Edicion 4 de Septiembre 2021

2 Sábado 4 de septiembre de 2021
Nacionales
Diario Co Latino
ALAC y CRISTOSAL demandan al Estado ante la CIDH
Jueces amenazan con paro si no derogan
las reformas a Ley de Carrera Judicial
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Los jueces del Órgano Judicial
mostraron su rechazo
a las reformas a
la Ley de la Carrera Judicial realizada
por el oficialismo, días
atrás, ya que establecen que todo
aquel juez, jueza y magistrados
de cámara, que estén por encima
de 60 años o que hayan cumplido
30 años ejerciendo su profesión,
serán cesados de su cargo.
Los profesionales en derecho
afirmaron que si el decreto no se
deroga y se publica en el Diario
Oficial podrían irse a paro general
judicial.
Los jueces manifestaron que,
con el decreto emitido por el oficialismo,
se estaría violando el
derecho de más de cien jueces,
así como la violación del acceso
a la justicia de la mayoría de víctimas
cuyos procesos ya están en
marcha. Por ejemplo, el Caso del
Mozote “está en riesgo”, ya que
aseguraron que el juez del Caso
del Mozote se ha opuesto a las situaciones
que no vayan a llevarle
justicia a los afectados. De hecho,
ha intentado hacer allanamientos
y se ha visto una oposición
desde el Ejecutivo.
Juan Antonio Durán, juez del
Tribunal Tercero de Sentencia de
San Salvador, manifestó que los
diputados de la Asamblea Legislativa
han cometido una inconstitucionalidad
al aprobar un decreto
que tiene vicios de forma
y de fondo, ya que el legislativo
no tienen iniciativa de ley para
Más de 100 jueces quedarían sin trabajo cuando entren en vigor las reformas a la Ley de la Carrera Judicial.
Foto Diario Co Latino/SamueL amaya.
reformar el Órgano Judicial, y de
fondo porque afecta la independencia
de los jueces, ya que siempre van
a continuar a disponibilidad de la
Corte. “La estabilidad de los jueces
es un requisito fundamental de su
independencia”, detalló.
Por tanto, esperan que el decreto
sea vetado por el presidente Nayib
Bukele o que lo derogue la Asamblea.
Si lo anterior no se logra, los
funcionarios judiciales podrían realizar
un paro. Así lo detalló Antonio
Durán, “estamos valorando el
paro judicial, reprogramar audiencias,
durante dos semanas y que no
haya audiencias en ese mismo tiempo”,
detalló, mientras era aplaudido
por sus colegas que estaban en sus
alrededores. Señaló que esta medida
no sería lo ideal, pero “es más
caótico que se atrape y se secuestre
el poder judicial, y que los ciudadanos
tengan una justicia a la carta y
que sus derechos y garantías queden
supeditados a estar vinculados con
el poder Ejecutivo”.
Este paro no abarcaría plazos
constitucionales, audiencias iniciales
para decidir la libertad o las medidas
cautelares, así como tampoco
los vencimientos de los plazos constitucionales
y plazos legales de detención
provisional.
Demandan al Estado ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos
Mientras, El Centro de Asesoría
Legal Anticorrupción de El Salvador
(ALAC) y CRISTOSAL en representación
de los magistrados destituidos
el primero de mayo por el
oficialismo, presentaron una denuncia
contra el Estado salvadoreño
ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)
para que proceda a elevar el caso
ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) para
que se pueda restablecer el orden
constitucional de El Salvador que,
según ellos, se perdió el primero de
mayo.
La primera acción del partido
oficialista el uno de mayo fue destituir
“arbitrariamente” a los magistrados
propietarios y suplentes de
la Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia y nombrar
a nuevos magistrados afines,
“incumpliendo procedimientos
constitucionalmente establecido”,
señalaron. Agregaron que con la
remoción de los magistrados de la
Sala constituyó un golpe al sistema
de frenos y contrapesos y a la independencia
de órganos, provocando
una desprotección a la ciudadanía
que se va agudizando cada vez más.
Wilson Sandoval, de ALAC, señaló
que, en la denuncia se solicita
a la Comisión Interamericana,
que una vez analizada y siguiendo
el proceso establecido, condene al
Estado salvadoreño y ordene reparar
el daño provocado, reinstalando
en sus cargos a los magistrados
que fueron destituidos el primero
de mayo.
Por tal acción, las organizaciones
activaron los mecanismos internacionales
disponibles para tratar
de revertir los efectos de la decisión
“inconstitucional” y “violatoria”
de derechos humanos tomada
por la bancada oficialista, que
ha traído a la ciudadanía según las
organizaciones, “desprotección, incertidumbre
y retrocedo del Estado
de Derecho en el país”. En ese
marco, Zaira Navas, de la Fundación
CRISTOSAL, dijo que esta demanda
tiene como fin, revelar que
“hay un proceso después del 1 de
mayo en el que se le dio un golpe
de Estado a la justicia de El Salvador
por eliminar el sistema de contrapesos”,
recalcó.
Reformas a Ley de la Carrera Judicial será golpe a justicia transicional
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
El Movimiento de Trabajadores
Despedidos (MTD)
consideró que la reciente
aprobación de reformas a la Ley de
la Carrera Judicial será un duro golpe
a casos de justicia transicional
como la masacre El Mozote, que seguramente
favorecerá a la impunidad
de la Fuerza Armada, volviéndose
atentatorio contra los derechos
de las víctimas que demandan justicia
verdad y reparación.
Para el MTD, también es preocupante
las destituciones de jueces y magistrados
quienes llevan los procesos
de demanda de reinstalo a miles
de trabajadores despedidos ilegal y arbitrariamente
por el gobierno de Nayib
Bukele, tanto en el Órgano Ejecutivo
como en Asamblea Legislativa y
municipalidades, lo cual vendría a generar
una mayor retardación de justicia
en los procesos que llevan más de
un año de haber sido interpuestos ante
instancias judiciales. Los trabajadores
del movimiento señalaron que la reciente
aprobación de reformas a la Ley
de la Carrera Judicial es una intromisión
de la Asamblea Legislativa, la cual
viola la independencia judicial, los derechos
humanos y la Constitución de
la República, al destituir a centenares
de jueces y magistrados mayores de 60
años. Pidieron a organismos internacionales
como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), Organización
Internacional del trabajo
(OIT), Organización de las Naciones
Unidas (ONU) a demandar al gobierno
de El Salvador respeto a la normativa
nacional y a los tratados internacionales,
garantes de los derechos humanos,
y al restablecimiento del Estado
democrático de derecho.
“El MTD se suma a la denuncia de
magistrados, jueces de Primera Instancia
y jueces de Paz, ya que dichas reformas,
no respeta el derecho al trabajo,
al debido proceso, derecho de
audiencia y defensa, a la estabilidad
laboral, igualdad, dignidad humana
y discriminatorio por condición de
edad, contrario a lo establecido en la
Convención Interamericana de Derechos
Humanos para las personas
adultas mayores”, indicaron en un comunicado.