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Artículo 83.-Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberánceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas lasgestiones que aquellos adelanten ante éstas.Artículo 84º.-Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manerageneral, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos,licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.Artículo 85º.-Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37y 40.Artículo 86º.-Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, entodo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata desus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstosresulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquierautoridad pública.La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien sesolicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será deinmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, entodo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventualrevisión.Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro mediode defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismotransitorio para evitar un perjuicio irremediable.En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud detutela y su resolución.La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contraparticulares encargados de la prestación de un servicio público o cuyaconducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto dequienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.Artículo 87º.-Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivoel cumplimiento de una ley o un acto administrativo.En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridadrenuente el cumplimiento del deber omitido.Artículo 88º.-La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos eintereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, laseguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente,
la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que sedefinen en ella.También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a unnúmero plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes accionesparticulares.Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el dañoinferido a los derechos e intereses colectivos.Artículo 89º.-Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerálos demás recursos, las acciones, y los procedimientos necesarios para quepuedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por laprotección de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a laacción u omisión de las autoridades públicas.Artículo 90º.-El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que lesean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridadespúblicas.En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial deuno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa ogravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.Artículo 91º.-En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional endetrimento de alguna persona, el mandato superior no exime deresponsabilidad al agente que lo ejecuta.Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición.Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superiorque da la orden.Artículo 92º.-Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridadcompetente la aplicación de las sanciones penales o disciplinariasderivadas de la conducta de las autoridades públicas.Artículo 93º.-Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, quereconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación en losestados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos ydeberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad conlos tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados porColombia.Artículo 94º.-La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitucióny en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como
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