como verdaderos beneficiarios, en virtud de la subrogación de obligaciones y derechos, de ahí se desprende que podrán ser parte en el procedimiento expropiatorio, pudiendo llegar por ejemplo, a acuerdos en el arreglo amigable con el sujeto expropiado y convenir con él en el importe del justiprecio. Los sujetos pasivos (legitimados pasivos) son todas aquellas personas naturales o jurídicas propietarias de los bienes sobre las cuales recaiga el decreto de afectación, así: “(…) no todo compareciente adquiere la legitimación pasiva de expropiado, ya que ésta sólo corresponde a quien de una manera fehaciente pruebe su condición de propietario del inmueble objeto de la expropiación…los demás comparecientes tendrán la condición de parte (en el sentido procesal o formal) en el proceso judicial, pero no la legitimación pasiva necesaria para que ellos cumplan y con ellos se cumplan las demás etapas del juicio expropiatorio…a algunos de tales comparecientes sólo les está permitido alegar sus respectivos derechos en el acto de la contestación de la solicitud, derechos que únicamente podrán hacer valer sobre la indemnización, después de dictada la sentencia definitiva … desde el punto de vista del derecho material solo son partes legítimas el ente expropiante y el propietario del inmueble…el que tenga un derecho real sobre el inmueble está calificado para hacer oposición por los mismos motivos que podría alegar el propietario, pero no tiene la legitimación pasiva necesaria para intervenir en todas las demás etapas del procedimiento, como son, entre otras, las del avenimiento y del justiprecio (…) Roberth Escalona CJP-162-00160V 11

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