CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO ... - Territorio y Suelo

Así las cosas, el punto de partida del análisis de procedencia de las acciones populares consiste en averiguar si
efectivamente se afectan o amenazan derechos e intereses colectivos, de tal forma que proceda la intervención
judicial para su protección.
Pues bien, el demandante invoca la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura del servicio público de acueducto y alcantarillado,
a que se garantice la prestación eficiente y oportuna de éste en el Barrio Marandú, ubicado en Ciudad Bolívar.
Evidentemente, de acuerdo con el artículo 4º, literales a), g) y h), de la Ley 472 de 1998, esos derechos e intereses
fueron definidos expresamente por el legislador como colectivos. Incluso, el propio Constituyente estableció que
los derechos relacionados con la seguridad y la salubridad públicas y el goce a un ambiente sano son de
naturaleza colectiva (artículos 88 y 79 de la Carta). Además, el artículo 365 superior señala que es deber del
Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos, los cuales constituyen un fin inherente al Estado.
En tal contexto, la Sala entra a averiguar si se encuentra demostrada la amenaza o violación de los derechos e
intereses colectivos que invoca el demandante.
Así, las pruebas tendientes a demostrar la afectación de los derechos e intereses colectivos son las siguientes:
- Varios escritos dirigidos, a partir del año 1989, por el Presidente del Consejo Comunal del Barrio Marandú a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, al Instituto de Crédito Territorial y a la Unidad Administradora
Especial Liquidadora de esa entidad, en los cuales informa que en esa urbanización y, principalmente, en la zona
ubicada en la carrera 18 con calles 69ª, 69B sur, manzanas 3 y 4, se presentan inundaciones y desagües de
aguas negras que “salen por las cajas de los lavaderos” (folios 29, 33, 35, 36 a 39, 60, 80 y 81 entre otros). En
esos oficios también solicita que se legalicen las redes de acueducto y alcantarillado del barrio, (folios 17, 18, 19,
45 y 52, entre otros).
- En numerosos oficios suscritos por el INURBE, Instituto de Crédito Territorial y la Unidad Administrativa Especial
Liquidadora del Instituto de Crédito Territorial, los cuales fueron dirigidos a la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá y a los residentes del barrio Marandú de Ciudad Bolívar, se observa que las entidades
reconocen que las redes de acueducto y alcantarillado de esa urbanización no se encuentran legalizadas, por lo
que no presta el servicio para todo el barrio (folios 31, 32, 46, 50 y 63, 64, entre otros). A manera de ejemplo se
tiene el oficio número 008800 del 14 de octubre de 1999, por medio del cual la Subdirectora de Construcciones de
la Unidad Administrativa Especial Liquidadora del Instituto de Crédito Territorial, se dirige a la oficina de diseño de
redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para lo siguiente:
“Estamos interesados en la legalización de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado de la
Urbanización Marandú, proyecto realizado mediante un programa de autoconstrucción respaldado por el
Instituto de Crédito Territorial hace 10 años. Es así como con oficio No. 4197 del 8 de junio de 1999,
atendiendo lo sugerido en el oficio 7200-98-D-0623 del 6 de abril de 1999, solicitamos a esa empresa
elaborar a nuestro cargo los diseños de las Redes de Acueducto y Alcantarillado de la Urbanización
Marandú, con base en los planos de loteo enviados con oficio UAE No. 01848 del 16 de abril de 1999.
Reiteramos lo solicitado en el oficio No. 07848 del 17 de septiembre de 1999 (copia anexa), en el sentido de:
- Indicarnos si es necesario emprender por esta Entidad rectificación o complementación de tramos de
acueducto...
- Informarnos el costo de diseños y derechos por servicios que estén pendientes por cancelar por el ICT o
esta entidad, incluyendo los estudios necesarios para acometer las obras que a criterio de la EAAB sean
necesarias para subsanar las deficiencias de la red, en lo que respecta al programa de autoconstrucción
ICT” (folio 23)
- Varios escritos suscritos por la empresa prestadora del servicio público en donde se refiere a la ilegalidad de las
redes de acueducto y alcantarillado de la urbanización Marandú y a los problemas de inundaciones que se
presentan en él. Dentro de esos documentos, se tiene el oficio del 19 de noviembre de 1999, por medio del cual la
empresa dijo: