Edicion 01 de Noviembre de 2022

Diario Co Latino
Nacionales
Martes 1 de noviembre de 2022 5
Viene de la pág. 4
Comunidades
indígenas de los cantones
Sisimitepet y
Pushtan, Nahuizalco,
Sonsonate, demandan
la protección del
Patrimonio Cultural
y sitios sagrados del
río Sensunapan.
Foto Diario Co Latino /
Gloria Orellana.
en el Caso de Tacuhscalco y
el río Ceniza, en donde fue
partícipe al autorizar a una
empresa urbanística destruir
parte de un patrimonio ceremonial
de ese lugar.
En cuanto a la existencia
de un “permiso” para la
construcción de la presa hidroeléctrica,
cuando no estaba
en vigencia la Ley de Cultura,
y en el momento de la
resolución de las medidas
cautelares de la Cámara Ambiental,
Díaz señaló que el
artículo 30 de la Ley Especial
de Patrimonio le obliga a dar
la protección a estos lugares,
pero ha desistido de aplicar
el marco jurídico.
“Conforme al artículo
105 de la Ley de Cultura, se
han identificado por la comunidad
14 lugares sagrados
y ceremoniales y paraje
-solo esto- obliga al Ministerio
de Cultura, darles protección.
El inventario lo vienen
realizando desde marzo pasado,
ya tienen todos los insumos necesarios
y constitucionalmente
están obligados a declarar Bien
Cultural cada uno de estos espacios,
pero tampoco lo han hecho”,
señaló.
“Hay un argumento del Ministerio
de Cultura, que dice
que solo va a declarar el patrimonio
inmaterial y esa es una
arma de doble filo, porque deja
desprotegidos los lugares en ese
río. Creemos que es una forma
de favorecer a la empresa, pero
debemos tener claro, que si se
declara el patrimonio inmaterial
asociado pero también el espacio
en el cual, se materializa
ese patrimonio intangible”, sostuvo
Díaz.
“Estamos luchando para evitar
que se extinga el río”, dijo
Amalia López, de la UNES, al
afirmar que el impacto de la octava
represa sobre el Sensunapan,
significaría 4 kilómetros
de río sin caudal que denegará
el derecho humano al agua
de quienes sobreviven en sus
márgenes y también a la biodiversidad,
con consecuencias
irreversibles en muchos aspectos.
“Hay que destacar que estas
comunidades han luchado
desde sus propias limitaciones
y pocos recursos y por
esto es importante que se retome
y se haga cumplir lo que
la sentencia les ha establecido
a los ministerios de Cultura y
Medio Ambiente”, reseñó.
“Esto es es histórico, porque
es la primera vez que convergen
los intereses de los
Pueblos Indígenas en la protección
natural y que se ha llevado
a un tribunal, demandamos
que estos ministerios acaten
la ley, porque hemos sabido
que el MARN está buscando
un estudio ambiental que
ayude a la empresa a obtener
el permiso y eso no es justo”,
puntualizó López.
El gobierno garantiza al poder económico
tenencia y explotación del agua
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Representantes del
Foro del Agua informaron
que el pasado
24 de octubre presentaron ante
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) el
informe “Situación de los Derechos
Humanos en El Salvador,
2021”, donde señalaron
que el actual gobierno es más
complaciente con el poder económico,
hasta el extremo de
garantizarles seguridad jurídica
en la tenencia y explotación del
agua, aún y cuando el acceso al
vital líquido sigue siendo sumamente
deficiente en el país.
Según las organizaciones
que conforman el Foro del
Agua, el gobierno lo que hace
es generar condiciones jurídicas,
a través de las autorizaciones,
para que quienes hacen negocios
con el agua puedan hacer
un uso intensivo de la misma,
despojar a miles de personas
de su acceso, dentro de la
legalidad.
Carlos Flores, del Foro del
Agua, dijo que en el año 2019 la
CIDH visitó El Salvador donde
presentó una serie de recomendaciones
al Estado, sin embargo,
a la fecha, la situación del Derecho
Humano al Agua y al Medio
Ambiente Sano no ha mejorado,
al contrario, se han emitido permisos
ambientales de ubicación
y construcción sin considerar la
opinión de los territorios, ignorando
los impactos graves que los
megaproyectos desencadenarán
en un futuro.
También, se han suscrito convenios
que otorgan derechos sobre
el agua a sociedades o empresas
que se dedican a la construcción
de complejos urbanísticos
cerrados; negación del acceso a la
información pública ambiental a
través de reservas, por lo cual la
denegación de acceso se hace de
manera arbitraria. Flores detalló
que los principales casos de vulneración
del Derecho Humano al
Agua en el país es el proyecto urbanístico
Ciudad Valle el Ángel,
la judicialización de ambientalistas
en Tacuba, Ahuachapán, así
El Foro del Agua muestra su preocupación por el despojo y la sobre-explotación del agua y demás bienes ambientales que terminan
por precarizar y desmejorar las condiciones de vida de los territorios. Foto Diario Co Latino/cortesía.
como la persecución y criminalización
de mujeres en La Libertad,
quienes fueron víctimas de estos
actos ejecutados por el ex-alcalde
de ese municipio, Miguel Ángel
Jiménez Aguilera.
“En Valle El Ángel la situación
ha tendido a agravarse porque el
Estado ha abandonado su obligación
de protección y garantía del
Derecho al Agua, porque con el
convenio garantiza el agua para el
negocio a la familia Dueñas, pero
no garantiza el agua para necesidades
fundamentales de las familias
más empobrecidas”, afirmó.
Para el Foro del Agua, es preocupante
el despojo y la sobre explotación
del agua y demás bienes
ambientales que terminan por
precarizar y desmejorar las condiciones
de vida de los territorios,
ya de por sí precarizados y empobrecidos
por las lógicas del mercado,
el cual actúa en conjunto con
el Estado.
Asimismo, pidió a la CIDH
que recomiende al Estado salvadoreño
aprobar marcos normativos
para la protección de
los defensores de Derechos Humanos;
no suscribir más convenios
de agua con sociedades
y empresas; adoptar medidas,
de cualquier naturaleza, para
el fortalecimiento de las Juntas
de Agua y la protección de
las aguas transfronterizas; así
como evaluar conforme al Derecho
Internacional, el estudio
de impacto ambiental sobre la
minería del bitcoin.