CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO ... - Territorio y Suelo

urbanizador del barrio Marandú (Instituto de Crédito Territorial) no adelantó el procedimiento necesario para que la
empresa apruebe el diseño de las redes, el cual debe adelantarse antes de la construcción de la urbanización. Sin
embargo, en 1999, por solicitud de la entidad pública promotora de la construcción, la empresa adelantó una
revisión de la infraestructura ya construida, en la cual concluyó que, en general, cumple con las especificaciones
requeridas, salvo en algunos tramos y pozos que presentaron observaciones de carácter hidráulico. Por lo tanto,
se solicitaron correcciones para que las obras construidas puedan ser recibidas formalmente, pues sin esas
condiciones no pueden legalizarse las redes ni pueden conectarse las acometidas y medidores del caso (folios 328
y 329, 331 y 332, 337 y 338, respectivamente)
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial Liquidadora del Instituto de Crédito Territorial manifestó que no es
la responsable de la afectación de los derechos colectivos cuya protección se pretende, puesto que la empresa de
servicios públicos no ha legalizado una obra que cumple con las directrices técnicas que se imponen. Para
sustentar su argumento se apoya en un concepto técnico emitido por una empresa privada de ingeniería que fue
contratada por esa entidad para emitir un diagnóstico sobre los “diseños inconclusos” de varias urbanizaciones
dirigidas por el Instituto de Crédito Territorial, entre otras, la de Marandú. En ese concepto se concluye lo siguiente:
“De acuerdo a la evaluación efectuada, se concluye que la capacidad hidráulica de las redes que conforman
los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial es suficiente y adecuada para el transporte de los caudales de
diseño, por lo cual la Consultoría no establece la necesidad de crear y/o instalar redes de refuerzo o alivio al
sistema existente, ya que para el cálculo hidráulico se tuvieron en cuenta las áreas y caudales que convergen
al sistema.
Lo anterior permite establecer que algunas de las reclamaciones de los habitantes de la urbanización a la
UAE-ICT, relacionadas con problemas de capacidad o reflujo de las tuberías, pueden ser causadas por
obstrucciones puntuales provocadas quizás por sedimentos y materiales gruesos provenientes de las partes
altas aledañas a la urbanización.
(...)
Para el caso particular, las obras de alcantarillado que se quieran plantear no pueden obedecer a soluciones
de barrio, si no a soluciones de cuenca por lo que se hace necesario y tal como se lo manifestó la EAAB-ESP,
de una verificación y compatibilidad del sistema con las redes oficiales existentes” (folios 129 a 162)
Pues bien, para la construcción de viviendas debe contarse con las respectivas licencias de construcción que
otorgan las autoridades competentes. De hecho, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 9ª de 1989 el Instituto de
Crédito Territorial y las demás entidades públicas de todos los órdenes que contemplen la función de adelantar planes y
programas de vivienda ”deberán en todo caso, cumplir con las normas arquitectónicas y urbanísticas previstas en el
Plan de Desarrollo o Plan de Desarrollo Simplificado de la localidad donde adelanten dichos planes. Estos deberán
localizarse en sitios aptos para la urbanización, en lugares contiguos a zonas ya urbanizadas, en las cuales se minimice
el costo de provisión de obras de infraestructura básica y de servicios públicos”.
Sin embargo, en aquellos casos en donde se construyeron barrios o urbanizaciones sin la correspondiente
autorización estatal o programas de autoconstrucción sin la aprobación del proyecto urbanístico (artículo 66 del
Decreto reglamentario 1052 de 1998), existe reglamentación tendiente a legalizar esa irregularidad. Así, ese
procedimiento se encuentra definido por el artículo 1º del Decreto Distrital número 688 de 1996, de la siguiente
manera:
“Legalización ó Reconocimiento Oficial. La legalización es el procedimiento mediante el cual se adoptan las
medidas administrativas encaminadas a reconocer oficialmente la existencia de un asentamiento, desarrollo o
barrio, a dar la aprobación a los planos correspondientes y expedir la reglamentación respectiva.
La legalización implicará, cuando fuere el caso, la incorporación al perímetro urbano de los sectores que
comprenden las zonas, barrios, asentamientos o desarrollos legalizados y la regularización urbanística de los
asentamientos humanos salvo cuando expresamente se excluyan los usos urbanos en el acto de
legalización”.
Ahora bien, específicamente para el caso de la legalización de construcciones de vivienda de interés social que no
excedan el valor de 90 salarios mínimos legales vigentes, el artículo 66 del Decreto reglamentario número 1052 de
1998, dispone lo siguiente: