CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO ... - Territorio y Suelo

Los interesados deberán tramitar ante las empresas de servicios públicos lo concerniente a la instalación o
conexión definitiva de los mismos luego de expedida la Resolución del Departamento Administrativo de
Planeación Distrital”
De acuerdo con lo informado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, para que los urbanizadores
puedan legalizar las redes construidas sin la autorización estatal y los usuarios puedan obtener los servicios de
acueducto y alcantarillado en forma eficiente y oportuna es necesario que se adelante el siguiente procedimiento:
- Debe radicarse una solicitud de servicios
- Debe solicitar los datos técnicos para la elaboración de los diseños de las redes de acueducto y alcantarillado.
- Debe enviar el plano urbanístico
- Una vez aprobada técnicamente la construcción de redes se elabora una carta de compromisos
- Finalmente, debe pagar los compromisos asumidos y los costos de las acometidas (folio 133)
Todo lo anterior le permite a esta Sala concluir lo siguiente:
1º. La Unidad Administrativa Especial Liquidadora del Instituto de Crédito Territorial, que asumió las obligaciones
de ese instituto, es la responsable de adelantar el procedimiento tendiente a la legalización de las redes de
acueducto y alcantarillado del barrio Marandú, puesto que fue la autoridad que ejecutó el programa de
autoconstrucción del mismo, esto es, fue el director de la urbanización.
2º. Pese a que el acto administrativo que legalizó el barrio Marandú solamente debió expedirse si había
reconocimiento oficial de las empresas de servicios públicos domiciliarios, es claro que ese procedimiento se
omitió, pues la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado no ha emitido concepto favorable
sobre la capacidad de las redes en el barrio Marandú. De todas maneras, el hecho de que se hubiese obtenido la
legalización de construcción del barrio no exime al urbanizador de la responsabilidad de legalizar las redes de
acueducto y alcantarillado.
3º. De acuerdo con las normas transcritas en precedencia, es claro que la idoneidad técnica de las redes de
acueducto y alcantarillado debe ser evaluada, con criterios de razonabilidad técnica y diligencia, por la empresa
prestadora del servicio público domiciliario, por lo que no es válido sostener que se omite la legalización de las
redes porque existen conceptos de particulares que aceptan las condiciones técnicas de las redes.
Por todo lo expuesto, la Sala concluye que la Unidad Administrativa Especial Liquidadora del Instituto de Crédito
Territorial es responsable por la violación de los derechos e intereses colectivos que invoca el demandante. Por
ello, la sentencia objeto de apelación debe ser confirmada. Sin embargo, en aras de garantizar el cumplimiento de
las decisiones adoptadas, la Sala considera necesario adicionar a la sentencia el término para cumplir con las
órdenes impuestas por el Tribunal. Por lo tanto, se dispondrá que, dentro de los 15 días siguientes a la notificación
de esta sentencia, la Unidad Administrativa Especial Liquidadora del Instituto de Crédito Territorial inicie las
gestiones pertinentes de adecuación técnica para que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
legalice las redes del barrio Marandú. Y, el trámite de legalización de las redes de acueducto y alcantarillado en el
barrio Marandú debe finalizar en un término máximo de 8 meses.
III. LA DECISION
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCION QUINTA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
1º. Confírmase la sentencia de 15 de julio de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “C.”.