Edición 15 de Junio de 2018

Diario Co Latino
Viernes 15 de junio de 2018 17
Movimiento de Profesionales de la Universidad de El Salvador “MPUES”
Lucha contra la privatización del agua: un deber de los universitarios
Como MPUES tenemos una visión humanista del agua, la consideramos un bien
social inalienable, no una mercancía, y estamos conscientes de que, como nunca
antes en la historia, su privatización es inminente, pues los partidos de derecha
han cerrado filas aprovechando que son mayoría legislativa, ya que significa un nuevo
rubro de revalorización del capital que quiere ser expropiado del pueblo de la misma forma
en que fueron expropiadas, en el siglo XIX, las tierras comunales y ejidos para fundar las
haciendas cafetaleras, y en el ocaso del siglo XX fueron expropiados los servicios públicos
como la energía eléctrica, telecomunicaciones, pensiones, ingenios azucareros y la moneda.
Ante ello, los docentes aglutinados en el MPUES, honrando nuestro compromiso social
hemos decidido iniciar una lucha contra la privatización del agua porque es un imperativo
moral que debe verse reflejado en los programas de estudio, en el campus y en las calles.
Acompañamos las victorias de los movimientos sociales en su lucha por el agua: el reconocimiento
de las Naciones Unidas del derecho al agua como “derecho humano vital para
el pleno disfrute de la vida” (resolución 64/292); la integración de tal derecho en las constituciones
de varios Estados de Sudamérica y África; el éxito del referéndum italiano contra
la privatización de la gestión del agua; y la remunicipalización del agua en París, Buenos
Aires, Atlanta y otras ciudades.
Nos oponemos tajantemente al modelo capitalista que promueve la privatización voraz
del agua a través de los partidos de derecha encabezados por ARENA. Refutamos el capitalismo
extractivista causante de las trágicas crisis ambientales. En este sistema, injusto e
incapaz de garantizar el acceso al agua para todos, esta es una mercancía en oposición a la
voluntad e interés del pueblo. Reiteramos que el agua es la condición de toda forma de vida
ligada al desarrollo cultural y que el acceso a ella es un derecho humano inalienable, por lo
que insistimos en la necesidad de gestar la solidaridad entre generaciones presentes y futuras.
Condenamos toda clase de privatización del agua como la que quieren realizar los partidos
de derecha y afirmamos que su gestión y control han de ser públicos, comunitarios y
sin fines de lucro.
Exigencias colectivas
Exigimos que el Estado garantice a todos, como bien público, el acceso al agua sana y
limpia en cantidades que satisfagan las necesidades y que incluya de inmediato en su legislación
el derecho al agua y al saneamiento para todos en conformidad con la resolución
64/292. Exigimos a la ONU hacer realidad la aplicación del derecho al agua como compromiso
urgente y no meras confesiones de intención. Es inaplazable la fundación de una
democracia real: las poblaciones implicadas deben participar en las decisiones relativas al
uso, repartición y protección del agua como, por ejemplo, la elección del modo de gestión
y la realización de un gran proyecto público en el cual la empresa privada no tenga ningún
tipo de injerencia. El Estado debe desplegar sus esfuerzos en ese sentido mediante la movilización
de sus recursos políticos y financieros destinados al desarrollo de programas de
educación centrada en el agua.
El derecho al agua pasa por inversiones públicas importantes, y eso exige ponerle fin a
las políticas de austeridad del ajuste estructural (la conspiración de la sed) que permiten a
los gobiernos justificar (o son presionados a) la reducción de las inversiones en la gestión
del agua, abriendo así las puertas a la empresa privada. Exigimos al Gobierno que, con valentía,
financie el sistema público de gestión e infraestructura del agua mediante una fiscalidad
progresiva, un impuesto sobre las transacciones suntuarias o financieras y con la reasignación
del gasto militar sin tocar la seguridad pública.
Rechazamos categóricamente la lógica voraz y burda del “asocio público-privado” y nos
pronunciamos afines a una gestión pública del agua mediante la creación y arraigo del “asocio
público-público” y “público-comunidad”. Llamamos a que se hagan inversiones públicas
en esas alianzas y a que se transmitan los saberes del sector público a los actores ciudadanos
que necesiten una formación en ese tema.
Reconocemos el valor de la gestión comunitaria del agua cuando no se puede recurrir
a lo público o la demanda colectiva va más allá del uso del servicio. En la gestión comunitaria,
el agua es recuperada en la multiplicidad de sus funciones, incluso las que pasan por
alto los gestores: la territorialidad cultural, espiritual, estética y simbólica. Esa gestión permite
a la comunidad readecuar sus necesidades y movilizar sus fuerzas en proyectos complementarios.
