CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO ... - Territorio y Suelo

“Licencia de construcción en urbanizaciones de vivienda de interés social que no excedan el rango de los
noventa (90) salarios mínimos
(...)
Así mismo, en el caso de legalización de urbanizaciones de vivienda de interés social que no excedan el
rango de los noventa (90) salarios mínimos legales mensuales, el acto administrativo que ponga fin a la
actuación legalizando la respectiva urbanización, hará las veces de licencia de construcción para todos y
cada uno de los lotes de la urbanización. Dicho acto también legalizará las construcciones existentes que se
ajusten a las normas de construcción que se establezcan en el proceso de legalización. El proceso aquí
previsto sólo procederá cuando el barrio, asentamiento o desarrollo y las respectivas construcciones se
hayan terminado antes del 9 de agosto de 1996.
En el caso de solicitudes de licencias para ampliar, adecuar, modificar, cerrar y reparar, construcciones de
vivienda de interés social que no excedan el rango de los noventa (90) salarios mínimos legales mensuales
y que se hayan levantado en urbanizaciones legalizadas pero que no cuenten con la correspondiente
licencia de construcción el curador o la entidad municipal o distrital a quien se le solicite el trámite deberá
adelantar una inspección técnica ocular al inmueble objeto de la licencia, tendiente a verificar que la
construcción existente se adecua a las normas urbanísticas y requerimientos técnicos. Si el resultado de
dicha inspección es positivo, podrá proceder a expedir una certificación en ese sentido y la licencia
solicitada, siempre que la solicitud de la misma también se ajuste a la norma”.
De todas maneras, es claro que ese procedimiento de legalización debe garantizar que los asentamientos
humanos cuenten con los servicios públicos básicos. Evidentemente, ese derecho de los usuarios y, al mismo
tiempo, obligación de los urbanizadores, se encuentra claramente establecida en el artículo 47 de la Ley 9ª de
1989, así:
“Toda persona o grupo de personas tienen derecho a solicitar y obtener los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado, energía eléctrica, gas, recolección de basuras, y teléfono para su vivienda. Bastará la prueba de la
habitación de personas para ser titular del derecho.
Las empresas o autoridades que presten los servicios públicos a los cuales se refiere el inciso anterior no podrán
exigir requisitos adicionales al previsto en el inciso anterior. El derecho a la prestación del servicio quedará
condicionado al pago de los costos de conexión a que hubiere lugar y a la posibilidad técnica de la prestación del
mismo. Sin embargo, para las viviendas de interés social el pago de los costos de instalación se hará una vez
efectuada la conexión, mediante plazos y condiciones que consulten la capacidad económica del usuario, sin
exceder los términos previstos en el artículo 44 de la presente ley para la financiación de la vivienda de interés
social.
Las entidades sólo podrán negar las peticiones por razones de carácter técnico, mediante resolución motivada de
la cual se dará traslado al personero, quien podrá coadyuvar la solicitud de reconsideración de la petición de la
comunidad si considera que no existen motivos justificados para negar el servicio.
En todo caso, las autoridades que suministren los servicios públicos definidos en el primer inciso preferirán las
solicitudes de los ocupantes de viviendas de interés social”.
Efectivamente, de acuerdo con el artículo 5º del Decreto Distrital número 688 de 1996, el proceso de legalización
de una urbanización o un barrio debe contar con el reconocimiento de las empresas de servicios públicos.
Textualmente la norma dispone:
“Gestiones ante el Departamento Administrativo de Catastro Distrital y las Empresas de Servicios Públicos. El
Departamento Administrativo de Planeación Distrital, enviará la documentación respectiva del proceso de
legalización o reconocimiento oficial, al Departamento Administrativo de Catastro Distrital para que este
asigne la nomenclatura vial y las cédulas catastrales por manzana a los desarrollos objeto de procesos de
legalización o reconocimiento oficial, dentro del mes siguiente a su recibo.
Los interesados deberán tramitar ante el mencionado Departamento de Catastro las cédulas catastrales por
lote, luego de expedida la resolución del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
Paralelamente, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital enviará la documentación respectiva
del proceso de legalización o reconocimiento oficial, a las empresas de servicios públicos domiciliarios, a la
CAR y al DAMA cuando sea pertinente.