Edicion 26 de junio de 2021

Diario Co Latino
Opinión
Sábado
26 de junio de 2021 11
La Ley del Agua
y la participación ciudadana
José Acosta
El acceso al agua potable
es, o debería ser, un derecho
humano básico. Sin
agua, la vida deja de existir. Esa
dependencia requiere que la población
participe en las decisiones
de cómo se gestiona el agua.
Esto es especialmente cierto
en nuestro mundo capitalista en
el que los intereses privados están
maniobrando para convertir
el agua en una mercancía que se
puede comprar y vender en el libre
mercado. A medida que los
países utilizan y contaminan sus
recursos hídricos y destruyen los
sistemas ecológicos que reponen
las capas freáticas, el suministro
de agua potable disminuye, al
mismo tiempo que aumenta la
demanda.
Esto hace que el agua sea un
negocio muy rentable.
La gestión del agua y las políticas
en todo el mundo ya han
creado situaciones en las que
millones de personas no tienen
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el agua que necesitan para llevar
una vida sana y productiva, porque
no poseen el dinero para pagarla.
Los gobiernos tienen un
papel importante que desempeñar
para reconocer que el acceso
al agua es un derecho humano
básico y luego garantizar que
las personas puedan disfrutar de
ese derecho. Pero con demasiada
frecuencia los intereses privados
influyen en los gobiernos y hacen
que el agua sea tratada como
una mercancía.
Aquí es donde la participación
ciudadana es clave. La gente
debe tomar acción y tener una
voz asegurándose que su gobierno
está promulgando políticas
que protegen el acceso al agua
potable, garantizando que aquellos
que son incapaces de pagar
todavía tienen el agua que necesitan
para vivir con dignidad.
La gente también debe tener
un rol activo en asegurar que
el agua se gestione de una manera
sustentable y que el Estado
tome las acciones necesarias para
mantener las aguas superficiales
y subterráneas limpias y abundantes.
Por más de tres décadas, bajo
la doctrina neoliberal, El Salvador
ha privilegiado políticas que
permiten a los intereses privados,
con fines de lucro, abusar
del agua del país; no obstante, el
pueblo organizado de múltiples
maneras ha llevado a cabo un
proceso de incidencia política en
defensa del derecho al agua. Luchando
por más de 15 años por
la aprobación de una Ley General
de Aguas y por una reforma
a la Constitución en la que se
reconozca que el agua es un derecho
humano.
Muchos otros han participado
formando juntas de agua comunitarias
que administran y distribuyen
los recursos hídricos.
Otros han ido incluso más lejos
al proteger los bosques locales y
prevenir la contaminación de las
fuentes superficiales. Estos distintos
niveles de participación
han sido y continuarán siendo
fundamentales para la defensa
del agua.
Por tanto, no hay nada más
alejado de la realidad que pensar
que la propuesta de ley enviada
recientemente a la Asamblea
Legislativa es una iniciativa
propia del actual Gobierno; por
el contrario, en su mayor parte
el contenido es una copia de
la última versión que se discutió
en la legislatura anterior, la cual
a su vez retomaba propuestas de
diferentes actores de la sociedad
civil.
En todo caso, lo imparte en
esta nueva coyuntura, es que
la Asamblea Legislativa, al menos
en este tema, actué con independencia
del presidente de
la república y permita el debate
franco y abierto para finalmente
promulgar una ley que garantice
el derecho humano al agua
y que la población participe en
las decisiones de cómo se gestionan
y asignan los recursos hídricos
del país.