Creemos que la armonía en el uso del agua condiciona la armonía al interior
de la comunidad y que la gestión del agua es un reflejo de la cultura.
Defendemos los derechos de los pueblos originarios y la importancia de sus concepciones
del mundo, de las prácticas y saberes tradicionales y costumbres esenciales para la
creación de alternativas frente al capitalismo regido solo por la lógica económica de explotación
sin límites. Reiteramos su papel estratégico en el aprovisionamiento y gestión
del agua. En ello, el papel de la mujer es fundamental en la toma de decisiones, en la gestión
del agua y en todos los aspectos de este bien, incluidos los científicos y tecnológicos.
Censuramos el avance irracional del extractivismo que tendrá como bandera Carlos
Calleja –explotación de los bienes naturales a escala industrial– en todas sus modalidades,
en especial los proyectos de extracción de minerales, los que, ampliando continuamente
las “zonas de sacrificio” destinadas a proporcionar materias primas, ponen en peligro
el acceso al agua, la disponibilidad y calidad de la misma, en perjuicio de más y más
personas en el mundo.
Denunciamos no solo a las transnacionales extractivistas, sino también a las instituciones
financieras internacionales, los tratados internacionales y los gobiernos que apoyan y
aplican este modelo de antidesarrollo. La coalición de poderes de estos distintos actores
tiende a silenciar cualquier tipo de expresión popular y democrática e impide cualquier
tipo de proposición política alternativa de procedencia local o regional.
Exigimos que se inicie una transición energética basada en los principios de sobriedad,
eficacia energética, y en la que prevalezcan las energías de flujo (renovables) sobre las de
stock (agotables). La producción y transporte de energía han de recibir orientaciones nuevas
destinadas a satisfacer las necesidades del pueblo y a dejar de ser dirigidas por intereses
transnacionales y consumo abusivo de la empresa privada. Nos oponemos con determinación
a la mercantilización de todos los rubros de la vida –naturaleza, agua, energía
eléctrica, pensiones, información, educación, cultura- que las transnacionales hacen parte
del proceso de revalorización del capital apoyado por los gobiernos sin dignidad ni identidad
social que entregan el alma en los tratados de libre comercio. Exigimos que el gobierno
salvadoreño rechace las falsas soluciones de esa “economía verde”: grandes represas,
energía nuclear, agrocombustibles, monocultivos y silvicultura industriales, la explotación
comercial del agua embotellada, las cuales lejos de resolver las crisis ambientales y financieras
comprometen la disponibilidad y calidad del agua.
Llamamos al Gobierno a que cumpla con las recomendaciones de la Comisión Mundial
de Represas y a que rechace las directivas voluntarias del protocolo de evaluación de
la sostenibilidad de la hidroenergía. Reivindicamos el derecho constitucional a la desobediencia
civil frente a la privatización del agua, la destrucción del medioambiente, de los
medios de subsistencia, de la calidad de la vida y de la puesta en peligro de la salud. Como
MPUES exhortamos al Gobierno a que, llevando esta iniciativa al púlpito mundial, defina
la privatización del agua (y de los otros servicios básicos de carácter público) como un
CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.
Apoyamos la preservación e integridad del ciclo del agua incluida en el credo de los derechos
de los ecosistemas y especies para su existencia, desarrollo, reproducción y perpetuación.
Pedimos la redacción y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza para
garantizar a la biosfera -y a sus habitantes- la protección necesaria de su equilibrio y perennidad.
Como académicos con compromiso social crearemos redes y alianzas sociales, ampliando
y fortaleciendo nuestros programas y vínculos académicos con los movimientos
de intelectuales y populares que luchan por la soberanía alimentaria, el agua, la democracia,
la justicia social y ecológica. Nos comprometemos a implicar a las otras instancias académicas
decididas a defender el agua como bien común no privatizable en ningún grado
y a reafirmar el derecho al agua potable para todos los ciudadanos. Exhortamos a los servicios
públicos y comunidades de usuarios del agua a unirse y crear asociaciones nacionales
y redes regionales para poner término a la mercantilización de nuestras vidas e imponer
nuestras alternativas humanistas, únicas capaces de resolver las crisis ecológicas, sociales,
económicas y democráticas que estamos atravesando.
Hoy iniciamos nuestra lucha y debate permanente como MPUES contra la privatización
del agua que es un derecho humano fundamental y un bien común de la humanidad
y la biosfera.
Ciudad Universitaria, junio de 2018.