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Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Carta Constitutiva de 1996 expresa que “toda persona
condenada por sentencia firme en virtud de error judicial tiene derecho a ser indemnizada conforme a
la ley” (art. 13 inc. 10º).
Chaco: Su Constitución de 1994 expresamente dispone que “si de la revisión de una causa resultare
la inocencia del condenado, la Provincia tomará a su cargo el pago de la indemnización de los daños
causados” (art. 24).
Chubut: La Carta de 1994 establece que “el Estado garantiza la plena reparación de los daños
causados por error judicial, sin otro requisito que su demostración 41 . Especialmente indemniza los
daños ocasionados por la indebida privación de la libertad, su indebido agravamiento o por
incumplimiento de los preceptos referidos al tratamiento de detenidos y presos” (art. 60).
La Pampa: La Constitución de 1994 dispone que “Las víctimas de errores judiciales en materia penal
tendrán derecho a reclamar indemnización del Estado. La Ley reglamentará los casos y el
procedimiento correspondiente” (art. 12).
Neuquén: Su Constitución sancionada en el año 1957 señala que “la Provincia indemnizará los
perjuicios que ocasionen las privaciones de la libertad por error o con notoria violación de las
disposiciones constitucionales” (art. 40).
Santa Cruz: La Carta de 1994 introduce una previsión única en el derecho comparado interno al
prever la compensación del procesado no condenado. “Una ley establecerá indemnización para
quienes habiendo estado detenidos por más de sesenta días fueran absueltos o sobreseídos
definitivamente” (art. 29).
Tierra del Fuego: La Constitución sancionada en el año 1991 dispone que “el Estado provincial
indemnizará los perjuicios que ocasionen las privaciones de libertad por error o con notoria violación
de las disposiciones constitucionales” (art. 40).
3.- Condena errónea:
Cuando se advierte que una persona que ha purgado pena privativa de la libertad era inocente del
delito que se le imputaba un elemental sentido de lo justo indica que debe ser resarcida. Y asíha sido
desde hace más de un siglo: en Francia se dictó una ley compensatoria de esta situación en 1895 y en
Alemania en 1898 42 .
Como vimos en los párrafos precedentes la indemnización del condenado injustamente ha sido
una antigua preocupación de los organismos internacionales receptada en los tratados sobre derechos
humanos. Si bien se excluyeron los casos de privación ilegal de la libertad y de prisión preventiva, en
los supuestos de sentencias condenatorias a penas privativas de libertad posteriormente declaradas
erróneas se reconoció el deber oficial de reparar los perjuicios ocasionados, incluido el daño moral 43 .
En nuestro derecho interno, aunque referidas a detenciones ilícitas efectivizadas por
funcionarios de facto usurpadores del poder, existen leyes que disponen el pago de indemnizaciones a
víctimas (y sus causahabientes) de detenciones sufridas durante las dictaduras militares. Desde luego
que no se trata de supuestos de “error judicial” ya que en tales casos no hubo juicio alguno ni
posibilidad de ejercicio del derecho a la defensa. Sin embargo la situación reviste interés porque revela
en el legislador la intención de reconocer una compensación (tasada) a quienes sufrieron detenciones
injustas 44 .
41 La amplitud de esta fórmula excede naturalmente el restringido marco de la responsabilidad derivada de la mala
actuación del fuero penal y abarca cualquier perjuicio irrogado en el ejercicio de la magistratura.
42 Según relata María Graciela Reiriz, Responsabilidad del Estado, EUDEBA, 1969, pág. 74. Alfredo H. Rizzo Romano
refiere disposiciones relativas a la responsabilidad personal de los jueces en el Digesto y en las Leyes de Partidas
(Responsabilidad civil de los jueces y funcionarios judiciales. El punto de vista de un juez, La Ley 1995-B-1080). Hoy día,
en la Provincia de Buenos Aires, la responsabilidad personal de los jueces está prevista en el art. 57 de la Constitución local
en tanto autoriza a cualquier ciudadano a reclamar indemnización contra todo empleado o funcionario que lo haya privado
del ejercicio de sus derechos. Correlativamente, la Ley 8055, ref. por Ley 11.967 de Enjuiciamiento de Magistrados,
dispone que “la acción civil por daños y perjuicios que autoriza el art. 57 de la Constitución, debe deducirse ante los
jueces ordinarios” independientemente del juicio de desafuero que esa normativa organiza.
43 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Godinez Cruz”, 21.7.89, citado por Carlos E. Colautti, El derecho a
indemnización por error judicial en la Constitución Nacional, en la obra colectiva Estudios sobre la reforma constitucional
de 1994, Depalma – U.B.A., 1995, pág. 119.
44 Ver Germán Bidart Campos, Reparación por las restricciones ilegítimas a la libertad durante el período 1976-1983, en
La Ley Supl. Der. Constitucional del 29.11.99, pág. 11, donde se comenta la aplicación de la Ley 24.043 de