Edicion 07 de noviembre de 2022

Diario Co Latino
Opinión
Lunes
7 de noviembre de 2022 9
¿QUIÉNES ESTÁN DE ACUERDO CON EL
ESPINONAJE TELEFÓNICO?
Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Mientras el gobierno actual
niega el acceso a la información
pública, impone
por ley que lo que el ciudadano
habla, escribe, mira, sea conocido
por instancias que controla a través
del sistema judicial. ¿Usted
está de acuerdo con eso? Yo no.
El oficialismo en la Asamblea
Legislativa (partidos NI, GANA,
PCN y PDC), aprobó una ley para
asegurar las intervenciones a las telecomunicaciones,
con el fin de enjuiciar
a quienes ellos crean que cometen
delito en lo que expresan sus comunicaciones.
Se opusieron a ello diputadas
y diputados de los partidos
de oposición FMLN, ARENA, NT y
VAMOS.
Una de las facultades que el régimen
de excepción le permite al gobierno
es la intervención de las comunicaciones;
este régimen se ha prorrogado
por siete meses y, al parecer,
el gobierno lo mantendrá de manera
permanente.
La ultima encuesta del IUDOP, revela
que, de cada cien personas, al
menos 40 desconocen que ese decreto
de régimen de excepción suspende
el plazo máximo de la detención
administrativa, prohíbe el derecho de
asociarse libremente, de reunirse pacíficamente,
y faculta a las autoridades
a intervenir la correspondencia y comunicación
sin orden judicial.
En otras palabras, limita y arrebata
garantías constitucionales propias de
la vida en un estado democrático.
Antes de la ultima decisión de
transformar los juzgados en tribunales
o juzgados de “garantía”, que es
la última aprobación legislativa (noviembre
2022), en el acelerado trayecto
que arrebata la libertad había otras
reformas que quitan garantías. Curioso
nombre se escogió para la transformación
de juzgados y cámaras del sistema
judicial, también intervenido.
La verdad es que, en la actualidad,
las cosas han cambiado.
Los ciudadanos y ciudadanas,
frente a las redes sociales
de las que forman parte,
se sienten libres para expresar
hechos de su vida personal,
pensamientos y sentimientos,
informar de sus relaciones sociales
y hasta de su vida cotidiana; mientras,
el gobierno se siente en libertad de
ocultar todo lo que administra en materia
de recursos, no rinde cuentas y declara
la información de gastos con reserva
de hasta siete años.
Es decir, que entre más oculta y oscura
es la gestión del gobierno, más transparente
es la vida de la ciudadanía; es
una suerte del mundo al revés, donde lo
que debiera ser publico se vuelve secreto
y lo que pudiera ser privado se vuelve
público, pero ahora, con esas reformas
y las que anteceden, se puede convertir
algunos hechos de la vida privada
en pretextos para la persecución penal
que el estado ejerce contra sus mandantes.
Quizá hace mucha falta un poco más
de valoración de lo que ocurre, para
juzgar adecuadamente la gestión del gobierno,
en vez de que esa valoración de
la ciudadanía sea simplemente un efecto
de la propaganda gubernamental,
que nos oculta lo importante y vuelve
escándalo público hechos como el atropello
de un gato.
En el decreto último, que reforma
la ley de la carrera judicial, transforma
juzgados de paz en juzgados de garantía,
transforma cámaras y otros juzgados,
se dice que aplicarán la Constitución,
la ley de intervenciones telefónicas
y otras decretos especiales; en esta
última denominación está el régimen
de excepción.
Convierte juzgados del crimen organizado
en juzgados que operarán con
hasta cuatro jueces y sus respectivos suplentes,
uno de los cuales será juez de
menores, lo cual viola convenios internacionales
que protegen a la niñez.
Con el reordenamiento de jueces y
cámaras cierran el ciclo de las reformas,
con las que crean policías digitales
ocultos, o para aplicarlo a quienes
difundan información que ellos consideren
que es propia de pandillas.
Si quedaba duda sobre el modelo autoritario
del actual gobierno, con el
curso de las reformas penales a las telecomunicaciones
y la instrumentalización
del sistema judicial, se darán
cuenta que no era casual la deformación
del rol constitucional de la policía,
la fuerza armada, del sistema judicial.
Para eso les ha servido la mayoría legislativa.
Las críticas de lo que ellos llaman
minorías irrelevantes están justificadas,
las acciones del oficialismo
constituyen una amenaza para cualquier
persona.
Los diputados que aprueban estas leyes
dicen hacerlo en nombre del pueblo,
pero no escuchan a quienes les advertimos
que sus acciones se convertirán,
algún día, en cuchillo contra ellos
mismos, como ha pasado ya, aún sin
estas leyes, a diputados de sus bancadas.
Con la facultad de espiar, intervenir
la comunicación, estoy segura, la
mayor parte de personas no estará de
acuerdo. Yo tampoco. Y Espero la magnitud
de este rechazo en una próxima
encuesta que realicen entidades serias,
como el IUDOP.