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Edicion 10 de noviembre 2021

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Diario Co Latino

Nacionales

Miércoles 10 de noviembre de 2021 3

Viene de la pág. 2

“Ivette Toledo nos buscó

ante la falta de información

que ellos tenían de parte

de las autoridades, así que

desde ayer (8 de noviembre),

y mi colega Pedro Cruz, nos

hemos hecho presente ante la

Fiscalía General de la República

para mostrarnos como

parte en representación de las

víctimas y hemos pedido tener

acceso a las diligencias de

investigación, porque la familia

no cuenta con información

eficaz y diligente sobre

este tema.

Y hemos solicitado el requerimiento

fiscal para tener

toda la información necesaria”,

manifestó Zepeda.

Unido a esta diligencia,

la representación particular

se presentó ayer ante el Juzgado

Primero de Paz de Santa

Tecla, en donde fueron presentados

los imputados José

Alexander Martínez Saavedra

(conductor del vehículo

de alquiler) y Víctor Alexander

Ruiz Mejía, acusados del

delito de desaparición de personas

( previsto y sancionado

La madre de los hermanos Toledo, aclaró a las autoridades que sus

hijos no tenían vínculos con pandillas. Foto Diario Co Latino/ Cortesía.

en el artículo 148 del Código Penal),

para tener acceso a las diligencias.

Pedro Cruz agregó: “Vamos a

velar para que se ejecute o se realicen

las diligencias orientadas a

la búsqueda de los jóvenes desaparecidos,

que es el principal

mandato que nos ha dado Ivette

Toledo, y, en segundo lugar,

para garantizar en las diligencias

judiciales el respeto a la dignidad

de las víctimas y derechos constitucionales

y tratados internacionales”.

Sobre las declaraciones del

ministro Villatoro, en torno al

caso, Cruz las calificó de “irresponsables

e injuriosas y contradictorias”,

las que se agrava al

pedir la reserva del caso y evitar

el acceso de información , para

mantener una sola versión oficial.

Como el señalamiento que

el funcionario adjudicó a la Ivette

Toledo, al señalarle su retardo

en la denuncia, cuando la Fiscalía

cuenta con un Protocolo de

Acción Urgente (PAU), que no

fue activado, pese a la denuncia.

“Vamos a intervenir en el proceso

y si dentro del mismo se logra

determinar que hay veracidad

en la investigación, nos vamos

a constituir en parte querellante,

de lo contrario solo actuaremos

como representantes de la

víctima, que se aclaren datos que

según la familia nos ha manifestado,

están alejados de la realidad

y existen contradicciones”, dijo.

Ante los señalamientos de las

autoridades de seguridad, que

las organizaciones sociales que

acompañan a Ivette Toledo en

el caso del desaparecimiento de

Karen y Eduardo, las están manipulando

y las vinculan a un

partido de izquierda, respondieron:

“Nosotros vamos a trabajar

profesionalmente este caso judicial

y vamos a defender los derechos

de las víctimas, y buscando

que haya diligencias para encontrar

a los jóvenes desaparecidos,

otro tipo de connotaciones

son alejadas de nuestro trabajo”,

apuntó Cruz.

Mientras, Johanna Ramírez,

del SSPAS, señaló que este fenómeno

al que se suman miles

de víctimas no ha sido atendido

con prontitud por las autoridades

de seguridad y el Estado,

lo que ha generado un impacto

social en la actualidad

nacional.

“Estos lamentables hechos

que ocurrieron en donde el

Estado salvadoreño no ha establecido

aún mecanismo de

prevención ante las desapariciones,

no podemos hablar de

prevención solamente punitiva,

sino también se debe hablar

de los impactos que están

viviendo las miles de familias

que se encuentran sin respuesta

de las autoridades estatales”,

agregó.

“Es importante aclarar que

las declaraciones del ministro

Villatoro solo generan revictimización

como ha dicho muy

valientemente la madre de

Karen y Eduardo, que como

otras familias han denunciado

la pasividad de las autoridades

estatales en la búsqueda

y acceso a la información de

sus familiares que se encuentran

desaparecidos. Y esas declaraciones

del ministro, son

insuficientes como para poder

emitir algún tipo de valoración”,

puntualizó.

“Estamos en la obligación profesional y moral

para atender a las víctimas”: Fiscal

Ezequiel Linares

@DiarioCoLatino

El fiscal general de

la república, Rodolfo

Delgado, en declaraciones

a la prensa sobre

el caso de los hermanos Guerrero

Toledo, manifestó que

en la colonia Quezaltepec, de

Santa Tecla, donde los hermanos

hasta ahora desaparecidos

abordaron el taxi previo,

existe la influencia (léase

control del territorio) de una

estructura criminal dedicada

al tráfico ilícito de drogas.

“Estamos en la obligación

profesional y moral para

atender a las víctimas, e iniciar

las acciones necesarias

para ubicar a las personas que

han desaparecido”, manifestó

el fiscal impuesto Rodolfo Delgado.

También dijo que es importante

que la población entienda

que hay que dejar de lado

los mitos, deben de acudir ante

las autoridades inmediatamente

cuando se presentan este

tipo de hechos.

“El punto medular de nuestra

investigación no es estigmatizar

jóvenes, estamos para responder

por cada uno de los casos

que llegan a nuestro conocimiento”,

apuntó el fiscal Delgado,

contrario a lo expresado

un día anterior por el ministro

de Justicia y Seguridad, Gustavo

Villatoro, quien responsabilizó

a los desaparecidos y los

familiares de lo ocurrido.

Las declaraciones de Villato-

Rodolfo Delgado dijo que es importante que la población entienda que

hay que dejar de lado los mitos, y que deben de acudir ante las autoridades

inmediatamente cuando se presentan este tipo de hechos. Foto

Diario Co Latino/Cortesía.

ro han generado una serie de

condenas en las redes sociales.

El titular de la Fiscalía argumentó

que empezaron a descubrir

componentes que alimentaron

la hipótesis, y que estaban

en presencia de un caso

de economías ilegales vinculadas

al tráfico ilícito de estupefacientes.

“Esta es una investigación

que se desarrolló sobre condiciones

adversas. Las autoridades

tuvimos acceso a la información

desde el 20 de septiembre

y los hechos sucedieron

48 horas antes”, dijo Rodolfo

Delgado.

El fiscal también dijo que

no discriminan ninguna denuncia,

así se trate de una falsa

alarma o así se trate de un

hecho que se convierta en un

delito.

“Detrás de cada caso hay

una familia que busca a sus

seres queridos. Creo que si

se pretende difundir lo que

sucede hay que hacerlo respetando

a cada persona que

se encuentra como víctima”,

apuntó el fiscal.

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