Edicion 14 de agosto 2020

2 Viernes 14 de agosto de 2020
Nacionales
Diario Co Latino
Gobierno dice que resolución sobre
decreto 661 estará fuera de la realidad
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
José Ángel Pérez -asesor
legal de la Presidencia de
la República- manifestó
que la resolución de la Sala de
lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) sobre
la controversia por el Decreto
Legislativo 661, no se ajustará a
la realidad, ya que dicha normativa
fue hecha en junio, cuando
la crisis por la pandemia era menor
a la que vive el país actualmente.
“Al resolver esa controversia
el problema es que ya hay
un desajuste de tiempos y fases
de reapertura económica, además
de la misma evolución de la
pandemia, porque el decreto 661
es de junio, cuando todavía no
se había entrado a una fase crítica”,
explico Pérez, a través de
un comunicado de prensa de la
Presidencia.
El escrito agrega que “los
tiempos del proceso y el artículo
138 de la Constitución de la República,
la Sala tiene 15 días, luego
de dar audiencia a ambas partes,
por lo que la resolución sobre
la controversia podría ser hasta
“Ley Especial de Emergencia por la Pandemia por COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud
y Reapertura de la Economía” estará fuera de la realidad, dice José Ángel Pérez, asesor legal de la
Presidencia de la República. Foto Diario Co Latino/GuiLLermo martínez
el 16 de septiembre, algo que para
efectos pragmáticos no se ajustaría
a la realidad que se vive sobre la
pandemia de COVID-19”.
Para junio, el promedio diario
-
VID-19 eran de 120. Solo el 12
de junio fecha en que se aprobó
la normativa era 122 casos. Mientras
que a la fecha el promedio ya
supera los 340 casos y ha llegado
hasta más de 400 diarios.
A escala nacional, el país regis-
los cuales 11,155 son activos, 584
personas fallecidas y 10,254 personas
que recuperaron su salud.
El 12 de junio pasado, la Asamblea
Legislativa aprobó el Decreto
661, que contienen la “Ley Especial
de Emergencia por la Pandemia
por COVID-19, Atención Integral
de la Vida, la Salud y Reapertura
de la Economía”.
El decreto 661 contempla un
estado de emergencia nacional durante
15 días, la posibilidad de extender
el período de cuarentena
al no aplanar la curva, plantea
los tipos de cuarentena y aislamiento,
así como las personas
De igual manera, controles
de transparencia en el uso de
fondos públicos y que el Ministerio
de Educación tenga la potestad
para decretar, junto al Ministerio
de Salud una posible reanudación
de actividades del sistema
escolar nacional.
“Al emitir el Decreto Legislativo
661, no se tomó en cuenta
los criterios sanitarios, que
son responsabilidad del órgano
Ejecutivo, a través del Ministerio
de Salud: eso es usurpación
de funciones, un claro argumento
de inconstitucionalidad en el
que enfatizó el Presidente Bukele
cuando hizo su veto”, explicó
el asesor legal de la presidencia.
De acuerdo a los tiempos,
la Sala de lo Constitucional tiene
hasta mediados de septiembre
para resolver la controversia
entre ambos órganos de Estado,
por lo que a juicio del Gobierno
esta decisión no estará acorde
a la realidad que enfrenta el país
por COVID-19.
Piden a FGR detallar acciones para extraditar a directivos de Baterías de El Salvador
Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La Asociación Centro de
Estudios Aplicados en
Ecología y Sustentabilidad
Ambiental (ECOS El Salvador)
solicitó a la Fiscalía General
de la República (FGR) conocer
las acciones ejecutadas para la
extradición de los miembros de
la familia Lacayo, directivos de
la Sociedad Baterías de El Salvador
S.A. de C.V. prófugos desde
2009.
ECOS El Salvador expuso
que en el año 2005 se promovieron
los procesos penales sin que
se les dictaran medidas restrictivas
a la libertad a los directivos de
Baterías de El Salvador, Miguel
Lacayo Argüeyo, Ronald Antonio
yo
y Sandra Cecilia Lacayo, lo que
posibilitó que huyeran del país.
Los miembros de la familia Lacayo
se habrían refugiado en Estados
Unidos al conocer de un proceso
penal en su contra por los daños
ambientales de la empresa Baterías
de El Salvador, sin que a la
fecha se tenga certeza sobre su paradero
en el país norteamericano.
Son requeridos por el delito de lesiones
graves derivadas de la contaminación
ambiental.
Por el caso “Record”, en octubre
de 2017, un tribunal sentenció
a tres años de cárcel a Hugo Reynaldo
Trujillo, Carlos Arturo Marenco
y José Edgardo Brito por el
delito de contaminación ambiental
culposa en perjuicio del medio
ambiente, empleados de Baterías
de El Salvador y habitantes de localidades
cercanas a la fábrica. Los
tres ocuparon cargos gerenciales
en la fábrica.
El tribunal consideró que los
gerentes omitieron lineamientos
dictados en 2003 por el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) para minimizar
el impacto ambiental de la
operatividad de la fábrica.
La condena en prisión estaba
condicionada a que los imputados
pagaran la suma de $10,000 en
concepto de responsabilidad civil
cada uno, las cuales hicieron efectivas.
En febrero de 2018, habitantes
del cantón Sitio del Niño, municipio
de San Juan Opico, departamento
de La Libertad, solicitaron
mediante una carta dirigida a
la entonces embajadora estadounidense
en El Salvador, Jean Manes,
gestionara agilizar un proceso de
extradición de los directivos.
La fábrica de baterías conocidas
comercialmente como “Récord”
fue clausurada en septiembre
de 2007, tras denuncias de
habitantes de Sitio del Niño por
graves daños a la salud debido
a los altos niveles de químicos
usados en la fabricación y tratamiento
de baterías.
Integrantes de ECOS El Salvador luego de salir de las instalaciones
de la FGR. Foto Diario Co Latino/@marLenpaLa1