Edicion 30 de junio de 2022

Diario Co Latino
Nacionales
Jueves 30 de junio de 2022 5
La Sociedad Química Agrícola Internacional, S.A. de C.V. (QUIMAGRO) presenta un aviso penal en la FGR en contra del juez del
Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Salvador, Oscar Óscar Antonio Sánchez Bernal por supuesto prevaricato.
Foto Diario Co Latino/Samuel Amaya.
QUIMAGRO presenta aviso
penal contra juez por
presunto prevaricato
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Sociedad Química
Agrícola Internacional,
S.A. de C.V. (QUI-
MAGRO) presentó este miércoles
un aviso penal en la Fiscalía
General de la República en contra
del juez del Juzgado Quinto
de lo Civil y Mercantil de San
Salvador, Oscar Óscar Antonio
Sánchez Bernal, por supuesto
prevaricato, ya que el funcionario
judicial afirma que no existe
daños ocasionados por el Banco
Cuscatlán a QUIMAGRO
tras una disputa judicial desde
los años 80’.
“El señor Juez desacata una
orden de un tribunal superior
(Sala de ll Constitucional) que
ordena que se realice una audiencia
para cuantificar los daños
y perjuicios que le ha ocasionado
un banco a QUIMA-
GRO, y él lo que resuelve, suponemos
que, por negligencia,
que no existe ningún daño”,
comentó Mario Pérez Bennet,
abogado de QUIMAGRO.
Los representantes de QUI-
MAGRO estiman que ha habido
un rompimiento de la jerarquía
jurisdiccional en El Salvador,
la cual es fundamental
en la administración de justicia.
“Ningún tribunal inferior puede
desacatar una orden de un tribunal
superior,” agregó Bennet,
pues con esas acciones “se estaría
violentando la legalidad de este
país”.
Por tal, asistieron al Ministerio
Público a presentar un aviso
por presunto prevaricato y que el
fiscal general de la República, Rodolfo
Delgado, estime lo correspondiente
al cometimiento del
delito y las razones por las cuales
se desacató la orden de un tribunal
superior.
“Estamos solicitando que se
investigue si la actuación del juez
corresponde a un prevaricato”,
planteó Bennet en las afueras de
la FGR.
El delito de prevaricato está
tipificado en el artículo 310 del
Código Penal, con una pena de
prisión de 2 a 4 años para un funcionario
judicial.
Los representantes de QUI-
MAGRO también asistieron a la
Sección de Investigación Judicial
de la Corte Suprema de Justicia
donde el juez Bernal fue denunciado
por las arbitrariedades y se
pidió su destitución.
Nelson García, abogado panelista
de la empresa, cuestionó que
“cómo es posible que habiéndose
evaluado la responsabilidades del
banco en $49 millones, venga un
juez y diga que no hay ni un dólar
de daño, es absurdo”.
Habrá que recordar que la empresa
QUIMAGRO, dedicada a
la fabricación de fertilizantes, inició
un juicio ante el Juez Tercero
de Mercantil de San Salvador por
terminación de contrato de intervención
financiera y administrativa,
que incluyó la solicitud de
indemnización por daños y perjuicios
por incumplimiento de
obligación contractual. La lucha
legal inició en 1984.
Y, no fue si no hasta el 15 de
abril de 2013, que la Sala de lo Civil
de la Corte Suprema de Justicia
resolvió a favor de QUIMA-
GRO, para que el Banco de Comercio,
ahora Banco Cuscatlán,
pagara una indemnización por
daños y perjuicios.
A partir de allí, el Banco Cuscatlán
ha tomado diferentes acciones
para intentar retrasar el
cumplimiento de la demanda.
Comunidades
piden obras
ante la ausencia
de la DOM
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Representantes de Comunidades
de Fe Organizadas
en Acción
(COFOA) se manifestaron en la
Plaza del Soldado, a un costado
de Casa Presidencial, para presentar
un pliego de peticiones al
presidente de la República, Nayib
Bukele, a fin de que se puedan
realizar obras en sus comunidades,
ya que la Dirección de
obras Municipales (DOM) no
les ha atendido su llamado.
Los líderes comunitarios
aseguraron que llegaron a las
oficinas de Casa Presidencial
(CAPRES) luego que Álvaro
O’Byrne, director de la Dirección
de Obras Municipales
(DOM), les cerró las puertas
el pasado 25 de mayo, cuando
más de 1,000 ciudadanos se presentaron
a la DOM para solicitar
obras necesarias para el desarrollo
comunitario ya que las alcaldías,
les externaron la carencia
de fondos para el desarrollo
municipal.
Basilia Canales, líder de CO-
FOA en el Puerto de La Libertad,
enlistó las necesidades que
más preocupan en su comunidad:
“Nosotros tenemos que tomar
agua de pozo y estas no son
adecuadas, muchos niños se nos
enferman (…) parte de la comunidad
no tenemos energía (eléctrica),
la gente se alumbra con
candiles”, lamentó Canales.
Igualmente, las calles en sus territorios
no son atendidas.
Lo anterior solo son
algunas de las necesidades que
las comunidades aquejan. El
paquete de peticiones que los
líderes de COFOA le hacen
al Gobierno se han trabajado
desde las comunidades de
Sonsonate, La Libertad, San
Salvador, Ahuachapán, San
Vicente, Chalatenango, La
Paz, Cuscatlán, Cabañas y
Usulután.
Habrá que contextualizar
que las alcaldías se han
visto afectadas debido a la
centralización de recursos
en la Dirección de Obras
Municipales, quien maneja
el dinero que le corresponde
a las alcaldías para proyectos
sociales en las comunidades,
pero que estos últimos no
se han visto en lugares más
vulnerables. Por el contrario,
ha sido incapaz de llevar
desarrollo.
“Con su nuevo Gobierno
de Nuevas Ideas, nació la esperanza
de un verdadero cambio,
pero con la actitud de sus funcionarios
vemos ahora que ese
cambio se desvanece ante nuestros
ojos”, le dijo COFOA al
presidente Bukele.
Una comitiva de COFOA
ingresó a Casa Presidencial
para entregar las peticiones las
cuales esperan sean solventadas.
Los líderes comunitarios aseguraron que llegaron a las oficinas de Casa Presidencial
(CAPRES) luego que Álvaro O’Byrne, director de la Dirección de Obras Municipales
(DOM), les cerró las puertas el pasado 25 de mayo. Foto Diario Co Latino/Cortesía.