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Edición 06 de julio de 2021

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10 Martes 6 de julio de 2021

Opinión

Diario Co Latino

Ética y Política

Radiografía de un caso corrupto

José M. Tojeira

Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario

Co Latino de R. L.

23 Avenida Sur No. 225 San Salvador

www.diariocolatino.com, facebook.com/diariocolatinoderl

@DiarioColatino

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Gabriela Castellón Fajardo

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Teléfonos: 2222-1009, 2271-0671, 2271,0971 Fax: 2271-0822

130 AÑOS INFORMÁNDOTE CON CREDIBILIDAD

A

partir de la reforma Agraria,

la Hacienda Normandía fue

transferida a una cooperativa,

que adoptó el mismo nombre,

pagó las tasas del derecho

a la tierra y está en plena propiedad

de los terrenos. Pero

a partir de mediados de los

años 90, un alcalde corrupto

de Jiquilisco, entonces del

PDC, extendió tres títulos supletorios

falsos e ilegales a tres sedicentes

derechohabientes. Desde

entonces la Cooperativa viene luchando

jurídicamente en defensa de

sus tierras. La ambición de particulares,

junto con sus trampas y mentiras,

unido todo ello a la negligencia

y lentitud, incapacidad y probable

corrupción de nuestro sistema judicial,

mantienen en inseguridad jurídica

a un amplio colectivo cooperativista

de trabajadores del campo

y sus familias. Los tres particulares

que reclaman terrenos más parecen

testaferros de otros intereses que sujetos

particulares dañados en la real

posesión de sus tierras. Los testigos

que utilizaron para conseguir los títulos

supletorios fueron legalmente

insuficientes. El alcalde era legalmente

incapaz de dar títulos supletorios,

puesto que estos los tiene que

dar un juez. Y en una búsqueda en

el Registro Nacional no aparece

ninguna huella de las personas

reclamantes.

Analizar un caso como este

nos lleva inmediatamente a

considerar el tipo de sociedad

en la que vivimos. La prepotencia

del fuerte se impone con demasiada

frecuencia sobre el débil. La

justicia cierra los ojos ante las manipulaciones

de los poderosos y evade

su responsabilidad de defender a las

víctimas cuando los victimarios gozan

de relaciones, poder o prestigio

social. Aunque no se acepte oficialmente,

quedan todavía impregnados

en las mentes de un buen número de

personas acomodadas los resabios de

un antiguo racismo propio de la colonia

española y su sociedad de castas.

Y ello sin diferencias de ideología,

partido o conocimiento. Solo que

ahora, en vez de mirar el color de la

piel se mira la pobreza de unos y el

color del dinero reflejado en la billetera

de los poderosos y sus abogados

sanguijuelas. Al contemplar las manipulaciones

legales a favor de los fuertes

podemos darle la razón al jurista,

político, humanista y santo, Tomás

Moro. En su libro Utopía, en el que

pretendía describir una sociedad perfecta,

decía que en la isla de Utopía la

profesión de abogado estaba prohibida,

dadas las mentiras, engaños y venalidad

tan consustancial al gremio.

Bastaba, decía él, con elegir a gente

sabia y anciana temporalmente, para

que mediaran en los pleitos y protegieran

a las víctimas.

En el caso Normandía se han suspendido

audiencias preparatorias con

excusas inaceptables. El miedo de los

jueces a ofender al poderoso declarando

inválidos los títulos supletorios mal

habidos es más fuerte que el famoso

imperio de la ley con la que se suelen llenar

la boca quienes exaltan un sistema

corrupto, tratando de disimularlo con

palabras huecas. La justicia sigue, como

decía en su tiempo monseñor Romero,

el ejemplo de la serpiente, que solo

muerde el pie de quien anda descalzo.

Nuestra Constitución tiene como norma

la indemnización por retardación

de justicia (art. 17). Pero nuestros diputados

han sido incapaces durante 38

años de emitir una ley secundaria que

estipule los tiempos y las responsabilidades

concretas de los jueces en los casos

de retardación. Todo está listo para

desesperar a los débiles en un sistema

que se alarga en el tiempo en favor de

los poderosos. La seguridad jurídica es

un tema de ricos y poderosos, y por los

tiempos que corren va camino de convertirse

en patrimonio del poder ejecutivo.

Las mujeres pobres y violadas, los

campesinos en sus problemas de tierras,

quienes son asesinados en ejecuciones

extrajudiciales vinculadas a grupos

de exterminio no tienen seguridad

jurídica. El caso Normandía es un

ejemplo más que debe llamarnos a todos

a exigir una reforma legal y judicial

que ofrezca garantías a los débiles

y marginados de nuestro país. Instalar

servilismo en la cúpula del sistema judicial

no resuelve problemas. Al revés,

es un paso más hacia la mayor corrupción

del sistema. Esperemos que en el

caso Normandía por fin se haga justicia

y que no se suspenda una vez más

la audiencia preparatoria. Estar atento

a este caso es cuestión de ética básica,

de agradecimiento y de solidaridad con

los más débiles de nuestro país: Los

campesinos que nos alimentan desde

sus labores agrícolas.

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