Listín Diario 19-03-2023

DOMINGO SÁBADO 1819 DE DE MARZO DE DE 2023 2023 THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY
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E L M U N D O
Los cárteles tienen
una regla tácita
ANITA POUCHARD SERRA PARA THE NEW YORK TIMES; ABAJO, AMAZON STUDIOS, VÍA ASSOCIATED PRESS
Lucha por la justicia, más allá del cine
Por NATALIE ALCOBA
BUENOS AIRES — Los huesos
de un hombre habían hablado.
Durante años estuvo guardado
en una caja de plástico azul, uno de
los cientos de recipientes con restos
no identificados
que se creía
pertenecían a
víctimas de la
brutal dictadura
militar que gobernó
Argentina
entre 1976 y 1983.
Colocado sobre una mesa de laboratorio
en la sede en Buenos Aires
del Equipo Argentino de Antropología
Forense, su esqueleto contaba
una historia: tenía unos 25 años
y medía entre 1.72 y 1.82 metros.
Cinco heridas de bala —una en la
cabeza, cuatro en la pelvis— lo habían
matado.
Y ahora, más de 30 años después
de su hallazgo en una fosa
común, está a punto de ser identificado.
“Es maravilloso cuando pasan
de tener un número a tener un
nombre”, dijo Patricia Bernardi,
antropóloga forense y fundadora
del equipo, una organización sin
fines de lucro que trabaja en casos
relacionados con abusos cometidos
bajo el régimen militar.
La identificación de las víctimas
es parte de un esfuerzo más
amplio por brindar justicia y rendición
de cuentas 40 años después
del fin de la dictadura, que vuelve
a estar en los reflectores gracias a
Argentina, 1985, una película que
obtuvo una nominación al Premio
de la Academia a la Mejor Película
Internacional. El drama histórico
retrata un verdadero juicio que
terminó con la condena de cinco
miembros de la junta militar, incluyendo
a los dictadores Jorge
Videla y Emilio Massera, quienes
recibieron cadenas perpetuas.
Otros cuatro fueron absueltos.
Los militares desencadenaron
una ola de represión para eliminar
a los “subversivos”: disidentes
políticos, activistas estudiantiles,
sindicalistas, periodistas, intelectuales
y miembros del clero. Los
grupos de derechos humanos estiman
que unas 30.000 personas
fueron asesinadas o desaparecieron
durante la dictadura.
Argentina, 1985 (arriba), ha puesto el foco en las víctimas de la
brutal dictadura de la nación. Fotos de desaparecidos (superior)
en la Escuela de Mecánica de la Armada, un antiguo centro
clandestino de detención en Buenos Aires.
En la película, un personaje basado
en un fiscal de la vida real dice
a los jueces que el juicio puede
ayudar a forjar una paz basada en
la justicia y en reconocer las atrocidades.
“Esta es nuestra oportunidad”,
dice. “Podría ser la última”.
Más que un final, esas palabras,
tomadas de los auténticos argumentos
finales, fueron un comienzo.
Ahora, aproximadamente
180 exmilitares, policías y civiles
están siendo procesados por crímenes
de lesa humanidad. Algunas
investigaciones se centran
en delitos cometidos en centros
clandestinos de detención donde
cientos fueron torturados y asesinados.
Más de mil cien militares,
policías y civiles han sido condenados
por crímenes de lesa humanidad
desde 2006, incluyendo 58 el
año pasado.
La búsqueda de la justicia no ha
sido fácil. Después del juicio de
1985, el gobierno promulgó leyes
que bloquearon la mayoría de los
demás procesos. Un expresidente
también indultó a los comandantes
militares condenados. Pero
en 2003, el Congreso argentino,
en respuesta a la creciente presión
pública, abolió esas leyes.
En 2006, un tribunal dictó la primera
sentencia en el marco de un
proceso de enjuiciamiento relanzado.
La labor del equipo forense ha
sido una parte clave de los juicios.
Se han recuperado más de
mil 400 cadáveres, con alrededor
de 800 identificados. El tiempo
es un enemigo inminente en la
lucha por la justicia: más de mil
personas bajo investigación han
muerto, al igual que víctimas y
sus familiares.
En un juicio, Laura Treviño recordó
los hechos del 11 de septiembre
de 1976, cuando tenía 18 años.
Seis hombres vestidos de civil que
decían ser miembros del Ejército
llegaron a la casa de su familia cerca
de Buenos Aires y se llevaron
a su hermano, Víctor Treviño, de
17 años, un activista de izquierda
que luchaba por menores tarifas
de transporte para estudiantes.
Mientras los hombres lo sacaban,
su madre preguntó a dónde lo llevaban.
“‘Pronto te enterarás’, le
dijeron”, testificó Treviño. Pero
no fue así.
Por MARIA ABI-HABIB
y NATALIE KITROEFF
Los cinco hombres quedaron
postrados en la acera frente a la
camioneta negra, con las camisas
sobre la cabeza y las manos atadas
extendidas ante ellos, casi como un
gesto de súplica.
