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V – RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR SU
ACTIVIDAD JUDICIAL LICITA:
Hemos repasado los argumentos constitucionales, legales, jurisprudenciales y doctrinarios que
llevan a la admisión irrefutable de la obligación estatal de reparar los perjuicios ocasionados por el
deficitario cumplimiento del servicio de Justicia. Corresponde ahora interrogarnos sobre la posibilidad
de requerir una compensación de los daños sufridos como consecuencia de un accionar judicial
legítimo. No se trata de los supuestos que hemos catalogado como la mala praxis del sistema
jurisdiccional (por dolo o culpa del funcionario y por mal funcionamiento del servicio en símismo)
sino de perjuicios que se irrogan a los justiciables o a terceros dentro de un funcionamiento inobjetable
de la magistratura.
Inicialmente debemos advertir que en esta materia no pueden extrapolarse sin aditamentos los
conceptos de responsabilidad estatal por actividad lícita de la Administración ya que estando ésta
abocada a la búsqueda del bien común (sobre todo mediante la prestación de los servicios públicos) es
natural que todos los perjuicios específicos (sacrificio especial) que irrogue para obtenerlo sean
compensados aún cuando no se haya violentado el orden jurídico. Pero de llevarse sin más ese
razonamiento al plano de la responsabilidad estatal derivada de su actividad judicial se presentaría el
insoluble contrasentido de reconocer derecho a indemnización al perdidoso en un juicio civil o al
culpable condenado penalmente en sendos procesos conducidos “con todas las de la ley” (regular,
ajustado a los hechos y al derecho, “justo” en definitiva). En tales supuestos el reclamante se
encontraría en la situación de haber sufrido un daño particularizado y especial como consecuencia de
una acto (judicial) legítimo del Estado.
Desde luego que aquella hipótesis es absurda y encuentra solución en la circunstancia que, aunque
“especial”, el daño sufrido no resulta “injusto” ni “antijurídico” ya que en el caso descripto la supuesta
víctima de la actividad judicial tiene indudablemente el deber jurídico de soportarlo.
Seguidamente veremos, luego de recordar la tesis negatoria, que la realidad de la práctica
forense demuestra que se presentan numerosos casos donde la actividad judicial in iudicando (la
sentencia en sí misma) e in procedendo (el desarrollo del trámite judicial), aunque manteniéndose
dentro de los carriles de la legalidad, provoca daños que deben compensarse.
1.- Posición negatoria:
La propia responsabilidad del Estado derivada de su actividad administrativa lícita tuvo una
evolución lenta y compleja. Resulta fácil imaginar que en materia de responsabilidad por actividad
judicial legítima la cuestión resulte todavía más engorrosa. Fue asíque los autores clásicos, influyendo
decididamente en la jurisprudencia, aludieron exclusivamente a la necesidad de reparar los daños
ocasionados por los “errores”, “vicios” o “medidas arbitrarias” del juez. Como lo recordamos en
párrafos precedentes, la Corte Nacional negó hace tiempo la obligación fiscal de reparar los perjuicios
provenientes del accionar legítimo del Poder Judicial, indicando que “sólo puede responsabilizarse al
Estado por error judicial en la medida en que el acto jurisdiccional que origina el daño sea declarado
ilegítimo y dejado sin efecto, pues antes de ese momento el carácter de verdad legal que ostenta la
sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada impide, en tanto se mantenga, juzgar que hay error.
Lo contrario importaría un atentado contra el orden social y la seguridad jurídica, pues la acción de
daños y perjuicios constituiría un recurso contra el pronunciamiento firme, no previsto ni admitido
por la ley” 65 . En aparente correlato con este criterio, se ha sumado un requisito a las condiciones
habituales de procedencia de la responsabilidad estatal. O, si se prefiere, se ha agregado el
cumplimiento de una carga de tipo formal: el cuestionamiento en todas las instancias judiciales
posibles de la decisión que afectó el patrimonio material o moral de la víctima, estimándose que “el
consentimiento por el litigante de una resolución judicial al no interponer los recursos por ante el
Superior, deja sin sustento la responsabilidad del juez que la dictó, y en consecuencia del Estado; ya
que el desacierto judicial habría carecido de eficiencia causal sobre un daño originado en la
negligencia del propio damnificado que no interpuso los remedios procesales contra el supuesto
65 V.209.XXI, Vignoni, 14.6.88.