Edición 17 de Agosto de 2018

4 Viernes 17 de agosto de 2018
Nacionales
Diario Co Latino
Caso Saca
Cuentas bancarias a nombre de imputados
no tenían autorización de Hacienda
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Cuatro testigos ofrecidos
por la Fiscalía
General de la República
(FGR) aceptaron que la
creación de cuentas bancarias
a nombre de Elmer Charlaix,
Francisco Arteaga y Pablo Gómez
no eran válidas, dado que
nunca fueron solicitadas al Ministerio
de Hacienda.
La jornada ocho del juicio
que enfrenta el expresidente
Elías Antonio Saca, exfuncionarios
y exempleados de Casa
Presidencial inició con la aportación
de pruebas testimoniales
con la presencia de cuatro testigos,
todos empleados del Ministerio
de Hacienda, específicamente
de la Dirección General
de Tesorería y la Dirección
General de Presupuesto.
Los empleados del Ministerio
de Hacienda fueron identificados
como Carlos Gustavo
Salazar Alvarado, Reina Luz
Figueroa, Salvador Avendaño
Méndez y José Armando Rivas.
En sus testimonios las partes
explicaron que no se pueden
abrir cuentas subsidiarias a
nombre de personas naturales,
por ello, ilegal de 16 cuentas:
dos a nombre de Elmer Charlaix,
11 a nombre de Francisco
Arteaga y tres a nombre de Pablo
Gómez.
Entre las conclusiones más
relevantes de la jornada número
ocho se encuentra que se estableció
que no existe una norma
o ley específica para estipular la
regulación del uso de los fondos
reservados. Además, la fiscalización
de esos fondos eran
exclusivos de la Corte de Cuentas
de la República.
Salvador Avendaño Méndez,
con 45 años trabajando en el
Ministerio de Hacienda, explicó
que en toda institución del Estado
se establecen cuatro cuentas
subsidiarias, que son Bienes
y Servicios, Salarios, Subsidiaria
Institucional y Transferencias.
El expresidente de la República Elías Antonio Saca, exfuncionarios y exempleados de
Casa Presidencial, durante la octava jornada de vista pública en su contra. Foto Diario
Co Latino/DaviD Martínez.
Cualquier otra cuenta debe ser
aprobada por la Dirección General
de Tesorería.
“El requerimiento de la FGR
era para establecer si había registro
de apertura de cuentas
a nombre de particulares, por
parte de CAPRES. Sin embargo
en nuestros registros no había
ninguna solicitud”, dijo Avendaño
Méndez.
Arturo Sánchez, representante
de la Fiscalía General de la
República, dijo que los testigos
establecieron que las cuentas de
remuneraciones y bienes y servicios
existían en Presidencia de
forma legal. “Lo ilegal era que
además de estas cuentas legales
se establecieron 16 cuentas
en las cuales se ponía el nombre
de la persona a título personal”,
explicó.
En este caso, también aclaró
que las cuentas subsidiarias debían
poseer el nombre de Casa
Presidencial, no a nombre de
personas naturales. La defensa
del caso estableció, por su parte,
que las cuentas institucionales
tenían el nombre de los
imputados más un agregado a
nombre de cuentas institucionales
del tesoro público.
Por otra parte, se cuestionó
el papel de la Corte de Cuentas
de la República, casi nulo, durante
la realización de estos hechos
que se le imputan a los
procesados. Pese a que esta entidad
era la encargada de fiscalizar
los fondos reservados de
la Presidencia, Elías Antonio
Saca admitió que la participación
de la Corte era solo por
legalidad, pero nunca se realizó
o se permitió una auditoría.
Luis Mario Rodríguez, señalado por apertura de cuentas bancarias de CAPRES
@DiarioCoLatino
El director del Departamento
de Estudios Políticos
de FUSADES,
desde 2010, y exsecretario jurídico
de la Presidencia Luis Mario
Rodríguez fue señalado durante
el testimonio de Elmer Charlaix
y Francisco Arteaga, quienes indicaron
que la apertura de cuentas
bancarias era común para funcionarios
en Casa Presidencial.
El pasado jueves, el exsecretario
privado del expresidente Saca
Elmer Charlaix rindió su testimonio
donde se declaró culpable de
los delitos de peculado y lavado de
Luis Mario Rodríguez,
director del Departamento
de Estudios de
FUSADES, fue señalado
en la apertura
de cuentas bancarias
para funcionarios de
Casa Presidencial por
el testimonio del exsecretario
privado de
la Presidencia Elmer
Charlaix y Francisco
Arteaga, exgerente financiero
de CAPRES.
Foto Diario Co Latino/
arChivo.
dinero y activos por sustraer fondos
del Estado y entregarlos a terceros
de manera ilegal.
Dentro del relato en el que explicó
la forma de proceder para
sacar fondos públicos y utilizarlos
para fines personales y de terceros,
mencionó que el secretario
para Asuntos Jurídicos y Políticos
de la Presidencia de la República
en ese momento Luis Mario
Rodríguez abrió una nueva Cuenta
Institucional Subsidiaria del Tesoro
Público de la Presidencia de
la República. Para usar esa cuenta
Rodríguez dejó registradas las firmas
de los señores Jorge Alberto
Herrera Castellanos y Francisco
Rodríguez Arteaga, quienes son
imputados en este proceso por
girar cheques a favor del expresidente
Saca.
Charlaix señaló que a mediados
de julio y noviembre, del año
2004, se sustrajo de las cuentas de
Casa Presidencial, a través de esa
otra cuenta, un total de 13 millones
370 mil 99 dólares.
Charlaix contó que después de
ese corto período, en diciembre
de 2004, recibió un cheque de esa
misma cuenta del Banco Cuscatlán
que modificó parte de la metodología
que se venía haciendo
para sacar fondos del Estado, ya
que en ese momento en lugar de
poner de beneficiario al expresidente
Saca con $400 mil, en esa
ocasión fue el partido ARENA el
beneficiario.
Francisco Arteaga, exgerente
financiero de CAPRES, también
mencionó al exsecretario jurídico
de la Presidencia, ratificando
así la apertura de esta cuenta bancaria.
Alegó que era común que
los funcionarios como secretarios
de la Presidencia abrieran cuentas
bancarias subsidiarias.
Luis Mario Rodríguez, como
otros exfuncionarios de ARENA
en el gobierno de Saca, no ha sido
señalado dentro de este proceso,
sin embargo, era considerado testigo
clave para el proceso que enfrenta
el expresidente. Pero con la
aplicación del proceso abreviado
su testimonio fue desestimado, al
igual que gran parte de exfuncionarios
y miembros de ARENA.
Por otro lado, Luis Mario Rodríguez
ha sido señalado de haber
recibido supuestos sobresueldos,
durante el gobierno de
Saca.