Edicion 07 de junio de 2022

2 Martes 7 de junio de 2022
Nacionales
Diario Co Latino
Concentración de poder presidencial
impacta sectores sociales: Mesa Climática
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En su análisis sobre
los tres años de gestión
del presidente
Nayib Bukele, las organizaciones
que integran la Mesa
de Justicia Climática, señalaron
los daños al sector agropecuario,
el alto costo de la
vida, la ausencia de leyes en
favor de la población y la
nula transparencia y corrupción
de la gestión gubernamental.
“Sobre el costo de la vida
y situación del agro hemos
venido como sector campesino
pidiendo desde hace un
buen rato un financiamiento
para el área de producción
para crear una reserva estratégica
de alimentos y poder paliar
las necesidades cuando se
dan estos eventos. El Estado
tiene condiciones para poder
mitigar el impacto que pueda
generar esto”, señaló, Oscar
Recinos, de Vía Campesina
El Salvador e integrante de
la Mesa Justicia Climática.
“Las propuestas vienen desde
el inicio del mandato de su
gobierno y como hemos dicho
se han anulado 5 programas
importantes que daban
capacidad de producción en
el campo, entre ellos: agricultura
familiar, modernización
rural, amanecer rural que tenían
mucho financiamiento,
pero el gobierno los canceló”,
expresó.
Solo la Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples
(2020), ha señalado en sus hallazgos
que el 38.3% de los
habitantes salvadoreños viven
en el área rural (2.4 millones
de personas) del cual,
el 24.8% vive en “extrema pobreza”
y un 21.7% en “pobreza
relativa”, lo que suponen
los miembros de la Mesa de
Justicia Climática, un aumento
de población por el impacto
del COVID-19, el alto costo
de los insumos agrícolas y
la supresión de programas estratégicos
del gobierno para estimular
la agricultura familiar.
Asimismo, información oficial
ha registrado que son alrededor
de 445 mil familias productoras
de granos básicos, de
los cuales- el 93% son plantaciones
menores a las 4 manzanas
pero que producen la mayor
parte de maíz y frijol a nivel
nacional.
“¿Qué pedimos?, pues un refuerzo
presupuestario para el
área de producción y en alguna
medida que controle el alza de
los precios en los insumos agrícolas,
porque los gobiernos y
en este caso el presidente Nayib
Bukele, no quiere asumir la responsabilidad
que tiene de los
problemas del país y todo los
está justificando que es el contexto
internacional”, agregó.
“Cuando hay medidas propias
que se han tomado y se
ven reflejadas en el Presupuesto
(General de la Nación) en donde
se ven las prioridades que
este gobierno tiene para invertir
y para el presupuesto de este
año que son casi 8 mil millones
de dólares, no va nada para
el área productiva, es decir, los
alimentos”, afirmó Recinos.
Recinos agregó que el recorte
de 4 millones de dólares que
eran para la entrega de paquetes
agrícolas que luego de verificar
con algunas comunidades
en donde realizan trabajo organizativo,
les han comentado
que las personas en los listados
se han reducido.
María Orellana, de la Mesa
de Justicia Climática, comentó
sobre el caso de una agricultora
de Tetultepeque, Nejapa,
San Salvador, que ya no aparece
en los listados de los programas
del paquete agrícola, lo
que consideró un acto arbitrario
porque muchas de las mujeres
en la zona rural producen
alimentos y con estas exclusión
solo van a terminar generando
una hambruna.
“Muchas mujeres agricultoras
no van a producir este año
porque no recibieron el paquete
y no alcanzan a comprar los
insumos agrícolas que están
más caros con precios de un
100% más caros a años anteriores.
Y si no se produce este año,
pues para el 2023 habrá hambruna
porque la gente no tendrá
para resolver su alimentación”,
explicó.
“Pedimos al gobierno que
así como invierte en otras cosas
de industrialización, que eso
no le ayuda a todas las personas,
pues queremos que invierta
en el sector agropecuario, en
las pequeñas iniciativas productivas
y en los negocios que
tienen las personas porque es la
oportunidad para sobrevivir de
las personas en estos próximos
años”, sugirió Orellana.
En cuanto a los argumentos
presidenciales sobre la culpa de
la guerra en Ucrania o el alza
en los precios del combustible,
no era suficiente para negarse
a invertir en la producción
y abastecimiento de alimentos
para la población salvadoreña.
“Claro, si a eso el gobierno
no le pone atención es pues,
porque no lo están padeciendo
ellos, pero el problema que tendrá
el próximo año será el de
hambruna, lo que percibimos
las organizaciones sociales es
que el gobierno no tiene interés
de apostarle a la Soberanía
Alimentaria”, consideró.
“No tiene interés de apostarle
a los agricultores , hay datos
claros que durante la pandemia
se importaron productos agrícolas
y hubo una discriminación
con los agricultores nacionales
que muchos tenían también
producción guardada que
no pudieron venderla y esa baja
la vivieron frente a las compras
a nivel internacional”, sostuvo
Orellana. La Mesa de Justicia
Climática, que está integrada
por organizaciones campesinas,
comunitarias de mujeres
rurales, agrícolas, jóvenes,
cooperativistas, ambientalistas
y población indígena, también
se pronunciaron a tres años de
la gestión del presidencial, que
califican de un retroceso democrático
por la concentración
del poder.
La Mesa aduce que informes
recientes de Transparencia
Internacional han señalado,
la “reducción histórica de
los índices de transparencia”,
que encabeza la suspensión de
los servicios del Instituto de
Acceso a la Información Pública
(IAIP), así como las incontables
reservas de datos oficiales,
sobre funcionarios y compras
de medicamentos o alimentos
en situaciones específicas como
en la atención de la pandemia
por COVID-19, señaló Azucena
Ortiz, también de la Mesa
de Justicia Climática.
“Hay una lista de funcionarios
sospechosos de corrupción
o narcotráfico, de hechos de
corrupción durante la pandemia,
abusos de poder con la
estigmatización, privación de
información pública y obstrucciones
a la labor periodística”,
indicó.
“(Nayib) Bukele anunció
la ruptura del convenio que
creó la Comisión Internacional
contra la Impunidad en
El Salvador (CICIES), cuando
informó la Fiscalía General
de la República sobre 12
posibles casos de corrupción
que incluían a funcionarios
del gobierno actual”, argumentó
Ortiz.
En cuanto a los ataques a
las organizaciones y defensoras
de derechos humanos, Ortiz
señaló que la actual gestión
ha lanzado una campaña
de desprestigio a organizaciones
de la sociedad civil, movimiento
feminista, ambientalistas,
periodistas, sindicatos
y personas defensoras de derechos
humanos y de sus comunidades.
Así también, el allanamiento
a siete colectivos
sociales con acusaciones infundadas
y tratar de anular la
movilización en la calles, con
el fin de callar las voces del
movimiento social y jaqueando
las comunicaciones de los
periodistas que hacen señalamientos
a las irregularidades
en su gestión.
Oscar Recinos, Azucena Ortiz, María Orellana y Judith Barrera, integrantes de la Mesa de Justicia Climática,
afirmaron que existen serios retrocesos en materia democrática y vacíos de programas y políticas para
la población rural. Foto Diario CoLatino /Gloria Orellana