Pedro Santisteve Roche

Derecho Empresarial Mercantil
Íker Berges Angós. Abogado
ikerberges@gmail.com
Derecho Empresarial Laboral
Vanesa Layed Gómez. Abogada
despacho@ilexabogados.com
La exigencia de responsabilidad del administrador
por los socios minoritarios
Una de las situaciones jurídicas
que más se dan en el ámbito
societario y que, además, más
casos de impotencia provocan
entre los socios minoritarios son aquellas
en las que el administrador de una sociedad
hace y deshace dentro de la misma sin que
nadie pueda hacer nada al respecto, más
allá de acordar la destitución del mismo
como miembro del órgano de administración
siempre y cuando la ocupación del cargo
no se apoye en una mayoría del capital
social inamovible.
Sin embargo, la Ley de Sociedades de Capital,
así como las anteriores leyes reguladoras de
las mismas tienen creado un régimen para
que pueda ser evaluada y, si es preciso, exigida
la responsabilidad de los miembros de los
órganos de administración cuando su actuación
ha provocado daños a la sociedad (en el
caso de la Acción Social de Responsabilidad)
o cuando se han provocado daños a un tercero
contratante con la sociedad (mediante
la Acción Individual de Responsabilidad).
En el caso que estamos analizando, la Acción
Social de Responsabilidad solamente
puede ser entablada por los propios socios
de la entidad y el resultado de la misma, en
aquellos casos en los que se condene a los
miembros del órgano de administración por
haber causado cualquier tipo de daño a la
sociedad, revertirá en la propia sociedad y
no en los socios que hubiesen entablado la
acción social.
En cuanto a la legitimación, la Ley de Sociedades
de Capital establece que solamente
podrá iniciar la Acción Social de Responsabilidad
la Junta General de Socios una vez que
adopte un acuerdo en ese sentido. El punto
acerca de la adopción o no del acuerdo para
iniciar la acción judicial no tiene por qué estar
incluido en el orden del día por lo que podría
ser adoptado si cualquiera de los socios
lo solicita en una reunión de la Junta lo que,
evidentemente, necesita una mayoría de votos
para que el acuerdo pueda ser adoptado.
Evidentemente, en muchos de los casos el
cargo de administrador recae en algún socio
que mantiene la mayoría del capital social
por lo que la posibilidad de destituirle
del cargo y de adoptar un Acuerdo que va a
permitir exigirle responsabilidad puede ser
imposible por lo que la propia Ley de Sociedades
de Capital, en su Art. 239.1, otorga la
posibilidad a los socios minoritarios, siempre
que alcancen un 5% del Capital Social, de
“entablar la acción de responsabilidad en
defensa del interés social cuando los administradores
no convocasen la junta general
solicitada a tal fin, cuando la sociedad
no la entablara dentro del plazo de un mes,
contado desde la fecha de adopción del correspondiente
acuerdo, o bien cuando este
hubiere sido contrario a la exigencia de responsabilidad.”
De este modo, tal y como se ha señalado,
los socios que se encuentran en una situación
de inferioridad frente a los socios
mayoritarios que, o bien son administradores
o el cargo de administrador recae en
una persona de su confianza, pueden exigir
las responsabilidades oportunas a los
miembros del órgano de administración si
la actuación de los mismos ha podido ser
perjudicial para los intereses societarios,
lo que permite que los socios que conforman
la minoría en el Capital Social, que en
muchos casos se encuentran totalmente
desamparados, puedan exigir la reparación
de los daños provocados a la sociedad por
los miembros del órgano de administración
incluso en aquellos casos en los que los socios
mayoritarios se nieguen a iniciar acción
alguna frente al administrador.
¿QUÉ ME PASA, doctor?
Ya sé que hablar de médicos no
es un tema muy agradable para
darles la bienvenida de vuelta de
vacaciones, y que significa poner
el dedo en la llaga después de los excesos veraniegos
que (todos) hemos podido cometer.
A mí me gusta tan poco como a ustedes, y
aprovecho además para reconocer mi pavor
a las agujas, a ver si esta confesión pública
tiene algún efecto terapéutico, cosa que dudo
a estas alturas de mi existencia.
Dicho esto, voy a hablarles de los reconocimientos
médicos en el ámbito del trabajo. La
Ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla
el derecho de los trabajadores a una
protección eficaz en materia de seguridad y
salud en el trabajo; y como la cara opuesta
de la misma moneda, la obligación del empresario
de garantizar a los trabajadores a su
servicio la vigilancia periódica de su estado de
salud, en función de los riesgos inherentes a
su puesto de trabajo.
Esa vigilancia de la salud se lleva a cabo
a través de los reconocimientos médicos.
Ahora bien, el propio artículo 22 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales determina
que esas medidas de vigilancia y control de la
salud de los trabajadores se llevarán a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad
y a la dignidad de la persona del trabajador
y la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud.
El sometimiento a tales reconocimientos
médicos sólo podrá llevarse a cabo cuando
el trabajador preste su consentimiento a tal
efecto, aunque la ley prevé excepciones que
se concretan en supuestos en los que la intimidad
del trabajador deba ceder para preservar
otros derechos. En concreto, tales excepciones
se concretan en: (i) supuestos en los
que la realización de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de los
trabajadores (por ejemplo, para aquellos trabajadores
que trabajan con riesgo biológico);
(ii) supuestos en los que se deba verificar si el
estado de salud del trabajador puede constituir
un peligro para el mismo, para los demás
trabajadores o para otras personas relacionadas
con la empresa (por ejemplo, pilotos
o personal de vuelo); (iii) cuando así esté establecido
en una disposición legal en relación
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con la protección
de
riesgos específicos
y actividades
de especial peligrosidad
(reconocimiento médico obligatorio
para admisión establecido en
el Convenio de la Construcción).
Por tanto, como hemos visto, rige el principio
de voluntariedad del sometimiento de los reconocimientos
médicos, si bien hay situaciones
tasadas en las que, de manera excepcional,
el trabajador deberá someterse a ellos, lo
quiera o no. Eso sí, siempre deberá aplicarse
el principio de indispensabilidad de las pruebas
y su proporcionalidad al riesgo que se
está valorando. Todo ello además, respetando
el derecho a la intimidad, a la dignidad de
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la persona (artículo 18 CE) y la confidencialidad
de la información relacionada con el estado
de salud, siéndole trasladados a la empresa
únicamente las conclusiones que se
deriven de las exploraciones (apto, apto con
limitaciones o no apto). Asimismo, el trabajador
tiene derecho a conocer los resultados,
prohibiéndose la utilización por parte de la
empresa de los datos relativos a la vigilancia
de la salud con fines discriminatorios o en
perjuicio del trabajador.
Consumo medio 4,0-4,4 (l/100 km) y emisiones de CO
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