Edicion 17 de diciembre 2020

Diario Co Latino
Nacionales
Jueves 17 de diciembre de 2020 5
Esquema punitivo del Ejecutivo
en cuarentena violentó los DD. HH.
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios
para la Aplicación
del Derecho (FES-
PAD) señaló que la adopción
de un esquema punitivo
por parte del Ejecutivo, para
atender la pandemia del CO-
VID-19 ha impactado en los
ciudadanos, registrándose desde
el 21 de marzo hasta el 12
de mayo 1,337 casos de presuntas
violaciones a derechos
humanos, entre los que destacan
algunos como posibles
ejecuciones extrajudiciales.
El abogado Saúl Baños -director
ejecutivo de FESPADmanifestó
que con la llegada
del Gobierno en junio de
2019, inició un proceso de regresión
en el cumplimiento de
los derechos humanos de la
población, expresada en acciones
lesivas como despidos in-
do
proceso y el uso excesivo
de la fuerza, sin embargo, con
la llegada del covid en marzo
de 2020 el proceso de regresividad
fue más acelerado.
la atención a la pandemia, de
marzo a septiembre, que fue el
período donde se presentó el
pico más alto, se dio un incontable
número de acontecimientos
constitutivos a violaciones
de derechos humanos, la pandemia
debe atenderse bajo el
respeto de la Constitución y las
leyes del país y no bajo un esquema
punitivo, donde la principal
característica fue la ausencia
de un marco normativo válido,
que le diera sustento a todas
las restricciones impuestas
a la ciudadanía. Estas situaciones
es necesario sistematizarlas
para que no se puedan repetir
en el país”, sostuvo Baños, durante
la presentación de los resultados
de la investigación sobre
el impacto de la pandemia
del COVID-19 en los derechos
humanos.
Entre tanto, el director de
Entre el 21 de marzo hasta el 12 de mayo se reportan 1,337 casos de presuntas violaciones a derechos humanos, entre los que destacan algunos como
posibles ejecuciones extrajudiciales en el marco de la pandemia por COVID-19. Foto Diario Co Latino/arChivo
Acceso a la Justicia de FESPAD,
Héctor Carrillo explicó que la
adopción de un esquema punitivo
y securitizado impulsado desde
el máximo liderazgo del órgano
Ejecutivo, para la gestión de
la pandemia condujo a violación
del derecho a la libertad ambulatoria,
tanto por la cuarentena domiciliar,
como por los denominados
“cercos sanitarios”, cerca
de 2,200 salvadoreños fueron
privados de libertad por la Policía
Nacional Civil (PNC) y el
Ejército, como sanción por no
cumplir con las normativas regulatorias
de la cuarentena. Pese a
que ciertas medidas eran necesarias
para contener el avance de la
enfermedad, estas requerían un
marco normativo para evitar la
arbitrariedad y dar legitimidad a
la actuación de las instituciones.
“La excesiva duración de la
cuarentena, la discrecionalidad
del abuso de autoridad, la opacidad
de medidas en centros de
de cómo abordar la pandemia,
ha derivado en una inseguridad
jurídica y en una erosión del Estado
de Derecho, medidas como
el distanciamiento social que son
necesarias para hacer frente a la
pandemia, no se han hecho conforme
a los canales adecuados.
No puede ser el carácter punitivo
que esté por delante de la gestión
de los asuntos públicos, el
carácter punitivo si bien es una
herramienta del Estado, de hecho
es la última a la cual se debe
acudir en una sociedad democrá-
Asimismo, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos
Humanos (PDDH) constató tratos
crueles e inhumanos en los
centros de contención, donde
se registraron 175 casos de CO-
VID-19, estas personas bien pudieron
adquirir el virus dentro
de estos lugares, al no tener las
mejores condiciones para hacer
frente a la pandemia; mientras, la
Sala de lo Constitucional mandó
a la PNC y Fuerza Armada abstenerse
de afectar la imagen, integridad
y bienestar de las personas.
dad
de resolver las problemáticas
desde la política, durante la
gestión de la pandemia fue constante
la confrontación entre el
Ejecutivo y Legislativo, haciendo
uso preferente y recurrente del
veto presidencial y la generación
rorgánicos,
a ser resueltos por la
Sala de lo Constitucional, en un
número y frecuencia sin precedentes
en la historia constitucional
del país.
to
la falta de información sobre
la situación de los privados
de libertad en bartolinas y centros
penitenciarios, considerando
la vulnerabilidad de esta población
y el riesgo que un contagio
en ellos pueda tener en la salud
pública en general.
A criterio de FESPAD, deben
crearse y regularse los mecanismos
que permitan, de manera
dades
de acción para el abordaje
de la pandemia, las medidas
y regulaciones sobre los
derechos de las personas basadas
en la ley, con claras funciones
y límites para las autoridades,
procurando la menor afectación
posible de la ciudadanía,
pero procurando su protección
tanto en materia de salud,
como en el derecho a su libertad
individual y seguridad.
El estudio del “Impacto de
la pandemia COVID-19 en los
DDHH y la seguridad pública”
fue un trabajo desarrollado por
Christian Aid y FESPAD, a través
del proyecto Construyen-
nanciamiento
de la Unión Europea,
y busca mejorar la condición
de la seguridad ciudadana
y el cumplimiento de los
Derechos Humanos en El Salvador.