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Código Civil, ha sido recientemente ratificado por la Corte Nacional al reiterar que la responsabilidad
pública no es indirecta, “dado que la actividad de los órganos, funcionarios o agentes del Estado,
realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser
considerada propia de este, el que debe responder de modo principal y directo por sus consecuencias
dañosas” 3 . La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires también ha considerado que los daños
ocasionados por los agentes públicos comprometían en forma directa al Estado provincial debido a su
condición de órganos del mismo 4 . Por su parte la Sala IV de la Cámara Nacional Federal Contencioso
Administrativa, con el voto fundante del Dr. Eduardo Uslenghi, ha establecido que “la norma del art.
1112 del Cód. Civil es aplicable al supuesto en el cual se debate la responsabilidad del Poder Judicial
de la nación, pues el Estado es responsable, principal y directo, de las consecuencias dañosas
producidas por la actividad de sus órganos o funcionarios” 5 .
II –EL DOGMA DE LA INMUNIDAD JUDICIAL Y SU REPLICA:
1.- Nociones generales:
La responsabilidad estatal por su actividad administrativa en el ámbito de sus negocios
bilaterales (responsabilidad contractual) fue admitida a poco que se reconoció su demandabilidad 6 . La
responsabilidad por la conducta de los administradores fuera de todo marco convencional
(responsabilidad extracontractual del Estado) debió esperar algunas décadas 7 , y fue necesaria una
mayor maduración de las ideas garantistas de protección del individuo para arribar a la responsabilidad
del Estado por su actividad legislativa 8 . En esa evolución la responsabilidad de los jueces y del Estado
en cuyo nombre “dicen el derecho” fue paulatinamente incorporada por la jurisprudencia y se
encuentra en plena evolución 9 .
Las razones de la resistencia inicial apenas perduran y son de índole funcional y jurídicas. En
el primer sentido se teme que la amenaza de un reclamo indemnizatorio afecte la independencia
intelectual de los magistrados y conduzca al dictado de sentencias cuidadosas de no avanzar sobre el
patrimonio del litigante. En el segundo ámbito se invoca la contradicción que implica atribuir
responsabilidad al Estado por la manera en que ha decidido un entuerto un órgano jurisdiccional que
posee la atribución de decidir “con fuerza de cosa juzgada” 10 . Se señala, en este último sentido, que la
IV p. 755 y Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot, 1998, t. I p. 285. La evolución de la
jurisprudencia de la Corte Nacional hacia la adopción de ese criterio, abandonando la tesis civilista de la responsabilidad
refleja del empleador, puede verse en Juan Carlos Cassagne, La responsabilidad extracontractual del Estado en la
jurisprudencia de la Corte, E.D. 114-215 y Las grandes líneas de la evolución de la responsabilidad patrimonial del
Estado en la jurisprudencia de la Corte Suprema, Rev. La Ley del 17.8.00, pág. 1, donde se destaca la trascendencia del
caso Vadell, 18.12.84, publicado en La Ley 1985-B-3, en Fallos 306:2030 y en “Cuaderno de Fallos de la Universidad
Austral”, Edit. La Ley, 1997, pág. 463. Ver también Pedro J. J. Coviello, La responsabilidad del Estado por su actividad
lícita, E.D. Supl. Adm. del 29.8.00, p. 1 y la abundante bibliografía nacional y extranjera allícitada.
3 In re Zacarías, 28.4.98, considerando 6º, La Ley 1998-C-317, con nota de Jorge Bustamante Alsina.
4 Ac. 68318, Martínez Baldi, 22.12.99, DJJBA 158-25.
5 Amiano, 7.10.99, La Ley 1999-F-497.
6 CSJN, Bates Stokes y Cia. (1864), Fallos 1:259.
7 CSJN, Tomás Devoto y Cia, (1933), Fallos 169:111.
8 Alberto Bianchi recuerda que la responsabilidad del Estado por actos legislativos –al igual que por actos judiciales- fue
una de las últimas en aparecer, y considera esa circunstancia como una comprensible derivación de la teoría de la
inmunidad soberana a la vez que una paradoja, ya que la responsabilidad por la actividad legislativa del Estado tiene en
nuestro país fundamento constitucional al proscribirse el denominado “sacrificio especial” (Responsabilidad del Estado por
su actividad legislativa. Estudio sobre los efectos jurídico-patrimoniales de los actos normativos lícitos, Edit. Abaco, 1999,
págs. 38 y 39). El mismo autor refiere el carácter ecuménico del fenómeno (Panorama actual de la responsabilidad del
Estado en el derecho comparado, La Ley 1996-A-922), que en Chile es señalado por Eduardo Soto Kloss, La
responsabilidad pública, en Revista de Derecho Público, Univ. de Chile, n° 27 pág. 134.
9 En 1920 Rodolfo Bullrich explicaba que la responsabilidad del Estado por error judicial era desconocida en absoluto en
nuestro derecho aunque confiaba en la evolución que sobrevendría (La responsabilidad del Estado, J. Menéndez Editor,
1920, págs. 254 y 261). Un ponderado análisis del desarrollo de la responsabilidad del Estado en general puede verse en
David A. Halperín, Estudios de Derecho Público del Seguro,, Depalma, 2000, págs. 37 y sigs.
10 Analizando el tema en Europa, Mauro Cappelletti explica que el reconocimiento del derecho de la víctima frente al
Estado debió esperar a la consolidación del principio de responsabilidad de los funcionarios públicos en general producido
como derivación de las Constituciones italiana de 1948, alemana (Bonn) de 1949 y española de 1978 (La responsabilidad
de los jueces, JUS, 1988, págs. 31/32). Esta última dispuso que “los daños causados por error judicial, así como los que