El mensaje escrito a mano y dejado
en el parabrisas de la camioneta
se leía como una disculpa formal,
aunque escalofriante: el Grupo Escorpión
del Cártel del Golfo lamentaba
que sus integrantes dispararan
y mataran accidentalmente a
dos estadounidenses y a una transeúnte
mexicana, mientras secuestraban
a otros dos ciudadanos estadounidenses.
Los hombres fueron
entregados a las autoridades, para
enmendar una situación que perturbaba
la paz. El 10 de marzo, una
fiscalía en México acusó a los cinco
hombres en relación con el secuestro
y los asesinatos.
Aunque los cárteles de la drogamexicanos
prosperan en un vacío de
ley y orden, existe una regla tácita
que muchos integrantes de los grupos
delictivos organizados suelen no
transgredir: no tocar a los estadounidenses.
Estados Unidos se toma
en serio los ataques a sus ciudadanos,
y la respuesta a tal violencia, en
ambos lados de la frontera, puede
ser desastrosa para un cártel.
“Cuando los ciudadanos estadounidenses
son atacados, el gobierno
de EUA ejerce presión, involucran
a sus agencias de seguridad y luego
comienzan a presionar a México
para que actúe”, dijo Cecilia Farfán
Méndez, investigadora de seguridad
en México en la Universidad de
California, en San Diego.
Los cárteles a menudo pueden
superar en armas a las autoridades
mexicanas o simplemente comprar
su cooperación, pero saben que incitar
al gobierno de EUA para que
actúe puede obstaculizar su capacidad
para operar. El presidente
de México, Andrés Manuel López
Obrador, asumió el cargo con la promesa
de implementar un nuevo enfoque
para enfrentar la violencia:
evitar la confrontación directa con
los grupos criminales, y más bien
abordar las causas profundas de la
criminalidad, como la corrupción y
la pobreza. Pero su estrategia, que
resumió con la frase, “abrazos, no
balazos”, ha hecho poco para controlar
los grandes niveles de violencia
o limitar el poder de los cárteles
que trafican drogas y migrantes.
En muchas comunidades, los
mexicanos viven con miedo a los
grupos criminales. Y aunque los
cárteles evitan atacar a los estadounidenses,
su modelo de negocios
se basa en enviar narcóticos
al norte, lo que ha contribuido a
impulsar una epidemia de muertes
por drogas en Estados Unidos.
El gobierno de Biden ha sido recuente
a criticar abiertamente a
López Obrador, temeroso de perder
su cooperación en materia de
migración. Pero el ataque del 3 de
marzo contra cuatro estadounidenses
aumentó la presión para hacer
más. Además, los republicanos lanzaron
propuestas para autorizar a
las fuerzas militares de EUA a enfrentar
a los cárteles.
Los funcionarios mexicanos exigieron
que el gobierno de EUA respete
su soberanía, pero desplegaron
cientos de fuerzas de seguridad
mexicanas adicionales en Matamoros,
el escenario del ataque. En
gran medida los grupos criminales
no han actuado contra estadounidenses
desde el secuestro, la tortura
y el asesinato en 1985 de Enrique
Camarena, un agente de la Administración
de Control de Drogas
que había afectado las operaciones
del cártel. En su búsqueda de justicia,
la DEA lanzó la Operación Leyenda,
que reveló que las autoridades
mexicanas habían encubierto
el asesinato y destruido pruebas.
La operación condujo al arresto de
miembros del cártel y obligó a otros
a esconderse. El mensaje era claro:
atacar a los agentes estadounidenses
tendría consecuencias de gran
alcance para los delincuentes. Con
el tiempo, los cárteles aprendieron
que incluso matar por error a ciudadanos
estadounidenses podría
ser costoso.
En 2019, un grupo del crimen organizado
disparó contra estadounidenses
y mexicanos que conducían
por Sonora y mataron a tres mujeres
y seis niños, que formaban parte
de una comunidad mormona que
vivía en el país. Posteriormente,
varias personas fueron arrestadas,
entre ellas un jefe policial mexicano.
El gobierno mexicano afirmó
que el ataque podría haber sido un
caso de identidad equivocada y relacionado
con un conflicto entre dos
grupos criminales, que compiten
por el control. Se dijo que las autoridades
mexicanas estaban considerando
una explicación similar para
el secuestro y asesinato de los estadounidenses
en Matamoros.
Quienes viven en Matamoros,
que forma parte del estado de Tamaulipas,
dicen que lo que les sucedió
a los estadounidenses es lo que
enfrentan todos los días, pero lo que
hizo que este caso fuera distinto, según
ellos, fue la atención que suscitó
la nacionalidad de las víctimas.
“¿Quién está hablando de la mujer
que murió aquí?”, indicó Alberto
Salinas, dueño de una casa cerca de
la escena donde ocurrió el ataque,
refiriéndose a la mexicana asesinada.
Si bien los mexicanos a menudo
han encontrado cartas con cadáveres,
la nota reciente fue inusual porque
los cinco hombres que la acompañaban
estaban vivos. Dejar a los
hombres con vida podría haber sido
para que dieran declaraciones, que
respaldaran la versión de que el
cártel no ordenó el ataque.
ALEJANDRO CEGARRA PARA THE NEW YORK TIMES
Soldados
patrullan en
las afueras
de la morgue
del Servicio
Médico
Forense en
Matamoros,
México, el 8
de marzo.