Edicion 10 de agosto de 2'022

2 Jueves 11 de agosto de 2022
Nacionales
Diario Co Latino
Detenciones arbitrarias, torturas y muertes
en los 100 días del Estado de Excepción
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El informe del Observatorio
Universitario
de Derechos Humanos
(OUDH) de la Universidad
Centroamericana “José Simeón
Cañas” (UCA), puso en
evidencia las acciones irregulares
e ilegales ejercidas desde la
institucionalidad del Estado
contra la población salvadoreña
en el marco de la persecución
de la delincuencia y criminalidad
del país, bajo el Estado
de Excepción.
El Informe de los cien días
de Régimen de Excepción en El
Salvador analiza la situación
de derechos humanos desde el
27 de marzo del presente año,
cuando la medida fue adoptada
por la Asamblea Legislativa
a solicitud del presidente Nayib
Bukele.
Al aprobarse el Estado de
Excepción se suspendieron
los derechos a ser informado
de manera inmediata y las razones
de la detención; a no ser
obligado a declarar en su contra;
a ser asistido por un defensor
desde las diligencia en los
órganos auxiliares de la administración
de justicia, el límite
de la detención administrativa
(72 horas) y de igual manera
suspendió el derecho de asociación,
reunión e inviolabilidad
de la correspondencia y las telecomunicaciones.
Las cifras presentadas por el
OUDH, parten de datos obtenidos
de las redes públicas de
los ministerios de Justicia y Seguridad
Pública, la Policía Nacional
Civil y la presidencia de
la república, debido a la negativa
a entregar la información
oficial, pese a ser solicitada de
forma debida y oportuna.
También retomaron información
de organizaciones
de derechos humanos como
CRISTOSAL, FESPAD y el ID-
De acuerdo a la Constitución de la República, las instituciones de seguridad pública tienen la obligación
de informar de los arrestos a la PDDH, pero no se hace, y son los familiares de los detenidos los que
denuncian.
HUCA.
En total analizaron 1,863
noticias, algunas de contexto
del régimen de excepción y de
casos específicos.
Danilo Flores, coordinador
general del OUDH, explicó
que el período temporal escogido
fue entre el 27 de marzo al 4
de julio de 2022, que suman los
100 días del Régimen de Excepción,
siendo un estudio de naturaleza
académica y descriptivo,
de la realidad que se observa
en el país.
“En el marco del régimen de
excepción, al 4 de julio habían
44 mil 344 personas detenidas;
aunque el dato más reciente lo
ubicamos de hace 5 días, de
fuentes de la PNC y el MJSP,
que es de 48 mil 700 personas
capturadas”, informó.
“De acuerdo a la Constitución
de la República, las instituciones
de seguridad pública
tienen la obligación de informar
de todo arresto a la
PDDH, y las diferencias que
encontramos nosotros en los
reportes de esta institución con
el número de capturas y las cifras
de las autoridades de seguridad
pública representa ya un
incumplimiento de la ley”, afirmó
Flores.
La complejidad del reporte
de capturas arbitrarias o ilegales,
explicó Flores, se debe fundamentalmente
a la poca información
oficial que se brinda a
la población u organizaciones
sociales. Además, el cotejo se
vuelve difícil porque las personas
que denuncian podrían haber
asistido a más de una instituciones
para buscar respuestas
para su familiar capturado,
agregó.
“Hasta el 4 de julio el ID-
HUCA reportó 154 denuncias
referidas a detenciones arbitrarias,
mientras los medios de comunicación
reportaban 347 casos
de vulneraciones al derecho
de la libertad personal. Y
la PDDH, documentó en el
mismo período 1, 673 casos
que corresponden a detenciones
ilegales o arbitrarias. Aunque
CRISTOSAL reportó 2,023
personas víctimas de violación
de sus derechos humanos”, sostuvo.
El porcentaje de las detenciones
arbitrarias son hombres,
entre un 87% a 99%, y alrededor
de un 11% a 13% han
sido mujeres, según las instituciones.
Mientras, los rangos de
edades los más afectados han
sido los adultos jóvenes 18
-30 años de edad.
“En cuanto a los casos vistos
por el IDHUCA, se encuentras
quejas de los familiares
sobre manejos arbitrarios
de la Policía Nacional
Civil, que crean -fichas delincuenciales-
llega a las casas, toman
fotografías y después elaboran
las fichas policiales y
destacan que no consignan la
fecha de creación en esas fichas”,
informó.
“En segundo lugar, las actas
de detención contiene información
que no es verdadera.
Se hacen aseveraciones que
las personas han sido detenidas
en la calle, cuando los familiares
reportan que fueron
capturados en la vivienda.
Esas son parte de las irregularidades
en las actas de detención”,
manifestó Flores.
A las anteriores, se suman
denuncias de “engaños”
por parte de los agentes de la
PNC, que les piden a las víctimas
que vayan a las delegaciones
a verificar datos, y cuando
estos llegan son inmediatamente
detenidos. Y las quejas
de la violencia ejercida por
las autoridades contra niñas,
niños y adolescentes, sobre
todon física y verbal, cuando
se desarrollan las capturas
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Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA, Natalia
Ponce investigadora del OUDH y Danilo Flores, coordinador general
del OUDH de la UCA. Foto Diario CoLatino /Gloria Orellana