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20 Sostenemos en apoyo de esta tesis el enunciado amplio de la propia Corte Nacional al afirmar reiteradamente que “el fundamento de la obligación del Estado de resarcir ciertos daños que guarden relación de causalidad con el ejercicio regular de sus poderes propios se halla, en última instancia, en el beneficio que toda la comunidad recibe de las acciones que el Estado promueve por el interés general y cuyas consecuencias eventualmente dañosas no es justo que sean soportadas exclusivamente por un individuo o grupo limitado –más allá de un límite razonable- sino que debe redistribuirse en toda la comunidad a fin de restablecer la garantía consagrada en el art. 16 de la Constitución Nacional” 72 . En un sentido semejante, en clara aplicación de la denominada “teoría del órgano” y sin distinguir entre actividad administrativa, legislativa y jurisdiccional, se ha enunciado que “la actividad de los órganos o funcionarios del Estado, realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de estas, las que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas” 73 . En definitiva no existe razón para apartar ese razonamiento de los supuestos de daños causados por la actividad jurisdiccional lícita, ya que “la responsabilidad extracontractual del Estado es la obligación que le incumbe de reparar económicamente los daños lesivos a la esfera jurídica garantida de otro y que le sean imputables en ocurrencia de comportamientos unilaterales, lícitos o ilícitos, comisivos u omisivos, materiales o jurídicos” 74 . Trasladando esos conceptos basales a nuestro tema, no cabe duda que en el dilatado entorno del proceso se pueden presentar situaciones que encajan dentro del elemental concepto descripto. En el ejemplo de la puerta que se destruye debido a la búsqueda de pruebas esenciales, la medida dispuesta por el magistrado podrá ser inobjetable, justificada en la necesidad de investigar, pero no es menos cierto que repugna a un mínimo criterio de justicia que el tercero deba absorber el daño ocasionado en beneficio de la comunidad, interesada en aclarar y reprimir el delito. En tal caso parece de toda lógica y juridicidad que el costo de reposición del bien destruido por razones de interés general que impone al Estado la prevención y represión de los delitos, sea abonado por el Fisco más allá de la incontestable legitimidad de la medida judicial dañosa. En definitiva, y como vimos en el capítulo IV, en el fértil terreno de la reparación de los daños causados por una condena penal errónea el deber de indemnizar surge con independencia del eventual dolo o negligencia del juez. La sentencia a prisión del imputado inocente pudo ser dictada a pesar de la inobjetable diligencia del magistrado, inducida por la falsa evidencia colectada (documentos fraguados, testigos insinceros) y a pesar de ello, de prosperar el recurso de revisión, nace la obligación legal de indemnizar. El único supuesto en que el inocente condenado pierde el derecho a la reparación es si él mismo, con su accionar intencionado, condujo al error de juzgamiento, consecuencia de la recordada prohibición de sacar provecho de la injuria autoinfringida. El mismísimo caso del detenido preventivamente para finalmente ser absuelto, tratado in extenso en el capítulo IV numeral 4 precedente, ha sido considerado por cierta doctrina como un supuesto de responsabilidad estatal por actividad judicial lícita 75 . En las XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, septiembre de 1999, quedó declarado que el Estado responde por los daños derivados de las actividades, lícitas o ilícitas, de sus tres poderes y por el riesgo o vicio de las cosas de las que sea propietario o guardián. Igual sentido globalizador, que no distingue en razón de la categoría legislativa, administrativa o judicial del área del Poder involucrada, registra el Proyecto de Código Civil de 1998, al establecer que “el Estado responde por sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares en beneficio del interés general...” (art. 1676). En el derecho comparado se admite la responsabilidad del Estado por su actividad judicial legítima, alejada de toda idea de culpa. La doctrina alemana la denomina “indemnización de derecho generándose un daño necesario y, por tanto, lícito ( ampliar en Matilde M. Zavala de González, Responsabilidad por el daño necesario, Astrea, 1985, pág. 100). En nuestra materia, abastecida por el principio constitucional de igualdad frente a las cargas públicas, el carácter necesario (lícito) del daño no releva de la obligación de repararlo. 72 Causa A.228.XXXII, “Azzetti”, 10.12.98, E. D. Síntesis de Jurisprudencia de la CSJN del 20.10.99, pág. 39 Sum. 19. 73 Cám. de Apel. Civ. y Com. Ira., Sala 1º de La Plata, Causa 208.524, “Bagnardi, M. y otros c/ Prov. de Buenos Aires s/ daños y perjuicios”, 13.6.91, RSD 101/91. 74 Voto del Dr. Pisano (en minoría), autos “Rodriguez c/ Mun. de Merlo”, Ac. 47.706, 5.7.96, DJBA 151-151. 75 Pedro J. J. Coviello, La responsabilidad del Estado por su actividad lícita, E.D. Supl. Adm. del 29.8.00, pág. 1.
