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10 Martes 6 de julio de 2021
Opinión
Diario Co Latino
Ética y Política
Radiografía de un caso corrupto
José M. Tojeira
Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario
Co Latino de R. L.
23 Avenida Sur No. 225 San Salvador
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130 AÑOS INFORMÁNDOTE CON CREDIBILIDAD
A
partir de la reforma Agraria,
la Hacienda Normandía fue
transferida a una cooperativa,
que adoptó el mismo nombre,
pagó las tasas del derecho
a la tierra y está en plena propiedad
de los terrenos. Pero
a partir de mediados de los
años 90, un alcalde corrupto
de Jiquilisco, entonces del
PDC, extendió tres títulos supletorios
falsos e ilegales a tres sedicentes
derechohabientes. Desde
entonces la Cooperativa viene luchando
jurídicamente en defensa de
sus tierras. La ambición de particulares,
junto con sus trampas y mentiras,
unido todo ello a la negligencia
y lentitud, incapacidad y probable
corrupción de nuestro sistema judicial,
mantienen en inseguridad jurídica
a un amplio colectivo cooperativista
de trabajadores del campo
y sus familias. Los tres particulares
que reclaman terrenos más parecen
testaferros de otros intereses que sujetos
particulares dañados en la real
posesión de sus tierras. Los testigos
que utilizaron para conseguir los títulos
supletorios fueron legalmente
insuficientes. El alcalde era legalmente
incapaz de dar títulos supletorios,
puesto que estos los tiene que
dar un juez. Y en una búsqueda en
el Registro Nacional no aparece
ninguna huella de las personas
reclamantes.
Analizar un caso como este
nos lleva inmediatamente a
considerar el tipo de sociedad
en la que vivimos. La prepotencia
del fuerte se impone con demasiada
frecuencia sobre el débil. La
justicia cierra los ojos ante las manipulaciones
de los poderosos y evade
su responsabilidad de defender a las
víctimas cuando los victimarios gozan
de relaciones, poder o prestigio
social. Aunque no se acepte oficialmente,
quedan todavía impregnados
en las mentes de un buen número de
personas acomodadas los resabios de
un antiguo racismo propio de la colonia
española y su sociedad de castas.
Y ello sin diferencias de ideología,
partido o conocimiento. Solo que
ahora, en vez de mirar el color de la
piel se mira la pobreza de unos y el
color del dinero reflejado en la billetera
de los poderosos y sus abogados
sanguijuelas. Al contemplar las manipulaciones
legales a favor de los fuertes
podemos darle la razón al jurista,
político, humanista y santo, Tomás
Moro. En su libro Utopía, en el que
pretendía describir una sociedad perfecta,
decía que en la isla de Utopía la
profesión de abogado estaba prohibida,
dadas las mentiras, engaños y venalidad
tan consustancial al gremio.
Bastaba, decía él, con elegir a gente
sabia y anciana temporalmente, para
que mediaran en los pleitos y protegieran
a las víctimas.
En el caso Normandía se han suspendido
audiencias preparatorias con
excusas inaceptables. El miedo de los
jueces a ofender al poderoso declarando
inválidos los títulos supletorios mal
habidos es más fuerte que el famoso
imperio de la ley con la que se suelen llenar
la boca quienes exaltan un sistema
corrupto, tratando de disimularlo con
palabras huecas. La justicia sigue, como
decía en su tiempo monseñor Romero,
el ejemplo de la serpiente, que solo
muerde el pie de quien anda descalzo.
Nuestra Constitución tiene como norma
la indemnización por retardación
de justicia (art. 17). Pero nuestros diputados
han sido incapaces durante 38
años de emitir una ley secundaria que
estipule los tiempos y las responsabilidades
concretas de los jueces en los casos
de retardación. Todo está listo para
desesperar a los débiles en un sistema
que se alarga en el tiempo en favor de
los poderosos. La seguridad jurídica es
un tema de ricos y poderosos, y por los
tiempos que corren va camino de convertirse
en patrimonio del poder ejecutivo.
Las mujeres pobres y violadas, los
campesinos en sus problemas de tierras,
quienes son asesinados en ejecuciones
extrajudiciales vinculadas a grupos
de exterminio no tienen seguridad
jurídica. El caso Normandía es un
ejemplo más que debe llamarnos a todos
a exigir una reforma legal y judicial
que ofrezca garantías a los débiles
y marginados de nuestro país. Instalar
servilismo en la cúpula del sistema judicial
no resuelve problemas. Al revés,
es un paso más hacia la mayor corrupción
del sistema. Esperemos que en el
caso Normandía por fin se haga justicia
y que no se suspenda una vez más
la audiencia preparatoria. Estar atento
a este caso es cuestión de ética básica,
de agradecimiento y de solidaridad con
los más débiles de nuestro país: Los
campesinos que nos alimentan desde
sus labores agrícolas.