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de conformidad con la normativa aplicable al caso (arts. 379 inc. 6º y 380 del C.P.P. y art. 7 inc. 5º del
Pacto de San José de Costa Rica), (considerando 23) 57 .
De esta manera, aunque admitida la legitimidad de la detención preventiva fue considerada
irregular su prolongación más allá de la fecha señalada.
El voto de la minoría (Dres. Moliné O’Connor, Boggiano y López) mantuvo el criterio
tradicional de la Corte 58 , con cita de Fallos 311:1007, recordando que “el Estado solo puede ser
responsabilizado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea
declarado ilegítimo y dejado sin efecto”, concluyendo que en el caso la sentencia absolutoria,
pronunciada con apoyo en el beneficio de la duda del art. 13 del C.P.P., “no importó descalificar la
medida cautelar adoptada en su momento respecto del procesado sobre la base de una semiplena
prueba e indicios suficientes para creerlo responsable del hecho”. Además, se puso de resalto que,
con el alcance de principio general, “tampoco podría responsabilizarse al Estado por su actividad
lícita, pues los actos judiciales son ajenos por su naturaleza a este tipo de resarcimiento” y se
concluyó que “en la medida en que no importen un error inexcusable o dolo en la prestación del
servicio de justicia, no pueden generar responsabilidad alguna, ya que no se trata de actividades
políticas para el cumplimiento de fines comunitarios, sino de actos que resuelven un conflicto en
particular”. Fuera de tales supuestos esos daños “deben ser soportados por los particulares, pues son
el costo inevitable de una adecuada administración de justicia” (Considerando 10º del voto de la
minoría).
Hasta aquí, aunque con mayores (aunque no mejores) fundamentos, la posición minoritaria
resultó coincidente con lo opinado por la mayoría del Superior Tribunal, respecto de la legitimidad de
la detención preventiva que agraviaba al actor. La discrepancia aparece en relación a la duración de la
prisión cautelar que debió soportar el reclamante.
La minoría entiende que, en relación a la duración de la detención preventiva, frente a la
normativa procesal vigente, “la determinación del plazo razonable en el derecho interno argentino
queda librada al criterio de los jueces, quienes deberán examinar y valorar las circunstancias
concretas de los casos que se les presenten”, ponderándose que el procesado, frente a los continuos
rechazos de sus pedidos de excarcelación no había deducido el recurso extraordinario de la Ley 48.
En definitiva las posturas de la mayoría y minoría de la Corte Nacional se ajustan a la doctrina
clásica que exige la ilicitud del proceder judicial para generar responsabilidad, o, en otras palabras,
mantienen la idea-fuerza de que la actividad jurisdiccional lícita no genera obligación de reparar los
daños ocasionados. En esa inteligencia se ha dicho que “el mero hecho de que un procesado sea
detenido y luego absuelto no determina, por sí, la responsabilidad del Estado por sus actos legítimos,
pues solo puede responsabilizárselo en la medida en que se lo declare ilegítimo y sea dejado sin
efecto” 59 .
En efecto, la mayoría de la Corte avaló la decisión de detener preventivamente al reclamante
por entender que, en ese momento liminar de la causa, existía semiplena prueba del ilícito y de su
autoría. Consideró empero que dos años más tarde, colectadas nuevas probanzas, el mantenimiento de
57 Cabe resaltar que expresamente los Dres. Petracchi y Bossert consideraron inaplicable al caso las prevenciones de la Ley
24.390, que vino a modificar el citado plexo normativo, porque aún no había sido promulgada al momento de los hechos
que dieron lugar a la causa penal.
58 Expuesto, entre otros, en el caso “Balda”, sent. del 19.10.95 (Rev. La Ley del 25.4.96): “El Estado solo puede ser
responsabilizado por error judicial en la medida que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado ilegítimo y
dejado sin efecto”, en consecuencia el Superior Tribunal rechazó el reclamo del procesado finalmente absuelto al
interpretar que su detención preventiva obedeció a un “serio estado de sospecha”. En el caso “Vignoni”, sent. del 14.6.88
(E. D. 129-521) la Corte había señalado que “antes del dictado del fallo por el cual se dejó sin efecto el acto jurisdiccional
que origina el daño, sólo asistía al demandante un derecho eventual a la indemnización por error judicial; es decir que la
sentencia revisora importa un elemento esencial constitutivo del derecho a ser indemnizado, que si faltase obsta a la
procedencia del reclamo”. Este concepto posee especial relevancia respecto del arranque del curso de la prescripción, ya
que la misma Corte Nacional ha considerado que la ilegitimidad de la conducta judicial surge con el dictado de la
sentencia que deja sin efecto una decisión firme anterior, “antes de esa resolución la presunción de que el procedimiento
dañoso se ajusta a derecho impide que quede expedita la acción indemnizatoria” (CSJN, Mallmann, Arturo y otro”,
26.10.99, considerandos 9 y 10, La Ley del 11.8.00, p. 3). La solución descripta fue seguida por la Sala I de la CNFed.
Cont. Adm., en Reymundo Furtado, sent. del 31.3.00( Rev. La Ley del 23.8.00, pág. 10).
59 CN Fed. C. y C., Sala I, “Canzano”, 22.4.99, Rev. La Ley del 25.4.00, p. 5 sum. 100.136.