21 público” para diferenciarla de la responsabilidad referida a los casos de antijuridicidad 76 y, entre nosotros, ese parece ser el camino a seguir por la jurisprudencia que, como dijimos, hoy por hoy solamente admite la reparación de los años ocasionados por la actividad jurisdiccional ilícita de los órganos estatales pero permite avizorar futuros cambios. Asíla Sala I de la Cámara Nacional Federal Contenciosoadministrativa, con el voto fundante del Dr. Coviello, en un obiter dicta, reconoció que en materia de responsabilidad extracontractual del Estado por el cumplimiento de su función jurisdiccional se pueden presentar supuestos de responsabilidad por actividad lícita 77 . VI – JURISPRUDENCIA RELEVANTE: La dirección del juicio, la admisibilidad de los medios de prueba ofrecidos por las partes, la sustanciación de medidas para mejor proveer, como su posterior análisis y valoración para arribar – finalmente- a la sentencia, configuran una actividad personalísima del juez. Sin embargo, conforme el desarrollo precedente, existe una jurisprudencia cada vez más nutrida que ha puesto en marcha la responsabilidad del Estado como consecuencia de la labor de sus órganos judiciales. Un rápido agrupamiento de las falencias que podemos considerar “clásicas”, por añejas y reiteradas, presenta una variada gama de situaciones dañosas que, como es lógico, no puede considerarse exhaustiva. A saber: 1.- Excesiva demora en sentenciar: Una falta frecuente, por no decir permanente, en el servicio de Justicia es la excesiva demora en la decisión de los pleitos 78 . En la mayoría de los casos esta circunstancia provoca perjuicios fácilmente comprobables. No se trata de un problema exclusivo de nuestras latitudes a tal punto que la Convención de Protección a los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de la Unión Europea ha consagrado el principio de “demora razonable” (art. 6 inc. 1º) y la Corte Europea de Derechos Humanos ha condenado a los países miembros a indemnizar a los ciudadanos que han soportado demoras excesivas en el servicio de justicia, incluyendo la compensación del “daño moral” 79 . La Constitución Española de 1978 expresamente establece que “todos tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas” (art. 24. 2). La reforma constitucional en la Provincia de Buenos Aires dispuso que “las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave” (art. 15, segunda parte). La referencia al “plazo razonable” y a un “recurso sencillo y rápido” aparece en los fundamentales artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y no hace más que convalidar normativamente el muy conocido aforismo (lamentablemente nunca corregido) “justicia lenta no es justicia”. El principio de razonabilidad y eficiencia no es exclusivo de los legisladores y administradores sino que se extiende a todos los poderes del Estado. Los funcionarios de cualquier naturaleza, incluidos los magistrados judiciales, secretarios, oficiales y empleados de todo nivel, deben actuar no sólo en acatamiento al derecho positivo sino también en respeto de la razonabilidad y la eficiencia en sus labores. Lo irrazonable y/o ineficiente es ilegal. Y cuando bajo apariencia de sometimiento al orden jurídico se desconoce el principio general que emana del art. 28 de la Carta Nacional y del deber genérico de atender el bien común, los perjuicios asíocasionados deben indemnizarse. 76 Agustín Gordillo, Trat. de Der. Adm., FDA, 4° edic., 2000, t. 2 pág. XX-28 y nota 11.5. 77 Reymundo Furtado, Luis c/ Ministerio de Justicia, considerando IV, 31.3.00, Rev. La Ley del 23.8.00, pág. 10. 78 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la dilación injustificada en la solución de un litigio constituye una efectiva privación de justicia y un menoscabo a la garantía constitucional de defensa en juicio (Sosa, 11.4.00, L.L. Supl. de Der. Constitucional del 18.9.00, p. 36, con nota de Germán Bidart Campos, Un largo trayecto procesal que la Corte equipara a privación de justicia). 79 Expediente nº 35.616/97, Coscia L. c/ Italia, sent. del 11.4.00, La Ley Supl. de Der. Constitucional del 23.6.00, pág.58. El art. 41 de la citada Convención dispone: “Si la Corte declara que hubo violación de la Convención o de sus protocolos, y si el derecho interno de la Honorable Parte firmante sólo puede borrar de manera imperfecta las consecuencias de tal violación, la Corte concede a la parte el carácter de damnificada, y si hubiere lugar, a una compensación equitativa”. Ampliar en Agustín Gordillo, Guillermo Gordo, Adelina Loiano y Alejandro Rossi, Derechos Humanos, FDA, 2º edic. reimpresión 1997, p. VII-19 y la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Zimmermann y Steiner (13.7.83) en págs. VII-41 y sigs.
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