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La utilidad pública y

La utilidad pública y el interés social como fundamentos de la expropiación La razón en virtud de la cual el Estado puede ejercitar válidamente la potestad expropiatoria se encuentra en la necesidad de atender a la utilidad pública o interés social, por lo que sólo en tal supuesto puede ser expropiado un determinado bien o derecho. La expropiación constituye la más grave afectación a que puede ser sometido el derecho de propiedad, ya que al entrar en conflicto el interés privado y el interés general, por encontrarse de por medio un fin de utilidad pública o de interés social, va a privar esta finalidad que es la que, en definitiva, va a justificar y legitimar el uso de la potestad expropiatoria. Se trata, por tanto, de un elemento esencial en la expropiación. El concepto de utilidad pública o interés social en modo alguno es unívoco, se trata de una noción contingente y circunstancial que varía en cada lugar y momento y que tiene un carácter evolutivo. Dicho concepto tiene claramente un carácter expansivo, derivado de la multiplicidad de fines que el Estado pretende abarcar, fines éstos que se hacen cada vez más numerosos. Sobre la condición no unívoca y expansiva del concepto de utilidad pública se pronunció la Sala Político- Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia la señalar: El concepto de utilidad pública por mutable es contingente y circunstancial, pues varía según la época, las circunstancias, el lugar y el ordenamiento jurídico vigente, la razón o causa de la expropiación, es la utilidad pública, y ésta se en extremo amplia y omnicomprensiva, es por ello, precisamente, que por virtud del régimen legislativo y creación jurisprudencial hubo de variarse la expresión ‘necesidad pública’ a ‘utilidad social’, así como otros conceptos más amplios, como el ‘interés general’, la utilidad o interés social; ‘el bien común’ entre otros. La utilidad pública o social aparece, así como la causa que legitima el ejercicio de la potestad expropiatoria y que se subsume dentro del género fin público. La utilidad pública y el interés social no sólo aparecen como fundamento de la potestad expropiatoria, sino que constituyen su causa y el límite más importante en orden a su ejercicio: la expropiación sólo procede, por causa de utilidad pública o social. Es por ello que el artículo 115 de la Constitución de 1999, prevé que la expropiación procederá sólo por causa de utilidad pública o de interés social. Igualmente, la LEXP en sus artículos 2 y 7 establece que la facultad expropiatoria del Estado debe ejecutarse en beneficio de una causa de utilidad pública o de interés social (art. 2) siendo necesario para ello «la existencia de una disposición formal que declare la utilidad pública» (art. 7, num. 1). Pero no basta el interés general o público que determina toda la actividad administrativa (incluyendo la actividad expropiatoria) sino que se requiere la individualización y predeterminación legal de ese interés general abstracto denominado utilidad pública o interés social, esto es, el cumplimiento efectivo de la causa expropiandi. 14 Aimé rodríguez CJP-161100826

De esta forma, como lo señala García de Enterría, la utilidad pública o el interés social que se pretende satisfacer con el ejercicio de la potestad expropiatoria de la Administración no sólo. Ha de justificarse en una finalidad legal de utilidad pública o interés social, sin lo cual no cabe siquiera iniciarla; pero ha de legitimarse, una vez consumada, en el servicio efectivo de esa finalidad legal, que es a lo que se llama técnicamente causa, y que supone una transformación ulterior del bien expropiado, material o jurídica, en el sentido postulado por esa finalidad, sin lo cual la expropiación aún realizada no puede mantenerse. La causa expropiandi, que tiene fundamento en la utilidad pública o interés social perseguido con la expropiación, es entonces el destino efectivo del bien expropiado a aquellos fines de utilidad pública o interés social que determinaron el ejercicio de la potestad expropiatoria por la Administración. La desparación del fin público y la retrocesión Cuando por cualquier razón el bien expropiado no se destina al fin de utilidad pública o interés colectivo que justificó el ejercicio de la actividad administrativa del ente expropiante, el elemento causa (i.e. causa expropiandi) desaparece, desde que la expropiación, realizada con fundamento en la utilidad pública o el interés general, no lleva a la satisfacción de aquellas necesidades colectivas que constituían su fin. Esta desaparición del elemento causa de la expropiación puede darse, a juicio de la doctrina -Villegas, García de Enterría, Fernández, Muci Borjas, Parada- en diversos supuestos, a saber. Aimé rodríguez CJP-161100826 Que no se hubiere ejecutado la obra o establecido el servicio que motivó la expropiación. Que la obra se hubiere ejecutado con otro fin distinto al previsto legalmente Que hubiera alguna parte sobrante de terreno que a pesar de ser afectado no fue objeto de la obra o servicio de utilidad pública. Que desapareciere la afectación La verificación de cualquiera de estos supuestos produciría entonces el decaimiento de la causa expropiandi desde que la potestad expropiatoria ejercida por la Administración ya no tendría como fundamento la satisfacción del colectivo, fin que le fue encomendado por la ley. En estos casos, esa desaparición de la causa que justificó la expropiación, hace nacer en el antiguo propietario el derecho a exigir la reversión del bien o de la porción no utilizada que le fue expropiada. Y es que si el derecho constitucional a la propiedad cede frente a la expropiación es porque ésta, precisamente, está destinada a satisfacer una utilidad pública, pero si este beneficio colectivo desaparece por no ejecutarse la obra, por existir un área de terreno sobrante no utilizada, o por no darse al bien afectado el destino previsto, cesa la causa frente a la cual cedió el derecho de propiedad y revive el derecho de propiedad del expropiado quien puede, por tal virtud, reasumir la propiedad de su bien. Como lo señala la doctrina –Muci Borjas- «la expropiación forzosa como medida extraordinaria que faculta al Estado para restringir, entre otros, el derecho de propiedad consagrado en nuestra Constitución, halla su fundamento jurídico en que el bien expropiado es necesario para la realización de la obra de interés público. Ahora bien, si con posterioridad a la expropiación la ‘Administración’ no realiza la obra señalada en el decreto de afectación, o si realizada ésta quedan porciones sobrantes del bien expropiado, desaparece en todo o en parte el fundamento de la medida, siendo lógico, justo y equitativo que el ex titular pueda readquirir su bien (o aquella porción del mismo no utilizada), visto que éste en realidad ya no aparece necesario para lograr la satisfacción del interés colectivo. De esta forma, cualquier propietario de un bien o derecho afectado por una medida expropiatoria podría, invocando la desaparición de la causa expropiandi respecto de los terrenos sobrantes no utilizados para el fin público, exigir la devolución del inmueble con el fin de asumir nuevamente su propiedad. Esta “readquisición” del bien expropiado se concretaría a través del ejercicio de la llamada Acción de Retrocesión. 15

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